Montenegro dispuso la implementación de fotomultas en Mar del Plata para “cuidar a los marplatenses”
El intendente marplatense dispuso a que comience a implementarse en la ciudad el sistema de fotomultas y detalló que el destino del 100% de los fondos recaudados sea para políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial de forma exclusiva.
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Es a través de un convenio con la Universidad de San Martín, institución que ya desarrolla estas acciones para una veintena de ciudades en el país, y no implica erogación alguna de dinero por parte del Municipio. “Como venimos diciendo: en Mar del Plata se maneja mal. Todos los días vemos situaciones donde queda evidenciado esto y accidentes que muchas veces terminan en la pérdida de vidas”, diagnosticó el jefe comunal Guillermo Montenegro.
Asimismo, el mandatario local adelantó que “habrá un período de prueba a partir de hoy de entre 60 y 90 días para terminar de ajustar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, instalar la señalética correspondiente y que los vecinos comiencen a adaptarse a esta nueva dinámica de circulación vehicular en la ciudad, que tiene como objetivo primordial ‘salvar vidas y ordenar el tránsito'”.
Porque sabemos que en Mar del Plata se maneja mal y el objetivo es cuidar la vida de los vecinos y ordenar el tránsito.
En tanto detalló que “si bien reforzamos los operativos y los controles de alcoholemia; fortalecimos la educación vial en escuelas; con conductores de fletes, deliverys, entre otros; y hoy las estadísticas muestran una mejora; necesitamos más herramientas para controlar, ordenar la circulación y combatir esta problemática”, aseguró Montenegro.
En la misma línea, sostuvo que “esto también es parte de la importancia de incorporar tecnología para tener una ciudad moderna, ordenada y segura. Empezamos con el anillo digital y en los 2 primeros meses detectamos más de 70 vehículos con pedido de secuestro y también enviamos al Concejo Deliberante un proyecto para incorporar una aplicación para que los vecinos puedan denunciar el estacionamiento en lugares indebidos“.
Montenegro sentenció que se trata de un proyecto para poder “salvar vidas” en la ciudad
“Ahora vamos a sumar las fotomultas, una herramienta que funciona en todo el mundo”, indicó. Al tiempo que enfatizó: “Si hay un problema, no miro para el costado. Me eligieron para cuidar a los marplatenses y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance”.
Cabe destacar que para la implementación no implica la inversión de dinero por parte del Municipio, y lo recaudado se destinará exclusivamente (fondos afectados) para la planificación de distintas acciones en materia de seguridad vial, el fortalecimiento del sistema de diagnóstico y estadísticas, la capacitación, campañas de concientización y educación vial, además de obras de infraestructura vial.
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En medio de la conmoción que despertó la desaparición de Loan Peña en el paraje Algarrobal, vecinos autoconvocados señalaron la “infiltración” de diversos dirigentes ultra kirchneristas en las marchas. Los propios vecinos denunciaron que los dirigentes intentaron utilizar el trágico suceso con intenciones de desestabilizar al gobierno provincial.
Desde sus redes, el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Braillard Poccard, señaló la “responsabilidad política” detrás del caso. “No es únicamente jurisdicción de la Justicia. Hay responsables del poder ejecutivo que no accionaron los protocolos y deben hacerse cargo por tanta inacción”. Finalmente, exigió la destitución del Ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Mientras tanto, en diálogo con los medios, Braillard Poccard dijo que “el gobernador Gustavo Valdés menosprecia la situación”.
Germán Braillard Poccard
Ariel Osuna, dirigente de Barrios de Pie, utilizó el caso directamente contra el gobierno nacional: “En el país de la Libertad, la libertad que pregona la venta de armas y órganos. En la provincia donde el poder político se maneja como un Feudo. Una justicia adicta a cuidar los privilegios del Feudalismo”.
Los vecinos de Corrientes que participaron de la marcha pidiendo justicia por Loan consideraron que los dirigentes “utilizan esta tragedia para hacer política” y difundieron un video en redes donde pueden verse a dirigentes y militantes del Movimiento Evita: Verónica Molina (referente, fue candidata a Diputada Nacional de Massa), a Fabrizio Bin (dirigente del PJ provincial y Secretario General del Evita de Corrientes), a Clara Aymara Mendoza (referente), María José Espíndola (del Movimiento Octubres) y al ya mencionado Osuna.
En esa línea, los usuarios de las redes recordaron que, en febrero, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación votó negativamente el capítulo de la Ley Bases que buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la trata de personas y otros delitos, como la corrupción de niños, los secuestros extorsivos, entre otros.
Veronica Molina junto a Sergio Massa durante las elecciones del 2023
El falso audio de Valdés
La semana pasada, a través de un comunicado, el gobierno de Corrientes alertó que “circula un audio que intenta parecer la voz del gobernador Gustavo Valdés sobre el caso del niño Loan Peña”. En el audio puede escucharse: “Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte”.
“El mismo es evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado Inteligencia Artificial para su confección o algún otro método de edición, dada sus características sonoras, el cual claramente se fabricó y viralizó con fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial. Se puede advertir en el mismo, discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real, además de presentar ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, concluye el texto.
La Municipalidad de Gualeguaychú y la Asociación Promover Conin Gualeguaychú unieron fuerzas en una nueva estrategia para combatir la desnutrición infantil, un problema que afecta a muchos niños en esa región. Esta colaboración busca fortalecer el abordaje y mejorar la detección y tratamiento de la malnutrición en los menores de la ciudad entrerriana.
En una reunión celebrada este jueves, funcionarios municipales y miembros de la Asociación discutieron y planificaron operativos territoriales con el objetivo de identificar y abordar los casos de desnutrición infantil de manera más eficaz. Este problema, especialmente dado durante la primera infancia, puede derivar en efectos irreversibles en el desarrollo cerebral, por lo que se busca establecer un protocolo regulatorio que permita una intervención temprana y efectiva.
Durante el encuentro, se destacó la reciente donación de leche en polvo proveniente del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional a través de la Fundación CONIN Argentina. Esta donación, que incluye una parte destinada a las familias del programa y otra para vecinos en situación de vulnerabilidad, representa un alivio significativo para la Asociación Promover Conin Gualeguaychú. La leche contribuirá a mejorar la nutrición de aproximadamente 50 niños que actualmente reciben asistencia.
La Red Conín Gualeguaychú, que asiste a niños con problemas de malnutrición y a mujeres embarazadas, recibió 1300 kilos de leche en polvo. Según Reneé Torres, Coordinadora de la Red Conín en Gualeguaychú, esta cantidad cubrirá las necesidades de los niños durante aproximadamente 18 semanas, coincidiendo con la fecha de vencimiento del producto (estipulado para octubre). La entrega de alimentos se enmarca en un acuerdo nacional que busca enfrentar la crisis alimentaria y ofrecer apoyo a las familias más necesitadas.
La situación económica incrementó la demanda de asistencia en la Red Conín. La inflación y la crisis han llevado a más familias a solicitar ayuda, lo que ha intensificado el trabajo de la organización. La Coordinadora Torres agradeció la colaboración de la comunidad local y resaltó la importancia de la ayuda que reciben tanto de los vecinos como de las instituciones gubernamentales.
Los concejales de Santa Rosa han preparado un encendido pedido de informes. Allí piden explicaciones por el crecimiento patrimonial de la intendenta Flor Destéfanis y su grupo familiar. Lo hacen de manera ingeniosa, sacando cuentas de los eventuales ingresos del clan.
Lo fundamentan contrastando la cuestión con la situación económica que viven los ciudadanos de a pie: “Hace años, que a los argentinos, y por ende a los santarrosinos se nos hace más complejo sobrevivir, quizás ahora un poco más, pero es un debate político al cual no es el propósito de este escrito, aunque a veces miran a nuestro alrededor, escuchamos y de ahí empezamos a sacar conclusiones, equivocas o no, pero para eso están los debates, los papeles y los distintos poderes en nuestro país y provincia”.
El documento avanza luego en el mismo sentido: “Sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, con lo mínimo e indispensable, como pensar en comprar un lote, un vehículo, o ir un poco más allá, construir una vivienda propia, un sueño imposible, o poco probable hoy en día”.
Acto seguido, el paper va al hueso: “Nos pusimos a sacar cuentas, en base a estas deducciones, como para entender un poco la situación a plantear, como para comprender un simple problema matemático, donde 2 más 2 son 4, pero aunque eso en la práctica de la política de algunos no es así. Entonces, primero vamos a las dudas que tenemos, que nos hicieron solicitar este informe, debemos primero plantear el problema matemático, y así tratar de develarlo, que sinceramente a nosotros las cuentas no nos dan”.
Los ediles explican que se trata de una “familia tipo”, de 4 personas, “padre y madre y dos menores, deduciendo que los niños no trabajan, ya que sería un delito”. Hablan de los años que se desempeñaron como funcionarios públicos Diego Foco y Flor Destefanis.
En tal contexto describen el supuesto patrimonio de la pareja. “Decimos supuestamente, ya que no coincidiría con lo informado a la Oficina de Ética Pública de la provincia a través de la declaración jurada presentada por los funcionarios”. Se trata de:
Una mansión en el distrito La Dormida, con un terreno de una superficie de 13.000 metros cuadrados y una superficie cubierta de 500 metros cuadrados aproximadamente, casa y caballerizas, piscina, reservorio de agua, paneles solares de importante envergadura.
Un lote con construcción, ubicado en km 11 distrito de Guaymallén, con un lote con superficie de 589 metros cuadrados, una vivienda de 250 metros cuadrados aproximadamente, más piscina.
Un vehículo Hyundai Tucson modelo 2020.
Declaración de productos bancarios y tenencia de dinero que no sabemos los montos ni el tipo de moneda.
Caballos de carrera, los cuales serían 3, pero sin certeza alguna.
EN EL MISMO PEDIDO DE INFORME, LOS CONCEJALES LE DAN UN VALOR APROXIMADO A LOS BIENES DE REFERENCIA:
Terreno 1300 metros cuadrados. $ 3.000.000. Mansión 500 metros cuadrados aproximadamente precio enero por metro cuadrado según el centro de ingenieros de mendoza de $ 927.721 lo que da un total de $ 463.860.500. Piscina costo por metro cuadrado $ 300.000 por 50 metros cuadrados total $ 15.000.000. Paneles solares aproximadamente $ 2.000.000. Reservorio de agua $3.500.000 lo que da un subtotal del punto de: $483.860.500.
Lote en km 11 $ 10.000.000. Casa de 230 metros cuadrados aproximadamente x $ 927.721 el metro de construcción: $213.373.830. Piscina de 30 metros cuadrados aproximadamente por $ 300.000 el metro de construcción: $9.000.000. Subtotal punto dos: $232.373.830.
Camioneta aproximadamente $30.000.000.
Monto desconocido.
Precio estimado de caballos $ 5.000.000.
Todo esto da un total de $751.233.330. “Tenemos un patrimonio, sin saber el punto 4, sin el equipamiento tecnológico y amoblamiento de aproximadamente $ 751.233 330”, sostienen los ediles.
Luego, ponen el foco a una cuestión inquietante:“Según la cuenta oficial de redes sociales de la intendente, un empleado municipal gana $101.000 por mes de promedio, por lo lo desarrollaremos un problema matemático como para un alumno de escuela primaria, preguntándonos ¿cuántos años se demoraría un empleado municipal para poder alcanzar el patrimonio de la intendente?”.
Ello se resuelve de manera matemática de la siguiente manera: “Un empleado necesitaría 619 años para llegar a ese número, esto sin contar que al sueldo hay que descontar lo que se necesita para lo cotidiano, alimentos, indumentaria, servicios, etcétera”, según el comunicado.
Allí mismo se plantea otro problema: “Supongamos que el patrimonio se haya alcanzado en 6 años, serían $751.233.330 en 6 años lo que por mes necesitaron un ingreso mensual de $ 10.433.796,25”. Por todo ello, para evitar suspicacias y dudas, los concejales solicitan que se apruebe el siguiente pedido de informes, con reservas:
Que la Sra. intendenta envié copia de la declaración jurada presentada ante la Oficina de Ética Pública de la provincia de Mendoza.
Que se solicite a A.T.M los montos pagados en impuestos por facturación como profesiones del doctor Diego Foco y de la doctora Flor Destéfanis.
Que se solicite a la A.F.I.P lo facturado como profesionales por el doctor Diego Foco y la doctora Flor Destéfanis.
A su vez, se deja reserva de iniciar la correspondiente comisión investigadora a la Sra. intendenta Flor Destéfanis y al concejal Diego Foco.
Finalmente, piden que se deje reserva de denuncia penal, “por mal desempeño como funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza”.
La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.
La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.
“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.
La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.
A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.
Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.
En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.
David Adrián “El Dipy” Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una “opereta”.
El documento de designación del cantante cumbiero lo nombra como “asesor en bandas emergentes”, con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.
La designación oficial establece queEl Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.
El martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo a América TV.
El sitio LPO ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante villero detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo “Es lo que hay”.
Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
