21 enero, 2025

Montenegro calificó de “disparate” el fallo del juez que rechazó el desalojo de terrenos usurpados y pidió asistir a los ocupas con alimentos y agua

El intendente criticó la disposición del magistrado que llamó a una "solución pacífica" por las tierras tomadas en el barrio Las Heras.
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El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, comunicó que apeló el fallo del juez de garantías Saúl Errandonea, quién rechazó el pedido de desalojo de los terrenos municipales usurpados en el barrio Las Heras, y manifestó que la disposición del magistrado es “un disparate”.

“Quería contarles que hoy apelé el fallo del juez que entendió que no había que desalojar a los usurpadores del barrio Las Heras. Y lo apelé porque es un disparate”, dijo Montenegro en un video compartido en las redes sociales. Y añadió: “Quiero dejar algo en claro: yo no negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión”.

Vídeo publicado en las redes sociales por el intendente Guillermo Montenegro

En este marco, Montenegro aseguró también que “siempre” va a estar “del lado de los marplatenses que laburan, se esfuerzan, de los que se levantan temprano” y de los que le cuentan que tardaron 30 años en construir su casa “ladrillo por ladrillo”. “Me hago cargo de los temas porque es mi responsabilidad. No miro para el costado. No tengan dudas, siempre voy a cuidar a los vecinos de mi ciudad”, concluyó el intendente.

En su apelación, Montenegro señala que no guarda conformidad con la resolución de Errandonea y agrega que la misma “causa un gravamen irreparable”. “La resolución aquí impugnada le genera al Municipio y a sus vecinos un agravio concreto y grave”, agrega el documento presentado ante la Justicia.

Más vídeos del jefe comunal marplatense, demostrando su postura contra las usurpaciones ilegales de tierras

En este marco, se remarcó que “el predio en cuestión viene cumpliendo una función de amortiguación hídrica desde el año 2007, situación que de modificarse, lo que sucedería si se mantiene la actual ocupación del predio, pone en peligro no sólo a las personas que allí se encuentran, sino también al resto de los habitantes de los barrios aledaños”.

Asimismo, se advierte que “la gravedad institucional del fallo que se recurre, en tanto al no adoptarse una respuesta efectiva e inmediata del Estado en esta intrusión y despojo de tierras fiscales, vulnerables del bien jurídico propiedad, se abre la puerta para que este tipo de conductas proliferen y se multiplique”.

Montenegro
Montenegro afirmó que quiénes “usurpan terrenos son unos delincuentes”

Cabe recordar que la Justicia de Garantías rechazó en la tarde de este martes el pedido del intendente Guillermo Montenegro para desalojar la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras al entender que la presentación no contaba con la suficiente información sobre los usurpadores y la situación.

En la resolución, el magistrado decretó una medida de no innovar para el “la prohibición de ingreso de nuevas personas al predio y que se arbitren las medidas necesarias para procurar un canal de comunicación, transporte y provisión de alimentos, agua y elementos sanitarios y/o médicos para las personas que se encuentran en el lugar”.

Montenegro
Siguen avanzando las tomas en el barrio Las Heras de Mar del Plata

Montenegro había denunciado el lunes que los terrenos municipales ubicados en la avenida Fortunato de la Plaza entre Reforma Universitaria y Rufino Inda habían empezado a ser ocupados por varias decenas de personas. El intendente se presentó ante la Justicia, en la fiscalía 12, como particular damnificado, para explicar la situación y “poniendo a disposición toda la documentación con la cuenta el Municipio”.

Vecinos del barrio Las Heras denunciaron el domingo a la noche que los terrenos linderos al Polideportivo municipal estaban tomados y el lunes Montenegro se refirió a la usurpación de tierras y dejó en claro la postura del Municipio al afirmar que “el que toma un terreno es un delincuente”. Posteriormente, un fiscal acompañó el pedido del intendente y solicitó el desalojo de los ocupantes del predio tomado.

Ulises Catriel Cuenca

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El piquetero Belliboni quedó al borde del juicio oral por el millonario desvío de los fondos sociales

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder piquetero del Polo Obrero, y de otros 16 dirigentes acusados de administración fraudulenta, extorsión y amenazas en el marco de la investigación por el manejo irregular de fondos del programa social Potenciar Trabajo. Con esta decisión, los implicados quedan al borde del juicio oral.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, rechazó las apelaciones presentadas por las defensas debido a que no se encontraban debidamente fundamentadas desde el punto de vista federal. En su fallo, los magistrados destacaron que “los recurrentes no lograron demostrar los agravios actuales de tardía o imposible reparación ulterior que les genera la decisión”. Además, subrayaron que los recursos carecían de cuestiones de fondo que ameritaran una revisión por parte del máximo tribunal penal. 

La causa, instruida por el juez federal Sebastián Casanello, se centra en el presunto desvío de fondos públicos destinados al programa Potenciar Trabajo. Este programa, implementado por el ex Ministerio de Desarrollo Social, tenía como objetivo principal promover la inclusión social y laboral de los sectores más vulnerables mediante la financiación de actividades productivas, comunitarias y educativas. Sin embargo, la investigación reveló serias irregularidades en su ejecución.

Los dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de esos recursos para financiar actividades partidarias y exigir aportes económicos a los beneficiarios del plan, bajo amenaza de excluirlos del programa. Además, las pruebas recabadas incluyen facturas apócrifas y el uso de empresas fantasma como Rumbos y Coxtex SA, esta última calificada por la AFIP como una “usina de facturas falsas” desde 2020.

Las maniobras también involucraron acuerdos celebrados entre las organizaciones sociales y el ex Ministerio de Desarrollo Social, bajo los cuales se desviaron millones de pesos. Estos fondos, destinados originalmente a mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables, fueron utilizados para actividades ajenas al propósito del programa. En varios casos, las organizaciones actuaban como Unidades de Gestión, intermediarias que recibían y administraban los fondos asignados a los beneficiarios.

“Los acusados manejaron de manera fraudulenta fondos destinados a cubrir necesidades sociales y desviaron el propósito del programa estatal para su propio beneficio, perjudicando al erario público”, afirmó Casanello en su resolución. Además, los dirigentes habrían impuesto condiciones a los beneficiarios del plan, como participar en manifestaciones y movilizaciones, afectando su libertad personal y su patrimonio.

– El segundo del Polo Obrero, Jeremías Cantero, junto a su abogada en los tribunales de Comodoro Py

El Ministerio de Desarrollo Social firmó entre 2020 y 2022 al menos cinco acuerdos con organizaciones vinculadas al Polo Obrero, lo que permitió la transferencia de más de 361 millones de pesos. Estos convenios estipulaban que los fondos se destinarían exclusivamente a proyectos comunitarios y productivos. Sin embargo, las auditorías revelaron que gran parte del dinero terminó siendo utilizado para actividades que nada tenían que ver con los fines previstos, como la organización de movilizaciones y la financiación de gastos partidarios.

El procesamiento inicial, dictado en 2022, incluía el delito de administración fraudulenta. Posteriormente, la Cámara Federal porteña agregó los cargos de extorsión y amenazas coactivas, lo que agravó la situación judicial de los imputados, entre quienes también figuran María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma y Gustavo Guillermo Vásquez, entre otros. Los magistrados de Casación ratificaron que estas maniobras representaban un claro abuso de posición dominante sobre personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los hechos más paradigmáticos se encuentra el caso de Coxtex SA, una empresa que no tenía sede social ni comercial, carecía de actividad real y presentaba movimientos bancarios inconsistentes. La utilización de esta y otras firmas fantasmas permitió desviar millones de pesos que, según la Justicia, terminaron en las cuentas de la organización. Estos desajustes financieros constituyen pruebas irrefutables de un esquema que utilizaba mecanismos ilegales para apropiarse de fondos públicos destinados a sectores vulnerables.

Las defensas argumentaron que “no existió perjuicio para el Estado”, ya que las arcas públicas no se vieron afectadas, y calificaron la causa como “altamente mediática y estigmatizante”. Asimismo, cuestionaron la validez de las pruebas, incluyendo testimonios de identidad reservada. También alegaron que los procedimientos judiciales vulneraron derechos básicos de los acusados, como el acceso total a las pruebas y el derecho a un juicio justo.

Sin embargo, para la Cámara Federal, las pruebas fueron contundentes: “Las exigencias comprobadas de asistir a movilizaciones constituyen amenazas coactivas, mientras que la obligación de aportar un porcentaje del sueldo recibido del programa se subsume en la figura de extorsión”, afirmaron los jueces. Los magistrados también destacaron que las organizaciones involucradas actuaban como intermediarias en la distribución de los fondos, lo que facilitó la ejecución de estas maniobras fraudulentas.

Tras el rechazo de los recursos, Sebastián Casanello está en condiciones de elevar la causa a juicio oral, una instancia que podría iniciarse tras la feria judicial de enero. Este proceso promete poner bajo la lupa no solo las prácticas del Polo Obrero, sino también la eficacia y los controles del Estado en la administración de los programas sociales. 

Redacción

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El Concejo Deliberante de Escobar aprobó un bingo pese al rechazo vecinal y provocó indignación en Maschwitz

La reciente aprobación de un proyecto para la instalación de un bingo en Ingeniero Maschwitz generó un tensiones y debate en el partido de Escobar, destacándose como un caso paradigmático de tensión entre el desarrollo urbano y las demandas comunitarias. Durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de este viernes, los concejales avalaron la construcción de un centro comercial en la intersección de la Colectora Oeste y Ruta 26, un emprendimiento que incluyó una sala de juegos, un hotel y espacios gastronómicos.

El proyecto se presentó como un desarrollo integral destinado a diversificar la oferta comercial y recreativa local. No obstante, su componente más controvertido fue la sala de juegos, que podría operar como bingo. El intendente Ariel Sujarchuk respaldó la iniciativa al proponer que un porcentaje de los ingresos del bingo se destinara a la Cooperadora del Hospital del Bicentenario de Garín, bajo las disposiciones de la normativa provincial.

El expediente Nº 18.318/24 se presentó el pasado 6 de diciembre, y en menos de tres semanas completó su circuito legislativo. Esta rapidez fue facilitada por los dictámenes favorables emitidos en menos de 48 horas por varias áreas del Ejecutivo municipal, lo que permitió a Laura Guazzaroni, presidente del HCD, convocar a una sesión extraordinaria. Finalmente, de los 24 concejales, 20 votaron a favor.

– El bingo se instalaría en el predio que está al lado de la base de Policía Motorizada

Entre las ausencias destacaron figuras como Gabriela Hernández y Florencia Campos, del bloque Pro Libertad, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo. Por su parte, los tres concejales de La Libertad Avanza respaldaron la medida, generando críticas dentro y fuera del recinto.

Analistas locales y representantes vecinales señalaron que el tratamiento acelerado del proyecto reflejó una falta de transparencia y debilitó la legitimidad del proceso. Esta percepción se agravó considerando que el juego de azar fue un sector que, históricamente, estuvo asociado a problemáticas sociales y cuestionamientos éticos.

La instalación del bingo despertó un contundente rechazo entre los residentes aledaños a esa zona en específico de Ingeniero Maschwitz, quienes, organizados en agrupaciones como la Asociación Vecinal Ruta 26 y la Red de Seguridad de la Ruta 26, presentaron un documento en el que sintetizaron sus principales objeciones.

Una vecina describió el proyecto como un negociado y enfatizó que “el bingo no mejoró la calidad de vida; solo enriqueció a unos pocos a costa del deterioro de nuestra comunidad”. Otros residentes señalaron que “la ludopatía y los negocios oscuros asociados a los bingos trajeron consigo más pobreza y descomposición social” y que “estas iniciativas solo benefician a intereses particulares mientras descomponen el tejido social de la comunidad”.

El documento también subrayó la experiencia de otras localidades bonaerenses donde emprendimientos similares exacerbaron problemas sociales, especialmente en sectores vulnerables. Según el escrito, la instalación del bingo también podría generar mayores costos en servicios de emergencia y seguridad, recursos ya limitados en el municipio.

El comunicado también advirtió que la instalación del bingo desvalorizaría las propiedades cercanas y alteraría la identidad de Ingeniero Maschwitz, que se caracteriza por su entorno residencial y natural. Los vecinos afirmaron que continuarán movilizándose y evaluando alternativas legales para detener la iniciativa.

EL COMUNICADO DE LOS VECINOS

RECHAZO-AL-BINGO-EN-MASCHWITZ

El municipio defendió el proyecto como una oportunidad para generar empleo y diversificar la economía local. Sin embargo, los detractores insistieron en que aquellos empleos generados fueron temporales y precarios, mientras que los costos sociales fueron permanentes. Estudios presentados por la Asociación Vecinal Ruta 26 advirtieron, por ejemplo, que el bingo fomenta la exclusión social al incentivar el gasto en apuestas entre sectores económicamente vulnerables.

En respuesta, propusieron alternativas para el uso del predio, como la construcción de centros de capacitación laboral y espacios recreativos que promovieron la integración comunitaria. Estas propuestas subrayaron la necesidad de proyectos que fortalecieran el tejido social en lugar de fragmentarlo.

EL PROYECTO, APROBADO POR UNANIMIDAD

Proyecto-ordenanza

La ordenanza aprobada estipuló que el desarrollo debió cumplir con estrictos requisitos de sostenibilidad y garantizar audiencias públicas antes de su ejecución. La comunidad, sin embargo, se movilizó para detener la iniciativa y evaluó acciones legales para cuestionar su viabilidad.

La controversia reflejó un conflicto más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano en Escobar y el equilibrio entre intereses económicos y las demandas sociales.

Redacción

info@data24.com.ar

La Justicia detuvo a un exintendente kirchnerista por desviar $500 millones de fondos nacionales

Gabriel Germán Fernández, quien ocupó la intendencia de Viamonte durante cinco períodos consecutivos, enfrenta graves acusaciones de malversación de fondos públicos por un monto cercano a los 500 millones de pesos. El exmandatario fue detenido la mañana del pasado miércoles 18 de diciembre. Las irregularidades detectadas giran en torno a ocho convenios firmados con la Nación durante la gestión de Alberto. Entre las obras vinculadas se encuentran un polideportivo que nunca fue construido y una planta de reciclado que quedó a medio terminar.

El caso está siendo investigado por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas, quien encabezó un operativo que incluyó 13 allanamientos en localidades como Viamonte, Canals, Marcos Juárez y la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, Gendarmería secuestró más de 2,7 millones de pesos, 43.648 dólares, computadoras, documentos financieros y vehículos. La sucursal del Banco de Córdoba en Viamonte también fue inspeccionada debido a su implicación en movimientos de dinero sospechosos.

La denuncia original fue presentada por Facundo Manzoni, actual intendente de Viamonte, conocido en la región por su trayectoria como productor rural de la localidad. Manzoni asumió el cargo en diciembre de 2023 y encontró un panorama financiero en terapia intensiva: sueldos impagos, deudas municipales y cheques emitidos sin fondos. Posteriormente, solicitó una auditoría al Tribunal de Cuentas de Córdoba, que reveló desmanejos financieros significativos. “Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, declaró Manzoni en su momento. Cumplió con su palabra: hasta el momento de publicación de este artículo, el intendente Monzoni donó la totalidad de sus sueldos, unos $20 millones, a diferentes instituciones de la localidad.

Entre las maniobras denunciadas se encuentra la transferencia de 10 millones de pesos desde cuentas municipales a una cuenta personal de Fernández, registrada como “adelantos de sueldo”. Según la auditoría, el dinero estaba destinado a obras públicas y no a pagos salariales. Además, se descubrió que el exintendente realizaba “autoprestamos” a intereses cero, lo que generó pérdidas para el municipio en un contexto de alta inflación.

En un comunicado difundido en redes sociales, Manzoni afirmó que “hubo irregularidades muy grandes y no miraré hacia otro lado porque de hacerlo sería cómplice. Anhelo que esto se aclare por el bien de mi pueblo y de sus habitantes”. Además, destacó que su prioridad ha sido garantizar la transparencia y sanear las cuentas municipales desde el inicio de su gestión.

En un breve diálogo con este medio, Agustín Tenaglia, secretario de la Fiscalía Federal, explicó: “La investigación que se inició en el mes de septiembre en esta fiscalía, a cargo del fiscal Rodolfo José Cabanillas, en la que se le solicitó al juez federal diversos allanamientos y la detención de Fernández. Actualmente la causa se encuentra en plena etapa de investigación en el Juzgado Federal, con diversas medidas de prueba aún pendientes”.

Fernández también es investigado por sus presuntas conexiones con el kirchnerismo, que habrían sido clave para facilitar el acceso de familiares a cargos estratégicos. 

Durante su gestión, ubicó a su esposa en el PAMI y a su hija en el Banco Nación, ambos en la localidad de Canals. La investigación busca determinar si estas posiciones permitieron consolidar un esquema de desfalco mediante redes de apoyo dentro de la estructura gubernamental. 

Actualmente, Fernández se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Río Cuarto, mientras avanzan las pericias contables y el análisis de dispositivos electrónicos incautados. Las fuentes judiciales sospechan que podrían surgir nuevas imputaciones contra otros involucrados a medida que se completen las pruebas.

El caso generó conmoción en la pequeña comunidad de Viamonte, ubicada al sur del departamento Unión. Allí, los vecinos exigen explicaciones y transparencia, mientras el escándalo reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la administración de recursos públicos. “Es fundamental que se haga justicia y que los recursos públicos sean utilizados con transparencia”, concluyó Manzoni.

Redacción

info@data24.com.ar

Juan Grabois AMENAZÓ al presidente Milei y a funcionarios del Gobierno: “Los vamos a hacer correr”

El dirigente piquetero Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, durante la presentación de su libro Argentina Humana en la ciudad costera. 

En un evento que colmó las instalaciones del Sindicato Luz y Fuerza, Grabois instó a sus seguidores a confrontar con firmeza lo que calificó como un modelo de “deshumanización” impulsado por el gobierno libertario.

“Vamos a derrotar a los que deshumanizan a nuestro pueblo: a Montenegro, a Bullrich, a Milei, a Caputo, a Sturzenegger y a toda esa banda de hijos de puta que los vamos a hacer correr”, declaró el dirigente, remarcando la necesidad de una oposición frontal y sin “buenos modales”. Además, criticó las políticas de “cultura del descarte” y subrayó que “el capitalismo está llevando a la destrucción de la humanidad”.

En una jornada marcada por su confrontación con el intendente de Mar del Plata, Grabois también anunció que presentará una denuncia penal contra Montenegro por “abuso de autoridad” en los operativos municipales para desalojar a “trapitos” y “limpiavidrios”. “Están violando el Estado de derecho, maltratando a personas que no se pueden defender. La criminalidad de Estado es un problema grave”, denunció. 

Montenegro, por su parte, respondió desde sus redes sociales: “Tu lógica es el apriete, tirar piedras, exigir planes. Pedir, pedir y pedir. A los trapitos y fisuras que ranchan en cajeros y amedrentan a los trabajadores que quieren retirar plata: en Mar del Plata no”. La relación conflictiva entre Grabois y Montenegro tiene antecedentes. Hace dos años, el intendente acusó al dirigente de estar detrás de la ocupación de tierras en El Marquesado.

El dirigente de ultraizquierda también anunció sus intenciones de presentarse como candidato en las elecciones legislativas de 2025, aclarando que no aceptaría encabezar listas con figuras de la "partidocracia" y apostando por propuestas que, según él, están "más cerca de Noruega que de la Unión Soviética". Destacó que su modelo político busca un equilibrio entre justicia social y responsabilidad fiscal, aprendiendo de los errores de gestiones anteriores.

Durante la jornada, Grabois también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los movimientos sociales en el contexto político actual. "Nuestra responsabilidad es levantar a quienes están caídos en la angustia y la incertidumbre, y combatir la crueldad a través de la organización comunitaria", enfatizó. Con estas palabras, invitó a los asistentes a participar activamente en la construcción de un modelo más inclusivo y solidario.

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Redacción

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Una inmigrante boliviana abusó a una niña argentina en Mar del Plata

La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.

Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.

Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.

La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.

– El abogado de la víctima, Julio Razona

En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.

El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.

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Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.

La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.

Redacción

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El último adiós a Jorge Lanata: cuándo, dónde y a qué hora será velado

El mundo del periodismo y la cultura argentina se conmocionó tras la muerte de Jorge Lanata, quien falleció a los 64 años luego de seis meses de complicaciones médicas. La noticia fue confirmada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estuvo internado desde el 14 de junio debido a una descompensación cardíaca, infecciones y un cuadro de neumonía.

La despedida al destacado periodista se realizará el 31 de diciembre, en la Legislatura Porteña, desde las 10 de la mañana. Según trascendió, el velatorio reunirá a familiares, amigos, colegas y figuras destacadas de diversos ámbitos. Posteriormente, sus restos serían trasladados a un cementerio privado, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente por la familia.

“Hablé con una persona de la Legislatura Porteña y me dice que sí, que la intención es velarlo ahí. Todavía no está el horario ni la confirmación oficial, pero ya están haciendo los preparativos para que la última despedida sea ahí”, completó el periodista Santaigo Sposato.

La partida de Lanata generó una ola de mensajes de admiración y dolor en redes sociales. Ángel de Brito, conductor de LAM, fue uno de los primeros en expresar su pesar: “Murió #Lanata. Que encuentres la paz, querido Jorge. Tan generoso con todos, tan valiente, tan pionero”.

Redacción

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