Montenegro almorzó con “Dibu” Martínez tras ser homenajeado por el Consejo Deliberante
El intendente marplatense almorzó juntó al portero de la Selección Argentina, tras ser reconocido por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón como "deportista insigne" de la ciudad.
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Amanda Gama, la pareja de Damián Martínez, compartió la foto del almuerzo en el restaurante “De la Familia”, ubicado en Irala 3479, donde siempre suele asistir Guillermo Montenegro por lo general. Del encuentro también formó parte el concejal PRO Fernando Muro, de fuerte vínculo con el intendente y de buena relación con la familia del portero.
“Dibu” fue homenajeado por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón al ser declarado como “deportista insigne” de Mar del Plata. “Es un orgullo para mí esto que estoy viviendo”, aseguró el deportista emocionado hasta las lágrimas.
Montenegro se mostró alegre de distinguir al arquero “Albiceleste”
El arquero de la Selección Argentina recibió el reconocimiento en un acto que se desarrolló este lunes en el estadio Polideportivo Islas Malvinas y recibió el cariño de cientos de chicos que se acercaron para conocer a su ídolo.
“Quiero agradecer a todo el Concejo porque yo me fui muy de chico de la ciudad pero soy marplatense”, afirmó el arquero. “Soy muy fuerte mentalmente y me voy a preparar al máximo para ser el mejor arquero del Mundial”, señaló.
100 Likes, 1 Comments – De la familia Restaurant (@delafamiliaresto) on Instagram: “Linda mesa con Guillermo Montenegro, Dibu martinez y familia… gracias!”
Martínez respondió las preguntas de los chicos y les adelantó que trabajará “muy duro los meses que quedan de acá al mundial para poder representarlos a todos”. Por último, le habló directamente a los chicos que lo aplaudieron y lo recibieron. “Vengo de un barrio de la ciudad y quiero que sepan que si ustedes quieren pueden lograr todo lo que se propongan”, manifestó.
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El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.
Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.
Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.
La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.
Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.
Manotazos de ahogado
No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.
Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.
El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.
El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.
Todos los hombres de Chávez
Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto: “el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.
— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)
Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.
La ruta del dinero
Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.
Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:
Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.
Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.
Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.
El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país.
(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.
b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.
c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, reclamó al gobierno del presidente Javier Milei medidas ante el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias argentinas.
“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó Colombo al medio Radio Mitre Mendoza.
También cuestionó la idea de tratar el sobreendeudamiento como un problema puramente individual, sosteniendo que no puede responderse con “no nos interesa” o “que se arreglen”, cuando millones de personas afrontan simultáneamente problemas de pago, la cuestión deja de ser solamente una suma de malas decisiones privadas y adquiere una dimensión pública.
Su planteo se apoya en tres ejes. El primero es la prevención para discutir “cuánto del monto del sueldo” puede alguien gastar, mediante el establecimiento de criterios que determinen qué proporción de los ingresos de una persona o un hogar puede destinarse al pago de una cuota. El segundo es la protección frente al sobreendeudamiento, con límites a las llamadas deudas “leoninas”, derivadas de contratos de crédito extremadamente desventajosos para quien los toma, sumado a las deudas “a gotas”, con pequeñas obligaciones que se van acumulan hasta volver imposible el pago.
El tercero es la respuesta social, que reconoce que muchos hogares recurren al endeudamiento para sostener consumos esenciales y, como consecuencia, terminan recortando otros gastos básicos.
Además, Colombo relacionó la facilidad de endeudarse mediante billeteras digitales con la preocupación eclesial por las apuestas en línea. No destacó que toda deuda fintech provenga del juego, solo señaló que la contratación instantánea, el crédito dentro del teléfono y determinados consumos compulsivos pueden combinarse y agravar situaciones de vulnerabilidad.
La intervención se produjo después de que el Estado nacional rechazara una asistencia estatal general y caracterizara la morosidad principalmente como una cuestión “entre privados”. Milei sostuvo que no había elementos para atribuir el aumento de la mora a la política oficial, siendo que su propia gestión hizo arreglos directos de refinanciación entre entidades y clientes.
“El privado cuando se organiza resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede”, señaló Milei, en el Congreso Americano de la FIA, agregando que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno” por la morosidad en aumento.
La preocupación tiene respaldo cuantitativo, aunque las cifras difundidas no siempre miden exactamente lo mismo. En el sistema bancario, la mora de las financiaciones a familias pasó de 10.6% en enero de 2026 a 11.2% en febrero, 11.5% en marzo, 12.1% en abril y 12.8% en mayo; en junio se mantuvo alrededor de ese nivel según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este porcentaje no quiere decir que el 12.8% de todas las familias argentinas esté en mora. Es un ratio de irregularidad de la cartera, donde se relaciona saldo de préstamos clasificados como irregulares con el financiamiento computado en ese segmento. La cantidad de personas afectadas es otra medición.
Un procesamiento de la Central de Deudores publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó en junio 20.96 millones de deudores entre bancos y billeteras y 5.91 millones con algún incumplimiento. El cuadro es más grave fuera de la banca tradicional. CEPA estimó una mora de 30.1% entre las familias financiadas por billeteras o proveedores no financieros en junio, frente al 12.8% bancario; además, préstamos personales y tarjetas concentraban 64.3% del monto prestado a familias en mayo.
“No creemos que sea necesario que el Estado intervenga, cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor”, destacó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificando que el Gobierno no intervendrá en la situación de las familias endeudadas. Asimismo subrayó que “la mora empezó a bajar” y es un “dato”.
¿La mora bajó?
El último informe oficial disponible indicó que la irregularidad total del crédito privado bajó de 7.7% en mayo a 7.6% en junio, mientras la mora bancaria de las familias se ubicó en 12.8%; estimaciones privadas basadas en la Central de Deudores la calcularon en 12.7%, una décima menos que en mayo.
Por lo tanto, es razonable decir que el deterioro dejó de acelerarse en el último dato bancario, pero todavía no que la crisis se haya revertido. Una variación de una décima después de una larga sucesión de aumentos puede ser un punto de estabilización, no una tendencia consolidada. No obstante, la mora no bancaria seguía creciendo y rondaba el 33% en junio de acuerdo datos procesados por la consultora 1816.
— Evolución de la morosidad bancaria en Argentina entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con un punto de inflexión en el segmento familiar en octubre de 2024 hasta alcanzar el 12.8% en junio de 2026
En Diputados existirían decenas de proyectos para afrontar la problemática. Las iniciativas incluyen refinanciaciones, quitas de punitorios, límites de tasas, suspensión temporal de ejecuciones, protección de salarios, mediación y normas de crédito responsable; la oposición convocó una sesión para el 9 de septiembre, pero, al no existir dictámenes, su objetivo inmediato es emplazar a las comisiones y fijar el tratamiento, no aprobar automáticamente una moratoria.
Martín Menem menospreció los proyectos que la oposición impulsa sobre el tema, diciendo que “buscan desestabilizar la economía”.
La mora no responde a una única causa. La explicación más razonable siempre surge de la combinación de distintos factores que pueden interactuar y agravarse entre sí. Uno de ellos es la insuficiencia de ingresos. Cuando el salario disponible ya no alcanza para cubrir alimentos, tarifas, alquiler, transporte o salud, el crédito deja de utilizarse para financiar una compra extraordinaria y empieza a funcionar como un sustituto del ingreso corriente.
A esto se suma el costo del financiamiento. Tasas de interés, comisiones, seguros, punitorios e impuestos pueden hacer que una obligación inicialmente manejable crezca con rapidez. En el ultimo relevamiento disponible de junio de 2026, el BCRA informó tasas efectivas anuales de referencia elevadas para los préstamos personales y las tarjetas de crédito.
Otro factor es la acumulación fragmentada de deudas. Una misma persona puede acceder a pequeñas líneas de financiamiento ofrecidas por distintos proveedores, cada uno de los cuales observa apenas una parte de su situación. El verdadero nivel de endeudamiento aparece cuando se suman los saldos de la tarjeta, los préstamos bancarios, los adelantos y el crédito otorgado por billeteras digitales.
Por último, existen acontecimientos personales capaces de alterar de manera abrupta la capacidad de pago. La pérdida o reducción del empleo, una enfermedad, una separación o un gasto imprevisto pueden convertir en impagable una deuda que, al momento de ser contraída, resultaba razonable.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes de la Argentina y desplazó a los accidentes de tránsito, que históricamente habían ocupado ese lugar en la franja de 15 a 34 años. La conclusión surgió de un informe del Observatorio de Política Criminal que analizó estadísticas oficiales desde 2017 hasta 2025 y detectó un crecimiento sostenido del fenómeno.
Según el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida en 2025. La cifra representó un aumento del 22,6% respecto de 2024 y llevó la tasa a 11,8 víctimas cada 100.000 habitantes, un registro sin precedentes en la historia argentina. El año pasado se dio, además, el mayor salto interanual de la serie, al menos desde 2017: la tasa venía de 9,7 en 2024.
El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, tradujo la magnitud del número durante la presentación del informe: “El año pasado, se quitaron la vida 5209 personas. Esto equivale a 14 casos por día o uno cada dos horas. Es muchísima gente que optó por quitarse la vida, lo que es un problema social y de salud pública mayúsculo. Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto. ¿Qué está pasando en ese grupo que está optando por quitarse la vida?”.
[Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina tiene 20 páginas y se presentó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Larroude, además de dirigir la ONG, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
— (IZQUIERDA) Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal junto a Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Nuestro país padece la crisis de salud mental “más grave de su historia. Es de tal magnitud que en 2025 se dio la mayor tasa de suicidios desde que se tiene registro”, sostuvo Larroude.
El informe tomó como punto de partida 2017, cuando se registraron 3.304 suicidios, con una tasa de 8,2 cada 100.000 habitantes. El cotejo con los 5.209 de 2025 arrojó un aumento del 57,6% en la cantidad de casos, o del 43,9% si se contempla el crecimiento poblacional de esos años.
Los jóvenes, el grupo que más crece
El reporte más reciente del SNIC no incluye el desagregado por edad, pero los datos de 2024 permiten dimensionar el peso de los más jóvenes. Ese año, sobre un total de 4.249 víctimas, 561 personas de entre 20 y 24 años se quitaron la vida; 567 de entre 25 y 29, y 486 de entre 30 y 34. A ellas se sumaron las víctimas adolescentes, de 15 a 19 años. La sumatoria arrojó que el 45,3% del total nacional de 2024 correspondió a adolescentes y personas en su juventud temprana.
Entre los adolescentes de 15 a 19 años la tendencia se mantuvo pareja a lo largo de los años —con un pico de 432 casos en 2018 y un promedio cercano a los 380 anuales— e incluso bajó un 20% en 2024. Los datos de 2025 separados por edad todavía no están disponibles.
Consultado sobre el rol de los jóvenes entre las víctimas, Larroude fue categórico: “La franja de 20 a 34 es la más complicada”.
La “transmutación” de la violencia
El informe planteó un contrapunto entre dos formas de violencia letal. Mientras la tasa de homicidios dolosos bajó de 5,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 3,6 en 2025, la de suicidios siguió el camino inverso hasta ubicarse en 11,8, más de tres veces por encima. El equipo del Observatorio describió el proceso como una “transmutación de la violencia letal” hacia la autoinfligida, aunque aclaró que no se trata de las mismas personas ni de que un fenómeno reemplace al otro.
“Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”, explicó. Y amplió: “Si bien no se cruzan esas variables, en el sentido de que de ninguna manera son las mismas personas las que cometían homicidio y ahora deciden quitarse la vida, es una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en el país. Esto te obliga a intervenir como Estado”.
Para dimensionar la comparación, el autor recordó que el pico de homicidios dolosos asociados a la narcocriminalidad en Rosario a lo largo de una década fue de 24 muertes cada 100.000 habitantes, apenas por encima de la tasa provincial de suicidios más alta del país. También señaló que la cifra actual supera a la de otros momentos críticos: durante la crisis socioeconómica de 2001 se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes. La comparación regional ubicó a la Argentina en el segundo lugar entre las tasas más altas, detrás de Uruguay y por delante de Chile.
“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, afirmó.
El mapa provincial, (muy) dispar
Detrás del promedio nacional se esconden realidades muy distintas. La tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes quedó casi emparejada con la de la provincia de Buenos Aires (11,9), donde reside cerca del 40% de la población. Pero varias jurisdicciones treparon muy por encima.
Entre Ríos encabezó el ranking con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes y una variación del 81,1% entre 2017 y 2025. La siguieron San Luis (18,9, con un salto del 152,6% en el período), Salta (17,4, con 26,6%), Santa Cruz (16, con 24,4%) y Catamarca (14,2, con 55,3%). En el extremo opuesto, las tasas más bajas correspondieron a Río Negro (6,5), Neuquén (7,8), Corrientes (8), la Ciudad de Buenos Aires (8) y Misiones (8,7). De ese grupo, solo Neuquén redujo su número de casos.
Un caso aparte fue el de La Rioja, la provincia con mayor contraste del período: pasó de 13 víctimas en 2017 a 50 en 2025, un aumento del 284,6% en nueve años.
El autor insistió en leer las tasas junto con los números absolutos. “Las tasas permiten comparar poblaciones de distinto tamaño, pero deben leerse junto con los casos absolutos”, planteó. En esa clave, la provincia de Buenos Aires concentró 1.977 hechos en 2025, el 38% del total nacional, seguida por Santa Fe (461), Córdoba (371) y Entre Ríos (288). En conjunto, esas cuatro jurisdicciones reunieron cerca de 6 de cada 10 casos del país. El propio SNIC advirtió, de todos modos, que el fuerte aumento bonaerense —del 55,4% respecto de 2024— respondió en parte a mejoras en los sistemas de carga provinciales y al cruce con registros de defunciones, por lo que no recomendó comparaciones interanuales para esa jurisdicción.
Un subregistro enorme
Una particularidad argentina es que las cifras de suicidio no provienen del Ministerio de Salud, sino del de Seguridad. Los datos surgen del SNIC y de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), que administra la cartera de Seguridad y que cargan las policías provinciales y las fuerzas federales.
La brecha con el registro sanitario es enorme. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, informó 748 suicidios entre las semanas epidemiológicas 1 y 52 de 2025. Los reportes provinciales que recoge el SNIC, en cambio, superaron los 5.200. En Salud reconocen que se trata de cifras “en construcción”: el suicidio se incorporó a la lista de eventos de notificación obligatoria recién en 2023, lo que todavía provoca demoras en los reportes provinciales. Para Larroude, la información del SNIC es “más robusta” por el cotejo policial y judicial al momento de la carga.
En la Argentina, aunque el suicidio no constituye un delito, se registra en las estadísticas criminales desde la década del 60.
El reclamo por la emergencia en salud mental
El informe remarcó que 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de salud mental: 31,2%, incluso por debajo del 36% de 2017.
“Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”, planteó Larroude, que subrayó la necesidad de instalar el tema en la agenda pública.
Entre los factores que, a su criterio, inciden en el fenómeno, mencionó lo que definió como “el triángulo histórico estudiado por la psicología. La ansiedad, la depresión y el aislamiento. Pero lo que también se ve en los jóvenes es un fuerte problema de consumo elevado de estupefacientes”. En ese punto aportó datos de la Sedronar: “Argentina tiene una tasa elevada de consumo de marihuana y cocaína en su población económicamente activa: 28 y 5 personas cada 100.000, respectivamente, las consumieron alguna vez en el último año. Es un montón y se ha triplicado en los últimos años”.
A ello sumó “la ludopatía, otro factor importante”, y vinculó el cuadro con la coyuntura económica: la falta de empleo formal y, sobre todo, la crisis de endeudamiento, que golpea con dureza a los jóvenes y a los adultos mayores, los primeros y los últimos estratos de la sociedad.
El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
La Iglesia rechazó responder al problema con un “que se arreglen”. La mora bancaria de las familias se estancó en 12.8% y fuera de los bancos ya trepa por encima del 30%.
Los aranceles que paga el PAMI subieron 130% desde diciembre de 2023, contra una inflación de más del 300%. El atraso derivó en siete meses de recortes escalonados que afectaron a casi 300.000 jubilados de la región patagónica.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
