Mar del Plata | Montenegro sigue en reunión con los vecinos: “Hay mucho por hacer en los barrios”
El intendente mantiene el desembarco periódico en el territorio junto a funcionarios y sostuvo que "mejorar la ciudad es un trabajo de todos los días".
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Sin actos y con apariciones limitadas al acompañamiento de precandidatos nacionales o provinciales en actividades que encabezan en la ciudad, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, transita la campaña rumbo a las elecciones PASO con la continuidad de los encuentros vecinales que periódicamente lleva a cabo en distintos barrios de “La Feliz” en los que se exponen las problemáticas y necesidades.
“Hay mucho por hacer”, reconoció durante una visita a La Florida aunque sostuvo que “mejorar la ciudad es un trabajo de todos los días”. Una de las ultimas reuniones vecinales encabezadas por Montenegro se realizó en la sociedad de fomento ubicada en Romero 2112, en donde el intendente, acompañado por funcionarios y concejales, escuchó observaciones y reclamos e intercambiaron ideas y proyectos.
Los vecinos de Triunvirato entre Fortunato y Lebensohn esperaban hace tiempo una mejora en la forma de moverse por el barrio. Hoy, gracias al trabajo en equipo entre ellos y el EMVIAL esto empieza a hacerse realidad. Esta nueva obra de cordón cuneta se suma a los trabajos de… pic.twitter.com/nH8UrIbGHb
“Hay mucho por hacer en los distintos barrios, y estos encuentros de trabajo en equipo con los marplatenses son fundamentales para saber lo que pasa en cada lugar. Trabajamos todos los días para generar cambios en la diaria de los que se levantan para ir a laburar o llevar los chicos a la escuela”, señaló el intendente Guillermo Montenegro en declaraciones difundidas oficialmente.
En ese barrio en particular, de acuerdo a lo informado, el pedido de vecinos se centró en la necesidad de aplicar más luminarias, asfalto y cordón cuneta y profundizar la poda y la instalación de cartelerías varias. A su vez, el Gobierno detalló los distintos trabajos realizados en el último tiempo como la construcción de 1132 metros lineales de cordón cuneta y 130 metros cuadrados de badenes, además del mantenimiento de 257 cuadras de calles sin pavimentar y la repotenciación led en luminarias de la plaza de la zona.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, junto a parte de equipo en la recorrida por La Florida.
Como parte de la campaña electoral de Juntos por el Cambio se espera que este viernes al mediodía se lleve adelante un acto en la Plaza del Agua (en la zona comercial de Güemes) encabezado por la precandidata presidencial Patricia Bullrich.
En las PASO de este domingo 13 de agosto, a nivel municipal las principales fuerzas como Juntos por el Cambio no tendrán internas por lo que Montenegro tiene como objetivo central las elecciones generales de octubre en su búsqueda por alcanzar un segundo mandato al frente del Municipio.
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La muerte de Tomás, un nene de 5 años, conmocionó a la localidad salteña de La Merced y abrió una investigación judicial que involucró de manera directa al entorno del intendente Javier Wayar. El conductor señalado por el hecho fue Miguel Plaza, identificado como chofer del jefe comunal, quien manejaba una camioneta Ford 4×4 de propiedad del mandatario cuando ocurrió el episodio fatal.
De acuerdo con la información policial brindada, el niño circulaba en una bicicleta que fue embestida por la camioneta la noche del pasado domingo. El niño fue trasladado en un primer momento al hospital local y luego derivado al Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.
El oficial Flavio Peloc, responsable del área de prensa de la Policía de Salta, informó que el conductor fue demorado en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. También precisó que el test de alcoholemia realizado en el momentodio resultado negativo, aunque se le practicó una extracción de sangre para estudios más específicos.
Peloc explicó además que intervino personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y documentar la escena, aunque el procedimiento se vio parcialmente interrumpido por disturbios generados por vecinos y familiares de la víctima: “El fallecimiento del menor provocó una fuerte reacción en la comunidad. Hubo desórdenes, quema de cubiertas y hasta intentos de agresión contra el supuesto responsable”.
Con el paso de las horas se confirmó otro dato central del caso. La camioneta involucrada era propiedad del intendente Javier Wayar.
Muchas horas después del suceso, Wayar difundió un comunicado en la cuenta de Facebook del Municipio para expresar su pesar. Allí, dijo haber denunciado (se desconoce si antes o después del hecho) el robo del vehículo y dio detalles sobre su chofer. “Quiero informar que he realizado la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta sin mi conocimiento. La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”.
“Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”, sostuvo. Y agregó: “Asimismo, quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos. Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad”.
– Familiares de Tomás
Las declaraciones del jefe comunal se conocieron después de varias horas de silencio público, en un contexto de fuerte conmoción social en La Merced.
En paralelo, surgió otro antecedente vinculado al mismo entorno. Según informó el medio local Nuevo Diario, una joven denunció días antes por acoso al chofer particular del intendente. El hecho habría ocurrido en un camino vecinal cuando la mujer se dirigía a llevarle un encargo a su esposo, quien trabajaba en una finca situada detrás del edificio comunal.
Siempre según lo difundido por ese medio, la joven habría sido abordada por el denunciado, conocido en el ámbito local como “Placita”, cuando se encontraba en una Ford Ranger roja que sería propiedad del jefe comunal.
El relato de la mujer sostuvo que el hombre habría incurrido en conductas de acoso que escalaron hasta el intento de obligarla a subir al vehículo.
La mujer logró escapar. Tras ello, se comunicó con el sistema de emergencias y efectivos policiales intervinieron, procediendo a la detención del sospechoso, además de retener el vehículo en el que se desplazaba. La denuncia, según informó ese medio, se radicó en la Comisaría N°105 de La Merced. DATA24.COM.AR intentó comunicarse con la dependencia policial para esclarecer este asunto, pero no obtuvo mayores precisiones: “Por el momento todo lo que está pasando es confidencial”.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
Una multitudinaria movilización docente se realizó el miércoles por la noche en la provincia de Corrientes en rechazo al aumento salarial del 6%, en un contexto de creciente conflictividad que derivó en la renuncia del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. En ese marco, se difundió un video donde el dirigente kirchnerista Martín “Tincho” Ascúa apareció junto a los docentes autoconvocados durante la protesta.
La manifestación congregó a los gremios SUTECO, ACDP y AMET junto a un sector activo de docentes autoconvocados que replicaron las protestas en distintas ciudades de la provincia.
El conflicto se originó tras la liquidación de haberes con fuertes descuentos a docentes que adhirieron al paro nacional del 2 de marzo. Según denunciaron los gremios, las quitas oscilaron entre el 40% y el 60% de los salarios, con casos que alcanzaron los $800.000. La explicación oficial indicó que se trató de un error administrativo.
El gobernador Juan Pablo Valdés reconoció la situación y afirmó: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”. Horas después, pidió la renuncia de Rivas Piasentini, quien llevaba ocho años al frente del área.
En su reemplazo fue designado Héctor Grachot, hasta entonces subsecretario de Finanzas. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.
La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
El Gobierno de Santa Fe detectó, a partir de un trabajo de inteligencia criminal, un presunto plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. La hipótesis se activó luego del hallazgo de un arsenal con armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a integrantes de la banda “Los Menores”, una organización criminal que en los últimos meses fue parcialmente desarticulada en distintos procedimientos, aunque todavía conserva miembros prófugos, capacidad operativa y ramificaciones en distintos puntos del cordón rosarino.
La advertencia quedó plasmada en un informe y fue confirmada públicamente por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. “Los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios”, sostuvo el funcionario. Aunque aclaró que se trabajó sobre una hipótesis y no sobre un hecho consumado, remarcó que el Gobierno decidió activar medidas preventivas específicas en torno al mandatario provincial y al resto de las autoridades potencialmente alcanzadas por la amenaza.
Según el reporte, fechado el 10 de marzo, el grupo criminal analizaba cometer un atentado contra la vida de Pullaro utilizando fusiles de asalto. De acuerdo con la información a la que accedieron medios locales, la motivación de la banda encabezada por Lisandro “Limón” Contreras estaría vinculada al endurecimiento de la política de seguridad impulsada por la gestión santafesina, al refuerzo de los controles penitenciarios, al deterioro de las condiciones de detención para líderes criminales y al avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria de alto perfil conocida como “El Infierno”.
– Lisandro “Limón” Contreras
Cococcioni explicó que la amenaza venía siendo seguida desde hacía meses. “La hipótesis y la versión de que se estaba armando o, por lo menos, que había intenciones serias de realizar algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia y centralmente en la persona del gobernador, venía manejándose desde hace algunos meses”, reconoció. En ese marco, detalló que, una vez recibido el informe, se decidió “elevar los niveles de seguridad y situaciones especiales, entre ellas intentar restringir actividades oficiales y lograr que los traslados del gobernador que se puedan hacer por aire se hagan así, y que los que se hagan por tierra tengan otras características”.
Las medidas preventivas no fueron menores. Entre las recomendaciones del Ministerio de Seguridad figuraron la reducción del nivel de exposición pública del gobernador, el refuerzo de controles en actos oficiales, la revisión integral de los esquemas de custodia y la implementación de dispositivos más estrictos de acceso para evitar filtraciones. También trascendió que el automóvil en el que se traslada Pullaro cuenta con medidas de seguridad extremas, en línea con el nuevo protocolo de resguardo dispuesto tras conocerse el contenido del parte de inteligencia.
Dentro de ese rediseño preventivo también se analizó la conveniencia de modificar rutinas, evitar trayectos previsibles y reforzar el monitoreo previo de las actividades públicas del mandatario. La lógica oficial fue clara: aun cuando la hipótesis no hubiera avanzado hacia una fase ejecutiva comprobable, el solo cruce entre indicios, fuentes coincidentes y hallazgo de armamento justificaba un endurecimiento inmediato del esquema de seguridad.
El hallazgo que dio sustento material a la hipótesis ocurrió en una casa quinta ubicada sobre María Teresa al 700, en Roldán. Allí, durante allanamientos realizados luego de meses de tareas de inteligencia, las fuerzas de seguridad encontraron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según informó el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), Maximiliano Bertolotti, para dar con el armamento se utilizaron detectores de metales y retroexcavadoras, un dato que da cuenta del grado de ocultamiento y de preparación que presentaba el lugar.
Sobre la profundidad del tambor enterrado circularon dos versiones. Una indicó que estaba a cuatro metros bajo tierra, mientras que otra sostuvo que se encontraba a unos 60 centímetros y que incluso podía tratarse de más de un tambor. Más allá de esa diferencia, el punto central fue que el armamento estaba escondido en condiciones que dificultaban su detección y sugerían una logística previa orientada a conservarlo fuera del alcance de controles ordinarios.
Entre las armas secuestradas aparecieron pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, además de dos fusiles calibre 5.56 y .223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. El detalle del arsenal reforzó la sospecha de que no se estaba frente a un acopio casual ni a una tenencia aislada, sino ante una reserva de alto poder de fuego compatible con operaciones criminales de escala.
En otra requisa, realizada en un departamento del barrio 7 de Septiembre, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares. Ese procedimiento permitió sumar otros elementos de contexto sobre el movimiento económico y comunicacional de la organización, además de conectar distintos puntos de interés dentro de la misma pesquisa.
Los procedimientos se realizaron en Roldán e Ybarlucea con intervención de personal de la Ciope y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Como resultado de esos operativos quedaron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35. El fiscal Ignacio Hueso los acusó de integrar la asociación ilícita cuyo jefe sería Contreras y de ocuparse de la custodia de las armas de fuego de la banda y de negocios inmobiliarios ilícitos. Luego, la jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva por dos años para ambos.
Según la acusación fiscal ambos formaban parte de una estructura con funciones concretas dentro de la organización: custodiar el armamento y sostener maniobras vinculadas con operaciones inmobiliarias ilícitas. Ese encuadre judicial consolidó la idea de que el grupo mantenía una dinámica delictiva estable, con reparto de tareas y capacidad para resguardar recursos estratégicos.
La investigación que derivó en estos allanamientos se alimentó de información recibida por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal a través de tres vías distintas, según trascendió. Un alto funcionario provincial señaló al medio provincial La Capital: “Recibimos los datos y el parte de inteligencia, y trabajamos sobre eso”. Las fuentes que aportaron la ubicación del armamento, su tipo y su posible utilización en un atentado coincidieron, además, con información propia reunida por los organismos de inteligencia santafesinos.
La estructura señalada en el informe se conecta con una trama criminal más amplia. Contreras fue imputado en 2024 por la fiscal Georgina Pairola como jefe de una asociación ilícita. Había sido detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras aparecer mencionado en una investigación vinculada al asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central. En esa causa, la fiscal identificó como organizadores de la asociación ilícita al policía Jonatan Garraza, a Fernando “Colo” Cappelletti y al todavía prófugo Ramiro Escalante.
Ese entramado permite entender por qué el hallazgo en Roldán fue leído por las autoridades como algo más que un procedimiento exitoso contra una banda local. El nombre de Contreras ya aparecía asociado a expedientes de fuerte impacto en Rosario y su zona de influencia, con conexiones entre barras, policías, narcomenudeo, homicidios y estructuras criminales que sobreviven aun después de sucesivas detenciones.
Justamente, uno de los imputados en la causa por las armas halladas en Roldán es Rodrigo Cappelletti, hermano del “Colo” Cappelletti. Esa relación familiar fue uno de los datos que reforzaron, para los investigadores, la continuidad de vínculos entre distintos actores mencionados en expedientes previos y la persistencia de una red con capacidad para recomponerse pese al avance judicial.
Uno de los antecedentes de la pesquisa fue el homicidio de Micaela Soledad Gómez, cometido en mayo de 2023, un caso que permitió detectar conexiones entre la banda de Contreras, la organización conocida como La Mafilia —atribuida al recluso Leandro “Gordo” Vilches, condenado en 2018 como integrante de Los Monos— y la estructura de Pablo Nicolás Camino, otro interno de una cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.
Ese punto resulta clave para comprender la dimensión del problema. La investigación no describe, así, un grupo completamente aislado, sino una red con vasos comunicantes con otras organizaciones de peso en el mapa criminal de la provincia.
El médico Abel Albino, titular de la Fundación Conin, advirtió a medios locales que el único hospital para niños desnutridos del país, ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, cerró hace seis meses por falta de financiamiento. El establecimiento, diseñado para la internación y recuperación de pacientes, quedó sin actividad pese a que funcionó como un centro de referencia nacional en el tratamiento de la desnutrición infantil.
“Es una pena. Cerró porque no puedo pagar los sueldos”, explicó Albino. También destacó el nivel de atención que alcanzó el centro: “Trabaja tan buena gente y tan correctamente trabajan que prácticamente no tenemos mortalidad”.
Albino atribuyó la crisis al atraso en los aportes públicos. “Estoy contratado por el Estado, pero el Estado no me actualiza hace más de cuatro años”, sostuvo, y precisó: “me está aportando el Estado 7% de lo que yo gasto para recuperar. Si no me ayuda la comunidad, no puedo seguir”. En la misma línea, cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Nos tratan muy bien… pero no nos llevan el apunte”.
Según explicó, la falta de giro de fondos impidió cubrir los costos operativos mínimos, el pago de salarios del personal especializado y los insumos necesarios para sostener el funcionamiento del hospital. Esa situación obligó a la fundación a suspender el ingreso de nuevos pacientes críticos, en un contexto en el que, de acuerdo con la información suministrada, estos niños no encontraron en el sistema público de salud una alternativa de la misma complejidad y especificidad.
“Hace seis meses que lo cerré, y hace seis meses que estoy llorando por no tener el hospital, porque sé que es necesario”, insistió Albino. También afirmó: “El hospital funcionaba a pleno pero ahora no puedo pagar los sueldos. Hay chicos con desnutrición que necesitan estar internados. Que este edificio esté vacío es una maldad”.
Tras el cierre, los pacientes dejaron de ser internados y fueron enviados nuevamente a sus hogares. “Los tuvimos que devolver a su casa, con un nudo en la garganta”, señaló Albino. No obstante, aclaró que la asistencia continuó de manera territorial: “Los tratamos en sus casas. Van nuestros médicos y los asisten en sus casas”.
El hospital recibía derivaciones de todo el país, lo que lo consolidó como un dispositivo único en su tipo. Para intentar reabrirlo, Albino planteó un esquema de financiamiento basado en pequeños aportes individuales. “Si yo tuviese 1.500 socios más que me dieran lo que vale una pizza, o medio tanque de nafta, una caja de leche… puedo salir adelante”, afirmó.
La Fundación Conin —Cooperadora para la Nutrición Infantil— nació en Mendoza en 1993, inspirada por el modelo del doctor Fernando Mönckeberg en Chile. Su misión consistió en atacar las causas de la pobreza desde un enfoque integral: no solo se centró en la alimentación, sino también en la educación de la madre y en la transformación del entorno familiar. La organización contó con más de 100 centros en 18 provincias, tuvo una trayectoria que salvó a más de 30.000 niños y desarrolló una metodología científica reconocida internacionalmente.
El material también remarcó la importancia del primer año de vida como la etapa más crítica para el desarrollo cerebral. Según los especialistas citados, si un lactante no recibió los nutrientes esenciales y la estimulación adecuada en esos primeros doce meses, las secuelas neurológicas y físicas solieron resultar irreversibles. En esa línea, la fundación sostuvo un abordaje integral que combinó alimentación, estímulos afectivos y condiciones de higiene.
Albino también alertó sobre la magnitud del problema nutricional que detectaron en territorio. “Cada vez que vamos y hacemos un testeo, porque nos metemos en la comunidad con un camión que tenemos, encontramos 30% de chicos desnutridos, 30% de chicos con sobrepeso… y 30% de chicos normales”, sostuvo. Sobre las consecuencias de la desnutrición, agregó: “La desnutrición genera debilidad mental… la principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro”.
En ese marco, reclamó una respuesta conjunta de distintos sectores. “Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales… y la comunidad toda debemos trabajar juntos como hermanos que somos”, afirmó.
La paralización del hospital se produjo además en un contexto social crítico en Mendoza. Según las mediciones más recientes del INDEC citadas en la información suministrada, la pobreza infantil en el Gran Mendoza afectó a poco menos de la mitad de los chicos menores de 14 años. A eso se sumó la reciente clausura del servicio de maternidad del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia, una medida que generó protestas de profesionales y contribuyentes encabezadas por el intendente Ricardo Manzur. La información aportada también señaló un incremento en los registros de maltrato infantil.
La gira incluyó una delegación de al menos 20 personas, alojamiento en uno de los hoteles más lujosos de Madrid y gastos de pasajes, viáticos y estadía cubiertos en su mayor parte con recursos públicos.
Un empresario declaró ante la Justicia haber recibido USD 2,05 millones desde Emiratos Árabes para quedarse con un campo ubicado en una zona patagónica bajo protección por su cercanía con la frontera y sus recursos hídricos.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
