Médicos que cobran $13 mil, recibieron amenazas del gobierno de Morales tras reclamar por salarios dignos
Autoconvocados del Hospital Soria, denunciaron que autoridades del ministerio de Salud “apretaron” al personal de salud que se viene manifestando en los últimos días.
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A pesar de que el Gobierno cerró las paritarias estatales con un monto del 20% hasta septiembre, los trabajadores de la salud continuaron con las protestas. El día martes, autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de Jujuy, se reunieron con directivos del Hospital Pablo Soria para dar un mensaje de amedrentamiento e impedir que los trabajadores salgan a las calles. Las amenazas consistían en descontar el día a quienes salen a protestar y rescindir contrato a quienes están en la categoría más baja.
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“Nos dijeron que si los contratados salen o si salen personal de planta nos van a afectar a nivel laboral, ya sea con descuentos”. “Nos vamos a movilizar lo mismo, con el turno tarde, turno noche, con las familias. La situación económica no da para más, es un abuso a los empleados de la salud”. “No vamos a permitir estos aprietes de parte del Gobierno cuando vivimos una situación económica grave, quienes sufrimos necesidad”, manifestaron referentes de los autoconvocados en la puerta del hospital Pablo Soria.
“La lucha va a seguir, lo que estamos pidiendo es más que justo. Los contratados fueron amenazados con el quite de contratos, son quienes estuvieron en la pandemia y fueron usados por el Gobierno”.
“Le decimos al ministro Buljubasich que esto no termina, recién empieza. Vamos a seguir presentando petitorios y exigir respuestas a nuestros pedidos. Cada uno que estamos aquí representamos a un grupo familiar que son a quienes tenemos que mantener. No vamos a dejar de hacerlo hasta tener una respuesta favorable”, sentenciaron los referentes.
Por lo pronto, ya anunciaron que durante la semana, habrá más paros y movilizaciones en Jujuy.
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El Aviso ARA Alférez Sobral partió el lunes desde la Base Naval de Mar del Plata remolcado por unidades de la Armada —ARA Puerto Argentino, ARA Bahía Agradable, corbeta ARA Espora y patrullero rápido ARA CL Cordero— rumbo a las coordenadas 39° 54′ S y 59° 30′ W, donde fue hundido en alta mar. La maniobra replicó el destino que años atrás recibió el Comandante Luis Piedrabuena y puso fin a más de cuatro décadas de servicio activo y simbólico.
Adolfo Schweighofer, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, expresó su dolor: “El Sobral es un buque que estuvo en Malvinas, que fue atacado por los usurpadores ingleses, que tiene ocho muertos a bordo y varios heridos. Hubo la posibilidad de traerlo como buque museo, lo ofreció la Armada en su momento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era muy difícil”. Recordó que la nave permaneció años amarrada sin mantenimiento: “Ya estaba oxidado totalmente, desmantelado. El paso del tiempo hizo imposible económicamente conservarlo”.
El ex tripulante santafesino Ricardo Abel Cuevas resumió el sentimiento de la dotación: “Me causa mucha tristeza, porque lo consideramos parte de nuestra subsistencia en la guerra”. Cuevas recordó la noche del 2 de mayo de 1982: “En aquel combate el Sobral perdió a ocho de sus tripulantes, incluido su comandante”. Aquellos caídos fueron el capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca; los cabos principal Ramón Omar Cabrera y Mario Aurelio Alancay; los cabos segundo César Gustavo Rodríguez y Héctor Daniel Medina; y los marineros Mario Gustavo Alcaraz, Jorge Oscar Gualdieri y Juan Domingo Baldini.
Tras el ataque con misiles Sea Skua lanzados desde helicópteros británicos, la nave quedó seriamente dañada, pero su dotación—liderada de facto por el teniente de navío Sergio Bazán luego de la muerte del comandante—logró mantenerla a flote y arribó tres días después a la costa continental, tras emitir sucesivos mensajes de “Mayday” en morse. Los hierros retorcidos del puente de navegación se exhiben hoy en el Museo Naval de la Nación.
Años de gestiones para salvar al buque fracasaron. El 10 de septiembre pasado la Armada lo ofreció en subasta junto a otras unidades; el lote se retiró de la puja tres días después para permitir que veteranos y privados buscaran fondos. Remolcarlo exigía al menos 250 mil dólares y ningún plan prosperó. Hubo propuestas para llevarlo a Olivos, Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Santa Fe—donde excombatientes imaginaban un museo flotante—pero la falta de presupuesto las frustró.
Construido en 1944 en Estados Unidos como USS Salish, el buque de 43,6 metros de eslora y 10,3 de manga sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972 pasó a la Armada Argentina y recibió el nombre de Alférez José María Sobral, explorador antártico. Ese mismo año asistió al célebre buque Calypso de Jacques Cousteau.
Cuevas criticó el final elegido: “Al igual que hicieron con el buque Comandante Luis Piedrabuena, lo llevan a altamar para tomarlo como blanco de tiro y hundirlo. No merece ese final. Lo están tratando como chatarra, como un fierro oxidado”. También lamentó que desde 2021 no le permitieran subir a bordo: “Cada 3 de mayo nos reuníamos toda la tripulación con vida y oficiábamos una vigilia a bordo del Sobral en honor a nuestros caídos”.
Schweighofer coincidió: “Nos habíamos entusiasmado con la posibilidad de tenerlo en Santa Fe, un buque histórico que sirviera como atractivo visual, turístico y un homenaje a los muchachos que murieron”. Al conocer la decisión definitiva, concluyó: “Argentina tiene que valorar más su historia. Hay otros buques que ya han sido hundidos porque el tiempo pasa y tenerlo flotando en el puerto significa un costo muy grande”.
Con el hundimiento, sólo algunas piezas—como la campana, un cañón y mobiliario—quedaron preservadas. El resto del casco descansa ahora en el fondo del Atlántico, convertido en tumba de acero para aquel “viejo guerrero” que escribió una página decisiva en la historia naval argentina.
En los últimos días, una ola de renuncias sacudió al espacio libertario en la provincia de Jujuy. Un grupo de jóvenes que formaban parte de las listas locales presentó su dimisión y se bajó de la contienda electoral. Los jóvenes alegaron que habían perdido la confianza en la conducción provincial del espacio. Según expresaron, las decisiones importantes se tomaban sin consulta previa, había imposiciones de nombres en las listas y faltaba una verdadera apertura al diálogo interno.
Desde el numeroso grupo de jóvenes recalcaron que “las listas están todas contaminadas por el kirchnerismo”. “Nosotros en 2023 pusimos cuerpo y alma para armar el partido en la provincia y nos damos que en las listas hay kirchnerismo, fellnerismo, PJ y del partido VÍA”, expresó Kevin Chambi, uno de los oradores de la conferencia de prensa.
Chambi también manifestó que en algunos lugares del interior como en La Quiaca, los referentes de La Libertad Avanza impulsan a una candidata que ya tuvo un cargo político en esa ciudad, lo que generó aún mayor enojo en la juventud.
“Nosotros aguantamos hasta último momento para tratar de encontrar una solución pero no logramos ser escuchados ni atendidos por quienes manejan el partido de Milei en Jujuy”, agregó.
“No nos sentimos representados ni escuchados”, aseguraron en un comunicado que se difundió en redes sociales. También hablaron de “malos tratos”, desorganización y un manejo verticalista que no se condice con los ideales de libertad que dicen defender, lo que no tardó en generar revuelo dentro y fuera del partido. Muchos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por la noticia, mientras que otros señalaron que ya se notaban tensiones internas desde hace semanas.
Analistas políticos locales coincidieron en que el episodio refleja los desafíos que enfrentan los espacios nuevos: crecer rápido sin perder cohesión interna. “Cuando hay pocas reglas claras, el liderazgo se vuelve personalista y eso genera roces”, explicaron.
Desde la conducción libertaria en la provincia no emitieron un comunicado oficial. Algunos referentes minimizaron el impacto de las renuncias. Sin embargo, para muchos la situación encendió una luz de alerta. En una campaña electoral donde cada voto cuenta, perder referentes jóvenes —muchos de ellos muy activos en sus comunidades— podría pasar factura en las urnas.
Las renuncias se dieron en San Salvador, Perico, El Carmen, Palpalá, La Quiaca, Perico, Calilegua, entre otras localidades. Muchos de los ahora ex candidatos habían visto en el espacio libertario una alternativa fresca, pero terminaron frustrados por lo que consideraron “las mismas prácticas de siempre”.
En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.
Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.
El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.
Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.
El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.
El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.
Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.
A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.
El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.
Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.
Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.
Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
