Las trabas del Gobierno a las importaciones impiden producir a las empresas
Fiat se suma a la larga lista de firmas que tuvieron que suspender la actividad por falta de insumos provenientes del exterior.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
En medio del caos económico que ha generado el Gobierno del Frente de Todos, comandado en los papeles por Alberto Fernández, –pero dirigido en los hechos por Cristina Fernández de Kirchner– el esquema de trabas y restricciones que se aplica sobre las empresas impacta fuertemente e impide el desarrollo del sector productivo del país.
Por problemas con la importación de piezas que llegan del exterior para la fabricación de sus vehículos, Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba. Así, la empresa del Grupo Stellantis se suma a una larga lista de compañías que tiene que modificar sus esquemas de producción.
Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba
El primer turno de la planta cordobesa, donde la marca italiana fabrica el modelo Cronos, fue suspendido por completo este miércoles y el de la tarde estuvo casi por completo paralizado, apenas operativo con tareas específicas menores. Si bien la automotriz espera volver a la normalidad pronto, no tiene seguridad de que puedan resolver la situación en el corto plazo: depende de la llegada de piezas que llegaron al país, pero no fueron liberadas del puerto.
Días atrás, en medio del conflicto gremial que afectó a las fábricas locales de neumáticos, el presidente de Stellantis en el país (la empresa que engloba a Fiat, Jeep y Ram), Martín Zuppi, aseguró que la escasez era tal que estaban a 10 días de tener que parar la producción por completo.
El presidente del Grupo Stellantis, Martín Zuppi, se encargó de dar el informe acerca de lo ocurrido con Fiat en Córdoba
En declaraciones radiales, el ejecutivo automotriz se mostró “preocupado con lo que está pasando con los neumáticos y con todo lo que tiene que ver con el conflicto porque hay una cadena de valor completa que termina siendo afectada por este motivo”. Por esas horas, Ford tuvo que suspender dos turnos de su planta de Pacheco.
Las declaraciones del presidente de la empresa coincidieron con el anuncio de la fabricación del Cronos número 250 mil en su planta de Ferreyra. Se trata del modelo que la marca lanzó en el mercado local hace sólo 4 años y que, según la marca, es el vehículo más vendido del país, con una participación de 10,8 por ciento y 26 meses consecutivos como el auto líder del mercado con más de 109 mil unidades patentadas desde su lanzamiento en el país.
Fiat suspende su producción debido al impuesto a las importaciones
En febrero del 2022, el sedán cordobés obtuvo una participación de 15,2 por ciento del total del mercado, la mejor marca de un modelo de Fiat desde 1993. En el mercado brasileño, el más importante de la región, el vehículo fabricado en Córdoba se encuentra en el podio de su segmento con una participación de 15,9. Ahora, las líneas de producción están paradas.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Según un informe elaborado a partir de datos del INDEC, la tasa de informalidad pasó del 41.4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026. En ese segundo trimestre, el 45% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenía un empleo informal, y alrededor de 6.1 millones sobre 13.6 millones de ocupados.
El aumento interanual fue estadísticamente significativo, con una tasa que había sido 43.2% en el segundo trimestre de 2025. La informalidad laboral alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina y supera el 80% entre los cuentapropistas de varias ciudades del norte del país.
No obstante, el porcentaje superior al 80% no describe a todos los trabajadores del norte ni al norte en su conjunto. Se refiere exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia de determinados aglomerados urbanos. Por ejemplo, Formosa registró 87.9%; Gran Tucumán–Tafí Viejo, 87.6%; Santiago del Estero–La Banda, 87.5%; Gran Resistencia, 84%; y Gran San Juan, 83%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mismo indicador para cuentapropistas fue del 32.8%.
— La evolución de la tasa de informalidad laboral en Argentina (en porcentaje) basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), analizada en informes del IIEP UBA-CONICET y del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario
Entre los trabajadores asalariados, el índice se ubicó en el 37.9%, mientras que entre quienes trabajan por cuenta propia trepó al 65.8% en el mismo período. Hay otra coincidencia que puede confundir, ya que en el segundo trimestre de 2026, la tasa de empleo también fue 45%. Pero mide otra cosa, siendo qué proporción de la población total estaba ocupada. La tasa de informalidad, en cambio, indica qué proporción de quienes ya tenían trabajo lo hacía informalmente.
“Informal” no significa solamente cobrar en efectivo ni necesariamente realizar una actividad ilegal. Significa que el puesto o la actividad se desarrolla “en negro” y al margen de alguna de las normas laborales, tributarias o previsionales que deberían cubrirla.
La metodología para medir la informalidad laboral varía según la categoría ocupacional. En el caso de los asalariados, se considera que un trabajador es informal cuando su empleador no le realiza los descuentos correspondientes a la seguridad social, una situación que, en términos cotidianos, caracteriza al empleo no registrado.
Para los cuentapropistas y patrones, la informalidad se determina a partir del grado de formalización de su actividad. De acuerdo a la combinación de respuestas de la EPH, se los clasifica como informales cuando no están inscriptos para realizar aportes, no pueden emitir facturas o no llevan registros fiscales.
Por su parte, los trabajadores familiares que no perciben una remuneración fija son considerados informales en todos los casos.
Por eso, “cuentapropista” e “informal” no son sinónimos. Un profesional que factura y hace aportes es un cuentapropista formal, mientras que una persona que vive de changas, vende sin inscripción o presta servicios sin facturar puede ser cuentapropista informal. Del mismo modo, un asalariado puede tener horario y jefe, pero seguir siendo informal si la relación no está registrada.
¿Qué cambió desde 2023?
La comparación que ubica la informalidad en 41.4% a fines de 2023 y en 45% en 2026 equivale a una suba de 3.6 puntos porcentuales. No significa que haya aumentado en términos relativos, sino alrededor de 8.7% respecto del nivel inicial. La serie larga exige una aclaración. El INDEC comenzó a medir oficialmente la informalidad para todo el universo de ocupados desde el cuarto trimestre de 2024, cuando el Observatorio de la UNR reconstruyó hacia atrás una serie comparable para asalariados, cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares.
El deterioro reciente se explica sobre todo por el empleo independiente. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 hubo 348.000 trabajadores informales adicionales en los aglomerados relevados, unos 316.000 fueron cuentapropistas, 31.000 patrones y apenas unos 1.000 asalariados. Es decir, el aumento de la informalidad cuentapropista explicó el 91% del incremento interanual total.
Al mismo tiempo, cambió la composición del empleo. Entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, los asalariados bajaron de 73.7% a 70.5% de los ocupados, mientras los cuentapropistas subieron de 22.6% a 25.5%. Esto produce un efecto composición, donde aunque la informalidad asalariada se moviera poco, el promedio general aumenta si crece el peso de una categoría —el cuentapropismo— cuya informalidad es mucho mayor.
Esto no prueba que todo nuevo cuentapropista haya sido un asalariado formal despedido ni permite atribuir automáticamente el fenómeno a una sola política. La EPH muestra simultáneamente cuántos trabajadores hay en cada categoría, pero no basta por sí sola para reconstruir todos los recorridos individuales ni separar completamente causalidad macroeconómica, decisiones empresariales, regulaciones y estrategias familiares.
— La evolución de la formalidad laboral en Argentina (2017–2025/2026), dividida en dos series según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
No obstante, la brecha territorial no se reduce a una supuesta menor “cultura de cumplimiento”. Responde en gran parte a la heterogeneidad productiva, en que algunos territorios concentran empresas grandes, actividades de alta productividad, empleo público y servicios profesionales, puesto que otros dependen más de microunidades, comercio de baja escala, changas, construcción, servicio doméstico y autoempleo de subsistencia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica que existiría un mayor riesgo de informalidad en NOA y NEA, asociado con perfiles productivos, estructura empresarial, educación y características de los mercados laborales territoriales.
El tamaño de la unidad productiva es decisivo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad era de aproximadamente 68% en establecimientos de hasta cinco trabajadores, pero de 13% en los de más de 40. Además, más de tres cuartas partes del empleo informal se concentraba en los establecimientos más pequeños. Las economías regionales con muchas microempresas y pocos empleadores grandes tienen, por lo tanto, menos “puertas de entrada” al empleo registrado.
También opera el nivel educativo, aunque no como culpa individual sino como mecanismo de segmentación. En el primer trimestre de 2026, la informalidad alcanzaba 67.3% entre quienes tenían hasta secundario incompleto, 44.5% entre quienes tenían secundario completo o universidad incompleta y 17.2% entre universitarios completos. Cuando un territorio reúne menor oferta de empleos calificados, empresas pequeñas y actividades de baja productividad, esas desventajas tienden a reforzarse entre sí.
La desigualdad aparece incluso dentro de una misma área metropolitana. En el primer trimestre de 2026, la informalidad total fue 26% en CABA y 47.5% en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los cuentapropistas del conurbano llegó a 70.2%. Esto muestra que la explicación no es simplemente “capital versus interior”, sino una estructura económica y social fragmentada dentro de cada región.
Sectores más expuestos
El servicio doméstico registró 77.4% de informalidad y la construcción 76.2% en el primer trimestre de 2026. Detrás aparecían gastronomía y alojamiento, con 63.9%, y comercio con 54.7%.
Servicio doméstico y construcción también revelan una división de sexos. Entre personas con hasta secundario incompleto, alrededor de 34.1% de las mujeres trabajaba en casas particulares y aproximadamente 27% de los varones lo hacía en construcción. Si se excluyera el servicio doméstico, la informalidad femenina bajaría de 45.9% a 40.6%; si se excluyera la construcción, la masculina descendería de 42.8% a 36.7%.
Para un asalariado, la informalidad suele implicar ausencia o debilitamiento de aportes jubilatorios, cobertura de riesgos del trabajo, licencias pagas, aguinaldo, vacaciones, indemnización y capacidad efectiva para reclamar derechos. Para un independiente, puede significar no aportar, no facturar y quedar fuera de circuitos de crédito, contratos o cobertura previsional. No todas las personas informales pierden exactamente las mismas protecciones, pero comparten una inserción más expuesta a interrupciones e ingresos inestables.
La brecha no es solo jurídica. Controlando por educación, edad, sexo, región, rama, categoría ocupacional y tamaño del establecimiento, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) estimó para los asalariados informales una penalidad de ingresos cercana al 34% en el primer trimestre de 2026, frente a 100 unidades de ingreso de un formal comparable, un informal recibía aproximadamente 66.
La informalidad y la pobreza están estrechamente asociadas, aunque una no equivale automáticamente a la otra. En el primer trimestre de 2026, 21% del total de trabajadores vivía en hogares pobres; la proporción era 35% entre informales y 10% entre formales. A su vez, 8.2% de los informales vivía en hogares cuyos ingresos no llegaban a la mitad de la canasta básica total.
Los datos de aglomerados pequeños deben leerse con cautela porque provienen de muestras y poseen márgenes de error mayores. El INDEC señala que diferencias pequeñas pueden no ser estadísticamente significativas y publica coeficientes de variación e intervalos de confianza; por ello, un ordenamiento exacto entre ciudades no siempre implica que sus situaciones sean realmente distintas.
El 45% no indica simplemente que “faltan inspecciones”. Revela que casi la mitad del empleo urbano se genera en relaciones o unidades que no logran —o eligen no— cumplir plenamente las normas, dentro de una economía muy desigual en productividad, escala empresarial, educación y oportunidades territoriales. La fiscalización importa, pero por sí sola no crea empresas productivas ni puestos formales donde casi no existen.
Una estrategia integral requeriría combinar simplificación tributaria y registral para unidades pequeñas, incentivos bien diseñados para formalizar, inspección focalizada en relaciones asalariadas encubiertas, protección social que no desaparezca ante transiciones laborales, formación y certificación de competencias, acceso al crédito y políticas de desarrollo productivo territorial. Si solo se abarata la contratación sin modificar la estructura productiva, puede no aparecer suficiente empleo formal y por sí solo se sanciona sin ofrecer una vía viable de transición, parte de la actividad de subsistencia puede desaparecer o esconderse más.
Un grupo de suboficiales del Ejército Argentino presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei, recibida en la Casa Rosada el pasado 9 de octubre para reclamar representación en la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), antes el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
“Nunca nos contestó, nosotros insistimos e hicimos dos notas más, o sea, le mandamos tres notas, nunca nos contestó”, destacó el suboficial mayor Ramón Oscar Corradini ante la falta de respuesta del Estado, advirtiendo que recurrirán a la Justicia.
Los militares sostienen que constituyen una parte mayoritaria de los afiliados y que, pese a contribuir económicamente al funcionamiento de la institución, no cuentan con representación propia en su directorio.
La normativa actual reserva lugares por fuerza y para el personal civil, pero no garantiza una representación específica de los suboficiales, aunque tampoco les prohíbe integrar el directorio.
De acuerdo a lo trascendido, la carta solicita una audiencia con Milei para plantear la incorporación de suboficiales a la conducción y al control de gestión de la obra social. La misma está firmada por los suboficiales mayores Hugo O. Cattoni (magíster en psicogerontología) y Héctor V. Martínez (abogado y suboficial mayor retirado), que se presentan en nombre de un equipo con profesionales, veteranos de Malvinas y familiares.
El reclamo de los suboficiales busca garantizar su participación en la conducción del traspaso económico a la nueva obra social, supervisar el destino de los recursos y presentar propuestas para mejorar las prestaciones médicas destinadas a las familias militares.
Dentro de las Fuerzas Armadas existen dos categorías principales de personal militar, los oficiales y los suboficiales, con funciones y escalas jerárquicas diferentes. Los primeros integran la estructura de mando y ocupan grados como teniente, capitán, mayor, coronel o general, según la fuerza.
Por su parte, los suboficiales desempeñan tareas operativas, técnicas, logísticas y administrativas, además de asumir responsabilidades en la supervisión del personal. Pese a que ambos sectores cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de las instituciones militares, sus carreras profesionales y niveles de responsabilidad se organizan distintamente.
La iniciativa no se limita a exigir un lugar en el directorio, sino que también cuestiona el sistema de representación. Aunque los cargos se distribuyen entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la normativa no garantiza una representación específica para los suboficiales, quienes consideran necesario tener voz propia en las decisiones que afectan su cobertura de salud.
— En octubre de 2026, el Gobierno nacional disolvió el IOSFA y puso en marcha su liquidación oficial debido a una crisis financiera y una deuda acumulada de más de $210.000 millones
“No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación y la posibilidad de aportar nuestra experiencia al servicio de una institución que también sentimos propia”, expresaron los suboficiales.
El 68% de los afiliados
Corradini, en diálogo con el medio Realpolitik, sostuvo que los suboficiales constituyen entre el 65% y el 68% del padrón y utiliza esa proporción como argumento para reclamar lugares propios en el directorio, enumeran las notas presentadas en 2024 y 2025, durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Carlos Presti, que entonces conducía el Ejército, lo sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025.
“Somos el 68% del padrón, no puede ser que no tengamos un par de suboficiales dentro del directorio para que controlen nuestras cosas”, afirmó Corradini vía WhatsApp.
— El teniente general Carlos Alberto Presti, actual Ministro de Defensa de la Nación Argentina
Ese porcentaje debe tratarse como una afirmación de los reclamantes, no como una estadística oficial corroborada, ya que se requiere verificación mediante los registros de afiliación y precisar qué se está contando, como los titulares o todos los beneficiarios, personal activo o también retirados y el padrón del antiguo IOSFA o de la nueva OSFA. La distinción es relevante porque la reforma separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a Gendarmería y Prefectura.
“Los oficiales, por más amigos que alguno tenga, ellos no quieren que nosotros estemos en esto, porque como hay mucho dinero, nosotros no podemos estar según ellos”, expresó Corradini, al cuestionar la presunta resistencia de sectores de la oficialidad a incorporar suboficiales en la conducción de la obra social.
Pese a estos cuestionamientos, la presentación mantiene un tono institucional y reclama una mayor participación de los suboficiales en las decisiones administrativas. “Hemos realizado nuestros aportes y sostenido económicamente nuestra obra social, con la legítima expectativa de participar en las decisiones que hacen a su presente y a su futuro”, señalaron los firmantes.
— La transición de IOSFA a OSFA no puede llevar más de 365 días
El artículo 11 del Anexo I del DNU 88/2026 establece que OSFA sea administrada por un directorio de cinco integrantes titulares, cada uno con un suplente de los cuales dos son propuestos por el Ejército, uno por la Armada, otro por la Fuerza Aérea y el restante representa al personal civil. Todos son designados y pueden ser removidos por el ministro de Defensa.
Sin embargo, la normativa no garantiza un lugar específico para los suboficiales, aunque tampoco les impide formar parte de la conducción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
“Si el señor presidente no nos contesta, ya directamente estamos muy asesorados con este tema, vamos a ir a la Justicia, porque tenemos derechos, camaradas”, indicó Corradini.
En marzo, el Gobierno anunció una primera conformación integrada por los generales de brigada retirados Sergio Maldonado y Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Posteriormente, en mayo, el ministro Presti designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente del organismo, tras la renuncia de Maldonado. De esta manera, los representantes militares designados inicialmente pertenecían al cuerpo de oficiales, sin participación de suboficiales.
La crisis que agrava el reclamo
La disputa sobre representación ocurre sobre una crisis financiera documentada, no solamente sobre diferencias internas. Un acta del directorio de IOSFA correspondiente a enero de 2025 consignó una deuda acumulada de $113.000 millones al cierre de 2024 y registró explicaciones sobre disponibilidades y dificultades administrativas para su utilización.
Ese mismo documento mencionó $45.000 millones en una cuenta bancaria al cierre de 2024, por lo que no corresponde utilizar la cifra de deuda, aislada, como si describiera por sí sola toda la situación patrimonial o equivaliera automáticamente al déficit neto.
— El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, actual presidente de OSFA
En octubre de 2026, el Gobierno anunció un proceso de cancelación de una deuda superior a $200.000 millones, junto con pagos de reintegros y negociaciones para reconstruir la red de prestadores. El 1 de octubre, Defensa anunció que OSFA asumía plenamente la atención del personal militar y sus familias, y que comenzaba una recuperación progresiva de las prestaciones mediante pagos y nuevos acuerdos con prestadores. También informó un primer lote de más de 10.000 reintegros por más de $5.000 millones.
El compromiso se produjo después de que Gonzalo Secchi reemplazara a Ariel Guzmán al frente de la administración del IOSFA. El escrito que Guzmán entregó a su sucesor advertía sobre transferencias de recursos incompletas, dificultades financieras y problemas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. El informe también señalaba que Pablo Plaza, presidente de OSFA, había solicitado extender el convenio de atención con IOSFA debido a que la nueva obra social todavía no contaba con contratos vigentes debidamente aprobados para asegurar la cobertura de sus afiliados.
Otro elemento del conflicto es la infraestructura que pasa —o no— a la nueva entidad. La investigación citada informa comunicación oficial del 14 de octubre que ordenaba iniciar el cierre de 31 farmacias propias y tramitar la baja de sus habilitaciones, con el argumento de que OSFA no había solicitado su transferencia.
Un eventual planteo de fondo podría discutir si el diseño vigente satisface los derechos de participación y las garantías de igualdad que invoquen los interesados. El artículo 14 bis de la Constitución contempla la administración del seguro social por los interesados con participación estatal, siendo que el régimen de OSFA exige prestaciones no inferiores al Programa Médico Obligatorio y acceso igualitario a su programa asistencial.
La visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana a Sudamérica ha copado la agenda política y mediática de esta semana. Pero poco se mencionan las aparentes contradicciones entre quienes figuran como aportantes para su visita y los mensajes papales.
Entre las empresas que figuran como donantes en el sitio oficial de la visita de León XIV figuran: Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy, y varias más.
Ahora bien, la pregunta es si los empresarios detrás de estas marcas representan lo que el líder del Vaticano promulga en sus encíclicas.
Contra la concentración económica
En el documento papal llamado Dilexi te (Te he amado), que recientemente cumplió un año de su publicación, León XIV afirma textualmente: “Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”.
Es decir, cuestiona la concentración económica en detrimento de masas poblacionales.
Daniel Vila y José Luis Manzano son propietarios de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica: EDEMSA (Mendoza) y EDENOR (Buenos Aires).
Juntas concentran el 22,13% de este negocio en la Argentina. Es decir, cerca de 1 de cada 4 usuarios dependen de estos empresarios.
Hay un dato anecdótico sobre la ética empresarial en este caso. El 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza vía Zoom.
Esto era para autorizar un incremento en el costo del valor de distribución eléctrica (que es la parte de la factura que le corresponde netamente a EDEMSA en este caso).
El argumento principal llevado adelante por Andrés Carnevaleen representación de la empresa de Vila-Manzano era que había un atraso en el reconocimiento de los costos y mayor morosidad por el contexto de la pandemia.
Esto implicaba mayores “esfuerzos” de EDEMSA para sostener y hasta mejorar los servicios, por lo que se pedía autorizar el incremento.
El tema es que mientras se hablaba de la difícil situación que supuestamente atravesaba la distribuidora eléctrica, en Ciudad de Buenos Aires se estaba autorizando la compra de EDENOR por unos U$ 100 millones.
Luego de esa audiencia pública se autorizó el incremento en la factura.
Ternium Argentina es una de las empresas pertenecientes al grupo Techint de Paolo Rocca. Tiene una capacidad productiva de más de 3.159 millones de toneladas de acero según datos de la misma firma.
Según datos del INDEC, en 2025 se produjeron 4.024 millones de toneladas de acero crudo en el país.
Es decir, concentra el 78,5% del mercado nacional de este rubro.
Con respecto a Eduardo Eurnekian, es propietario de Corporación América, accionista mayoritario de Aeropuertos Argentina 2000.
Según documentación presentada en 2025 por la misma empresa, se asegura que esta maneja el 93,4% del tráfico aéreo comercial argentino.
En otras palabras, 9 de cada 10 pasajeros dependen de esta empresa para volar.
En 2020, Aeropuertos Argentina 2000 consiguió una prórroga de diez años de su concesión, hasta febrero de 2038.
Cabe mencionar que en 2025 la Auditoría General de la Nación publicó un documento en el que advertía que la prórroga de 2020 tenía algunas cláusulas de inversión que no contenían criterios objetivos para verificar su cumplimiento total o parcial.
Recomendó también mejorar los mecanismos de control sobre las obligaciones del concesionario.
Pero en septiembre de 2026 se firmó un nuevo acuerdo de readecuación contractual que contempla extender la concesión hasta febrero de 2056, sujeto a condiciones, entre ellas una inversión adicional de US$600 millones en Ezeiza.
La educación como herramienta dignificadora
En su carta “Dibujando nuevos mapas de esperanza”, el líder católico afirma: “…el Concilio Vaticano II articuló el derecho a la educación y sus principios fundacionales como universalmente válidos. Destacó las responsabilidades impuestas tanto a los padres como al Estado. Consideraba que la provisión de una educación que permita a los estudiantes “evaluar valores morales con la conciencia correcta” era un “derecho sagrado” y hacía un llamamiento a las autoridades civiles para que respetaran este derecho. También advertía contra subordinar la educación al mercado laboral y a la lógica a menudo dura e inhumana de las finanzas”.
Sin embargo, la familia Vila tiene un conflicto de 40 años con la Universidad Nacional de Cuyo.
En la década del 60’ Alfredo Vila (padre de Daniel) ocupó unas 32 hectáreas de terrenos ubicados en el piedemonte mendocino que formaban parte del polígono de tiro del Ejército Nacional.
Allí instaló una ripiera con la que comenzó a usufructuar con bienes estatales.
En 1980 el Estado nacional le cedió a la Casa de Altos Estudios 32 hectáreas de esos terrenos.
En 1986 se inició un conflicto legal contra Dalvian S.A., el barrio privado más antiguo y extenso de la Provincia, fundado por Vila (padre).
Tras fallos judiciales favorables para la familia empresarial, la UNCUYO llevó el caso ante la Corte Suprema, que en 2012 falló a favor de la universidad.
No obstante, lo dictado siguió sin ejecutarse.
En septiembre de 2017 el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que debían devolverse cinco hectáreas a la UNCUYO y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno” (Dalvian).
Sin embargo, a casi diez años de eso la universidad sigue sin poder hacer uso de los terrenos que le fueron usurpados.
En la encíclica antes mencionada de León XIV cita frases de Laudato. Si, la que escribió su antecesor argentino.
Allí dice: «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».
En 2020 la ONG mendocina Xumek (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistasacudieron a la justicia para frenar una explotación petrolera concedida a Grecoil y Cia, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Esta fue beneficiada por la resolución 355/19 de la Dirección de Protección Ambiental (en ese momento a cargo de Humberto Mingorance) que permitía usar el método fracking en el área denominada “La brea” en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza.
El argumento de los denunciantes fue que los funcionarios públicos intervinientes en ese momento “arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking… niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”, comunicó en ese entonces Xumec.
Entre los incumplimientos del Estado mendocino estaban la consulta pública, libre e informada a los pueblos originarios intervinientes, además de ignorar múltiples riesgos ambientales asociados a la actividad.
Ese mismo año salió a la luz que el gobierno de Alfredo Cornejo le había concedido el uso de agua de un arroyo para fracking a otra empresa de Vila-Manzano a través del Departamento General de Irrigación(cuando el titular de ese organismo había negado el uso de agua dulce para esa metodología extractiva).
Fue por medio de la resolución n° 004/18 que se le permitía a la Petrolera El Trébol (de la cual los citados empresarios son accionistas) a tomar 18 millones de litros del arroyo “El Alamito” pagando tan sólo dos centavos el litro de agua pura cordillerana.
Años antes, entre 2007 y 2008 otra empresa petrolera vinculada a Vila-Manzano estuvo bajo sospecha. Esto porque durante la gestión de Celso Jaque (PJ), el Gobierno de Mendoza adjudicó a Ketsal-Kilwer siete de once áreas petroleras.
La controversia radicó en que explícitamente el pliego decía que se podía otorgar un máximo de cinco áreas por empresa.
Independientemente de cómo los creyentes católicos interpreten la foto de León XIV con estos y otros empresarios, hay algo que los datos revelan: las operaciones comerciales de estos magnates estarían flojas de santidad.
*Por: Franco D’Amelio | Especial para Data24.com.ar
Lourdes Parache, la periodista tucumana que en marzo de 2024 denunció por violación a cuatro jugadores de Vélez, publicó en los últimas días un video de casi cinco minutos en TikTok en el que lloró porque ya no puede trabajar de lo que estudió. La Justicia sobreseyó en dos instancias a los futbolistas y estableció que aquella noche hubo sexo consentido. Ahora, ella eligió mostrarse ante la cámara como la damnificada de la historia.
“Este video no va a ser alegre, pero siento que es necesario ponerlo en palabras”, arrancó Parache. Hincha de Atlético Tucumán desde chica, contó que había cumplido el sueño de cubrir al club de sus amores y que hoy va a la cancha como una espectadora más: “me queda el sabor amargo a la salida (del partido) de decir ‘yo tendría que estar trabajando como periodista’. Estudié cuatro años Ciencias de la Comunicación, estoy capacitada”, reclamó, y atribuyó su presente a “una situación externa de la que no soy responsable”.
El lamento siguió por el mismo carril. Le pareció “muy injusto” que su sueño, su carrera y su vida hayan dado “un giro tan drástico”, admitió que no puede ser periodista “por razones obvias” y relató que cada vez que vuelve del estadio llega angustiada y necesita llorar. También mencionó, al pasar, que hace terapia y que salió de una depresión. Para el año próximo pidió dos cosas: “una gran oportunidad como periodista” y “que la gente frene el odio y el acoso para que eso sea posible”. Tras la catarata de críticas puso su cuenta en privado.
La situación externa tiene fecha y lugar. En la madrugada del 3 de marzo de 2024, después de un partido entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán, Parache fue a la habitación 407 del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, donde estaban Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. El 6 de marzo los denunció por una violación grupal. Vélez les rescindió los contratos y tres de ellos pasaron casi tres meses con prisión domiciliaria.
— Sosa, Florentín, Osorio y Cufré
El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro. El 9 de junio de 2026, la vocal Patricia Carugatti, del Tribunal de Impugnación, confirmó esa decisión y rechazó todos los planteos de los abogados de la denunciante.
Los propios mensajes de Parache derrumbaron la acusación. A la 1:35, ya dentro de la habitación, le escribió a una amiga: “Adivina donde estoy. Con los de Vélez, sola”. A las 6:18, recién salida del hotel, le mandó a Sosa un emoji de un ratoncito que entrega un corazón. Horas después les contó a sus amigas que había dormido con la chomba que le regaló un jugador porque “tenía su perfume”, y en audios describió la noche como “la adrenalina que necesitaba”.
La pericia psicológica oficial concluyó que el hecho fue “inicialmente consentido” y que ella lo resignificó más tarde como traumático, permeable a presiones externas.
— Captura del fallo: la pericia psicológica oficial concluyó que la denunciante resignificó como traumático un encuentro “inicialmente consentido” y que es susceptible a presiones externas
El fallo habló de una reinterpretación “fabricada ex post facto, inducida por terceros”, y citó otro chat de la joven: “En un momento dije que no me habían tocado… La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada”. Sobre Sosa, de quien repitió varias veces que dormía, escribió que le daba lástima pero que no lo iba a dejar afuera “porque es el que más plata tiene”.
— Captura del fallo: los chats de la denunciante con sus amigas, en los que admitió que una abogada la “hizo dar cuenta” de que había sido abusada, y la conclusión de la jueza sobre un relato “inducido por terceros”
Ante la jueza, el arquero contó que no hay cancha donde no le griten “violador” y definió lo vivido como “un daño irreversible y una pérdida de dos años y medio de vida”.
Para la administración colonial de las Islas Malvinas, el nombre del archipiélago constituye una ofensa suficiente para profanar la memoria de los caídos. Así lo confirmó al aire el periodista chileno Samuel Rojas durante una cobertura del ciclo Reportajes Teletrece en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Las cámaras captaron cómo las placas, ofrendas y recuerdos que dejan familiares y visitantes fueron retirados del cenotafio y lanzados fuera del perímetro como material de descarte.
Apostado junto al vallado blanco que rodea las tumbas, el cronista expuso sin rodeos la razón de semejante ultraje: “Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.
A espaldas de la cruz mayor, lejos de la solemnidad que exige un camposanto militar, las imágenes revelaron un basural improvisado entre los pastizales. Allí yacían placas de pueblos patagónicos, mensajes familiares, rosarios, cintas votivas y figuras religiosas. La saña quedó a la vista en un primer plano: una placa acrílica colocada poco antes por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la leyenda “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, apareció arrancada de su sitio y tirada en el barro, junto a listones rotos, pulseras elásticas y cerámicas partidas.
El informe dejó al descubierto además una intervención física sobre el predio. Una retroexcavadora amarilla operó con su brazo mecánico desplegado sobre el límite exacto del cementerio, en la parte posterior del cenotafio, y removió suelo a escasos metros de la cruz mayor, mientras un grupo de operarios trabajaba con palas en el terreno lindero. Esa franja de tierra limita de forma directa con el vertedero de los homenajes censurados.
La recorrida por Darwin formó parte de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago, en el marco de la controversia por una futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. Ante los mismos micrófonos, los isleños reclamaron que el Gobierno argentino abandone su reclamo de soberanía y defendieron la ocupación británica. Uno de los veteranos del Reino Unido apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien exigió dejar en paz el proyecto del buque chileno que abarataría el costo de las frutas y víveres llegados del continente: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.
La misma tranquilidad que pidieron para sí les fue negada a los muertos argentinos. El Cementerio de Darwin recibe con frecuencia a familiares, excombatientes y delegaciones que viajan miles de kilómetros para dejar flores, cartas, banderas y placas junto a las tumbas. Lo que las cámaras mostraron fue una decisión deliberada de la colonia que impide el luto y la memoria, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los mandatos de la Cruz Roja Internacional, que garantizan la integridad de los cementerios militares y de los recuerdos que acompañan a los caídos.
La imagen de “comunidad civilizada y respetuosa del derecho internacional” que Londres proyecta ante los foros multilaterales se derrumbó frente a una cámara extranjera.
La docena de facturas para acompañar el mate se transformó en un consumo de lujo. Según los datos más recientes que la industria panadera recopiló esta semana, la venta de pastelería, repostería y las clásicas facturas registró una baja interanual del 80%, mientras que la de pan retrocedió un 55% en los últimos dos años. El derrumbe, que respondió al aumento de los costos y a la pérdida de poder adquisitivo que modificó los hábitos de consumo, se tradujo en el cierre definitivo de unas 2.000 panaderías en todo el territorio nacional y en la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo directos en apenas 24 meses.
En los mostradores, la crisis tomó la forma de vitrinas cada vez más vacías y con menos variedad. Los comerciantes redujeron la producción para evitar pérdidas por mercadería que no se vende y que termina por echarse a perder.
Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de la localidad bonaerense de Avellaneda, describió el fenómeno ante la agencia Noticias Argentinas con cifras que cualquier cliente reconoce en el ticket: “La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano. La docena varía entre los $14.000 y los $20.000 y para el laburante eso es muy complejo. Entendemos que hay gente que cobra 25 lucas una changa, por lo que no puede pagar ese precio”.
El golpe también alcanzó a todo lo que tiene que ver con celebraciones. “La venta de masas finas, los sándwiches de miga y todo lo que suele ser para un evento o un festejo de cumpleaños se derrumbó”, explicó el dirigente, que graficó la magnitud de la caída con un ejemplo concreto: “Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos”.
Para Mora, “el pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas”. Aun así, aclaró que su comercialización disminuyó un 50% y que la demanda quedó reducida casi por completo a las variedades tradicionales, como el pan común y el pan flauta.
La contracción de la demanda cambió de raíz la forma de comprar de los clientes cotidianos, que abandonaron casi de manera definitiva el pedido por kilo o por docena. De acuerdo con los panaderos, las compras se volvieron fraccionadas, por montos fijos en pesos o por unidades contadas: la gente se acerca a pedir “dos pancitos” o “mil pesos de pan” para el consumo inmediato. Los jubilados, uno de los segmentos más fieles de la clientela, se ven cada vez menos por los locales, ya que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los alimentos básicos.
Del otro lado del mostrador, los costos se dispararon. “La caja de margarina pasó de $40.000 o $45.000 a superar los $120.000 y luego se estabilizó entre los $85.000 y $90.000; los huevos pasaron de un rango de $35.000 a $72.000 el cajón, y la bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000”, detalló Mora, quien sumó otros dos gastos a la cuenta: “A eso se le suman las tarifas de energía y el alquiler, por eso estamos más que complicados”.
La asfixia financiera de las panaderías respondió a una pinza económica: menos clientes por un lado y costos fijos en alza por el otro. Las facturas de energía eléctrica promedian los $800.000 mensuales, montos impagables para comercios de estructura familiar, que se vieron obligados a ingresar en planes de refinanciación de deudas y a acumular saldos pendientes en las tarjetas de crédito. A eso se agregó un encarecimiento constante del 30% en insumos esenciales como la harina, la grasa y la levadura, aumentos que los comerciantes no pudieron trasladar por completo al precio final para no ahuyentar a los pocos compradores que quedan.
Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos explicaron que el sector ya trabaja directamente a pérdida, con márgenes de rentabilidad nulos, con tal de mantener las persianas abiertas. Los cierres golpearon a un rubro reconocido por ser una fuente de empleo barrial.
Frente a este panorama, los panaderos apelaron a estrategias de emergencia. Un relevamiento de Noticias Argentinas en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires detectó que varios comercios venden las facturas del día anterior a mitad de precio para evitar que la mercadería termine en la basura. La medida apunta a recuperar al menos el costo de la materia prima y a ofrecer una alternativa más económica a los clientes de menores recursos. En paralelo, los locales redujeron de manera drástica las horneadas diarias, y algunos optaron por reconvertirse o anexar servicios, como la venta de café al paso, para aprovechar el tránsito de trabajadores de la zona y sumar ingresos mínimos.
La Secretaría General de la Presidencia figura entre los organismos que contrataron a OCP Tech, compañía vinculada al empresario relacionado con Santiago Caputo. Recibió adjudicaciones de distintas dependencias nacionales por casi 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos.
El sector perdió más de 16.000 puestos de trabajo en dos años. Con la bolsa de harina al doble de precio y boletas de luz que promedian los $800.000 mensuales, los panaderos admitieron que ya trabajan a pérdida para no bajar la persiana.
En tres temporadas, la Provincia más que triplicó el pago a los cazadores. Para controlar a la especie, exigirá contar, medir y registrar el sexo de cada pieza.
📖 IL DIARIO PERSONALE DI PAPA FRANCESCO.
Dal 24 novembre le pagine personali di Jorge Mario Bergoglio diventano un libro, presentato e commentato dal card. Víctor Manuel Fernández.
🌍 Un’uscita mondiale in 94 Paesi e 5 lingue: italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese. https://t.co/vptymfgmIc
