Montenegro intima a 34 trabajadores con carpeta médica y empleo paralelo: Se investigan posibles irregularidades
Tienen cinco días hábiles para demostrar que también se encuentran de licencia en sus otros empleos.
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El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, intimó a 34 trabajadores municipales que se encuentran con carpeta médica o psiquiátrica y que tienen otro empleo.
El jefe comunal les dio cinco días hábiles para que se presenten y demuestren que no están realizando funciones en otros de sus empleos. La Comuna obtuvo los datos de la base de datos públicas de la AFIP y a partir de allí envió las intimaciones.
“Hay casos en que tienen hasta dos o tres trabajos además del del Municipio. Queremos ver si en todos se cumple que no estén trabajando por la carpeta médica o psiquiátrica“, reveló una fuente consultada por La Postal de Mar del Plata.
Los 34 casos se encuadran dentro del código 2 de la Municipalidad, por lo que se trata de tratamientos largos. “El primer año cobran todo el sueldo completo y recién en el segundo se les reduce el 70 por ciento del sueldo. Por eso es importante verificar que no haya irregularidades”, explicaron.
*Fuente: La Postal de Mar del Plata
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El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo condenuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona.
El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.
De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.
Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.
La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.
La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.
Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:
Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.
Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.
Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.
El avestruz digital
Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.
Captura de Gutiérrez encapuchado.
La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.
El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.
El ejecutor que dejó de pensar
La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.
Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.
El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.
A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoineexpuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.
El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.
Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.
El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.
Un informe de Zuban Córdoba reveló que el 72,7% de la población está en contra de un conflicto armado entre esos países. El estudio también muestra diferencias marcadas según el voto en el balotaje.
La investigación permitió vincular al sospechoso con otros golpes a trabajadores cometidos con un patrón similar en distintos puntos de la ciudad santafesina.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
