16 febrero, 2025

Mar del Plata | Luego del acuerdo, Montenegro se reúne con sus funcionarios para mejorar la Ley de Pesca de Milei

El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo una reunión con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, para mejorar el Régimen Federal de Pesca. En ese sentido, le dio su palabra de que en la Ley Ómnibus se cuidarán "las fuentes del trabajo y la industria nacional".
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La ciudad costera “tuvo muchos problemas y es la primera vez que vengo a la Casa Rosada a dialogar, y te escuchan. Esto ya lo tomo como algo positivo”, señaló Guillermo Montenegro tras las reuniones que mantuvo con el equipo de Milei tras las diferencias que el marplatense manifestó por la Ley de Pesca, que en un principio, proponían “cuestiones que impactaban directamente en las economías regionales”.

Guillermo Montenegro: “Compartimos el espíritu de la reforma”

Montenegro detalló, además, que “hay que entender que algunas cuestiones, como la no obligatoriedad del desembarco del producto en tierra argentina, lo que generaba en Mar del Plata es que el 50% de ese desembarco se producía en nuestra ciudad, de lo que se pesca en toda la Argentina. Con lo cual, eso te impacta, por un lado, en 30.000 puestos de trabajo que también aportan al Gobierno Nacional y que si vos no generás que esta sea una obligatoriedad de concurrir a puertos argentinos, también evitás la chance de ingreso de divisas con la exportación. De esta manera, perdías de los dos lugares, solamente ganabas con la regalía en la cuota. Esto lo que hacía no era conveniente y era una de la cuestiones que planteamos desde un primer momento. Incluyo también lo que tiene que ver con que el 75% de los integrantes de las empresas, que pueden tener capitales extranjeros pero son argentinas, sean empleados argentinos”.

“Mantuvimos una reunión con Guillermo Montenegro en la que clarificamos la reforma del Régimen Federal de Pesca planteada en el proyecto de Ley Bases. Su espíritu es el mismo que el de los gobernadores: proteger la soberanía y el trabajo argentino“, twitteó el Ministro del Interior tras la reunión que mantuvo con el intendente de General Pueyrredón, el pasado jueves.

La reunión contó con la participación del Ministro de Defensa, Luis Petri, y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres y se realizó en la sede del Ministerio del Interior. “Junto a los gobernadores estamos en la misma sintonía para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas y cuidar las fuentes del trabajo y la industria nacional”, agregó Francos.

Redacción

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Balearon a otro policía de la Ciudad en el Conurbano y crece la bronca de Waldo Wolff contra Axel Kicillof

Un policía de la Ciudad fue victima de un nuevo ataque en el Conurbano: recibió un disparo en el abdomen cuando intentaron robarle en La Matanza. El hecho fue denunciado por el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Woff, en el marco de una escalada de ataques violentos a agentes de la Policía de la Ciudad en la provincia de Buenos Aires.

El ministro Wolff detalló en las redes sociales que el efectivo baleado se llama Ernesto Andrés Mamani. Fue abordado por delincuentes que quisieron robarle y recibió un disparo por el que se encuentra internado luego de una intervención quirúrgica.

“Como a tantos bonaerenses, a él esta vez quisieron robarle delincuentes en La Matanza. Van 30 enfrentamientos armados de policías de la Ciudad que viven en el Conurbano al entrar o salir de sus casas en lo que va de 2025. Seguimos a disposición y esperando la reunión fallida entre nuestros equipos técnicos de ambos distritos para encontrar soluciones”, sostuvo el funcionario en X, quien agregó: “Qué mas tiene que pasar? Cuántos muertos más? Los problemas existen aunque no hablen de ellos”.

El oficial porteño Mamani fue atacado en la zona de Villa Palito cuando iba a trabajar como agente de la Policía de la Ciudad. El ataque violento sucedió sobre Camino de Cintura y Mendoza, cerca de la Ruta 21. Allí, se produjo un enfrentamiento y Mamani recibió un disparo en el abdomen.

Ahora se encuentra en el Hospital Balestrini de La Matanza, donde fue intervenido en la mañana de ayer martes. Desde el Gobierno porteño comunicaron que, si su estado de salud lo permite, será trasladado con un helicóptero del SAME al Hospital Italiano.

CRECE LA BRONCA ENTRE CIUDAD Y PROVINCIA:

El ataque en cuestión se inscribe en una escalada de hechos violentos que tienen a policías de la Ciudad que viven en el Conurbano bonaerense como víctimas. Se tratan de ataques que vienen registrándose desde el año pasado, lo que contribuyó a deteriorar el vinculo entre los Gobiernos de CABA y la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad pública.

Hace unos días hubo un intento de acercamiento entre Waldo Wolff y su par de Provincia, Javier Alonso, con miras a elaborar un plan coordinado para dotar de mayor seguridad a los municipios peligrosos del Conurbano y así evitar más ataques a policías porteños. Sin embargo, el encuentro terminó con acusaciones políticas a un lado y otro de las posiciones en conflicto.

Redacción

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BELLIBONI, ACORRALADO POR LA JUSTICIA: La fiscalía pidió que vaya a juicio oral por extorsión y fraude al Estado

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió elevar a juicio oral la causa contra el líder piquetero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas, acusadas de haber extorsionado a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de haber defraudado al Estado. De acuerdo con el dictamen, presentado en 279 páginas, la organización habría desviado los recursos destinados a la asistencia social para usarlos con fines partidarios.

Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían instaurado “entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica y habrían defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”. Pollicita también solicitó que se profundice la investigación respecto de otras personas por asociación ilícita y lavado de dinero.

El pedido de elevación a juicio llegó luego de que, antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país– rechazó los recursos presentados por las defensas de los dirigentes procesados del Polo Obrero, entre ellos Belliboni. La causa avanza asimismo contra dos acusados de la agrupación Barrios de Pie.

– Gerardo Pollicita

Los procesamientos fueron dictados el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello y parcialmente confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero al añadir amenazas coactivas y extorsión al delito de administración fraudulenta, tal como lo habían requerido Pollicita y el fiscal ante la Cámara José Agüero Iturbe.

En sus fundamentos, la Cámara de Casación indicó que “aquí se verificó que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”. Al señalar una de las firmas involucradas, los jueces resaltaron: “El caso más paradigmático –remarcaron los jueces que sellaron la suerte de los acusados del Polo Obrero– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020”.

De acuerdo con la fiscalía, la maniobra consistía en la presentación de facturas falsas ante el Estado, justificando gastos con empresas presuntamente fantasma, como Rumbos y Coxtex SA. Pollicita señaló en su dictamen: La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.

El fiscal agregó: “Esta organización implementó un esquema de extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado ‘gerenciamiento’— a miles de personas a lo largo y ancho del país, lo que les garantizaba el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social”. Además, afirmó que, a febrero de 2024, el Polo Obrero “tenía el manejo de 65 mil planes sociales a quienes les sustraían una parte del dinero público y que la recaudación esperada entre agosto de 2023 y febrero de 2024 “era mayor a 313 millones de pesos”.

El dictamen indicó también que la organización instauró una suerte de “salario” o “contraprestación” para sus propios miembros. “Se comprobó que la organización instauró una especie de ‘salario’ o ‘contraprestación’ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ‘cápitas’ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, precisó el fiscal, y afirmó que en el caso de Belliboni ese monto llegó a “522.500 pesos en marzo de 2024”.

La causa se inició a fines de diciembre de 2023, al comienzo del gobierno de Javier Milei, cuando el Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas sobre posibles presiones para que los beneficiarios del plan participaran de la marcha del 20 de diciembre. Tras varios llamados, el Ejecutivo presentó una denuncia en Comodoro Py, que derivó en testimonios bajo identidad reservada y allanamientos en la sede del Polo Obrero, donde se secuestraron cuadernos y computadoras.

Al conocerse el pedido de elevación a juicio, Belliboni criticó al fiscal Pollicita. “Pollicita debe ser apartado de la causa, por mentir y operar para perseguir la protesta social”, dijo, y añadió: “El texto de Pollicita es un compendio de mentiras, presenta como víctimas a las compañeras y compañeros que lucharon en el Polo Obrero y lograron acceder a un programa social gracias a esta lucha, plantea nuevamente que el aporte era obligatorio cuando incluso los testigos de la fiscalía y los llamados ‘arrepentidos’ afirmaron que no era así, afirma falsamente que la base del Polo Obrero se movilizaba obligada por la organización cuando está claro que las movilizaciones respondían a la necesidad de luchar por trabajo genuino y asistencia alimentaria; en suma, vuelve a repetir todo el guión armado por Bullrich para perseguir y criminalizar a las organizaciones piqueteras”. Sobre la acusación de fraude, el dirigente señaló que el fiscal omitió documentación que acreditaría que todos los gastos se hicieron “en base a los convenios, tanto de formación y capacitación, como de construcción, productiva y hasta deportiva”. Calificó el avance de la causa como “un verdadero escándalo”.

Asimismo, la abogada del Polo Obrero, Liliana Alaniz, acusó al fiscal de haber filtrado su dictamen y sostuvo: “El único objetivo de esta maniobra es darle herramientas para golpear al Polo Obrero y el resto de las organizaciones sociales y piqueteras”.

En paralelo, Pollicita solicitó la investigación de otros presuntos delitos, como lavado de dinero y asociación ilícita. Entre los apuntados figura Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández y titular de la organización Barrios de Pie, cuyos dos integrantes están procesados junto a Belliboni. Según el fiscal, la maniobra del Polo Obrero “fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos de la ex Secretaría de Economía Social —encabezados por Emilio Pérsico— quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.

Tras la presentación de Pollicita, ahora el juez Casanello deberá correr vista a las defensas y luego resolver el pase a juicio oral y público para el tramo de la causa ya concluido, mientras la investigación continúa por las imputaciones pendientes.

Redacción

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Gobierno y empresarios buscan impulsar exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió este jueves a Jorge Miranda, CEO de la empresa Power Trading LLC, y a Javier Antonio Aguilar, director comercial de la misma firma y concejal de Concordia. Durante la audiencia, los ejecutivos propusieron a Hein una iniciativa que favorecería las exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico.

“Traemos iniciativas relacionadas con el futuro de las empresas y los estados provinciales, que estamos gestionando desde organizaciones de empresarios del Caribe y del Mercosur. Tratamos de darle mayor relevancia al corredor Capricornio, que es el corredor bioceánico que une Antofagasta (Chile), Jujuy, Salta, Bolivia, Paraguay y termina en Santos (Brasil), y estamos tratando de unirlo con el corredor del Mercosur”, explicó Aguilar.

Sin embargo, sostuvo que “esto no es tan fácil con la nueva legislación”, y amplió: “Hoy, las nuevas normas de la Unión Europea con respecto a la deforestación y la ley misma de deforestación, acarrean un sinfín de problemas a los productores, porque no cuentan con las herramientas necesarias. Ellos son muy conocedores de sus productos, pero están exentos de los instrumentos que los llevan a exportarlos”.

“Buscamos hacer participar a las autoridades del gobierno de la provincia, a los efectos de instruir a los productores para que puedan utilizar ese corredor, que es muy importante, de 45 millones de personas”, agregó.

Aguilar, por su parte, comentó que tienen la intención de que “los productores, especialmente de la provincia de Entre Ríos, puedan llegar a cualquier parte del mundo a través del corredor bioceánico”. En ese sentido, buscan herramientas que permitan avances en este proyecto.

Redacción

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Hein y Calleros fortalecen la actividad legislativa para mejorar los caminos rurales en Entre Ríos

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió a la diputada Julia Calleros (bloque Fe y Libertad) para planificar el trabajo legislativo de este año. Fundamentalmente, abordaron la necesidad de avanzar con los proyectos que ofrecen soluciones para la problemática de los caminos rurales, como es el Régimen de Consorcios Camineros.

“Es muy importante planificar con el presidente de la Cámara este 2025, que seguramente será un muy buen año”, destacó la legisladora, quien resaltó que ve muy probable que se avance con su iniciativa, unificada con las de otros diputados, referidas a los consorcios camineros rurales.

“Tenemos una posibilidad muy grande, ya que el 100% del impuesto Inmobiliario Rural va a ir para el mantenimiento de los caminos rurales. Así que arrancamos el año con una muy buena noticia. Durante el año pasado avanzamos mucho y este año vamos a unificar también con las propuestas del Ejecutivo, ya que el gobierno está trabajando en el tema”, comentó.

“Seguramente vamos a poder avanzar y darle respuesta a la gente, que la está necesitando cuanto antes, porque en la infraestructura vial está la producción, la educación, la salud, la seguridad, la industria, como ya lo hemos dicho muchas veces”, expresó.

“Queremos que este año sea muy positivo para todos. En principio, arrancar el año con una charla con el presidente de la Cámara es muy bueno. Vamos a acompañar siempre en todo lo que sea para el bien del ciudadano. La idea es trabajar juntos y en armonía. Seguramente se van a seguir dando nuevas charlas para acompañar desde nuestro espacio”, dijo Calleros.

En cuanto a la tarea que desarrollará durante el año, dijo que junto a su equipo trabaja sobre otros proyectos para presentar e impulsar ante sus pares, vinculados a materias como salud y turismo en beneficio de los ciudadanos entrerrianos. Finalmente, agradeció a Gustavo Hein por “su apertura y contención hacia todos los sectores de la Cámara”.

Redacción

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Productores pampeanos exigen soluciones a Ziliotto y denuncian el cobro indebido de impuestos y el mal estado de los caminos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó, ayer jueves, su disconformidad con las políticas del gobierno provincial de La Pampa en relación con la emergencia agropecuaria, la infraestructura vial y el cobro de impuestos. Los ruralistas señalaron que la gestión de la emergencia no resolvió los problemas en tiempo ni forma, lo que derivó en la desaparición de productores, sobre todo en zonas desfavorables. “Sobre la emergencia, no se solucionan los problemas de los afectados ni en tiempo ni en forma, y resultado de ello es la desaparición de productores principalmente de las zonas desfavorables; el reclamo es continuo y la desesperación en los asociados que ven como se les va su empresa”, indicaron.

Los productores advirtieron que “urge buscar alternativas superadoras que aproximen las soluciones necesarias y no sirve ‘posponer’ el pago de impuestos, ya que tarde o temprano se paga con ‘cero’ producción”. También consideraron insuficientes las medidas de alivio que se implementaron, al afirmar: “No sirven por ejemplo ‘5000 kg’ de maíz por productor para 100 o 200 vacas, no sirve un préstamo subsidiado al 25% anual, si se tiene ‘cero’ producción”.

– Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP

En materia de infraestructura, señalaron que los caminos rurales se volvieron intransitables pese a la existencia de un fondo específico para su conservación creado por la Ley provincial 2358, que se financió mediante el impuesto inmobiliario. “No da resultado, ya que los caminos son intransitables, aun con saldos contables disponibles en las cuentas asignadas a tal efecto. Es por ello que desde CARBAP consideramos que se debe dejar de cobrar dicho fondo”, aseguraron. Además, ofrecieron colaborar en la búsqueda de soluciones: “Hay alternativas posibles para la mantención y/o funcionamiento de los caminos vecinales que funcionan en otras provincias, e inclusive en otros países donde los caminos vecinales son perfectamente transitables. Para ello, nos ofrecemos a consensuar alternativas, con el propósito de poder solucionar dicho problema”.

En cuanto al sistema impositivo, CARBAP denunció que La Pampa siguió cobrando impuestos, como las llamadas “Guías de Traslado”. “Estamos en un total desacuerdo con la existencia de las ‘Guías de Traslado’, basadas en ley nacional 23939 y ley provincial 1601, llamadas de otra manera para disimular un impuesto que no puede cobrarse y que a nuestro modesto entender es inconstitucional (art 10 y 11 de nuestra constitución nacional)”, afirmaron. Sostuvieron que dicha figura careció de contraprestación y solo buscó “recaudar para derivar fondos a cuestiones políticas que en nada mejoran el bienestar general de la sociedad”.

– El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

Por otro lado, el 27 de diciembre de 2024, la entidad también difundió un comunicado para llamar la atención de los intendentes del interior de Buenos Aires y La Pampa. Allí se manifestó una “enérgica preocupación por el aumento desmedido de las tasas municipales” que, en algunos casos, superó el 200%. Según los ruralistas, dichos incrementos resultaron injustificados y no se tradujeron en mejores servicios, tal como ocurre con la red vial. “Les solicitamos con urgencia que junto a los concejales de todos los espacios políticos, revean los aumentos de tasas previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2025. No pueden seguir adelante con políticas fiscales que solo agravan la crisis”, señalaron. Asimismo, pidieron priorizar “la reducción drástica del gasto público con mejora en la eficiencia de la gestión municipal”.

Los planteamientos de CARBAP provinieron de un “constante reclamo” de los productores, quienes aseguraron que la ausencia de soluciones eficaces puso en riesgo la continuidad de muchas empresas agropecuarias. Pese a la reciente rebaja de derechos de exportación a nivel nacional —vigente hasta el próximo 30 de junio—, desde la Confederación remarcaron que en La Pampa todavía faltaron políticas que atendieran en profundidad la emergencia agropecuaria, el estado de los caminos y el cobro de impuestos que consideran injustos. Concluyeron que estos factores impactaron seriamente en la rentabilidad y subsistencia del sector.

Redacción

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Hein analiza junto a Osprera los desafíos de la obra social de los trabajadores rurales en Entre Ríos

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se reunió este miércoles con la diputada Julia Calleros y las autoridades de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) en la provincia. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle la situación de la entidad y las medidas que se están tomando para atender las necesidades de sus afiliados.

“Venimos hablando de la planificación para este año, de cara a la sesión preparatoria y la asamblea legislativa, y hoy nos enfocamos en el tema salud. Vengo de la ruralidad, me interesa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y sus familias. Por eso me acompañaron la delegada y el subdelegado de Osprera”, comentó Calleros.

La delegada de Osprera en Entre Ríos, Patricia Bardier, recordó que la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, y explicó que, junto a su equipo, están trabajando para resolver diversos problemas prestacionales. “Hablamos con Hein sobre nuestro trabajo para ayudar a los prestadores, para poder hacer un circuito en el que las obras sociales funcionen más normalmente y evaluar futuros aumentos. Fue una reunión muy efectiva”, afirmó.

Durante la audiencia, Hein consultó sobre las principales dificultades que enfrentan los beneficiarios. Al respecto, Bardier manifestó: “En la zona rural hay casos de discapacidad, que se están cubriendo”.

En relación con el acceso a la salud de los 31.000 afiliados que la obra social tiene en la provincia, la delegada señaló: “Se han estado resolviendo muchísimas cuestiones prestacionales y contamos con el apoyo de muchos prestadores que nos dan acceso a planes de pago y reuniones para poder llegar a acuerdos y aumentos”.

La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la atención y mejorar los servicios que la obra social brinda a los trabajadores rurales y sus familias.

Redacción

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