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El interbloque de concejales que responde al intendente marplatense Guillermo Montenegro acusó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de avanzar con acciones de “amedrentamiento” y “persecución institucional” después que el organismo detectara una presunta evasión de impuestos por 43 millones de pesos en cervecerías de General Pueyrredón y la zona.
A través de las redes, los distintos representantes del oficialismo compartieron un comunicado donde expresaron su “preocupación” ante el avance de la AFIP: “Expresamos nuestra preocupación por la persecución que están ejerciendo tanto la Provincia como la Nación sobre los emprendedores de la industria del gin y de la cerveza artesanal en nuestra ciudad”.
Tweet oficial del concejal de Juntos, Fernando Muro
En el breve texto, los concejales del interbloque de Juntos recordaron que “hasta hace un año y medio la producción de bebidas espirituosas estaba prohibida”. “Esta fue una barrera histórica levantada por la gestión del intendente Guillermo Montenegro y el interbloque Juntos”, aseguraron.
“En un contexto tan desfavorable para los productores y para todos los trabajadores argentinos, nos posicionamos absolutamente en contra de la actitud de discriminación y persecución institucional para el amedrentamiento de todo el mencionado sector productivo”, consideraron, en el cierre.
Comunicado por Twitter del concejal Fernando Muro
El monto de supuesta evasión fue dado a conocer este viernes por la AFIP, en un informe que resumió los resultados que arrojaron una serie de procedimientos realizados por la DGI, con el foco puesto en 20 productores comercializadores de gin y cerveza ubicados en Mar del Plata y sus alrededores.
En el caso de la cerveza artesanal, las ventas durante el 2021 a nivel local generaron ingresos por mil millones de pesos, que permitieron recaudar 40 millones en impuestos internos. Y, en el caso del gin, sumaron 46 millones, que generaron ingresos fiscales por 3 millones, según los datos oficiales suministrados por el organismo.
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Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.
El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.
La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.
LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:
Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.
“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.
“Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.
Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.
EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”
La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.
“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.
AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:
La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.
Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.
Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio inicio al Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, un proyecto destinado a intervenir el 100% de las rutas provinciales en un plazo de 24 meses. El acto de apertura tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 20, en el departamento Gualeguaychú, donde comenzaron las primeras tareas de bacheo.
“Esto marca el fin de años de abandono. Hemos trabajado intensamente para llegar a este día y aunque contamos con recursos limitados, empezamos a ejecutar las obras que siempre debieron realizarse”, expresó Frigerio, quien firmó el acta de inicio de las obras correspondientes al Grupo 1 del plan.
La primera etapa incluye la reparación de rutas clave en ocho departamentos: Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. Entre las rutas a intervenir se encuentran la N° 11, N° 16, N° 20, N° 26, N° 45 y N° 51, totalizando 469 kilómetros de obras.
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. El Grupo 2 abarcará rutas de Concordia, Colón, San Salvador y otras localidades, mientras que el Grupo 3 y 4 cubrirán accesos y caminos regionales en diferentes zonas de la provincia. “Mañana firmaré en Concordia los convenios para el tramo dos y en un mes más haremos lo propio con el tramo tres”, adelantó Frigerio.
El gobernador enfatizó que esta iniciativa fue posible gracias a una política de austeridad y recorte de privilegios. “Nunca en la historia de la provincia un gobierno tuvo tan pocos recursos como este año. Sin embargo, hemos trabajado con transparencia y eficiencia, logrando destinar fondos a la obra pública que antes se perdían en los bolsillos de los vivos”, señaló, aludiendo a las irregularidades de gestiones previas.
Frigerio subrayó la importancia de las rutas para el desarrollo económico de Entre Ríos. “Estos caminos son fundamentales para nuestra producción y la seguridad vial. El estado calamitoso de las rutas ha sido una preocupación constante de los entrerrianos, y estamos aquí para cambiar eso”, afirmó.
El mandatario también destacó los esfuerzos realizados para reactivar obras paralizadas y saldar deudas de la provincia. “Encontramos un panorama desolador. Negociamos 30 mil millones de pesos en deudas y desneutralizamos la mayoría de las obras. Ahora estamos en condiciones de avanzar”, explicó.
Si bien Frigerio evitó entrar en detalles sobre otros desafíos como infraestructura educativa y sanitaria, cerró con una promesa: “El próximo año, el 100% de las rutas provinciales estarán intervenidas. Vamos a demostrar que la obra pública es un motor clave para el bienestar de los vecinos”.
En la mañana de este viernes, operarios retiraron un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ubicadas en la avenida Paseo Colón 239, en la zona del Bajo porteño, en el barrio de Monserrat (Comuna 1).
Según trascendió, la orden fue dictada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. En redes la funcionaria expresó: “En el día de hoy, se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSES de la Av. Paseo Colón”.
Esto se da un día después de que la funcionaria emitiera una resolución para dar de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner y también la pensión que le correspondía por ser viuda de un expresidente.
A eso sumó cuatro fotos de los momentos en que dos operarios retiraban la estatua del expresidente, que estaba ubicada en una tarima en la zona del ingreso. En la secuencia se observa después a estos dos hombres con gorra y guantes subir el busto a una camioneta Peugeot Partner ploteada con la insignia oficial y, por último, a la representación ubicada en un lugar que parece un depósito, arriba de un pallet de madera.
Tanto detrás en la pared como en la parte inferior de la estatua había dos carteles idénticos pegados. “Las y los trabajadores de la Anses no olvidamos”, decía, junto a una foto de Néstor y Cristina Kirchner abrazados.
La noticia no pasó desapercibida para los representantes del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Anses (Secasfpi), que publicaron en sus redes sociales un comunicado para repudiar la medida tomada por Pettovello. Primero, a través de una grabación mostraron el momento en que los dos operarios retiraban de la sede gubernamental del centro porteño el busto y lo colocaban en la camioneta, detenida en plena calle con balizas.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
La Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza informó que ya se han registrado al menos 50 denuncias contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música por el cobro de derechos de autor en eventos privados, como casamientos, fiestas de 15 años y cenas de egresados.
Este decreto busca proteger a los consumidores y organizadores frente a cobros indebidos. Además, quienes hayan abonado estos pagos entre septiembre y noviembre pueden reclamar reembolsos a través de la Dirección de Defensa al Consumidor.
Las autoridades advirtieron que exigir estos pagos podría ser sancionado bajo la Ley de Defensa al Consumidor y subrayaron que no existe facultad para suspender eventos por este motivo. Por otro lado, SADAIC presentó demandas de inconstitucionalidad contra el decreto, generando un conflicto que podría extenderse a nivel nacional.
Mendoza se posiciona como una de las provincias más firmes en la defensa de los consumidores frente a estas prácticas, estableciendo un precedente en el debate sobre los derechos de autor en eventos privados.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un nuevo reclamo por la situación energética de la provincia tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. El eje del encuentro fue la tarifa de la energía generada por la represa hidroeléctrica Salto Grande y la modificación del sistema que establece su precio.
“Estas demandas son en defensa de los derechos de nuestra provincia como productora de energía y exigen que se termine con la discriminación que sufrimos los entrerrianos desde hace décadas”, expresó Frigerio luego de la reunión, la cual complementa las acciones legales que Entre Ríos mantiene en curso ante la Corte Suprema de Justicia.
En abril de este año, Entre Ríos interpuso una primera demanda en la Corte Suprema, denunciando una deuda nacional de aproximadamente 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes correspondientes al segundo semestre de 2023 y todo 2024, además de pagos adeudados por regalías hidroeléctricas. La provincia consideró “injusta” la remuneración que percibe por la energía de Salto Grande, afirmando que es casi tres veces inferior a lo recibido por la represa Yacyretá, también de carácter binacional.
Posteriormente, a principios de noviembre, el gobierno provincial amplió sus reclamos. La nueva presentación judicial exige la recomposición de la ecuación económico-financiera de los acuerdos establecidos en 1999 que regulan los excedentes de Salto Grande. Además, se solicita el pago de una deuda actualizada, calculada en 175 millones de dólares, y que se reformule, con participación directa de la provincia, el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía de la Nación fija los precios de la energía generada en represas binacionales.
La relación entre la provincia y la Nación en materia energética es motivo de tensiones prolongadas. Salto Grande, ubicada en la frontera con Uruguay, genera electricidad que beneficia tanto a Entre Ríos como a otras regiones del país, pero la provincia denuncia una distribución desigual de los recursos derivados de su operación.
Frigerio reiteró que la situación actual perpetúa una histórica desventaja para los entrerrianos, quienes, según su posición, no reciben un trato acorde a su condición de productores de energía. “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos”, subrayó el mandatario tras el encuentro.
El reclamo también pone de manifiesto la urgencia de una solución política para destrabar un conflicto que afecta tanto las finanzas provinciales como la percepción de los entrerrianos sobre su relación con el Estado nacional. La intervención de la Corte Suprema será determinante en este escenario, ya que sus fallos podrían sentar precedentes para futuras negociaciones entre las provincias productoras de energía y la Nación.
Mientras tanto, la gestión de Frigerio reafirma su postura de no ceder ante lo que considera una discriminación estructural. “Defender los derechos de los entrerrianos es nuestra prioridad, y no descansaremos hasta lograr que reciban lo que merecen”, concluyó.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
