Mar del Plata no tendrá colectivos este domingo por miedo a posibles incidentes tras la final del Mundial
El sindicato de los colectiveros anticipó la medida en "La Feliz", después de una serie de incidentes que involucraron a los trabajadores durante los partidos de la Selección.
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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este viernes que decidió paralizar el servicio del transporte público de media y corta distancia en Mar del Plata desde el domingo al mediodía hasta el lunes.
A través de un comunicado, la junta directiva de la seccional local del sindicato de los colectiveros justificó la medida por la final que disputará Argentina contra Francia en el Mundial de Qatar 2022, desde las 12 del domingo. Advirtieron que en los festejos que hubo en la ciudad después de cada partido de la Selección se registraron incidentes y episodios de violencia contra los trabajadores.
Tras la culminación de los partidos, choferes de las líneas de Mar del Plata fueron víctimas de graves incidentes
Por eso, la UTA “ha decidido que el servicio de corta y media distancia perteneciente a dicha seccional funcionará hasta las 11.30 del domingo de diciembre del 2022” y que recién “se reanudará el día lunes 19 de diciembre en su horario normal”.
“Queremos preservar la integridad de cada uno de los conductores, considerando los hechos ocurridos en los días que la Selección pasó las diferentes fases de la Copa del Mundo”, explicaron en el comunicado oficial del sindicato en su seccional local.
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Juan Carlos Valiente, excombatiente de la Guerra de Malvinas y militante de La Libertad Avanza en Chaco, presentó una denuncia penal contra la cúpula provincial del partido por una presunta estafa y retención indebida de 15 mil dólares. Habría sido usado para afrontar el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires destinado al entonces diputado nacional electo Carlos García.
“Le facilité, le presté por un mes. Hace exactamente dos años y medio le presté una suma de dinero en efectivo. La charla era devolución al mes siguiente, a lo sumo dos meses. A partir de eso, se borraron”, afirmó Valiente al medio Alerta Urbana.
Los denunciados son Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, y Jorge Alfredo Moreno, tesorero de la agrupación, imputados por los delitos previstos en los artículos 172 (estafa) y 173 inciso 2 (retención indebida) del Código Penal.
— Alfredo “Capi” Rodríguez en los estudios de la emisora LT16am950
Según la denuncia, Valiente entregó ese dinero en efectivo el 22 de diciembre de 2023 bajo la modalidad de préstamo, con la promesa de devolución en un plazo máximo de dos meses. El excombatiente relató que aceptó prestar el dinero porque confiaba en los referentes partidarios, quienes le habrían asegurado que recibirían aportes privados para cubrir gastos de la actividad política y así devolverle la suma.
Este tipo de denuncia se encuadra en la figura penal conocida como “retención indebida”, que no requiere una intimación formal para configurarse, siendo que basta con que el que recibió la cosa bajo obligación de devolverla, conociendo esa obligación, no la restituya en el plazo pactado.
“Me cagó”, destacó Valiente y agregó que “¿cómo alguien puede quedarse con la plata que uno le prestó de corazón, sin pedir intereses, solamente para darle una mano?”. “Era mi ahorro como Veterano de Malvinas”, añadió.
Este episodio se suma a una serie de medidas judiciales que ya venían golpeando a la conducción de LLA Chaco, lo que ayuda a entender el contexto de desconfianza en el que se inscribe la denuncia de Valiente.
— Alfredo Moreno
La Justicia Federal de Resistencia procesó en diciembre de 2025 a Alfredo “Capi” Rodríguez por falsedad ideológica de documentos públicos, tras detectar al menos 65 fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas. La pesquisa apuntó además al uso de bases de datos de ANSES y PAMI para inflar el padrón partidario.
“Es un impresentable, es un ladrón pequeño. Es un delincuente. El que estafa es un delincuente. A mí me estafó”, sostuvo Valiente, cuando se le preguntó por su opinión actual del dirigente libertario.
En paralelo, el fiscal Patricio Sabadini investiga si Rodríguez exigía “retornos” o un porcentaje del salario a trabajadores de PAMI y ANSES bajo amenaza de despido, como mecanismo de financiamiento paralelo del partido.
La causa también derivó en un allanamiento a Sakura Turismo, empresa vinculada a Jorge Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco y tesorero de LLA. En agosto de 2025, la Justicia secuestró computadoras y documentación en el marco de esa investigación.
— Juan Carlos Valiente. veterano de Guerra de Malvinas e integrante de la Comisión Directiva de LLA Chaco
A la interna partidaria se sumó otro frente de conflicto con la vicepresidenta de la fuerza, Ileana Aguirre, quien había sido expulsada por la conducción de Rodríguez en agosto de 2025. Sin embargo, en diciembre la Justicia Electoral anuló esa sanción por entender que el órgano que la dictó carecía de competencia y la restituyó en el cargo. Aguirre fue asu vez una de las primeras en denunciar públicamente que Rodríguez y Moreno administraban los llamados “aportes voluntarios” del partido.
“Todo el partido sabe que me deben los 15.000 dólares. Que venga cualquiera y me diga en la cara que no es verdad”, resaltó Valiente, subrayando que durante todo este tiempo reclamó el dinero mediante conversaciones personales, mensajes de WhatsApp, intimaciones y hasta con una carta documento sin ninguna respuesta.
No obstante, se le preguntó al mismo destinatario al que iba destinado el dinero Carlos García, y este negó haber recibido tal suma para solventar su estadía en Buenos Aires. La nota se produjo días después de las declaraciones realizadas por Valiente y en esta ocasión García contó que, al asumir su banca, permaneció durante varios meses en el departamento de una familia amiga y que posteriormente alquiló por sus propios medios distintas viviendas.
¿Por qué importa el rol de los involucrados?
Alfredo “Capi” Rodríguez no es solo el presidente de LLA en Chaco, es además Director Regional de ANSES para las cuatro provincias del NEA, un cargo público que la Justicia investiga por su presunta utilización para fines partidarios. Jorge Alfredo Moreno, el tesorero denunciado, ocupa en paralelo el cargo de coordinador administrativo de PAMI Chaco, y ya figuraba como parte del “círculo cercano” de Rodríguez en la causa por afiliaciones apócrifas antes de esta por los 15 mil dólares.
— Diputado nacional chaqueño por LLA, Carlos García junto a Karina Milei
Valiente es una voz activa entre los veteranos chaqueños que reclaman que se distinga a quienes efectivamente combatieron en Malvinas de aquellos “movilizados” que permanecieron en el continente. Junto a otros excombatientes, Valiente sostiene que el padrón oficial de la provincia incluye a 3.700 personas reconocidas, cuando solo unas 1.000 habrían estado realmente en las islas durante el conflicto de 1982. En julio de 2026, ese mismo grupo de veteranos presentó ante la Justicia Federal de Resistencia —a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la misma magistrada que procesó a “Capi” Rodríguez— un pedido para investigar la atribución indebida de títulos y honores reservados a los verdaderos combatientes.
La denuncia de Valiente se produce en un momento de fuerte tensión interna en el armado libertario chaqueño, que ya venía siendo señalado por sectores del propio partido —incluidos más de 300 afiliados que en 2025 pidieron la intervención del distrito por el manejo “autocrático” y “de facto” de Rodríguez. El caso también se da en paralelo a una interna nacional de LLA entre los sectores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina bajo la órbita de Karina Milei, los Menem y el ministro de Economía Santiago Caputo, que ha expuesto tensiones similares de manejo de fondos y estructuras partidarias en otras provincias, como La Pampa.
En una entrevista con Radio Mitre, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció abiertamente que durante 2025 los suicidios dentro de las fuerzas de seguridad federales aumentaron un 30% respecto de 2024, sin precisar cifras absolutas ni un desglose por institución (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria).
La funcionaria no se limitó a admitir el dato, sino que lo enmarcó dentro de una tendencia nacional, afirmando que “se incrementaron los suicidios en el país. Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”. Esa declaración fue la que generó revuelo, porque pareció responsabilizar institucionalmente a la gestión actual del presidente Javier Milei, presentando la situación como parte de un fenómeno social más amplio en lugar de un problema concreto del personal de las fuerzas de seguridad.
Al ser consultada sobre las causas, Monteoliva vinculó el fenómeno con dos factores concretos. Por un lado, hizo hincapié en los problemas de salud mental y el nivel de endeudamiento, “muchas veces formales e informales”, que atraviesan los efectivos por los bajos salarios que perciben. Esa mención al endeudamiento resultó políticamente sensible porque conecta directamente con declaraciones recientes de Milei, quien calificó las deudas de las familias argentinas como “una transacción entre privados” que “tienen que arreglar entre privados”, y que remató con la frase “nadie les puso una pistola en la cabeza” para tomar un préstamo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, repitieron el mismo argumento. La contradicción que manejan es más que evidente, siendo que mientras el Gobierno considera que el sobreendeudamiento es un asunto exclusivamente privado, su propia ministra de Seguridad admite que ese mismo endeudamiento está empujando a suicidios dentro de las fuerzas del Estado, la supuesta “transacción entre privados” deja de ser tan privada cuando compromete la vida de los uniformados.
Cabe señalar que para entender por qué Monteoliva relativizó el aumento dentro de las fuerzas, hay que mirar el cuadro general que su propio ministerio publicó en el informe “Estadísticas Criminales 2025”, elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Según este, Argentina registró 5.209 suicidios consumados en 2025, la cifra más alta desde que existen registros comparables, un 22.6% más que los 4.249 casos de 2024. La tasa nacional trepó a 11.8 casos cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio mundial de la Organización Mundial de la Salud, que es de 9.1.
El relevamiento más impactante del estudio es comparativo. Solo en 2025 el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta del país, superando a los homicidios dolosos (1.676 casos) y a los siniestros viales. Es decir, murieron más argentinos por su propia mano que por manos ajenas o por accidentes de tránsito, algo que rompe con la percepción tradicional de la “inseguridad” centrada en el delito.
Los números muestran además que casi ocho de cada diez víctimas son varones, con mayor concentración entre los 18 y 34 años, y que el fenómeno no es parejo en el territorio. Provincias como Entre Ríos, San Luis y Salta presentan las tasas más altas del país. En la primera mitad de 2026 la tendencia no paró, y ya en el primer cuatrimestre mostró un salto del 56.4% en suicidios respecto del mismo período de 2025.
Dentro de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, los factores que describen especialistas e incontables reportes coinciden con el diagnóstico oficial, pero con matices propios del ámbito castrense. Una medición de la Fundación Encuentro detalla que el salario inicial de un gendarme arranca en $688.000, un prefecto en $757.000, un policía federal en $848.000 y un soldado del Ejército apenas por encima de $600.000, con una caída del salario real del 40% desde diciembre de 2023.
A esto se suma el colapso económico de una dos obras sociales formadas luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) respectivamente, que acumula un déficit que supera los $213.000 millones, lo que se traduce en menos y peores prestaciones médicas y psicológicas justo cuando más se necesitarían.
Seguridad y Defensa: crisis en infraestructura, salarios, deudas y salud mental
Casos actuales en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Santiago del Estero muestran un patrón repetido de endeudamiento, salarios por debajo de la línea de pobreza, licencias psiquiátricas y el acceso al arma reglamentaria como factor de letalidad. De acuerdo con Santiago Galar, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP y CONICET, en su trabajo académico sobre el suicidio policial en Argentina identifica como “circunstancias precipitantes más frecuentes” los problemas de pareja, la violencia intrafamiliar, las enfermedades graves y, de forma reiterada, las “situaciones de deudas financieras”.
“El suicidio, además de complejo y multicausal, es un fenómeno de carácter psico-social, por lo que es imposible reducirlo a instancias privadas o individuales”, sostiene Galar, siendo primordial la disponibilidad permanente del arma de fuego reglamentaria que —incluso fuera de servicio, por el llamado “estado policial”— es un factor de riesgo estructural que distingue a este colectivo de la población general. Cerca del 25% del personal militar y de seguridad registra retrasos graves superiores a 90 días en sus compromisos crediticios, con el Ejército suponiendo la morosidad estatal con un 29.3%, seguido por el Servicio Penitenciario (28.1%) y la Policía Federal (23.8%)
En paralelo a esta problemática, el propio Estado vendría recortando recursos en el área que debería contener este cuadro crítico. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte sufrió una caída acumulada del 46% en su presupuesto real entre 2023 y 2026, y el gasto en salud mental proyectado para 2026 equivale a apenas 1.42% del presupuesto sanitario, muy por debajo del mínimo legal recomendado. Esto conecta con la crítica que hacen organizaciones como el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), ya que los suicidios se multiplican y el ajuste fiscal disminuye justamente los programas de salud mental que podrían mitigar el fenómeno.
— Gráfico de la ejecución presupuestaria histórica del Ministerio de Salud de la Nación, mostrando una fuerte contracción en las partidas presupuestarias hacia 2025
Asimismo, no habría una serie estadística legítima, pública y actualizada que permita establecer una tasa nacional confiable sobre reportes de suicidios de personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas argentinas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) del ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Alberto Presti.
“Yendo a números (no oficiales), entre los años 2021 y 2025 dentro de la fuerza se registraron un total de 33 casos de suicidio (exitosos e intentos). Esta cifra, en relación a una población aproximada de 50.000 efectivos, representa una tasa acumulada de 66 casos cada 100.000 miembros”, remarca el oficial del Ejército Argentino, Mayor Ariel Martín Torres, en una de las poquísimas indagaciones sobre el tema.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor de la Armada, admitió ante el medio Infobae quelos destructores MEKO 360 y las corbetas MEKO 140 tienen “prácticamente más de cuarenta años” de antigüedad, y que las opciones de renovación de la flota y de la Fuerza de Submarinos siguen “a disposición del Poder Ejecutivo” sin una decisión concreta tomada aún.
La desactualización, indicó, se vería principalmente en los sistemas de vigilancia y control, así como en algunos sistemas de armas. Esta brecha tecnológica, subrayó, se denota frente a otras fuerzas navales.
La renovación de la flota depende de decisiones del Poder Ejecutivo. Romay destacó que la Armada ya elevó propuestas orientadas a recuperar y ampliar sus capacidades, aunque la incorporación de nuevos buques y equipamiento debería portarse en un momento presupuestario más favorable.
La falta de cobertura
El caso del Hospital Médico Policial Churruca Visca, dependiente de la Policía Federal Argentina y bajo la órbita de Luis Alejandro Rollé, funciona como una radiografía de cómo actúa la crisis de las obras sociales de las fuerzas. Renuncias de médicos en especialidades críticas como cirugía, traumatología y terapia intensiva, guardias con cobertura insuficiente y salarios que perdieron poder adquisitivo frente al sector privado configuran un escenario de creciente deterioro, en tanto la conducción gubernamental no ha dado soluciones para revertir el panorama.
— Luis Alejandro Rollé
“Estamos totalmente colapsados”, aseguraron desde el nosocomio dirigido por el director Pablo Farina, con salarios que rondan los $750 mil mensuales por unas 35 horas semanales, ingresos que consideran insuficientes frente al costo de vida. “Hay gente que a mitad de mes ya tiene problemas para trasladarse hasta acá por no poder pagar el traslado”, añadieron.
Trabajadores de la institución denunciaron un ambiente laboral marcado por una pérdida de profesionales de la salud, faltantes de insumos médicos básicos, dificultades para garantizar la cobertura de distintas áreas y una creciente sobrecarga laboral para quienes aún permanecen en funciones. Las dificultades resultan sensibles para las familias que necesitan prestaciones vinculadas con discapacidad. Conforme a información recabada por Realpolitik, centros y profesionales directamente evitarían trabajar con la cobertura de la Policía Federal debido a las demoras y los incumplimientos en los pagos.
La situación llevaría a los afiliados a dedicar semanas a la búsqueda de prestadores, solicitar múltiples presupuestos y atravesar una extensa serie de trámites que suelen acabar sin una solución. Todo fue brindada bajo reserva de identidad. Conforme a lo relatado, la decisión respondería al temor de sufrir represalias, sumarios administrativos o cambios de destino en caso de hacer públicos con nombre propios sus reclamos.
— Pablo Farina
“Se fue gente de todas las especialidades”, resumió uno de los trabajadores. Médicos, enfermeros, residentes y otros profesionales dejaron sus puestos por diferentes motivos, entre ellos los bajos salarios, las jubilaciones, la posibilidad de acceder a mejores propuestas laborales y, en algunos casos, por malos tratos dentro de la institución.
Prácticamente todos los servicios registraron bajas y las más afectadas fueron cirugía vascular, cirugía cardiovascular, cardiología, hematología, kinesiología y odontología, además de distintos sectores de áreas cerradas y unidades de emergencia.
La reducción de personal también habría obligado a derivar pacientes con cuadros complejos hacia otros establecimientos. De los centros mencionados aparecen el Hospital Británico, el Hospital Italiano y la Fundación Hospitalaria. No obstante, los empleados sostuvieron que estos convenios tampoco serían completamente estables y podrían interrumpirse ante eventuales inconvenientes relacionados con los pagos.
El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes de la Argentina y desplazó a los accidentes de tránsito, que históricamente habían ocupado ese lugar en la franja de 15 a 34 años. La conclusión surgió de un informe del Observatorio de Política Criminal que analizó estadísticas oficiales desde 2017 hasta 2025 y detectó un crecimiento sostenido del fenómeno.
Según el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida en 2025. La cifra representó un aumento del 22,6% respecto de 2024 y llevó la tasa a 11,8 víctimas cada 100.000 habitantes, un registro sin precedentes en la historia argentina. El año pasado se dio, además, el mayor salto interanual de la serie, al menos desde 2017: la tasa venía de 9,7 en 2024.
El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, tradujo la magnitud del número durante la presentación del informe: “El año pasado, se quitaron la vida 5209 personas. Esto equivale a 14 casos por día o uno cada dos horas. Es muchísima gente que optó por quitarse la vida, lo que es un problema social y de salud pública mayúsculo. Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto. ¿Qué está pasando en ese grupo que está optando por quitarse la vida?”.
[Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina tiene 20 páginas y se presentó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Larroude, además de dirigir la ONG, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
— (IZQUIERDA) Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal junto a Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Nuestro país padece la crisis de salud mental “más grave de su historia. Es de tal magnitud que en 2025 se dio la mayor tasa de suicidios desde que se tiene registro”, sostuvo Larroude.
El informe tomó como punto de partida 2017, cuando se registraron 3.304 suicidios, con una tasa de 8,2 cada 100.000 habitantes. El cotejo con los 5.209 de 2025 arrojó un aumento del 57,6% en la cantidad de casos, o del 43,9% si se contempla el crecimiento poblacional de esos años.
Los jóvenes, el grupo que más crece
El reporte más reciente del SNIC no incluye el desagregado por edad, pero los datos de 2024 permiten dimensionar el peso de los más jóvenes. Ese año, sobre un total de 4.249 víctimas, 561 personas de entre 20 y 24 años se quitaron la vida; 567 de entre 25 y 29, y 486 de entre 30 y 34. A ellas se sumaron las víctimas adolescentes, de 15 a 19 años. La sumatoria arrojó que el 45,3% del total nacional de 2024 correspondió a adolescentes y personas en su juventud temprana.
Entre los adolescentes de 15 a 19 años la tendencia se mantuvo pareja a lo largo de los años —con un pico de 432 casos en 2018 y un promedio cercano a los 380 anuales— e incluso bajó un 20% en 2024. Los datos de 2025 separados por edad todavía no están disponibles.
Consultado sobre el rol de los jóvenes entre las víctimas, Larroude fue categórico: “La franja de 20 a 34 es la más complicada”.
La “transmutación” de la violencia
El informe planteó un contrapunto entre dos formas de violencia letal. Mientras la tasa de homicidios dolosos bajó de 5,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 3,6 en 2025, la de suicidios siguió el camino inverso hasta ubicarse en 11,8, más de tres veces por encima. El equipo del Observatorio describió el proceso como una “transmutación de la violencia letal” hacia la autoinfligida, aunque aclaró que no se trata de las mismas personas ni de que un fenómeno reemplace al otro.
“Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”, explicó. Y amplió: “Si bien no se cruzan esas variables, en el sentido de que de ninguna manera son las mismas personas las que cometían homicidio y ahora deciden quitarse la vida, es una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en el país. Esto te obliga a intervenir como Estado”.
Para dimensionar la comparación, el autor recordó que el pico de homicidios dolosos asociados a la narcocriminalidad en Rosario a lo largo de una década fue de 24 muertes cada 100.000 habitantes, apenas por encima de la tasa provincial de suicidios más alta del país. También señaló que la cifra actual supera a la de otros momentos críticos: durante la crisis socioeconómica de 2001 se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes. La comparación regional ubicó a la Argentina en el segundo lugar entre las tasas más altas, detrás de Uruguay y por delante de Chile.
“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, afirmó.
El mapa provincial, (muy) dispar
Detrás del promedio nacional se esconden realidades muy distintas. La tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes quedó casi emparejada con la de la provincia de Buenos Aires (11,9), donde reside cerca del 40% de la población. Pero varias jurisdicciones treparon muy por encima.
Entre Ríos encabezó el ranking con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes y una variación del 81,1% entre 2017 y 2025. La siguieron San Luis (18,9, con un salto del 152,6% en el período), Salta (17,4, con 26,6%), Santa Cruz (16, con 24,4%) y Catamarca (14,2, con 55,3%). En el extremo opuesto, las tasas más bajas correspondieron a Río Negro (6,5), Neuquén (7,8), Corrientes (8), la Ciudad de Buenos Aires (8) y Misiones (8,7). De ese grupo, solo Neuquén redujo su número de casos.
Un caso aparte fue el de La Rioja, la provincia con mayor contraste del período: pasó de 13 víctimas en 2017 a 50 en 2025, un aumento del 284,6% en nueve años.
El autor insistió en leer las tasas junto con los números absolutos. “Las tasas permiten comparar poblaciones de distinto tamaño, pero deben leerse junto con los casos absolutos”, planteó. En esa clave, la provincia de Buenos Aires concentró 1.977 hechos en 2025, el 38% del total nacional, seguida por Santa Fe (461), Córdoba (371) y Entre Ríos (288). En conjunto, esas cuatro jurisdicciones reunieron cerca de 6 de cada 10 casos del país. El propio SNIC advirtió, de todos modos, que el fuerte aumento bonaerense —del 55,4% respecto de 2024— respondió en parte a mejoras en los sistemas de carga provinciales y al cruce con registros de defunciones, por lo que no recomendó comparaciones interanuales para esa jurisdicción.
Un subregistro enorme
Una particularidad argentina es que las cifras de suicidio no provienen del Ministerio de Salud, sino del de Seguridad. Los datos surgen del SNIC y de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), que administra la cartera de Seguridad y que cargan las policías provinciales y las fuerzas federales.
La brecha con el registro sanitario es enorme. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, informó 748 suicidios entre las semanas epidemiológicas 1 y 52 de 2025. Los reportes provinciales que recoge el SNIC, en cambio, superaron los 5.200. En Salud reconocen que se trata de cifras “en construcción”: el suicidio se incorporó a la lista de eventos de notificación obligatoria recién en 2023, lo que todavía provoca demoras en los reportes provinciales. Para Larroude, la información del SNIC es “más robusta” por el cotejo policial y judicial al momento de la carga.
En la Argentina, aunque el suicidio no constituye un delito, se registra en las estadísticas criminales desde la década del 60.
El reclamo por la emergencia en salud mental
El informe remarcó que 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de salud mental: 31,2%, incluso por debajo del 36% de 2017.
“Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”, planteó Larroude, que subrayó la necesidad de instalar el tema en la agenda pública.
Entre los factores que, a su criterio, inciden en el fenómeno, mencionó lo que definió como “el triángulo histórico estudiado por la psicología. La ansiedad, la depresión y el aislamiento. Pero lo que también se ve en los jóvenes es un fuerte problema de consumo elevado de estupefacientes”. En ese punto aportó datos de la Sedronar: “Argentina tiene una tasa elevada de consumo de marihuana y cocaína en su población económicamente activa: 28 y 5 personas cada 100.000, respectivamente, las consumieron alguna vez en el último año. Es un montón y se ha triplicado en los últimos años”.
A ello sumó “la ludopatía, otro factor importante”, y vinculó el cuadro con la coyuntura económica: la falta de empleo formal y, sobre todo, la crisis de endeudamiento, que golpea con dureza a los jóvenes y a los adultos mayores, los primeros y los últimos estratos de la sociedad.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027, una iniciativa que fija gastos por $2.743.395 millones y un déficit financiero de $137.955 millones. Dentro de ese esquema, el Estado provincial reservó $298.631 millones —casi $300.000 millones— a los llamados “gastos figurativos”, movimientos de fondos que la administración pública realiza dentro de sí misma.
Los gastos figurativos son las transferencias que una repartición del Estado envía a otra dentro del mismo sector público: figuran como gasto en el organismo que gira los recursos y como “contribución figurativa” en el que los recibe. El proyecto lo deja a la vista, porque frente a los $298.631 millones de gastos figurativos previó un monto idéntico de contribuciones figurativas, su contrapartida de financiamiento. Las dos puntas se compensan al consolidar las cuentas y no incrementan el gasto total de la provincia. La mayor parte, unos $293.232 millones, corresponde a la Administración Central, y se reparte entre $287.475 millones para transacciones corrientes y $11.155 millones para transacciones de capital.
El resultado financiero negativo de $137.955 millones prácticamente triplica el desequilibrio calculado para 2026, estimado en $49.192 millones, un salto del 180,4%. El cálculo oficial previó recursos por $2.605.439 millones frente a erogaciones por $2.743.395 millones, una brecha equivalente al 5% del gasto total. A eso se suma un resultado económico negativo de $54.651 millones, porque los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir las obligaciones ordinarias del Estado. La administración justificó el rojo en la rigidez del gasto público —salarios, servicios esenciales y transferencias concentran el grueso de las erogaciones— y en la quita de partidas y programas que la Nación financiaba con anterioridad.
En qué crece y en qué se recorta el gasto
El gasto global trepó a $2,74 billones, contra los $2,28 billones contemplados para 2026, una expansión nominal del 20,2%. Las partidas de personal crecieron 20% interanual y los bienes de consumo e insumos, 18,75%. Los servicios no personales y operativos, en cambio, se redujeron 8,89%. En conjunto, el gasto operativo registró un incremento del 12,84%. En la distribución por finalidad, los Servicios Sociales quedaron como el principal destino de los fondos: concentran el 63,11% del presupuesto total, la porción ligada a la atención directa de las necesidades de la población.
El programa macroeconómico del Ejecutivo tomó como referencia una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, un crecimiento del Producto Bruto del 3,2% y un dólar oficial de $2.017. La pauta salarial fijó como techo la masa de haberes de diciembre de 2026 con un incremento vegetativo del 4%, sin ajustes automáticos por la suba de precios.
En materia de empleo público, el texto autoriza 18.400 cargos entre la administración general y el sistema educativo: 11.450 puestos de planta permanente y no permanente, 700 autoridades superiores y 6.950 cargos docentes, además de un cupo de 1.008.000 horas cátedra. El proyecto suspendió para 2027 la cobertura de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2026 y de las que se generen durante el ejercicio, con la salvedad de que el Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones para servicios prioritarios.
En paralelo, creó un régimen de retiro voluntario para el personal permanente con al menos diez años de antigüedad, con un cupo del 5% de los cargos y la eliminación definitiva de las vacantes liberadas. Quedaron afuera del régimen los médicos, los policías y los agentes penitenciarios. El documento asignó $38.351,8 millones al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), con un tope de 2.050 beneficiarios, y fijó 266 beneficiarios para la Pensión de Guerra de los veteranos de Malvinas.
El proyecto reordena la carga tributaria sobre los sectores productivo y financiero. Desde el 1 de enero de 2027, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) suspenderá las bonificaciones de hasta el 15% que beneficiaban a los contribuyentes cumplidores en Ingresos Brutos, de modo que el sector comercial deberá tributar el 100% de la alícuota general; la Agencia reintegrará además un 4,20% de la recaudación incremental a la Tesorería provincial. En los yacimientos de hidrocarburos, en cambio, el gravamen de Ingresos Brutos bajará del 3% al 1,5%. Las actividades de apoyo a la pesca pasarán del 0,75% al 5% conjunto y los servicios agropecuarios pagarán una alícuota consolidada del 5%.
El esquema destina un 7% de la recaudación total de Ingresos Brutos al Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social antes del reparto hacia los municipios, lo que reduce los recursos coparticipables locales. En Sellos, la modificación eliminó la alícuota para los contratos de vivienda única y familiar y aplicó una tasa del 15 por mil a los alquileres comerciales.
Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
Mientras la Provincia se declara en déficit y ajusta por el lado de las vacantes y los beneficios impositivos, la plata que el Estado se gira a sí mismo supera al rojo por más del doble.
Apartaban los ladrillos en pleno operativo y prepararon panes de yeso para disimular el faltante. La droga iba a la venta clandestina y un descuadre en la balanza destapó la maniobra.
El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
