26 agosto, 2025

Montenegro calificó de “disparate” el fallo del juez que rechazó el desalojo de terrenos usurpados y pidió asistir a los ocupas con alimentos y agua

El intendente criticó la disposición del magistrado que llamó a una "solución pacífica" por las tierras tomadas en el barrio Las Heras.
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El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, comunicó que apeló el fallo del juez de garantías Saúl Errandonea, quién rechazó el pedido de desalojo de los terrenos municipales usurpados en el barrio Las Heras, y manifestó que la disposición del magistrado es “un disparate”.

“Quería contarles que hoy apelé el fallo del juez que entendió que no había que desalojar a los usurpadores del barrio Las Heras. Y lo apelé porque es un disparate”, dijo Montenegro en un video compartido en las redes sociales. Y añadió: “Quiero dejar algo en claro: yo no negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión”.

Vídeo publicado en las redes sociales por el intendente Guillermo Montenegro

En este marco, Montenegro aseguró también que “siempre” va a estar “del lado de los marplatenses que laburan, se esfuerzan, de los que se levantan temprano” y de los que le cuentan que tardaron 30 años en construir su casa “ladrillo por ladrillo”. “Me hago cargo de los temas porque es mi responsabilidad. No miro para el costado. No tengan dudas, siempre voy a cuidar a los vecinos de mi ciudad”, concluyó el intendente.

En su apelación, Montenegro señala que no guarda conformidad con la resolución de Errandonea y agrega que la misma “causa un gravamen irreparable”. “La resolución aquí impugnada le genera al Municipio y a sus vecinos un agravio concreto y grave”, agrega el documento presentado ante la Justicia.

Más vídeos del jefe comunal marplatense, demostrando su postura contra las usurpaciones ilegales de tierras

En este marco, se remarcó que “el predio en cuestión viene cumpliendo una función de amortiguación hídrica desde el año 2007, situación que de modificarse, lo que sucedería si se mantiene la actual ocupación del predio, pone en peligro no sólo a las personas que allí se encuentran, sino también al resto de los habitantes de los barrios aledaños”.

Asimismo, se advierte que “la gravedad institucional del fallo que se recurre, en tanto al no adoptarse una respuesta efectiva e inmediata del Estado en esta intrusión y despojo de tierras fiscales, vulnerables del bien jurídico propiedad, se abre la puerta para que este tipo de conductas proliferen y se multiplique”.

Montenegro
Montenegro afirmó que quiénes “usurpan terrenos son unos delincuentes”

Cabe recordar que la Justicia de Garantías rechazó en la tarde de este martes el pedido del intendente Guillermo Montenegro para desalojar la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras al entender que la presentación no contaba con la suficiente información sobre los usurpadores y la situación.

En la resolución, el magistrado decretó una medida de no innovar para el “la prohibición de ingreso de nuevas personas al predio y que se arbitren las medidas necesarias para procurar un canal de comunicación, transporte y provisión de alimentos, agua y elementos sanitarios y/o médicos para las personas que se encuentran en el lugar”.

Montenegro
Siguen avanzando las tomas en el barrio Las Heras de Mar del Plata

Montenegro había denunciado el lunes que los terrenos municipales ubicados en la avenida Fortunato de la Plaza entre Reforma Universitaria y Rufino Inda habían empezado a ser ocupados por varias decenas de personas. El intendente se presentó ante la Justicia, en la fiscalía 12, como particular damnificado, para explicar la situación y “poniendo a disposición toda la documentación con la cuenta el Municipio”.

Vecinos del barrio Las Heras denunciaron el domingo a la noche que los terrenos linderos al Polideportivo municipal estaban tomados y el lunes Montenegro se refirió a la usurpación de tierras y dejó en claro la postura del Municipio al afirmar que “el que toma un terreno es un delincuente”. Posteriormente, un fiscal acompañó el pedido del intendente y solicitó el desalojo de los ocupantes del predio tomado.

Ulises Catriel Cuenca

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Edgardo Kueider irá a juicio oral en Paraguay acusado de tentativa de contrabando


Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Costa, enfrentarán un juicio oral en Paraguay por intento de contrabando. Así lo dispuso el juez Humberto Otazú tras una audiencia preliminar que finalizó con la elevación del caso a juicio público.

Ambos rechazaron el pedido voluntario de extradición solicitado por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado. Permanecerán en prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras continúa el proceso en Asunción.

La acusación fiscal sostiene que, en diciembre de 2024, Kueider y Guinsel ingresaron al país vecino con más de 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes sin declarar. Sólo una fracción menor fue devuelta por la Aduana paraguaya.

Los fiscales involucrados describieron el caso como contrabando en grado de tentativa. Para la legislación guaraní, el dinero no declarado equivale a mercadería prohibida y las penas previstas alcanzan hasta cinco años de prisión efectiva si se supera el umbral de dos años.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó la acusación formal en junio de 2025, tras un semestre de investigación. Varios intentos de nulidad que presentó la defensa fueron rechazados por Otazú, quien además determinó que la excepción de inconstitucionalidad no suspende el proceso.

La Policía Nacional de Paraguay, Aduanas y la unidad de delitos económicos intervinieron en el operativo. Interceptaron el vehículo en el Puente de la Amistad y secuestraron una mochila con las divisas en el asiento trasero de la camioneta que pertenecía a terceros.

La audiencia preliminar se realizó en el Juzgado Penal de Delitos Económicos y finalizó a media mañana, tras analizar pruebas como videos de circuito cerrado y registros de la Aduana. La defensa ya se había opuesto a esas pruebas, pero el juez avaló su validez.

Mientras tanto, la Justicia argentina insiste en avanzar contra Kueider por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La jueza Arroyo Salgado solicitó su extradición tras considerarlo parte del entramado investigado en la causa Securitas‑Enersa.

La decisión guaraní deja a la justicia argentina en suspenso. Si Kueider es condenado en Paraguay, podría cumplir esa pena primero en territorio vecino y recién luego ser extraditado, dependiendo de decisiones diplomáticas y judiciales.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Un exfuncionario de Urribarri admitió que cobró coimas

Guillermo Smaldone, ex director de Trabajo y ex titular del Tribunal de Cuentas provincial, confesó ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que recibió dinero de Cardona Herreros a cambio de favorecerlo en licitaciones de software durante la gestión de Urribarri. 

La audiencia, realizada el pasado martes, se resolvió por juicio abreviado. El acuerdo prevé una condena condicional y evita la cárcel, siempre que el juez lo convalide. Si la rechaza, Smaldone, que actuó como su propio abogado, será juzgado en debate oral; en ese escenario, el Ministerio Público Fiscal planeó pedir cinco años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y la misma multa económica.

Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro describieron un mecanismo de sobornos probado —según lo calificaron, “contundente”— mediante correos electrónicos y facturación de consultorías falsas. Cardona Herreros recibía datos de los pliegos antes de cada llamado y aseguraba las adjudicaciones para su firma, Relevamientos Catastrales S.A.

El juez de Garantías Julián Vergara elevó la causa a juicio el 5 de junio. Quedaron imputados el ex gobernador Urribarri; el empresario Cardona Herreros; Smaldone; Carlos Haidar, ex director de Informática; Miguel Ulrich, ex director General de Ajustes y Liquidaciones; Luis Alfonso Erbes, ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas; José Humberto Flores, ex secretario de Hacienda; y José Laporte, ex secretario Legal y Técnico. Para la etapa oral, la Fiscalía anunció que reclamará diez años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540 000 pesos para Urribarri; nueve años e iguales accesorias y multa para Cardona Herreros; seis años para Haidar; cinco para Erbes; cuatro años y medio para Ulrich; y tres años condicionales para Flores. La pena de Smaldone dependerá de la homologación del abreviado; la de Laporte será definida al comienzo del debate.

– Sergio Urribarri

El camino procesal de Smaldone fue cambiante: primero pidió el sobreseimiento, luego apeló el rechazo y finalmente desistió de esa audiencia, prevista para el 2 de julio, para sellar el acuerdo que ahora intenta validar. Su confesión lo convirtió en el primer condenado dentro de la causa “Coimas”, mientras los demás acusados esperan la fecha de inicio del juicio.

Redacción

info@data24.com.ar

Denunciaron a un diputado de LLA por falsificar la firma de su abuela para apropiarse de una herencia

Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza y candidato a gobernador de Corrientes respaldado por Karina Milei, enfrenta denuncia penal y civil que lo acusa de falsificar la firma de su abuela fallecida para apropiarse de su única propiedad.

La denuncia penal fue radicada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) Nº 5 por los delitos de Falsificación de Instrumento Público (artículo 292 del Código Penal) y Estafa (artículo 172 del Código Penal). Paralelamente, la causa civil se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12, Secretaría N.º 25, bajo el expediente 219675/21.

El escándalo involucra la propiedad de Priscila Brizuela, abuela tanto de Almirón como del denunciante Eduardo Gómez, quien asegura tener en su poder la escritura original de la casa y que la firma usada para la venta no coincide con la real. Según su relato, se trató de una maniobra para “apoderarse del único bien familiar y dejar afuera al resto de los herederos legítimos.”

“Se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de mi abuela. Cuando uno confía en la familia y en los profesionales, nunca espera una traición de este tipo”, declaró Gómez.

– La supuesta firma trucha de Pricila Brizuela

La anciana falleció el 16 de marzo de 2013, pero antes de su muerte, mientras se encontraba internada en terapia intensiva en la Clínica Sagrado Corazón, supuestamente otorgó un “poder especial irrevocable” para transferir su única propiedad.

La polémica gira en torno a la Escritura Nº 4 del 28 de febrero de 2013, fechada apenas “un día antes” del fallecimiento de Priscila Brizuela. Según la denuncia presentada por Gómez, primo hermano del diputado, la casa ubicada en el barrio Bañado Norte de la capital correntina, fue transferida directamente a nombre de Lisandro Almirón y sus hermanos Carlos Hernán y Cinthia Elizabeth Almirón.

La transferencia se realizó mediante un poder que habría sido otorgado mientras la abuela estaba internada en terapia intensiva. Un perito caligráfico determinó que la firma sería una “imitación burda” que no coincide con la rúbrica real de la mujer.

La operación fue ejecutada con la participación de varios profesionales del entorno familiar, entre ellos Marta Susana Marcoré, abogada y suegra de Lisandro Almirón, quien actuó como apoderada mediante el presunto poder falsificado para concretar la transferencia. María Alicia Gamba Landi, también estuvo presente y actuó como la escribana que legalizó la escritura de compraventa, ya contando entonces con antecedentes disciplinarios. Fue suspendida un año por el Colegio de Escribanos por su participación en la causa “Boston”, una conocida estafa inmobiliaria de gran escala en Corrientes.

– Documento de la abuela con la respectiva firma

La defensa de los denunciados presentó un certificado psiquiátrico firmado el mismo día en que supuestamente se habría otorgado el poder. Sin embargo, este documento presenta serias inconsistencias, al ser emitido por el Hospital San Francisco de Asís, establecimiento donde la anciana nunca estuvo internada ni fue atendida, y el profesional firmante no trabajaba ese día en el hospital, según confirmó oficialmente el nosocomio.

El caso de la herencia fraudulenta no es el único señalamiento que enfrenta Lisandro Almirón. También ha sido cuestionado por contratos municipales en Gobernador Virasoro que beneficiaron a su esposa Laura Romina Peralta Marcoré y a su suegra para servicios de “alquiler de maquinarias viales” y “servicios profesionales”. Además, donaciones de bienes incautados de la Dirección General de Aduanas a una fundación vinculada a su entorno familiar, la Fundación GEA – Madre Tierra Mitología Griega.

Redacción

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CUARENTENA | Juzgarán a los funcionarios que impidieron el último adiós entre Pablo y Solange Musse

La Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto fijó para el 5 de septiembre, a las 8:30, el inicio del juicio por jurados contra dos exintegrantes del extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba en el caso de Solange Musse. Los acusados son Eduardo Javier Andrada, identificado como exresponsable del COE y también exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social ex-COE. Están imputados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso remonta a agosto de 2020, durante las restricciones por la pandemia de Covid-19. Solange Musse, de 35 años, padecía cáncer de mama en estadio cuatro con metástasis en huesos, hígado y pulmones. Se había trasladado desde Neuquén a Alta Gracia en febrero de ese año para seguir un tratamiento. Con su salud deteriorada, su padre, Pablo Musse, emprendió un viaje de 1.100 kilómetros —40 horas de manejo sin descanso— desde Pottier, Neuquén, junto a su cuñada, Paola Oviedo, para verla por última vez.

Presentaron la documentación exigida: permisos nacionales de circulación, certificado de regreso a su localidad y los hisopados solicitados por el COE. Al llegar al control sanitario de Huinca Renancó, un test de Pablo dio resultado “dudoso” —no positivo— para Covid-19. Según el Protocolo 48, se permitía el ingreso por “fuerza mayor”, incluyendo la asistencia a familiares en estado crítico o el fallecimiento de un familiar directo, y los casos sospechosos debían ser evaluados en un hospital. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso y los escoltaron de regreso a Neuquén.

En una carta escrita desde su cama, Solange expresó: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”. Murió el 20 de agosto de 2020 sin ver a su padre.

De regreso en Neuquén, un nuevo hisopado a Pablo dio negativo. Con autorización del juez Bustos Fierro, pudo viajar a Alta Gracia para despedir los restos de su hija. La denuncia, presentada por el abogado Carlos Nayi, sostiene que los acusados incumplieron los protocolos y abusaron de su autoridad.

En 2021 fueron imputados Andrada, Morales, el médico Sergio José Alí y el suboficial policial Darío Javier Mansilla. En 2023, estos últimos fueron sobreseídos, quedando solo Andrada y Morales para enfrentar el juicio.

La familia Musse denunció además al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2024, Pablo Musse y Paola Oviedo expusieron el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. El juez Claudio Mazuqui afirmó que el proceso busca “darle a la familia Musse la tranquilidad de que, desde lo jurídico y lo humano, el Poder Judicial está a la altura de resolver las peticiones”.

“Lamentablemente no es lo que uno esperaba, después de cinco años, pero es lo que hay en la Justicia argentina”, dijo Pablo Musse al medio cordobés Cadena 3. “Todos saben que esta causa pasó por la Justicia Federal, la Justicia Ordinaria, y realmente avasallaron los derechos de Solange”, agregó.

Redacción

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Vecinos de Mendoza se organizaron para perseguir delincuentes: “Si esperamos a la Policía, se escapan”

El barrio Pedro Molina IV en Guaymallén, provincia de Mendoza, atraviesa una situación de inseguridad “extrema y constante” que ha llevado a los habitantes a organizarse por cuenta propia para protegerse ante la falta de respuesta por parte de la policía y del municipio. Los residentes han creado una especie de “guardia urbana vecinal” informal, donde no solo denuncian sino que también intervienen directamente.

“Somos un grupo fijo de vecinos pero cuando pasa algo, salimos muchos más. No tenemos otra opción, la situación está desbordada”, subrayaron los vecinos. “Si esperamos a que venga la policía, ya se escaparon. Eso que a cinco cuadras hay una comisaría, pero no actúan rápido”, agregaron.

– Fuente: Mendoza Post

La situación cobró visibilidad nacional a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas golpeando a un presunto ladrón que había intentado arrebatarle el celular a una niña de 12 años. El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando la menor logró filmar al agresor antes de que este escapara.

Según el relato del periodista Julián Chabert de Radio Post, quien estuvo en el lugar, la víctima rápidamente activó el sistema de comunicación vecinal a través de un grupo de WhatsApp barrial para “salir a buscarlo”. Los vecinos lograron ubicar al delincuente y lo sometieron antes de que llegara la policía.

“Los vecinos se organizan solos, están cansados de esperar. Hacen la denuncia, pero también intervienen por su cuenta”, afirmó Chabert.

La Comisaría 31, que debería brindar seguridad al distrito Pedro Molina y Belgrano, enfrenta serias limitaciones desde hace más de un año, teniendo un solo móvil policial funcional para toda la zona, un edificio administrativo que está parcialmente demolido y requiere reconstrucción completa, falta de recursos y personal suficiente para atender la demanda de delitos.

El gobierno mendocino ha licitado la demolición y construcción de una nueva Comisaría 31 desde mediados de julio de 2025, con un presupuesto de $915.299.924, pero la obra aún no ha comenzado. En 2024, Mendoza registró 32.357 robos, una tasa de 1.564 robos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la tercera provincia más afectada del país, superada solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Otro factor que agrava la situación es la presencia creciente de adictos en la zona. Los vecinos utilizan el término “piperos” para referirse a quienes “fuman cocaína y parecen zombies”. Según los testimonios recogidos por Chabert, “cada vez hay más y nadie hace nada”, con muchos de los delincuentes siendo conocidos cercanos, lo que complica aún más la convivencia y eleva la tensión en el barrio.

– Fuente: Mendoza Post

Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que la Comisaría 31 está operativa pero reconocieron que no tiene detenidos ni fiscalía donde los móviles paran y siguen funcionando. Los vecinos denuncian que no hay reclamos formales atendidos por el municipio sobre el cierre de baldíos que se convierten en refugio de delincuentes, mejoras en la iluminación pública y de cámaras de seguridad que no funcionan correctamente.

El problema no se limita al barrio Pedro Molina IV. Otros sectores de Guaymallén como San José también han experimentado situaciones similares, donde vecinos y hasta una concejal se han organizado para enfrentar la creciente inseguridad en “tierra de nadie”.

Redacción

info@data24.com.ar

El municipio de un intendente de LLA acumuló una deuda de casi $3000 millones

Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román

Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.

En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó. 

Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.

Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025. 

El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.

– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde

La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron. 

Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”. 

LA RESPUESTA DE ROMÁN

El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes. 

“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”. 

– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook

Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”. 

También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas. 

Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.

VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL

A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.

El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.

La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.

– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves

El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.

Redacción

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