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La concejal de la Unión Cívica Radical, Marianela Romero, salió al cruce contra la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social y precandidata a intendente de Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta, quién quiso disminuir la labor social del jefe comunal Guillermo Montenegro.
“Vocación de trabajar solo para los suyos”, sentenció desde las redes sociales la edil radical de Juntos por el Cambio. Y siguió contra la funcionaria K: “Raverta hace 4 años que tiene ANSeS y no le encontró la vuelta, salvo la jubilación de privilegio de una sola persona”.
Vocación de trabajar solo para los suyos: Raverta hace 4 años que tiene la ANSES y no le encontró la vuelta, salvo a la jubilación de privilegio de una sola persona.@Juntosmardel https://t.co/udjbKVCuzU
Vale recalcar que Marianela Romero es concejal y va en búsqueda de retener su banca como precandidata a edil en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Dentro de la lista unidad que lidera Montenegro en JxC.
Asimismo, Romero se destaca dentro de lo que son las propuestas sociales para dentro de lo social y, a su vez, destaca por sus tensos cruces con el kirchnerismo: “La jubilación de privilegio de una sola persona”, sentenció desde el tweet, en referencia a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.
El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.
“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana
Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.
La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación.“Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.
La provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, profundiza su situación de default al anunciar que no pagará el vencimiento de deuda previsto para el 24 de agosto. La deuda en cuestión, reestructurada hace tres años y con vencimiento en 2028, incluye bonos internacionales por un total de US$ 300 millones, originalmente emitidos para financiar un parque eólico.
El gobierno riojano justificó la falta de pago alegando que se encuentra en proceso de negociación con sus acreedores para reestructurar la deuda. El monto adeudado, que asciende a US$ 26 millones, es similar al impago de febrero, lo que generó preocupación y descontento entre los bonistas, quienes ya iniciaron acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En medio de esta crisis financiera, Quintela recurrió a la emisión de cuasimonedas provinciales, conocidas como “Chachos”, para cubrir parte de los gastos de la administración, convirtiendo a La Rioja en la primera provincia en emitir cuasimonedas en 20 años. Esta situación no solo deterioró la reputación crediticia de la provincia, sino que también complicó las relaciones con sus acreedores internacionales.
Los bonistas, que ya habían emprendido acciones legales en el pasado, recalcan que La Rioja tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento”, siendo la única provincia argentina que volvió a caer en default tras una reestructuración. Además, señalan que la provincia vendió activos importantes, como el emprendimiento Vientos de Arauco Renovables por US$ 171 millones, antes de incumplir sus obligaciones, lo que consideran un acto de “desprecio imprudente” hacia sus compromisos financieros.
Esta situación no solo afecta a La Rioja, sino que también socava los esfuerzos del Gobierno nacional para mejorar la percepción del mercado crediticio internacional sobre Argentina.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
La provincia de Salta reafirmó su decisión de cobrar la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales, a pesar del pedido del consulado boliviano para revisar la medida. La cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, solicitó al gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, que se consideren nuevos convenios para establecer un arancel diferencial para los bolivianos, argumentando que reciben numerosas quejas por el reciente cobro. Sin embargo, Valenzuela indicó que la solicitud “estaba fuera de lugar” y no podía prosperar.
El cobro a extranjeros fue implementado por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificado por la Legislatura salteña. La medida busca cubrir los costos de atención médica, aplicando tarifas para tratamientos específicos y cirugías, mientras que las emergencias que comprometan la vida siguen siendo gratuitas. Valenzuela también informó que, tras la implementación de los aranceles, la cantidad de pacientes extranjeros se redujo drásticamente, pasando de 300 a solo 5 personas por semana en su hospital.
En el departamento de Orán, fronterizo con Bolivia, la medida permitió ahorrar 60 millones de pesos en el área de salud en lo que va del año. “Mientras esté vigente la medida, no tenemos otra alternativa que hacer cumplir la ley”, subrayó el responsable del hospital local, respaldando la aplicación de la Ley Provincial 8.421.
La política de cobro fue impulsada después de que varios argentinos fallecieran en Bolivia al ser rechazados por no poder cubrir los costos médicos. Esto llevó al Gobierno de Salta a revisar los convenios de reciprocidad con Bolivia. “Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, denunció el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
Los aranceles fijados en abril incluyen $100.000 por día de internación, $250.000 por terapia intensiva y $245.000 por parto. Estas cifras fueron actualizadas en un 20% en el segundo semestre del año, y se espera que la medida siga vigente a pesar de las peticiones del consulado boliviano.
La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
Este miércoles, la legislatura provincial tratará la reglamentación de un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2019 (Ley 6116) que crea el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras”. La reglamentación nunca llegó a ser ejecutada debido a convenios de ayuda mutua en cuestiones de salud entre el gobierno argentino y su par boliviano.
Sin embargo, en los últimos años quedó en evidencia que Bolivia no cumplió con su parte del acuerdo, factor que motivó a los legisladores jujeños a impulsar esta ley, que establece un régimen que garantice la prestación del servicio público provincial a personas extranjeras no residentes que permanecen transitoriamente en la provincia, para ello se le faculta al Poder Ejecutivo la determinación de los montos a cobrar según el tipo de prestaciones que se den.
La normativa aclara que, en casos de emergencia médica, cuando la vida del paciente esté en peligro, la atención será garantizada sin que el pago sea un condicionante previo. Esto implica que los hospitales y centros de salud podrán asistir a los pacientes extranjeros en situaciones críticas sin demoras, pero se buscará, posteriormente, recuperar los costos de atención a través del propio paciente o su país de origen.
El éxito de esta medida en la vecina provincia de Salta —la asistencia a hospitales públicos por parte de extranjeros cayó un 80% y significó un ahorro de 60 millones de pesos en seis meses— es otro de los motivos considerados. Mencionada provincia norteña eliminó la gratuidad en marzo del corriente año.
Esto permitirá tener un sistema de salud más eficiente y equitativo, donde las personas que pagan sus impuestos puedan acceder a este servicio, y aquellos que no, deban pagar respectivamente por el servicio que se les brinda.
Se espera que en la legislatura se apruebe este proyecto y quede en manos del gobernador Carlos Sadir, quien decidirá en qué momento se reglamenta esta ley y cuáles serán los montos a cobrar respectivamente.
