Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El interbloque de concejales que responde al intendente marplatense Guillermo Montenegro acusó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de avanzar con acciones de “amedrentamiento” y “persecución institucional” después que el organismo detectara una presunta evasión de impuestos por 43 millones de pesos en cervecerías de General Pueyrredón y la zona.
A través de las redes, los distintos representantes del oficialismo compartieron un comunicado donde expresaron su “preocupación” ante el avance de la AFIP: “Expresamos nuestra preocupación por la persecución que están ejerciendo tanto la Provincia como la Nación sobre los emprendedores de la industria del gin y de la cerveza artesanal en nuestra ciudad”.
Tweet oficial del concejal de Juntos, Fernando Muro
En el breve texto, los concejales del interbloque de Juntos recordaron que “hasta hace un año y medio la producción de bebidas espirituosas estaba prohibida”. “Esta fue una barrera histórica levantada por la gestión del intendente Guillermo Montenegro y el interbloque Juntos”, aseguraron.
“En un contexto tan desfavorable para los productores y para todos los trabajadores argentinos, nos posicionamos absolutamente en contra de la actitud de discriminación y persecución institucional para el amedrentamiento de todo el mencionado sector productivo”, consideraron, en el cierre.
Comunicado por Twitter del concejal Fernando Muro
El monto de supuesta evasión fue dado a conocer este viernes por la AFIP, en un informe que resumió los resultados que arrojaron una serie de procedimientos realizados por la DGI, con el foco puesto en 20 productores comercializadores de gin y cerveza ubicados en Mar del Plata y sus alrededores.
En el caso de la cerveza artesanal, las ventas durante el 2021 a nivel local generaron ingresos por mil millones de pesos, que permitieron recaudar 40 millones en impuestos internos. Y, en el caso del gin, sumaron 46 millones, que generaron ingresos fiscales por 3 millones, según los datos oficiales suministrados por el organismo.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Roger Natividad Terán, exintendente de Itatí y condenado en 2017 por integrar una red narco en la frontera con Paraguay, asumió el 20 de marzo como presidente del Consejo Municipal del Partido Justicialista. Su designación ocurrió una década después de su detención en el Operativo Sapucay, que lo vinculó al crimen organizado.
Tras haber pasar aproximadamente dos años en prisión, Terán acordó un juicio abreviado en el que reconoció su participación en una asociación ilícita, aceptando una condena de tres años que le permitió recuperar la libertad en 2019. Es importante señalar que, aunque la Justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, esta restricción solo estuvo vigente durante el tiempo que duró su condena, lo que legalmente le permitió retomar actividades políticas después de cumplida la pena.
Luego de su liberación en 2019, Terán ya había manifestado su intención de volver a la política, afirmando que fue alentado por “el acompañamiento de los vecinos itateños, que siempre me estuvieron apoyando y creyendo en mi inocencia”. El anuncio de su nombramiento fue realizado a través del sitio oficial del PJ de Corrientes, liderado por la senadora Ana Almirón, aunque la publicación omitió cualquier referencia a su pasado y se tomó sin consultar a las bases militantes.
Su hija, Vanina Soledad Terán, fue electa concejal en 2018, mientras que su hermano Nelson Javier Terán ocupó el mismo cargo a partir de 2020, mandato que concluye este año.
El Operativo Sapucay, desarrollado en 2017, dejó al descubierto una extensa red de narcotráfico que operaba con protección de familiares, funcionarios políticos, judiciales y policiales en Itatí. La investigación, que comenzó en 2014 bajo la dirección del Juzgado Federal N°12 a cargo del juez Sergio Torres, culminó con la detención simultánea de Roger Terán y su viceintendente Fabio Aquino, dejando momentáneamente acéfala a la localidad de aproximadamente 6.000 habitantes, culminando en 37 órdenes de detención y la incautación de 40 vehículos, tres embarcaciones y dos camiones.
– Terán había sido condenado en 2017 por una asociación ilícita vinculada al narcotráfico
Entre los imputados figuraban el entonces comisario, Diego “Negro” Ocampo Alvarenga, un sargento de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un agente de Prefectura. Durante el juicio, se comprobó que Ocampo Alvarenga era uno de los “aliados clave”, brindando protección directa a la organización, permitiendo el tráfico de droga sin interferencias de las fuerzas nacionales.
Las pericias revelaron que Terán facilitaba el traslado de hasta 700 kilos de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná en embarcaciones que demoraban apenas cuatro minutos en completar el cruce. La organización estaba liderada por Carlos “Cachito” Bareiro, en alianza con el jefe narco Federico “Morenita” Marín, quien, tras su captura en 2018, logró fugarse en febrero de 2023 y murió en un enfrentamiento con Gendarmería en agosto del mismo año. Se estima que entre 2011 y 2017, la red traficó al menos 18 toneladas de marihuana, con destino a villas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.
El caso también salpicó al exjuez federal Carlos Soto Dávila, con competencia electoral en Corrientes durante más de dos décadas, quien favoreció con sus fallos a múltiples narcotraficantes hasta ser detenido y procesado en 2018.
Encuestas del Observatorio Político del Nordeste Argentino indican que el 68% de los correntinos consideran que el justicialismo “protege a dirigentes corruptos”, cifra que se eleva al 83% en Itatí. En respuesta a su nombramiento, el bloque de 15 intendentes independientes y el Frente Renovador retiraron su apoyo explícito al PJ en la legislatura provincial, mientras que la Cámara de Comercio de Corrientes congeló sus aportes al partido, exigiendo una “depuración de cuadros directivos” como condición para reactivarlos.
El malestar también se hizo sentir en las bases militantes. Dos días antes de la asunción, grupos pertenecientes a la Corriente Peronista por la Transparencia realizaron una protesta en la que quemaron simbólicamente carnets partidarios en reclamo de una auditoría interna. Pese a las controversias, Terán consolidó su regreso.
El Gobierno de Javier Milei decidió desclasificar documentos secretos relacionados con los nazis que se refugiaron en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. El anuncio se conoció este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la medida respondió a solicitudes concretas de autoridades estadounidenses y del Centro Simon Wiesenthal.
Según relató Francos en una entrevista con DNews, el presidente Milei “dio la orden de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información”. El funcionario recordó que, hacía pocos días, Milei había recibido en la Casa Rosada a representantes del Centro Simon Wiesenthal, quienes le entregaron una carta del senador Chuck Grassley. Este legislador, miembro del Comité Judicial y también como presidente de la comisión de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos, solicitó colaboración para una investigación sobre el denominado oro nazi.
Además, Francos informó que el mandatario argentino recibió al senador Steve Daines, un republicano que “viene luchando hace mucho tiempo porque se conozca toda la información sobre aquella época en la que los nazis vinieron a guarecerse en la Argentina”. En ese encuentro también participaron Darin Thacker (jefe de Gabinete de Daines), Abigail Dressel (encargada de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires) y Cynthia Jo Daines (esposa del legislador).
El jefe de Gabinete puntualizó que la documentación más relevante sobre el arribo de jerarcas nazis se encontraba en el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y añadió que se incluirá “documentación financiera” vinculada con esas investigaciones. “No hay ningún motivo para resguardar información”, insistió Francos.
La decisión oficial se alineó con lo que más temprano había comunicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación con la entrega de archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar al Archivo General de la Nación. “Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué motivo”, declaró Adorni.
– El Presidente recibió en Casa Rosada al senador republicano de los Estados Unidos, Steve Daines y a su comitiva
El vocero indicó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pondría a disposición toda la documentación bajo su órbita y que esta iniciativa respondía “al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”. Adorni sostuvo que “los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial”.
Francos, por su parte, celebró que estas medidas permitirían “conocer toda la historia”, y subrayó que el Ejecutivo “pretende con la desclasificación de los documentos” sumar transparencia al acceso público. “Había un decreto que ordenaba liberar todos estos archivos y nunca se había hecho. El presidente plantea que estos son archivos de una parte de la historia argentina y tienen que ser públicos”, afirmó.
Micaela Jara, directora de la sede de ANSES en Zapala (Neuquén) y referente local de La Libertad Avanza, generó controversia en redes sociales luego de publicar fotografías de su nuevo Ford Territory, cuyo valor estimado ronda los 47 a 50 millones de pesos.
En su cuenta de Facebook, la funcionaria agradeció el logro: “Si algo aprendí es que los sueños se trabajan. Gracias Diosito”.
Fuentes del mercado automotor consultadas por este medio confirmaron la cotización aproximada del vehículo. Jara, quien se presenta como licenciada en Comercio Internacional y estudiante avanzada de Derecho, mantiene una activa presencia en redes sociales de LLA y responde a la diputada nacional, Nadia Márquez.
El jefe regional de ANSES para Neuquén, Río Negro y La Pampa, Andrés Chialva, presentó oficialmente a Jara a través de un posteo en Instagram el 18 de julio de 2023.
Según trascendidos en redes, este sería el segundo auto 0 km que la funcionaria adquiere, luego de otro vehículo similar mostrado en mayo de 2024.
Un momento de tensión se vivió durante el acto conmemorativo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando Fernando Rupani, un exmilitar, fue censurado al intentar exponer su visión sobre los años previos al golpe de 1976. Los organizadores interrumpieron su discurso y le cortaron el micrófono, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión en estos espacios.
Rupani, quien aclaró que hablaba “como ciudadano” y no en su rol militar, pidió que en la Plaza de la Memoria se recordara “toda la memoria y no solo parte de ella”.
“Tengo que decir que antes del 24 de marzo de 1976 era otra la postura en la Argentina y era otro el estado que había, donde la subversión, los terroristas, mataron 1501 personas, tiraron más de 5000 bombas, hicieron secuestros…”, afirmó.
Fue en ese momento cuando voces del público lo interrumpieron y los responsables del acto decidieron cerrarle el micrófono. Rupani respondió con ironía: “Claro, no se quiere escuchar la otra parte de la verdad”, antes de pedir “un aplauso para la democracia”.
Una asistente le replicó: “No necesito que me cuentes nada, yo viví la nefasta época”, a lo que él contestó: “No te hagas problemas, yo también la viví”.
El incidente reabrió el debate sobre si censurar su intervención fue un acto necesario para preservar el sentido del homenaje o una limitación injustificada a la libertad de expresión.
Los organizadores argumentaron que no era un acto de micrófono abierto y que su mensaje, en ese contexto, resultaba inoportuno e incluso provocador. Sin embargo, la decisión de silenciarlo generó críticas entre quienes consideran que, en democracia, todas las voces deben tener espacio.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
Las dificultades presupuestarias para cubrir el servicio eléctrico en las universidades nacionales fueron eje de debate en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien recibió a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Durante la reunión, se analizaron posibles soluciones que permitan asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, así como la implementación de energías alternativas a mediano y largo plazo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió este lunes al rector de la UNER, Andrés Sabella, y al decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere. En forma virtual, participaron además los responsables de la UTN en Concordia, José Jorge Penco, y de Concepción del Uruguay, Martín Herlax. El principal objetivo del encuentro fue abordar la problemática de los costos de la energía que afectan a las universidades y las alternativas para superar este escenario.
“Es una problemática que traspasa la cuestión netamente provincial, pero que nos imcumbe como entrerrianos”, expresó Hein. “Vemos con mucho asombro una reducción fuerte en educación en el nivel superior, que es pilar fundamental de una Nación, por lo cual hay que fortalecerla”, reflexionó.
El funcionario remarcó que Entre Ríos se encuentra en desventaja frente a otras provincias de la Región Centro en cuanto a los fondos destinados a las universidades nacionales. “Nos preocupa y nos ocupa. Estamos con un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y será tratado en la Cámara de Diputados. Es lo que siempre el gobernador (Rogelio Frigerio) nos ha pedido: meternos en los temas que nos importan a los entrerrianos, porque si bien son universidades nacionales, quienes van a esas universidades son entrerrianos. Por eso tenemos que ver en qué podemos ser útiles desde la Cámara”.
Por su parte, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, calificó la reunión como muy positiva: “Fue una reunión muy positiva. El presidente de la Cámara de Diputados nos recibió recogiendo una iniciativa que presentamos el año pasado desde la UTN y la UNER, teniendo como principal preocupación los incrementos de los costos de la energía, que superan ampliamente las disponibilidades que tenemos para cubrirlos con el presupuesto que se nos destina desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación”, indicó.
Asimismo, destacó la importancia de pensar a futuro: “Analizamos las posibilidades para que tengamos producción de energías alternativas en el mediano y largo plazo, para no quedarnos sólo en la coyuntura. Estamos muy conformes porque se han atendido las realidades de todas las facultades”.
A su turno, el rector de la UNER, Andrés Sabella, agradeció la predisposición de Gustavo Hein al dar una respuesta inmediata a la solicitud de reunión. Subrayó que resulta necesario contemplar la situación tanto en el corto plazo como en el largo: “En segundo lugar, debemos atender la coyuntura: hoy la realidad es que los números del presupuesto universitario nacional son muy exiguos, han tenido una reducción significativa, y en ese sentido el costo de la energía pasa a tener un rol preponderante que nos hace suspender actividades que lleva adelante la universidad. Nos comprometimos a intentar encontrar algunas soluciones que nos permitan seguir funcionando de la mejor manera posible”, señaló.
Finalmente, Sabella resaltó la importancia de la colaboración provincial para acompañar a la comunidad estudiantil, mayormente entrerriana: “Más del 90% de nuestros estudiantes son entrerrianos, con lo cual ante una situación presupuestaria nacional que no atiende algunas cuestiones, el Estado provincial, en este caso la Cámara de Diputados, escucha para intentar ayudar a encontrar soluciones”.
En conjunto, los presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación superior y avanzar en iniciativas de producción de energías alternativas, de modo de garantizar la continuidad de las actividades académicas y de investigación, fundamentales para el desarrollo de la provincia y el país.
