Mar del Plata | El Municipio se enfrenta a la mafia de los taxis abriendo la competencia libre
El concejal oficialista Fernando Muro presentaría un proyecto en el Concejo Deliberante para abrir el juego local de transporte.
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El enfrentamiento entre el Municipio de General Pueyrredón (MGP) y el Sindicato Único de Peones de Taxi en Mar del Plata (SUPeTax) data desde hace bastante tiempo, con principal asentamiento durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro. Ahora, el concejal oficialista Fernando Muro presentaría un proyecto para abrir el juego empresas de transporte como moto-taxi y puso las aguas más turbulentas.
Ya son varias las señales que ha lanzado el Gobierno comunal sobre la libre competencia y la desregularización desde el sector público para darle un espacio al privado. Un claro ejemplo fue el fallido intento del oficialismo en traer empresas como UBER, Cabify y DiDi para competir contra los taxis y remises.
El concejal de Juntos por el Cambio (JxC), Fernando Muro, cuenta con el total apoyo del intendente Guillermo Montenegro para enfrentar a la mafia de los taxis
“La gente tiene que elegir, de manera libre, que servicio desea utilizar”, señaló a Data24el reconocido abogado cercano al concejal Muro, Leandro Furundarena, quién además es ideador del proyecto a presentar en el Concejo Deliberante.
Por otro lado, añadió el doctor: “La implementación de moto-taxis fomenta la libre competencia de mercado entre los distintos servicios de transporte que ofrece la ciudad”.
El reconocido abogado local, Leandro Furundarena, es uno de los principales ideadores del proyecto
Asimismo, citó el artículo 19 de la Constitución Nacional que hace referencia a todo acto que se encuentra expresamente prohibido, está permitido. “Motivo por el cual las críticas a este proyecto es un mero capricho de aquellos que quieren monopolizar el transporte privado en la ciudad”, sentenció Furundarena.
Por supuesto, desde el gremio de taxis salieron enojados a hablar con la prensa, a través del presidente Pablo Sánchez, quién calificó el proyecto de “disparatado” e “irresponsable”. Amén de atacar a Muro, sin presentar argumentos factibles contra la idea del moto-taxi.
Los taxistas se vienen enfrentando al Gobierno de Guillermo Montenegro, ya que este viene fomentando la libre competencia en el transporte
“En vez de proponer esto para la problemática de colectivos, solucionen los problemas directamente con las empresas mismas”, señaló ante los micrófonos Sánchez. “Mis colegas me dijeron exactamente lo mismo que digo yo, totalmente disparatado este proyecto”, destacó.
Lejos de todo ello, no hubo ningún señalamiento contra los puntos pautados del proyecto que lleva adelante el oficialismo en Mar del Plata contra la mafia de los taxis.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
La relaciónentre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.
Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.
Milei y Elsztain en una sinagoga.
La construcción del candidato
Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.
Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.
Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.
Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”
La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.
Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.
A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.
Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.
El botín minero y el escudo del RIGI
Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura”considerado unarareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.
Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.
Yacimiento de plata “El Quevar”.
La Argentina S.A.
La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.
El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegioestatal que redefine los cimientos de la economía nacional.
El Senado de Santa Fe aprobó la media sanción de un proyecto de ley que buscó prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, presentada por el senador por Rosario Ciro Seisas, incorporó esta práctica al Código de Convivencia y habilitó, por primera vez, la intervención directa de la policía y de los municipios ante casos de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.
La propuesta modificó la Ley 10.703 mediante la incorporación de los artículos 66 bis, ter y quater, para que la actividad pasara a ser considerada una contravención a nivel provincial. El proyecto había sido presentado en mayo de 2025. Tras la aprobación en la Cámara alta, la iniciativa debió pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Durante el debate, que se extendió por una semana, el Senado introdujo cambios al texto original y participaron al menos tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto contó con el aval del gobierno provincial y sumó aportes del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, con participación de la diputada Ximena García y del legislador Walter Ghione.
Uno de los principales cambios dispuso que la aplicación concreta de la futura norma quedara delegada en cada municipio, que deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia. La futura ley le otorgó a la policía atribuciones para actuar, pero estableció que serán los gobiernos locales quienes tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante la Justicia contravencional. Según el texto aprobado, los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial correspondiente, para hacer cesar la actividad mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público donde se desarrollara.
En el caso de Rosario, será el Concejo Municipal el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezcan específicamente atribuciones y alcances en el territorio. Ese esquema surgió tras los planteos de senadores de departamentos con menor densidad poblacional, que sostuvieron que la problemática era propia de los grandes aglomerados urbanos y que, por eso, su resolución debía definirse en cada territorio. Ese criterio descomprimió las críticas que llegaron desde comunas más pequeñas de la provincia.
La iniciativa estableció la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como también del lavado, guarda, cuidado o limpieza de vehículos sin autorización de la autoridad competente. El texto señaló que incurrirá en contravención quien, sin autorización oficial y cuando exista prohibición local vigente, “ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no”.
Entre las sanciones previstas figuraron el trabajo comunitario de 2 a 10 días, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención y el arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. También se mencionaron multas de 10 a 50 unidades fijas y arrestos de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia. Además, el proyecto contempló restricciones de concurrencia a determinados lugares y endureció las penas cuando existiera organización previa.
La sanción se elevará al doble en sus mínimos y máximos cuando la conducta se ejerza con violencia o amenazas hacia personas o bienes; se concrete en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas autorizadas; o en las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior. También se endurecerán las penas cuando se constate aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad u otras circunstancias que coloquen a la víctima en una situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio.
El texto también agravó las sanciones si la actividad prohibida se desarrolla entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos. A su vez, incorporó un capítulo específico para quienes sean organizadores, coordinadores o responsables de la actividad: en esos casos, la escala de arresto podrá elevarse hasta el cuádruple de su mínimo y máximo, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.
El senador por Rosario también destacó el alcance institucional de la norma: “Con esta ley estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad; esto es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En el caso de nuestra ciudad, la idea es inicialmente actuar en las zonas donde se concentran la mayoría de estas denuncias”.
Sobre el tratamiento legislativo, agregó: “Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”.
Seisas también cuestionó la falta de respuestas políticas de años anteriores. “Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”, sostuvo.
En Rosario, la discusión sobre los trapitos se apoyó además en cifras oficiales relevadas por la Secretaría de Control y Convivencia. De acuerdo con esos datos, durante 2025 se registraron 1.245 reclamos en los seis distritos a través de la línea 147, Munibot o la página del Ejecutivo; fueron identificados 754 cuidacoches, se labraron 9.090 actas y hubo 202 cuidacoches demorados, de los cuales 156 correspondieron a eventos masivos. El informe también indicó que los llamados al 911 por cuidacoches crecieron 15 por ciento entre el año pasado y lo que iba de 2026.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
