Mar del Plata | Montenegro sigue en reunión con los vecinos: “Hay mucho por hacer en los barrios”
El intendente mantiene el desembarco periódico en el territorio junto a funcionarios y sostuvo que "mejorar la ciudad es un trabajo de todos los días".
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Sin actos y con apariciones limitadas al acompañamiento de precandidatos nacionales o provinciales en actividades que encabezan en la ciudad, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, transita la campaña rumbo a las elecciones PASO con la continuidad de los encuentros vecinales que periódicamente lleva a cabo en distintos barrios de “La Feliz” en los que se exponen las problemáticas y necesidades.
“Hay mucho por hacer”, reconoció durante una visita a La Florida aunque sostuvo que “mejorar la ciudad es un trabajo de todos los días”. Una de las ultimas reuniones vecinales encabezadas por Montenegro se realizó en la sociedad de fomento ubicada en Romero 2112, en donde el intendente, acompañado por funcionarios y concejales, escuchó observaciones y reclamos e intercambiaron ideas y proyectos.
Los vecinos de Triunvirato entre Fortunato y Lebensohn esperaban hace tiempo una mejora en la forma de moverse por el barrio. Hoy, gracias al trabajo en equipo entre ellos y el EMVIAL esto empieza a hacerse realidad. Esta nueva obra de cordón cuneta se suma a los trabajos de… pic.twitter.com/nH8UrIbGHb
“Hay mucho por hacer en los distintos barrios, y estos encuentros de trabajo en equipo con los marplatenses son fundamentales para saber lo que pasa en cada lugar. Trabajamos todos los días para generar cambios en la diaria de los que se levantan para ir a laburar o llevar los chicos a la escuela”, señaló el intendente Guillermo Montenegro en declaraciones difundidas oficialmente.
En ese barrio en particular, de acuerdo a lo informado, el pedido de vecinos se centró en la necesidad de aplicar más luminarias, asfalto y cordón cuneta y profundizar la poda y la instalación de cartelerías varias. A su vez, el Gobierno detalló los distintos trabajos realizados en el último tiempo como la construcción de 1132 metros lineales de cordón cuneta y 130 metros cuadrados de badenes, además del mantenimiento de 257 cuadras de calles sin pavimentar y la repotenciación led en luminarias de la plaza de la zona.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, junto a parte de equipo en la recorrida por La Florida.
Como parte de la campaña electoral de Juntos por el Cambio se espera que este viernes al mediodía se lleve adelante un acto en la Plaza del Agua (en la zona comercial de Güemes) encabezado por la precandidata presidencial Patricia Bullrich.
En las PASO de este domingo 13 de agosto, a nivel municipal las principales fuerzas como Juntos por el Cambio no tendrán internas por lo que Montenegro tiene como objetivo central las elecciones generales de octubre en su búsqueda por alcanzar un segundo mandato al frente del Municipio.
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La muerte de Tomás, un nene de 5 años, conmocionó a la localidad salteña de La Merced y abrió una investigación judicial que involucró de manera directa al entorno del intendente Javier Wayar. El conductor señalado por el hecho fue Miguel Plaza, identificado como chofer del jefe comunal, quien manejaba una camioneta Ford 4×4 de propiedad del mandatario cuando ocurrió el episodio fatal.
De acuerdo con la información policial brindada, el niño circulaba en una bicicleta que fue embestida por la camioneta la noche del pasado domingo. El niño fue trasladado en un primer momento al hospital local y luego derivado al Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.
El oficial Flavio Peloc, responsable del área de prensa de la Policía de Salta, informó que el conductor fue demorado en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. También precisó que el test de alcoholemia realizado en el momentodio resultado negativo, aunque se le practicó una extracción de sangre para estudios más específicos.
Peloc explicó además que intervino personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y documentar la escena, aunque el procedimiento se vio parcialmente interrumpido por disturbios generados por vecinos y familiares de la víctima: “El fallecimiento del menor provocó una fuerte reacción en la comunidad. Hubo desórdenes, quema de cubiertas y hasta intentos de agresión contra el supuesto responsable”.
Con el paso de las horas se confirmó otro dato central del caso. La camioneta involucrada era propiedad del intendente Javier Wayar.
Muchas horas después del suceso, Wayar difundió un comunicado en la cuenta de Facebook del Municipio para expresar su pesar. Allí, dijo haber denunciado (se desconoce si antes o después del hecho) el robo del vehículo y dio detalles sobre su chofer. “Quiero informar que he realizado la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta sin mi conocimiento. La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”.
“Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”, sostuvo. Y agregó: “Asimismo, quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos. Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad”.
– Familiares de Tomás
Las declaraciones del jefe comunal se conocieron después de varias horas de silencio público, en un contexto de fuerte conmoción social en La Merced.
En paralelo, surgió otro antecedente vinculado al mismo entorno. Según informó el medio local Nuevo Diario, una joven denunció días antes por acoso al chofer particular del intendente. El hecho habría ocurrido en un camino vecinal cuando la mujer se dirigía a llevarle un encargo a su esposo, quien trabajaba en una finca situada detrás del edificio comunal.
Siempre según lo difundido por ese medio, la joven habría sido abordada por el denunciado, conocido en el ámbito local como “Placita”, cuando se encontraba en una Ford Ranger roja que sería propiedad del jefe comunal.
El relato de la mujer sostuvo que el hombre habría incurrido en conductas de acoso que escalaron hasta el intento de obligarla a subir al vehículo.
La mujer logró escapar. Tras ello, se comunicó con el sistema de emergencias y efectivos policiales intervinieron, procediendo a la detención del sospechoso, además de retener el vehículo en el que se desplazaba. La denuncia, según informó ese medio, se radicó en la Comisaría N°105 de La Merced. DATA24.COM.AR intentó comunicarse con la dependencia policial para esclarecer este asunto, pero no obtuvo mayores precisiones: “Por el momento todo lo que está pasando es confidencial”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El médico Abel Albino, titular de la Fundación Conin, advirtió a medios locales que el único hospital para niños desnutridos del país, ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, cerró hace seis meses por falta de financiamiento. El establecimiento, diseñado para la internación y recuperación de pacientes, quedó sin actividad pese a que funcionó como un centro de referencia nacional en el tratamiento de la desnutrición infantil.
“Es una pena. Cerró porque no puedo pagar los sueldos”, explicó Albino. También destacó el nivel de atención que alcanzó el centro: “Trabaja tan buena gente y tan correctamente trabajan que prácticamente no tenemos mortalidad”.
Albino atribuyó la crisis al atraso en los aportes públicos. “Estoy contratado por el Estado, pero el Estado no me actualiza hace más de cuatro años”, sostuvo, y precisó: “me está aportando el Estado 7% de lo que yo gasto para recuperar. Si no me ayuda la comunidad, no puedo seguir”. En la misma línea, cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Nos tratan muy bien… pero no nos llevan el apunte”.
Según explicó, la falta de giro de fondos impidió cubrir los costos operativos mínimos, el pago de salarios del personal especializado y los insumos necesarios para sostener el funcionamiento del hospital. Esa situación obligó a la fundación a suspender el ingreso de nuevos pacientes críticos, en un contexto en el que, de acuerdo con la información suministrada, estos niños no encontraron en el sistema público de salud una alternativa de la misma complejidad y especificidad.
“Hace seis meses que lo cerré, y hace seis meses que estoy llorando por no tener el hospital, porque sé que es necesario”, insistió Albino. También afirmó: “El hospital funcionaba a pleno pero ahora no puedo pagar los sueldos. Hay chicos con desnutrición que necesitan estar internados. Que este edificio esté vacío es una maldad”.
Tras el cierre, los pacientes dejaron de ser internados y fueron enviados nuevamente a sus hogares. “Los tuvimos que devolver a su casa, con un nudo en la garganta”, señaló Albino. No obstante, aclaró que la asistencia continuó de manera territorial: “Los tratamos en sus casas. Van nuestros médicos y los asisten en sus casas”.
El hospital recibía derivaciones de todo el país, lo que lo consolidó como un dispositivo único en su tipo. Para intentar reabrirlo, Albino planteó un esquema de financiamiento basado en pequeños aportes individuales. “Si yo tuviese 1.500 socios más que me dieran lo que vale una pizza, o medio tanque de nafta, una caja de leche… puedo salir adelante”, afirmó.
La Fundación Conin —Cooperadora para la Nutrición Infantil— nació en Mendoza en 1993, inspirada por el modelo del doctor Fernando Mönckeberg en Chile. Su misión consistió en atacar las causas de la pobreza desde un enfoque integral: no solo se centró en la alimentación, sino también en la educación de la madre y en la transformación del entorno familiar. La organización contó con más de 100 centros en 18 provincias, tuvo una trayectoria que salvó a más de 30.000 niños y desarrolló una metodología científica reconocida internacionalmente.
El material también remarcó la importancia del primer año de vida como la etapa más crítica para el desarrollo cerebral. Según los especialistas citados, si un lactante no recibió los nutrientes esenciales y la estimulación adecuada en esos primeros doce meses, las secuelas neurológicas y físicas solieron resultar irreversibles. En esa línea, la fundación sostuvo un abordaje integral que combinó alimentación, estímulos afectivos y condiciones de higiene.
Albino también alertó sobre la magnitud del problema nutricional que detectaron en territorio. “Cada vez que vamos y hacemos un testeo, porque nos metemos en la comunidad con un camión que tenemos, encontramos 30% de chicos desnutridos, 30% de chicos con sobrepeso… y 30% de chicos normales”, sostuvo. Sobre las consecuencias de la desnutrición, agregó: “La desnutrición genera debilidad mental… la principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro”.
En ese marco, reclamó una respuesta conjunta de distintos sectores. “Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales… y la comunidad toda debemos trabajar juntos como hermanos que somos”, afirmó.
La paralización del hospital se produjo además en un contexto social crítico en Mendoza. Según las mediciones más recientes del INDEC citadas en la información suministrada, la pobreza infantil en el Gran Mendoza afectó a poco menos de la mitad de los chicos menores de 14 años. A eso se sumó la reciente clausura del servicio de maternidad del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia, una medida que generó protestas de profesionales y contribuyentes encabezadas por el intendente Ricardo Manzur. La información aportada también señaló un incremento en los registros de maltrato infantil.
La concentración frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, comenzó pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicó hasta alcanzar los 700 asistentes.
La convocatoria logró una unidad inédita al congregar a efectivos y retirados de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), elevando el conflicto a una crisis de seguridad nacional.
La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.
A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurrió íntegramente sobre la vereda, bajo la supervisión de un comisario seccional de la Policía de la Ciudad que confirmó la legalidad y el carácter pacífico de la marcha. El “abrazo simbólico” se transformó rápidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje económico que asfixia a la familia policial.
La magnitud del conflicto quedó reflejada en una cobertura mediática masiva que incluyó móviles en vivo de Telefé, El Destape, Crónica, C5N, Canal 26, TN y A24, con la presencia de la reconocida periodista Mercedes Ninci.
La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.
Sin embargo, el dato político más crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraronen la manifestación para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.
Esta atmósfera de persecución coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentó minimizar la jornada calificándola como una movilización compuesta sólo por “retirados”, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.
La movilización tuvo su punto de máximo interés desde el momento en que los asistentes entonaron el Himno Nacional, dando luego paso a una serie de cuatro oradores que hablaron a quienes asistieron y a la prensa.
Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
La humillación del uniforme frente a la góndola
El cabo Miguel Montiel, de la Policía Federal Argentina —quien cobró notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosada—, fue el único efectivo que rompió el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. Explicó que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestación y hablar, pero destacó que la situación es de emergencia.
Con nueve años de servicio más su formación, Montiel expuso la cifra que despoja de toda épica al discurso oficial:un sueldo de $800.000 pesos. Esta cifra es la consecuencia directa del último acuerdo salarial del 8% otorgado por el Gobierno, un porcentaje que quedó pulverizado frente a la inflación y que profundizó la brecha con otros sectores productivos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Miguel Montiel, cabo de la PFA.
La comparación con el sector privado vuelve el dato un agravio institucional. Mientras un efectivo con casi una década de antigüedad y riesgo de vida percibe esa cifra, un empleado de comercio inicial —un joven de 18 años recién egresado de la secundaria que vende ropa en un local— percibe un básico de $1.170.000.
Esta brecha del 45% refleja la degradación de una fuerza que, según denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la línea de indigencia.
Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.
Voces de la familia policial y el compromiso exigido
El carácter de la movilización fue ratificado por Manuel Berro, retirado de Gendarmería Nacional y referente del “Frente Patriótico Patoruzú”, quien enfatizó que no se trataba de un acto político ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. Además, asistió Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.
Acompañado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitó a Emmanuel Danann(cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prócer del S. XIX)a tomar la palabrapara visibilizar el pliego de condiciones que las cúpulas oficiales callan.
Danann, quien aclaró que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyó los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas básicas.
Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
Durante su intervención, Danann interpeló directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambiovotado por los argentinos incluía la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanía. En un pedido explícito a Javier Milei, exigió el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilización de este estado de emergencia.
Otro de los que hicieron acto de presencia fue Andrés Passamonti, expresidente de la UCeDe de CABA, actual presidente de Alternativa Republicana, y antiguo Director Ejecutivo de la Dirección de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires.
El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerró con la reivindicación de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera política.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Andrés Passamonti, presidente de Alternativa Republicana.
Bonos de miseria y oportunismo al cierre
El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparación salarial que ya se había manifestado meses atrás. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignación. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como “el vuelto de los banquetes de los políticos”, una cifra insignificante frente a una canasta básica que ya roza los $1.400.000.
Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsión, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos críticos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.
Hacia las 12:20 hs, cuando más de la mitad de los asistentes ya se había retirado, se registró la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández apareció en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones públicas.
Su llegada tardía no alteró el espíritu del acto, que concluyó con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches económicos, sino con la reivindicación real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
La diputada de Provincias Unidas acompañó el apartamiento de reglamento que pidió el ultrakirchnerista Eduardo Valdés para tratar sobre tablas un proyecto de rechazo al posicionamiento internacional del Presidente. La maniobra fue finalmente rechazada.
El índice duplica la media nacional y también muestra niveles críticos en la Patagonia, en un contexto marcado por recortes en programas de primera infancia, pérdida de poder de compra de la asistencia alimentaria y carencias estructurales de agua y saneamiento.
Con la firma de Nicolás Pakgojz, ex directivo de IRSA y actual legislador de LLA, la AABE desafectó un predio clave de la PFA en Bajo Belgrano. Mientras los efectivos denuncian sueldos de miseria y son desplazados a un playón abandonado en Zepita, el poder político remata tierras federales por 46 millones de dólares para desarrollos de lujo.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
