Mar del Plata | Montenegro sigue en reunión con los vecinos: “Hay mucho por hacer en los barrios”
El intendente mantiene el desembarco periódico en el territorio junto a funcionarios y sostuvo que "mejorar la ciudad es un trabajo de todos los días".
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Sin actos y con apariciones limitadas al acompañamiento de precandidatos nacionales o provinciales en actividades que encabezan en la ciudad, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, transita la campaña rumbo a las elecciones PASO con la continuidad de los encuentros vecinales que periódicamente lleva a cabo en distintos barrios de “La Feliz” en los que se exponen las problemáticas y necesidades.
“Hay mucho por hacer”, reconoció durante una visita a La Florida aunque sostuvo que “mejorar la ciudad es un trabajo de todos los días”. Una de las ultimas reuniones vecinales encabezadas por Montenegro se realizó en la sociedad de fomento ubicada en Romero 2112, en donde el intendente, acompañado por funcionarios y concejales, escuchó observaciones y reclamos e intercambiaron ideas y proyectos.
Los vecinos de Triunvirato entre Fortunato y Lebensohn esperaban hace tiempo una mejora en la forma de moverse por el barrio. Hoy, gracias al trabajo en equipo entre ellos y el EMVIAL esto empieza a hacerse realidad. Esta nueva obra de cordón cuneta se suma a los trabajos de… pic.twitter.com/nH8UrIbGHb
“Hay mucho por hacer en los distintos barrios, y estos encuentros de trabajo en equipo con los marplatenses son fundamentales para saber lo que pasa en cada lugar. Trabajamos todos los días para generar cambios en la diaria de los que se levantan para ir a laburar o llevar los chicos a la escuela”, señaló el intendente Guillermo Montenegro en declaraciones difundidas oficialmente.
En ese barrio en particular, de acuerdo a lo informado, el pedido de vecinos se centró en la necesidad de aplicar más luminarias, asfalto y cordón cuneta y profundizar la poda y la instalación de cartelerías varias. A su vez, el Gobierno detalló los distintos trabajos realizados en el último tiempo como la construcción de 1132 metros lineales de cordón cuneta y 130 metros cuadrados de badenes, además del mantenimiento de 257 cuadras de calles sin pavimentar y la repotenciación led en luminarias de la plaza de la zona.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, junto a parte de equipo en la recorrida por La Florida.
Como parte de la campaña electoral de Juntos por el Cambio se espera que este viernes al mediodía se lleve adelante un acto en la Plaza del Agua (en la zona comercial de Güemes) encabezado por la precandidata presidencial Patricia Bullrich.
En las PASO de este domingo 13 de agosto, a nivel municipal las principales fuerzas como Juntos por el Cambio no tendrán internas por lo que Montenegro tiene como objetivo central las elecciones generales de octubre en su búsqueda por alcanzar un segundo mandato al frente del Municipio.
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La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos.
Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.
Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.
Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.
La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.
El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.
Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.
La reforma, que fue presentada por el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), establece que cualquier progenitor que adeude dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario será automáticamente restringido de ingresar a los partidos. Esta medida se implementará sin necesidad de la intervención de un juez, simplemente con la verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, se destacó la dimensión de género de la problemática, dado que el 98% de los afectados por la falta de pago son mujeres, y dentro de este grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Parry subrayó que el proyecto también introduce medidas que buscan optimizar el cobro de las deudas alimentarias y proteger los derechos de niños y niñas, quienes son los principales perjudicados por la morosidad.
La iniciativa contempla que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solo verán restringido su acceso a los estadios de fútbol, sino que también se les podrán aplicar otras sanciones, como la responsabilidad solidaria de los empleadores que intenten ocultar dichas deudas.
En cuanto a la implementación de la medida, Del Gaiso explicó que utilizará las mismas herramientas tecnológicas que ya se emplean para controlar el ingreso de barrabravas a los estadios. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad”, sostuvo el legislador. Además, destacó que esta medida representa un “hecho de justicia”, ya que considera que es injusto que un progenitor que no cumple con sus responsabilidades alimentarias tenga la posibilidad de gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol, pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible”, afirmó.
El proyecto de ley también establece que, al momento de ingresar a los estadios, los asistentes deberán presentar su DNI, y si se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta que impedirá su acceso. Esta medida no solo afecta a los padres morosos, sino que también tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre las responsabilidades familiares.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable, se someterá a votación en la próxima sesión de la Legislatura porteña, prevista para el 12 de diciembre. La propuesta ha generado una amplia discusión, pero Del Gaiso se mostró optimista respecto al apoyo que recibirá de diversas fuerzas políticas. Aunque mencionó que podría haber algunas sorpresas, como ya ocurrió en votaciones anteriores, el legislador espera que la medida sea respaldada por la mayoría de los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza (LLA).
Con esta reforma, el legislador porteño también destacó la importancia de priorizar las necesidades básicas de los hijos sobre los gastos personales de los deudores alimentarios, alineándose con una postura que busca la justicia social y una distribución más equitativa de los recursos en la sociedad.
La Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza informó que ya se han registrado al menos 50 denuncias contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música por el cobro de derechos de autor en eventos privados, como casamientos, fiestas de 15 años y cenas de egresados.
Este decreto busca proteger a los consumidores y organizadores frente a cobros indebidos. Además, quienes hayan abonado estos pagos entre septiembre y noviembre pueden reclamar reembolsos a través de la Dirección de Defensa al Consumidor.
Las autoridades advirtieron que exigir estos pagos podría ser sancionado bajo la Ley de Defensa al Consumidor y subrayaron que no existe facultad para suspender eventos por este motivo. Por otro lado, SADAIC presentó demandas de inconstitucionalidad contra el decreto, generando un conflicto que podría extenderse a nivel nacional.
Mendoza se posiciona como una de las provincias más firmes en la defensa de los consumidores frente a estas prácticas, estableciendo un precedente en el debate sobre los derechos de autor en eventos privados.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
En un intento por frenar un sistema corrupto que lleva años perjudicando a los usuarios y al Estado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew. En conferencia de prensa, Torres expuso cómo estas entidades, en coordinación con un estudio de abogados de Mar del Plata, implementaron un mecanismo que les permitía evitar el pago de electricidad a Cammesa, la mayorista nacional de energía. Además, subrayó que esta práctica ilegal afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también al sistema energético nacional.
La denuncia de Torres reveló que las cooperativas utilizaban amparos judiciales emitidos en supuesta connivencia con jueces, lo que les permitía evadir sus obligaciones financieras con Cammesa. “Acá se está robando mucho dinero. Me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada”, declaró Torres. Además, explicó que el convenio firmado por la presidenta de la Cooperativa de Rawson no pasó por el Consejo de Administración, lo que constituye una irregularidad grave que derivará en una denuncia penal.
El esquema no solo afecta a Chubut —donde la deuda de las cooperativas alcanza los 20 mil millones de pesos— sino que también tiene implicancias nacionales, con un perjuicio estimado en 160 mil millones. Cammesa, que enfrenta un déficit acumulado por este tipo de maniobras, está implementando un plan de saneamiento liderado por Mario Cairella. Este plan incluye la reestructuración de deudas con un período de gracia de 12 meses y un plazo de pago de seis años, además de medidas para garantizar que no se acumulen nuevas deudas.
“Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Este tipo de fraudes sistemáticos no solo perjudican las finanzas públicas, sino que también afectan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”, agregó el gobernador.
Torres, en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la ministra Sandra Pettovello, inició los trámites para intervenir las cooperativas de Rawson y Trelew. Estas medidas buscan desarticular una red que, según el gobernador, también podría involucrar a otras entidades en la provincia. La intervención incluye auditorías detalladas y una revisión de los contratos firmados por estas cooperativas en los últimos años, con el objetivo de identificar otras posibles irregularidades.
El mandatario señaló que los responsables de la Cooperativa de Rawson incurrieron en “una maniobra de mala fe” que perjudica a los usuarios y financia un sistema corrupto. “La creatividad de algunos para robar es sorprendente, pero también lo es la estupidez de quienes no dimensionan semejante estafa”, enfatizó. Además, destacó la importancia de garantizar que los pagos de los vecinos se destinen exclusivamente a mejorar los servicios. En este contexto, Torres adelantó que las denuncias penales incluirán nombres específicos y pruebas documentales que respalden las acusaciones.
A nivel nacional, muchas de estas entidades funcionan como “cajas políticas”, según explicó una fuente de la Secretaría de Energía. En Chubut, cooperativas como la de Gaiman son ejemplo de gestión eficiente, pero otras, como las de Puerto Madryn y Sarmiento, están profundamente endeudadas.
El gobernador también planteó la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas incapaces de prestar un servicio adecuado. “No podemos permitir que operen como clubes de amigos sin rendir cuentas”, afirmó Torres. Según el mandatario, esta nueva entidad tendría como objetivo garantizar la provisión de servicios esenciales con mayor transparencia y eficiencia, además de reducir los costos operativos.
La investigación llevó a Cammesa a sospechar de un mecanismo aceitado entre abogados, jueces y funcionarios para defraudar al Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso de la Cooperativa de Villa Gesell, que inició el sistema de amparos que luego se extendió a otras cooperativas. Estas prácticas, según fuentes del sector, contaron con la complicidad de funcionarios que optaron por mirar hacia otro lado.
La Cámara Federal de Mar del Plata revirtió recientemente un fallo que favorecía a estas cooperativas y ordenó que paguen las deudas acumuladas, estimadas en más de 160 mil millones de pesos. Este fallo representa un avance crucial para recuperar los fondos evadidos y frenar las prácticas corruptas. Además, Cammesa implementará nuevas políticas de monitoreo para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, detalló las acciones emprendidas por la provincia: “Desde la asunción del gobernador Torres, hemos trabajado en una estrategia para normalizar las entidades cooperativas, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo provincial y el Inaes. Este es un paso crucial para garantizar la transparencia y la calidad del servicio”.
Torres aseguró que seguirá adelante con las denuncias penales y las intervenciones necesarias para garantizar la transparencia en el sistema de servicios públicos. “Nuestra decisión es ir a fondo para que nadie se robe más plata y los usuarios tengan el servicio que merecen”, concluyó el gobernador. Además, se prevé la implementación de un plan de modernización para las cooperativas intervenidas, con énfasis en la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura existente. “No solo se trata de corregir errores del pasado, sino de construir un sistema que sea sostenible en el futuro”, subrayó Torres.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
