MAR DEL PLATA | Más de 2.500 alumnos de secundaria participaron de las charlas de Educación Financiera
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Educación, realizó una nueva charla de divulgación y formación en la temática de Educación Financiera destinada a estudiantes de quinto año de escuelas secundarias municipales.
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En esta oportunidad, alumnos de la Secundaria 208 Alejandro G. Bustillo participaron de un taller sobre economía personal y familiar en el marco de un programa formativo que la Secretaría de Educación viene llevando a cabo desde el año pasado.Al momento, son más de 2500 los alumnos del Nivel secundario que participaron de las charlas de Educación Financiera dictadas en distintos establecimientos educativos municipales.
Desde principios de 2022, este ciclo de encuentros tiene por objetivo despertar el interés de adolescentes por resignificar su relación con el dinero para prevenir problemas en un futuro cercano o cuando comiencen a dar sus primeros pasos en el mercado laboral. La actividad, que dura alrededor de 90 minutos, se orienta a descubrir la importancia de organizarse en relación al uso del dinero, fijar prioridades y comprender los conceptos de gasto e inversión para fomentar una mirada más integral con respecto a los hábitos y comportamientos en el campo de las finanzas personales.
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La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
El Gobierno nacional otorgó una suma fija para todo el personal de las fuerzas de seguridad y de la Armada en actividad. El bono será de $60.000 y alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, a aquellos con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); al personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Todos ellos dependientes del Ministerio de Seguridad.
Esta suma fija que será “remunerativa, excepcional, por única vez y de percepción única por persona” también le corresponderá al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, como así también a los oficiales de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tal como se establece, el bono se cobrará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre.
“El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con los créditos que se asigne a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”, establece los Decretos 781/2024 y 778/2024, publicados en Boletín Oficial.
REFUERZO EN LOS SALARIOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: LOS MOTIVOS
Con respecto a las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo explicó que el propósito de otorgar esta suma es “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”.
A su vez, indicaron que “esta medida tiende a garantizar la igualdad del personal antes mencionado, en relación con las actualizaciones acordadas para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.
Por otro lado, el decreto que establece el pago de la suma fija a las Fuerzas Armadas plantea que, “para garantizar el camino de recuperación económica, el Gobierno nacional considera necesario mejorar los ingresos de los trabajadores con el fin de mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla el personal involucrado en esta medida”.
NUEVO CAMBIO EN EL COBRO DE LOS SALARIOS DE LAS FFAA
La medida se hizo efectiva dos días después de que el Gobierno publicara un DNU que mejora el tiempo de cobro de los aumentos salariales en las Fuerzas Armadas, puesto que, anteriormente, los uniformados percibían los incrementos con un mes de demora en relación con el resto de los estatales.
Con la firma del total de los ministros del Gabinete nacional, y tras una gestión del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la Ley N° 11.672 complementaria de Presupuesto para permitir que las FFAA puedan percibir los aumentos en el mismo mes en el que son otorgados al resto de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una “demanda histórica” del personal castrense, según señalaron fuentes oficiales.
El Decreto 775/2024, publicado el viernes en el Boletín Oficial, reemplazó el artículo 86 de la Ley N° 11.672, que regula los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva en el Estado nacional. El texto incluye un agregado que extiende estas retribuciones a los militares, con el fin de equiparar la situación con el personal civil de las FFAA que ya gozan de este derecho.
Con la legislación anterior, según explicaron desde el Gobierno, el personal militar cobraba sus aumentos con un mes de demora respecto al resto de los empleados estatales. Esto generaba un perjuicio económico y una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
La situación salarial de los docentes en la dictadura formoseña llegó a un punto crítico. Esta semana, el secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra, responsabilizó directamente al gobernador, Gildo Insfrán, y a los “secretarios generales dialoguistas” por los bajos sueldos que perciben los trabajadores de la educación.
El gremialista afirmó con dureza: “Acá el único culpable de los malos sueldos es el gobernador y los secretarios generales dialoguistas, no puede ser que se le quiera echar la culpa al gobierno nacional. Formosa es una de las jurisdicciones con los sueldos más bajos de toda la Nación”.
Pereyra señaló que los sueldos docentes están muy por debajo de la canasta básica —actualmente supera los 900 mil pesos— mientras que el salario garantizado ronda los 450 mil. “Estamos lejos de lo que un trabajador necesita para vivir dignamente”, denunció tras criticar el reciente anuncio de un aumento del gobierno provincial, de apenas 28%, calificándolo como una “burla” para el sector. El porcentaje fue acordado sin el consenso de los docentes.
Además de exigir un salario acorde a la canasta básica, Pereyra mencionó el pedido de un bono de 50 mil pesos por el retraso en el pago de la jornada extendida. Según explicó, el dinero fue depositado en vísperas del operativo solidario de la tiranía conocido como Por nuestra gente todo, lo que no permitió a los docentes celebrar el Día del Maestro como corresponde. Ante la falta de respuestas el gremio adelantó que volverá a presentar un pedido formal para participar en la mesa de diálogo y reclamó a los secretarios generales del sector que consideren el desfasaje entre el salario y el costo de vida.
Por su parte, Nilda Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados, también expresó su preocupación por la precarización salarial en la provincia, afirmando que las políticas de Insfrán llevaron al sector a la indigencia.
– Nilda Beatriz Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados
En una entrevista radial, la dirigente destacó que “el hecho de que el gobernador reconozca públicamente que no nos alcanza el salario ya es importante”, pero lamentó que, pese a ello, la situación sigue siendo insostenible.
La gremialista, en línea con Pereyra, precisó que el salario inicial de los docentes en mencionada provincia es “la mitad de la canasta básica”, lo que coloca a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Añadió que las medidas de protestas organizadas por el gremio que representa, además de ser ignoradas por el gobierno, han sido castigadas con descuentos salariales: “Realizar un paro en estas condiciones es sinónimo de fortaleza y convicción”.
El panorama que describen los referentes gremiales se vuelve más complejo al considerar el contexto económico a nivel nacional. Patiño advirtió que “van a ajustar los envíos a la provincia y el año que viene puede que lleguen los despidos”, lo que agravarían la crisis del sector educativo y profundizaría las tensiones sociales en la región.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
La provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, profundiza su situación de default al anunciar que no pagará el vencimiento de deuda previsto para el 24 de agosto. La deuda en cuestión, reestructurada hace tres años y con vencimiento en 2028, incluye bonos internacionales por un total de US$ 300 millones, originalmente emitidos para financiar un parque eólico.
El gobierno riojano justificó la falta de pago alegando que se encuentra en proceso de negociación con sus acreedores para reestructurar la deuda. El monto adeudado, que asciende a US$ 26 millones, es similar al impago de febrero, lo que generó preocupación y descontento entre los bonistas, quienes ya iniciaron acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En medio de esta crisis financiera, Quintela recurrió a la emisión de cuasimonedas provinciales, conocidas como “Chachos”, para cubrir parte de los gastos de la administración, convirtiendo a La Rioja en la primera provincia en emitir cuasimonedas en 20 años. Esta situación no solo deterioró la reputación crediticia de la provincia, sino que también complicó las relaciones con sus acreedores internacionales.
Los bonistas, que ya habían emprendido acciones legales en el pasado, recalcan que La Rioja tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento”, siendo la única provincia argentina que volvió a caer en default tras una reestructuración. Además, señalan que la provincia vendió activos importantes, como el emprendimiento Vientos de Arauco Renovables por US$ 171 millones, antes de incumplir sus obligaciones, lo que consideran un acto de “desprecio imprudente” hacia sus compromisos financieros.
Esta situación no solo afecta a La Rioja, sino que también socava los esfuerzos del Gobierno nacional para mejorar la percepción del mercado crediticio internacional sobre Argentina.
La provincia de Salta reafirmó su decisión de cobrar la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales, a pesar del pedido del consulado boliviano para revisar la medida. La cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, solicitó al gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, que se consideren nuevos convenios para establecer un arancel diferencial para los bolivianos, argumentando que reciben numerosas quejas por el reciente cobro. Sin embargo, Valenzuela indicó que la solicitud “estaba fuera de lugar” y no podía prosperar.
El cobro a extranjeros fue implementado por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificado por la Legislatura salteña. La medida busca cubrir los costos de atención médica, aplicando tarifas para tratamientos específicos y cirugías, mientras que las emergencias que comprometan la vida siguen siendo gratuitas. Valenzuela también informó que, tras la implementación de los aranceles, la cantidad de pacientes extranjeros se redujo drásticamente, pasando de 300 a solo 5 personas por semana en su hospital.
En el departamento de Orán, fronterizo con Bolivia, la medida permitió ahorrar 60 millones de pesos en el área de salud en lo que va del año. “Mientras esté vigente la medida, no tenemos otra alternativa que hacer cumplir la ley”, subrayó el responsable del hospital local, respaldando la aplicación de la Ley Provincial 8.421.
La política de cobro fue impulsada después de que varios argentinos fallecieran en Bolivia al ser rechazados por no poder cubrir los costos médicos. Esto llevó al Gobierno de Salta a revisar los convenios de reciprocidad con Bolivia. “Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, denunció el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
Los aranceles fijados en abril incluyen $100.000 por día de internación, $250.000 por terapia intensiva y $245.000 por parto. Estas cifras fueron actualizadas en un 20% en el segundo semestre del año, y se espera que la medida siga vigente a pesar de las peticiones del consulado boliviano.
