Luis Petri intensifica el patrullaje en el Mar Argentino para hacer frente a la pesca ilegal china
El Gobierno de Milei refuerza la vigilancia ante pesca ilegal china en el Mar Argentino. Las medidas urgentes son para proteger recursos marinos y evitar tensiones diplomáticas.
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El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, informó que sumó otro patrullaje aéreo sobre el Mar Argentino con el fin de fiscalizar el accionar de los cientos de barcos pesqueros asiáticos que depredan la zona económica exclusiva de Argentina.
“La flota pesquera china tiene la peor reputación global de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Cerca de un tercio de los 3.000 buques operan en Sudamérica todo el año. Persiguiendo al calamar migratorio, pasan 6 meses del año saqueando las aguas del Atlántico, frente a la Argentina y otros 6 haciendo capturas en el Pacífico, cerca de Ecuador y Perú, atravesando el estrecho de Magallanes”, afirmó el semanario londinense The Economist.
La llegada anual de la flota pesquera extranjera a la milla 201, puede traer más tensión al delicado equilibrio entre los gobiernos de Xi Jinping y Javier Milei. Trabajar en ese contexto será una tarea desafiante para el flamante embajador nacional en Beijing.
Se trata de Marcelo Suárez Salvia, un diplomático de carrera que está cumpliendo funciones en Trinidad y Tobago, y, si bien la preocupación del gobierno se extiende a la vigilancia de todos los buques de procedencia asiática, hay barcos de bandera taiwanesa y, también, coreana, la pesca en aguas trasnacionales de buques chinos desafía regulaciones y pérdidas millonarias a la comunidad pesquera nacional.
Frente a un patrullaje más decidido de parte de la Argentina, en China no descartan adquirir empresas pesqueras nacionales para continuar con los negocios, esta vez de manera legal, pero, el enfriamiento en las relaciones entre los dos países podría obturar esa posibilidad.
Lo cierto es que las gestiones se evalúan por los hechos y la reciente medida gubernamental de enviar al ARA “Piedrabuena”, una nave de 87 metros de eslora, 13.6 metros de manga y una autonomía de 13.890 kilómetros, es todo un símbolo y una advertencia acerca de la caída de la tolerancia de actividades que, en el siglo XIX, habrían sido descriptas como de piratería.
¿Qué es la Zona Económica Exclusiva?
Esta área se encuentra tipificada en artículo 5° de la Ley N° 23.968 que establece que La Zona Económica Exclusiva argentina se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de DOSCIENTAS (200) millas marinas a partir de las líneas de base de la costa de nuestra Nación.
Precisamente esta zona del mar argentino, rico en especies de interés comercial y que da hogar a miles de especies marinas, muchas de las cuales se presumen endémicas de la región, se ve depredada, año tras año, por buques pesqueros chinos que en la práctica constituyen la avanzada de una Armada Invencible que tiene por objetivo el control de facto de los mares mundiales.
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Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia.
“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.
Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.
En la comunidad originaria de Bartolomé de las Casas, en el interior de la provincia de Formosa, pueblos originarios cortaron la Ruta Nacional 81 reclamando asistencia estatal tras las inundaciones del fin de semana anterior.
El diputado provincial Pablo Sosa —militante del “gildismo”, el movimiento político del gobernador Gildo Insfrán— llegó al lugar con bolsas de mercadería para intentar que los manifestantes levantaran el corte.
La respuesta de la comunidad fue contundente. Lo echaron a cascotazos junto a su hermano, el director de la etnia Toba, Catalino Sosa.
“Nos mandaron mercadería, pensaron que iban a tapar el agua”, declaró una referente comunitaria de la zona.
En el fin de semana previo al hecho, Formosa fue golpeada por un temporal extraordinario. Bartolomé de las Casas fue una de las localidades más afectadas, con 206 milímetros de lluvia registrados en pocas horas, uno de los diez acumulados más altos de toda la provincia.
La zona quedó anegada, con familias sin acceso a servicios básicos, y el Estado provincial tardó en llegar con asistencia concreta a las comunidades originarias del interior.
Según la Gendarmería Nacional, el operativo federal asistió a 20 familias en El Espinillo, pero los reclamos en Bartolomé de las Casas no fueron atendidos de forma satisfactoria.
Pablo Sosa es diputado provincial del Partido Justicialista formoseño y también se desempeñó como administrador de la comunidad indígena Toba en el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA). Es uno de los cuadros más visibles del oficialismo en el vínculo con los pueblos originarios, y participa activamente en la distribución de módulos alimentarios del gobierno provincial en comunidades como Namqom, Clorinda y el propio Bartolomé de las Casas.
Los cortes de ruta en la Ruta 81 a la altura de Bartolomé de las Casas son una práctica recurrente. Las comunidades han reclamado en reiteradas ocasiones por electricidad, agua potable, salud, pensiones por discapacidad y asistencia alimentaria, con resoluciones que muchas veces no se cumplen.
“Para una parte de la comunidad, su presencia representa al Estado que los abandonó, no lo ven como un aliado”, destacó un manifestante refiriéndose la imagen publica de Sosa.
Asimismo,la situación sigue siendo delicada en las zonas bajas, donde históricamente se asentaron viviendas por la cercanía con antiguos sectores de aguadas vinculados al desarrollo ferroviario. En esos sectores, el ingreso de agua a las casas no pudo evitarse por completo.
Durante la mañana del 20 de abril, las lluvias continuaron de manera intermitente, aunque con menor intensidad, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura. Sin embargo, cerca del mediodía, las precipitaciones volvieron a intensificarse.
Desde las primeras horas del día, autoridades locales, fuerzas policiales y personal de salud permanecieron en alerta para responder ante posibles emergencias.
En la localidad de El Espinillo, cinco familias fueron evacuadas con la asistencia del Municipio, la Policía y otros organismos debido a las filtraciones de caudales de agua en sus viviendas. Algunas fueron reubicadas de manera provisoria en una escuela, donde se activó un operativo de asistencia. En Comandante Fontana también hubo personas refugiadas en establecimientos educativos, donde recibieron colchones y ayuda alimentaria.
¿Qué es el “gildismo”?
El término “gildismo” hace referencia al movimiento político encabezado por Insfrán, el mandatario de Formosa ininterrumpidamente desde 1995 —más de 30 años en el poder—. Su modelo de gobierno se basa en un férreo control del Estado, alto nivel de empleo público (se estima que el 70% de los empleos en Formosa son estatales), distribución discrecional de recursos y un vínculo clientelar con los sectores más vulnerables, incluidas las comunidades aborígenes.
Este método tiene antecedentes documentados en la misma región. En abril de 2025, en Campo de Cielo (Las Lomitas), cuando comunidades pilagás fueron reprimidas por exigir la apertura de compuertas durante una inundación, el gobierno provincial intentó “solapar la represión”entregando mercadería traída desde la sede del Partido Justicialista en camionetas policiales.
El 7,8% de sus habitantes pertenecen a los pueblos Wichi, Toba y Pilagá. Aunque la provincia tiene una ley indígena pionera desde 1984, organizaciones de derechos humanos advierten que los pueblos originarios viven “una alarmante etapa de negación y exclusión” y que el gildismo solo los contempla “desde un enfoque de pobreza”, sin reconocer su autonomía territorial ni cultural. El desmonte es una problemática que avanza sistemáticamente sobre territorios indígenas, generando desplazamientos forzados y destruyendo las bases de su economía y cultura.
— Mujeres de la Comunidad Nivecle de Tisjucat/Quebrachal.
Igualmente, Formosa se ubica entre las provincias con mayor pobreza del país. De acuerdo con datos de 2021, el 47,4% de su población era pobre y el 15% indigente. Hubo mejoras recientes, cuando el INDEC reportó que Formosa cerró 2025 con un 27.9% de pobreza y 4,6% de indigencia, registrando una caída de 18,3 puntos porcentuales respecto a 2024.
No obstante, estas cifras todavía la catalogan dentro de las más vulnerables del NEA —la región donde se encuentra— promedió un 32.7% de pobreza, por encima del promedio nacional del 28,2%.
A su vez, es una de las cuales depende de gran manera de los fondos nacionales. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia dejó de percibir $1.776.000 por habitante en transferencias de Nación, debido tanto a la caída de la coparticipación federal como a la reducción de fondos discrecionales.
Solo en el primer trimestre de 2026, los recursos coparticipables que recibió Formosa cayeron un 16.6% en términos reales respecto al mismo período de 2025. Esto golpea directamente a los servicios públicos, la obra pública y los salarios estatales, que son la columna vertebral de la economía local.
La mayor parte de la población trabaja en el sector público, ya que el sector privado es débil y las oportunidades laborales son escasas. Esto crea una economía artificial que depende de las transferencias del Estado Nacional para sostenerse, sin generar riqueza productiva propia.
Una multitudinaria movilización docente se realizó el miércoles por la noche en la provincia de Corrientes en rechazo al aumento salarial del 6%, en un contexto de creciente conflictividad que derivó en la renuncia del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. En ese marco, se difundió un video donde el dirigente kirchnerista Martín “Tincho” Ascúa apareció junto a los docentes autoconvocados durante la protesta.
La manifestación congregó a los gremios SUTECO, ACDP y AMET junto a un sector activo de docentes autoconvocados que replicaron las protestas en distintas ciudades de la provincia.
El conflicto se originó tras la liquidación de haberes con fuertes descuentos a docentes que adhirieron al paro nacional del 2 de marzo. Según denunciaron los gremios, las quitas oscilaron entre el 40% y el 60% de los salarios, con casos que alcanzaron los $800.000. La explicación oficial indicó que se trató de un error administrativo.
El gobernador Juan Pablo Valdés reconoció la situación y afirmó: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”. Horas después, pidió la renuncia de Rivas Piasentini, quien llevaba ocho años al frente del área.
En su reemplazo fue designado Héctor Grachot, hasta entonces subsecretario de Finanzas. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.
La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
Los efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a cuatro ciudadanos chilenos que extraían oro de manera ilegal en la Mina El Zancarrón, ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, dentro del territorio de la provincia de San Juan, en las inmediaciones del límite internacional con Chile.
Los detenidos habían ingresado al país a través de un paso clandestino, sin ningún tipo de habilitación migratoria ni permiso minero. Al ser descubiertos, intentaron amenazar a los gendarmes con una carabina calibre .22, pero fueron reducidos rápidamente. La causa fue tomada por la Fiscalía Federal de San Juan, que los imputó por tres delitos distintos.
La investigación se inició cuando el personal policial recibió información de inteligencia sobre la presencia de un grupo de mineros extranjeros operando en una zona inhóspita y sin autorización en la Cordillera del Zancarrón. Al verificar el dato sobre el terreno, los gendarmes constataron que los cuatro hombres de nacionalidad extranjera habían cruzado la frontera por fuera de los pasos habilitados.
En el lugar y en la camioneta que utilizaban para transportar el material, se hallaron herramientas de minería como picos, palas y barretas, además de 14 bolsas con roca extraída del interior de la mina, oro en bruto y un arma de fuego.
La Fiscalía Federal de San Juan imputó a los cuatro ciudadanos chilenos por tentativa de contrabando de exportación de oro, delito previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero (arts. 863 y 864), que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión en su forma simple y de cuatro a diez años en caso de agravantes.
Además, fueron acusados por ingreso ilegal al país, en el marco de la Ley 25.871 de Migraciones, que prevé sanciones tanto administrativas como penales, y por tenencia ilegal de arma de fuego, tipificada en el artículo 189 bis del Código Penal, con penas de seis meses a dos años de prisión, que pueden incrementarse si se configura la portación.
El contrabando aduanero se configura cuando se exporta o importa mercadería por lugares no habilitados o sin pasar por el control de la Aduana. En este caso, la extracción de oro en territorio argentino para su posterior traslado a Chile sin declaración ni permiso constituye una tentativa de contrabando de exportación. El Código Aduanero Argentino prevé que el contrabando simple se penaliza con prisión de dos a ocho años, mientras que las figuras agravadas —como la participación de tres o más personas— pueden llegar a diez años.
¿Quiénes son los “pirquineros”?
Los cuatro detenidos responden al perfil de los llamados “pirquineros”, término de origen quechua (del verbo pirca, “minar”) que designa a los mineros artesanales informales que trabajan de forma individual o en pequeños grupos, generalmente en zonas andinas. Esta práctica tiene siglos de historia en los Andes y fue clave en la economía colonial de Chile y Argentina.
En el contexto de la frontera entre San Juan y Chile, los pirquineros chilenos se aventuran en territorio argentino buscando aprovechar vetas de oro de alta concentración que se encuentran en la zona del cerro Zancarrón, y que históricamente han sido explotadas. La lógica económica es clara, ya que extraen las rocas mineralizadas en Argentina y las llevan a procesar artesanalmente a Chile, evitando tanto los controles migratorios como los aduaneros de ambos países.
Según fuentes especializadas, un grupo de pirquineros puede llevarse hasta 200 kilos de roca por viaje, de los cuales se pueden extraer alrededor de 500 gramos de oro (unas 17 onzas troy). Con el precio del oro superando los 3.000 dólares la onza en 2026, una sola operación exitosa podría valer más de 50.000 dólares.
La mina El Zancarrón no es un sitio desconocido para las autoridades. Se trata de un yacimiento con historia que ayuda a explicar por qué vuelve a ser escenario de este tipo de hechos. Hasta la década de 1980, una empresa minera operó en el lugar y construyó túneles para la extracción industrial del mineral. Tras el cierre, esas estructuras y los vestigios de la explotación quedaron abandonados, aunque accesibles.
La presencia de una veta de alta concentración de oro convierte al lugar en un punto especialmente atractivo para pirquineros con conocimiento del terreno cordillerano. Además, la zona se encuentra a unos 50 kilómetros de la mina Veladero, uno de los proyectos auríferos más importantes del país, en un área de extrema inaccesibilidad.
La inaccesibilidad del terreno —combinada con los recursos limitados de Gendarmería para patrullar toda la extensión de la Cordillera— hace que este tipo de actividad ilegal se desarrolle de forma relativamente habitual sin ser detectada.
Un problema recurrente en la misma zona
Este no es el primer caso, ni probablemente será el último. La zona del cerro Zancarrón registra antecedentes documentados de intentos de contrabando protagonizados por pirquineros chilenos. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2021, cuando fuerzas fronterizas detectaron en el lugar a Alfredo Hernán Cáceres Caballero, de 57 años, y a Gustavo Javier Manterola Álvarez, de 44, junto a una tercera persona que logró darse a la fuga. En el sitio habían dejado herramientas de gran porte, entre ellas una pala cargadora, un martillo percutor, una amoladora, un generador eléctrico, barreteras y equipos de oxígeno.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva por tentativa de contrabando agravado y, posteriormente, el juez del Tribunal Oral Federal Hugo Echegaray los condenó a tres años de prisión efectiva, además de ordenar su expulsión del país con prohibición de reingreso por 15 años. De acuerdo con expertos consultados por medios locales, la presencia de pirquineros chilenos en territorio sanjuanino “es más frecuente de lo que se cree”, aunque rara vez son sorprendidos en plena actividad extractiva.
La provincia de San Juan no es tampoco cualquier provincia en términos mineros. Es la segunda mayor exportadora de minería de Argentina, con más del 22% de todas las exportaciones mineras nacionales (datos de los primeros 10 meses de 2023). Su producción se concentra en la minería metalífera, y el oro es el principal mineral exportado.
Grandes proyectos como Veladero (oro y plata) y el proyectado Josemaría (cobre, oro y plata, con una inversión estimada de 4.100 millones de dólares) convierten a la Cordillera sanjuanina en una de las zonas de mayor valor minero del continente. Este contexto explica por qué incluso pequeñas vetas como la del Zancarrón son suficientemente rentables para justificar el riesgo que corren los pirquineros.
Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El relevamiento advirtió que gran parte de los capacitadores fue designada con las clases ya iniciadas, que los simuladores quedaron desbordados por la demanda y que el deterioro tecnológico del Instituto alcanzó un “estado crítico”.
La Justicia homologó en reserva un convenio con el empresario británico y cerró la demanda estatal que buscaba anular la venta de tierras en una zona estratégica de frontera.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
