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*Por Luis Gasulla
Continúa la polémica por el sospechoso avión que llegó a Ezeiza el pasado fin de semana. Mientras avanza lentamente la causa judicial que lleva adelante el juez federal FedericoVillena, Periodismo y Punto accedió al listado completo de los destinos por el que pasó el Boeing 747-300M, matrícula YV3531, perteneciente a la Compañía EMTRASUR, que operaba el vuelo 9218.
Por aquí anduvo el avión de los iranies y venezolanos que investiga la justicia. pic.twitter.com/Gt8PNT2lco
Al mediodía, Periodismo y Punto accedió a la hoja de ruta del avión en cuestión. El 13 de mayo la aeronave con 19 tripulantes llegó a Ciudad del Este desde Caracas, de allí viajó a Aruba para regresar a Caracas el 16 de mayo.
El 21 de ese mes llegó a la capital de Irán, Teherán, para luego dirigirse a Moscú, Rusia. Tras un breve paso por Belgrado regresó, una vez más, a Caracas. De allí viajó a México para tocar suelo argentino el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Córdoba.
Piloto y copiloto de avión venezolano-iraní
Sería la escala previa a Ezeiza tras una negativa de las fuerzas aeroportuarias de la República Oriental del Uruguay que no autorizaron el aterrizaje del sospechoso vuelo.
Ahora se sabe que Paraguay, a través de su ministro del Interior, había advertido, un mes atrás, a sus pares argentinos, de los extraños viajes que estaba realizando el avión de Emtrasur.
*Fuente: Periodismo y Punto
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El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.
“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.
En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.
Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.
“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.
Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.
“El municipio no reconoce el problema”
Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.
“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.
Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.
El Gobierno anunció el llamado a licitación pública por 4.428,93 kilómetros de rutas nacionales pertenecientes a la Etapa II del ambicioso plan Red Federal de Concesiones. Se trata de ocho corredores que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
El proceso se oficializará mediante una publicación en el Boletín Oficial durante los próximos días. La resolución ya fue firmada por la Secretaría de Transporte y verificada por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.
Se licitarán corredores clave: el Sur (RN 3 y RN 205), Atlántico (RN 226), Pampa (RN 5), Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8 y rutas provinciales), Portuario Sur (Campana–Rosario), Portuario Norte (San Nicolás) y Acceso Sur (autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza‑Cañuelas).
La iniciativa busca delegar en privados la explotación, administración, mantenimiento, ampliación y servicios al usuario. También se prevén proyectos colaterales para generar ingresos adicionales sin subsidios estatales.
La Resolución 827/2025 convocó audiencias públicas entre el 11 y el 13 de junio en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Esas instancias permitieron debatir los detalles con actores locales y organizaciones civiles.
La Red Federal de Concesiones totalizará unas 9.154,67 km en 18 tramos. El proyecto completo representa solo el 20 % de la red vial nacional pero concentra el 80 % del tránsito vehicular.
La primera etapa, bautizada “Ruta del Mercosur”, abarcó 741,71 km sobre las rutas 12 y 14 y tramos fronterizos. Ese proceso aún está abierto y sufrió una prórroga que postergó el cierre de ofertas hasta septiembre de 2025.
El Tramo Oriental involucra las rutas RN 12, RN 14, RN 135, A‑015 y RN 117, conectando con los puentes internacionales entre Argentina, Uruguay y Brasil. El Tramo Conexión corresponde a la RN 174 y su zona de influjo fluvial y portuario.
El plazo original para recibir ofertas vencía el 5 de agosto de 2025. El Gobierno extendió ese vencimiento hasta el 8 de septiembre tras incorporar aclaraciones y revisiones en los anexos técnicos de los pliegos.
La disolución de Vialidad Nacional en julio de 2025 pasó las funciones de planificación y control al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, ligada al área de Transporte.
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina (STV y ARA) considera que la disolución de Vialidad y el traspaso a manos privadas puede generar “rutas peligrosas” y pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo.
Uber, DiDi y Cabify defendieron esta semana ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba la necesidad de una ordenanza “sin barreras que vuelvan inviable el modelo”. Las compañías coincidieron en objetar el artículo 9.º del despacho oficialista, que fijó un cupo máximo de 4.000 vehículos.
Pedro Martino, responsable de Asuntos Públicos de Uber para el Cono Sur, recordó que la plataforma registró “más de 20.000 socios conductores activos por mes” y advirtió que “con el cupo, el 80 % quedaría afuera”.Antonio Canale, de DiDi, calculó que la medida excluiría “entre 7.000 y 13.000 conductores”, lo que restringiría la oferta especialmente en los barrios alejados.
Uber también cuestionó la exigencia de licencia profesional y la presentación de antecedentes penales provinciales previstas en el artículo 5.º; propuso aceptar constancias de trámite para no demorar entre dos y seis meses el inicio de la actividad. En el plano técnico, rechazó el límite de 10 años de antigüedad de los vehículos —que, según calculó, excluiría a más de la mitad de los conductores actuales— y sugirió extenderlo a 14,3 años, en línea con el promedio nacional del parque automotor. La empresa solicitó, además, eliminar la exigencia de una capacidad mínima de baúl por considerarla “difícil de verificar”.
Martino remarcó que el modelo de plataformas funciona sobre tres tasas clave —entrada, salida y reingreso de conductores— y sostuvo que un cupo fijo “distorsionaría esa dinámica y afectaría la eficiencia del servicio”.
Desde Cabify, Ignacio Escuti avaló la regulación “pero sin barreras”. María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como “herramienta de ordenamiento” y subrayó que “las apps no reemplazan al transporte masivo; son un complemento”. Entre los conductores, José Bini alertó que con la limitación “faltará oferta y se encarecerá el servicio”, mientras Romina Lescano pidió evitar un “monopolio de empresas multinacionales” y sugirió que la Universidad Nacional de Córdoba definiera técnicamente el número de licencias.
El concejal Javier Fabre (UCR) advirtió que crear un cupo generaría “un recurso escaso que se vuelve negociable” y señaló “el gran riesgo constitucional” de limitar la actividad privada. Su par Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) calificó de “inaplicable y perjudicial” cualquier tope de vehículos y denunció el ingreso “hostil e intimidatorio” de referentes del taxi al recinto.
Afuera, la protesta de taxistas y remiseros comenzó a las 8 y bloqueó por completo la avenida Costanera y el Puente Alvear con bengalas amarillas y verdes —prohibidas por la normativa municipal—. Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió: “No estamos dispuestos a perder nuestra fuente de trabajo. Vamos a defender la actividad hasta las últimas consecuencias”.
El presidente de la comisión, Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), consideró que el intercambio “es un avance” para evitar que la norma sea “inaplicable o inconstitucional”. “La información que hoy trajeron todas las plataformas y los trabajadores nos sirvió para construir una mejor regulación”, sostuvo. No obstante, la comisión aún no fijó la fecha para enviar el proyecto al recinto.
Uber concluyó que el cupo provocaría “menores oportunidades económicas, menos disponibilidad de viajes y mayores valores y tiempos de espera”, mientras que los sindicatos tradicionales convocaron a “21 días de lucha hasta el final” bajo el lema “Por el honor, la lealtad y el orgullo de ser taxistas y remiseros”. El debate continuará en las próximas sesiones.
El Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú recibirá un aporte regular de la Justicia Federal, con un primer desembolso que supera los 4 millones de pesos. La iniciativa surge de gestiones del intendente Mauricio Davico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y se enmarca en los mecanismos reparatorios previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
El jefe comunal y el juez federal Hernán Viri recorrieron la residencia junto al presidente de su comisión directiva, Gustavo Píccoli. También estuvieron el fiscal federal Pedro Rebollo; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión del Hogar.
Durante la visita, Viri explicó el origen de los fondos. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos, cuando no son graves, puede haber una resolución alternativa, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.
En el último año, gran parte de esos recursos se dirigieron al Hospital Centenario, por más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas.
La meta, dijo, es ampliar el alcance: “La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy, muy valioso, muy valorable. Tenemos que apoyarlos”.
Por su parte, el intendente Davico valoró la rapidez de la respuesta judicial a su pedido para el Hogar: “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, y remarcó el foco de su gestión: “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”.
Píccoli, por su parte, agradeció el acompañamiento del Municipio y de la Justicia. La recorrida incluyó sectores del edificio —casi centenario— donde se ejecutan mejoras con colaboración del Rotary Club y de otros actores sociales.
Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.
Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.
En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó.
Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.
Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025.
El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.
– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde
La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron.
Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”.
LA RESPUESTA DE ROMÁN
El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes.
“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”.
– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook
Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”.
También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas.
Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.
VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL
A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.
El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.
La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.
– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves
El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.
En Viamonte (Córdoba), un histórico hospital que estaba en ruinas volvió a funcionar gracias al trabajo conjunto del municipio, los vecinos y distintas entidades locales. La inauguración se realizó este miércoles.
El intendente del pequeño poblado, Facundo Manzoni, uno de los políticos más jóvenes de la provincia, lideró la reconstrucción y donó su sueldo para financiar las obras. Durante la ceremonia destacó que la reapertura del hospital garantizó acceso a la salud para los habitantes del interior y cuestionó la ausencia de autoridades provinciales: “Es lamentable que no haya venido ningún funcionario del gobierno, mientras que nuestro compromiso con la gente fue total”.
Según informó la gestión local, la obra demandó 298 millones de pesos, cifra que representó casi el 20% del presupuesto anual de la intendencia (1.500 millones de pesos). Pese a estar invitados con varias semanas de anticipación, no asistieron al acto funcionarios provinciales ni ninguno de los legisladores del departamento Unión, y el jefe municipal pronunció un discurso en el que resaltó la obra y criticó a la Provincia de Córdoba por no participar de la ceremonia.
En diálogo con medios locales, Manzoni recordó los inicios de su gestión y detalló el esquema de financiamiento:“debí instalar un hospital de campaña en la Casa de la Cultura ya que el existente se caía a pedazos. De inmediato pusimos manos a la obra para construir un nuevo centro de salud. Iniciamos una campaña de donaciones y obtuvimos 20 millones. La Provincia nos envió un FOCOM por 70 millones y el municipio aportó 210 millones. De esta forma reunimos el dinero y edificamos un nuevo hospital que es un orgullo para Viamonte”.
El nuevo establecimiento cuenta con 600 metros cuadrados, cuatro habitaciones de internación, guardia, vacunatorio y seis consultorios, incluyendo odontología, lo que lo convirtió en uno de los centros de salud mejor equipados de la región.
Al ser consultado por la ausencia de representantes provinciales, el intendente aseguró que “en el gobierno están enojados porque rechacé el ofrecimiento de integrar la lista de diputados nacionales. También lo hice con la Libertad Avanza. No apoyo a nadie. Sólo me preocupa trabajar por mi pueblo. Me molesta mucho que inventen cosas sobre mí, noticias falsas y hagan operaciones políticas. Viamonte pertenece a la Provincia de Córdoba y sus habitantes merecen el respeto de la Provincia”.
Manzoni es productor agropecuario y vive de esos ingresos. Trabaja gratis, ya que todos los meses dona su salario a una institución de bien público de la localidad. Todos los recibos de sueldos donados pueden encontrarse en su cuenta de Instagram, en la que detalla el monto y los organismos beneficiados. Sobre cuestionamientos a su trayectoria, el jefe comunal concluyó: “Me trataron de ñoqui porque trabajé 3 años en la Legislatura en el bloque del PRO antes de asumir como intendente. Todos los días cumplí con mis obligaciones como ahora lo hago en el municipio. Es muy triste lo que pasa ya que por castigarme a mí afectan a mi pueblo”.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
