Las trabas del Gobierno a las importaciones impiden producir a las empresas
Fiat se suma a la larga lista de firmas que tuvieron que suspender la actividad por falta de insumos provenientes del exterior.
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En medio del caos económico que ha generado el Gobierno del Frente de Todos, comandado en los papeles por Alberto Fernández, –pero dirigido en los hechos por Cristina Fernández de Kirchner– el esquema de trabas y restricciones que se aplica sobre las empresas impacta fuertemente e impide el desarrollo del sector productivo del país.
Por problemas con la importación de piezas que llegan del exterior para la fabricación de sus vehículos, Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba. Así, la empresa del Grupo Stellantis se suma a una larga lista de compañías que tiene que modificar sus esquemas de producción.
Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba
El primer turno de la planta cordobesa, donde la marca italiana fabrica el modelo Cronos, fue suspendido por completo este miércoles y el de la tarde estuvo casi por completo paralizado, apenas operativo con tareas específicas menores. Si bien la automotriz espera volver a la normalidad pronto, no tiene seguridad de que puedan resolver la situación en el corto plazo: depende de la llegada de piezas que llegaron al país, pero no fueron liberadas del puerto.
Días atrás, en medio del conflicto gremial que afectó a las fábricas locales de neumáticos, el presidente de Stellantis en el país (la empresa que engloba a Fiat, Jeep y Ram), Martín Zuppi, aseguró que la escasez era tal que estaban a 10 días de tener que parar la producción por completo.
El presidente del Grupo Stellantis, Martín Zuppi, se encargó de dar el informe acerca de lo ocurrido con Fiat en Córdoba
En declaraciones radiales, el ejecutivo automotriz se mostró “preocupado con lo que está pasando con los neumáticos y con todo lo que tiene que ver con el conflicto porque hay una cadena de valor completa que termina siendo afectada por este motivo”. Por esas horas, Ford tuvo que suspender dos turnos de su planta de Pacheco.
Las declaraciones del presidente de la empresa coincidieron con el anuncio de la fabricación del Cronos número 250 mil en su planta de Ferreyra. Se trata del modelo que la marca lanzó en el mercado local hace sólo 4 años y que, según la marca, es el vehículo más vendido del país, con una participación de 10,8 por ciento y 26 meses consecutivos como el auto líder del mercado con más de 109 mil unidades patentadas desde su lanzamiento en el país.
Fiat suspende su producción debido al impuesto a las importaciones
En febrero del 2022, el sedán cordobés obtuvo una participación de 15,2 por ciento del total del mercado, la mejor marca de un modelo de Fiat desde 1993. En el mercado brasileño, el más importante de la región, el vehículo fabricado en Córdoba se encuentra en el podio de su segmento con una participación de 15,9. Ahora, las líneas de producción están paradas.
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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció el pasado jueves la mayor inversión privada de la historia provincial: la construcción de una planta de industrialización de fibra de pino de alta calidad en el Parque Industrial de Ituzaingó, a cargo de ARPULP S.A., una empresa con accionistas de larga trayectoria en la provincia.
La iniciativa demandará un desembolso de USD 2.000 millones y generará 13.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, con una capacidad de producción proyectada de 800.000 toneladas anuales y una facturación estimada de 900 millones de dólares por año.
“Dimos un primer paso muy importante para el desarrollo de nuestra querida provincia”, celebró Valdés tras reunirse con AlejandraAranda, CEO de mencionada empresa.
– Juan Pablo Valdez, gobernador de Corrientes, y Alejandra Aranda, CEO de Arpulp
La futura planta será la “más grande del planeta” en producción de fibra larga de pino y la más moderna en su categoría, con tecnología de ingeniería sueco-finlandesa. Se enfocará en la elaboración de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, insumo crítico para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos para la incontinencia, con aplicaciones también en el sector médico y en el desarrollo de telas no tejidas.
Actualmente gran parte de este insumo se importa del exterior, por lo que el proyecto permitirá sustituir esas compras, “agregar valor a la materia prima local y mejorar la balanza comercial mediante el ingreso de divisas genuinas”, informaron.
El impacto de una inversión que sacude al sector forestal
El Consejo Forestal Industrial Argentino (Confiar) celebró el anuncio y lo definió como “uno de los hitos más relevantes para la foresto-industria argentina en las últimas décadas”. La entidad, que representa a un sector con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales (el 80% concentradas en la Mesopotamia), subrayó el valor estratégico del proyecto.
“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, declararon desde la entidad.
Confiar también ponderó el efecto multiplicador de la inversión sobre toda la cadena foresto-industrial, que actualmente genera empleo formal para 100.000 personas y exporta aproximadamente USD 550 millones anuales. Según proyecciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal mundial se incrementará en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.
Para Valdés, el anuncio es resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Esto es posible porque generamos las condiciones para que el sector privado confíe, garantizando seguridad jurídica e infraestructura estratégica mediante nuestros 18 parques industriales y los puertos de Corrientes e Ituzaingó”, enfatizó el gobernador.
A su vez, señaló que “esta es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.
La radicación en el Parque Industrial de Ituzaingó responde a una planificación de largo plazo que busca aprovechar la infraestructura logística de la provincia, incluida la cercanía con puertos estratégicos.
El cronograma del proyecto tiene metas definidas para los próximos años. Alejandra Aranda precisó que “durante 2026, la prioridad será realizar un estudio ambiental profundo, alineado con los estándares de calidad y seguridad mundiales para esta categoría”. En ese mismo período, se completará también la factibilidad técnica del proyecto. En paralelo, el fondo de inversión Pegasus dará inicio a la búsqueda de financiamiento estratégico de gran escala.
“En esa hoja de ruta, para 2027 estaremos concentrados en la ingeniería básica y de detalle”, agregó la CEO de ARPULP S.A.
Fernando Correa, responsable de la tecnología industrial del proyecto y con amplia trayectoria internacional en la industria forestal, estimó que “si todas las exigencias financieras logran avanzar en término, entre 2028 y 2030 estaremos dedicados a la construcción de la planta modelo, para comenzar a operar a pleno hacia finales de 2030”.
La interpelación al ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, terminó este miércoles en un papelón político dentro de la Legislatura chaqueña, cuando diputados de la oposición peronista abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la misma sesión especial que habían impulsado para cuestionarlo.
La jornada se desarrolló en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentó para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), pero la exposición quedó trunca cuando la propia oposición dejó caer la sesión.
Desde el oficialismo remarcaron que el funcionario asistió en tiempo y forma y que se mostró dispuesto a responder todos los planteos. “Venía respondiendo todo y dio precisiones técnicas sobre cada uno de los puntos planteados, pero la oposición decidió no quedarse para continuar”.
El episodio más tenso se produjo cuando el diputado opositor Santiago Pérez Pons se acercó hasta el lugar donde se encontraba el ministro y le dejó sobre la mesa un cartel con la consigna: “Devuelvan el Fondo Estímulo”. La escena escaló rápidamente cuando el legislador oficialista Iván Gyoker se levantó de su banca, tomó el cartel y lo arrojó al piso, en medio de gritos cruzados dentro del recinto, en una postal del desorden que dominó la sesión.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la sesión. Durante su exposición, Dudik buscó explicar el funcionamiento del FEP, su composición y los motivos de la readecuación impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizó una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudación del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
Según indicó, hasta diciembre el fondo alcanzó cerca de $1.000 millones mensuales y permitió que algunos trabajadores percibieran ingresos totales superiores a $2,5 millones, entre salario y adicional. También explicó que el FEP se distribuyó entre unos 570 empleados y afirmó que, tras advertencias de Hacienda, se detectaron irregularidades en su financiamiento. Señaló que se utilizaban conceptos que no corresponden, como los Fondos de Bosques, que calificó como intangibles, y aportes del convenio de corresponsabilidad gremial que se transfieren a Nación.
Dudik sostuvo que tomó decisiones en base a dictámenes de organismos de contralor del Poder Ejecutivo. “Yo tomé decisiones en base a dictámenes de los organismos de contralor del Poder Ejecutivo, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Hay un informe contundente de la Contaduría donde me indicaban la necesidad de readecuar los conceptos para calcular el fondo”, afirmó.
El funcionario alcanzó a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesión se frustrara. Luego cuestionó con dureza a la oposición por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma línea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisión de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chaco”.
Desde el bloque oficialista apuntaron directamente contra Pérez Pons, a quien responsabilizaron por la fallida convocatoria. “Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”. Además, cuestionaron la contradicción del bloque opositor: “Piden informes, reclaman transparencia y después no van a trabajar. Le mienten al vecino de la provincia”.
Cuando la sesión ya se encaminaba al colapso, reapareció la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, que reclamó a la oposición que volviera a ocupar sus bancas para sostener el número. “¿Dónde están los 16? Siéntense los 16 y van a tener quórum conmigo. Ustedes pidieron la interpelación”.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una Cámara dividida en partes iguales, la interpelación se dio por finalizada en medio del desorden.
El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
El gobierno del presidente Javier Milei puso bajo revisión un total de 44 inmuebles distribuidos en todo el país que estaban bajo la órbita del anteriormente conocido como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), hoy Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Un documento oficial fechado el 19 de marzo de 2026 —elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo— propone anular transferencias en curso, retirar estas propiedades del balance contable del instituto y redefinir su titularidad. La medida está a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti y genera una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El dictamen fechado el 19 de marzo de 2026 responde, en los hechos, a una pregunta que hasta ahora no había sido contestada. En el marco de la aplicación del DNU 88/2026, el texto plantea una serie de medidas técnicas que, en la práctica, abren el camino para una eventual venta de esos 44 inmuebles. Entre ellas figura la anulación de las transferencias en curso que habían dispuesto el traspaso de esas propiedades al IOSFA, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que retome la jurisdicción sobre los bienes, su exclusión del patrimonio neto del IOSFA/OSFA y el archivo definitivo de los expedientes administrativos vinculados a esos activos.
El memorándum detalla la gestión de inmuebles asignados y en transferencia al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), incluyendo propuestas para la anulación de asignaciones y la solicitud de nuevos trámites. Se menciona la necesidad de cumplir con normativas específicas y se presenta una lista de 44 inmuebles a considerar para reasignación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el listado incluye la sede central del IOSFA, el edificio San José, la Policlínica General Omar Actis, la Farmacia Pedro Mallo, el Hotel Ushuaia y el Archivo e imprenta de Trelles. En la provincia de Buenos Aires aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, junto con el Hotel Cóndor, el Hotel Metropol, las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata y Tandil, y los centros recreativos de San Clemente y Zárate.
En Córdoba figuran el Hotel Social de La Falda, el Hotel Villa General Belgrano, la Residencia Cosquín y la Colonia Miraflores. En Santa Fe se incluyen las farmacias de Rosario y Santa Fe, además de las delegaciones de ambas ciudades. La nómina también alcanza a la delegación de Corrientes y a inmuebles ubicados en Salta y Tierra del Fuego.
Muchos de estos bienes —como los hoteles en Mar del Plata o la residencia en Cosquín— pertenecían originalmente a las propias fuerzas y fueron transferidos al IOSFA en décadas pasadas, por lo que su posible venta genera un doble agravio. Primero se pierde la obra social, y luego se pierde el patrimonio construido a lo largo de décadas.
Esta situación no ocurre de la nada. El Gobierno Nacional tiene en marcha un plan integral de venta de activos públicos que incluye tanto inmuebles militares como empresas estatales. El Decreto 950/2024 ya había habilitado a la AABE para vender o transferir un listado de 309 inmuebles nacionales declarados “innecesarios”, y en 2025 ya se concretaron algunas ventas, como el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero por USD$34 millones.
En paralelo, el gobierno evalúa crear un fondo específico con el 10% de lo recaudado por privatizaciones y ventas de bienes públicos para financiar la recompra de armamento y el reequipamiento militar. El Ejecutivo calcula que podría reunir entre USD$1.500 y USD$3.000 millones con ese mecanismo. En teoría, esto permitiría “compensar” la pérdida de patrimonio histórico con nueva capacidad de combate.
“Quieren pagar la deuda rematando el Estado”
La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de enojo y desconfianza. Un militar en actividad consultado por el medio La Política Online fue contundente: “Toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”.
El mismo informante señaló lo llamativo de la situación: “algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda… esos eran hoteles de las fuerzas que después pasaron al IOSFA”.
El malestar se agrava por otros flancos. El ministro Presti, siendo él mismo un militar, tomó la decisión de poner al Ejército a conducir la nueva obra social OSFA, lo que generó enojo en la Fuerza Aérea. Además, cuando el Ministerio de Economía se negó a aportar fondos para cubrir las deudas del IOSFA, el gobierno recurrió a las partidas operativas de las propias Fuerzas Armadas, financiando la crisis de salud a costa del presupuesto de defensa.
El IOSFA fue creado en 2013 mediante el Decreto 637/13 para unificar las coberturas médico-asistenciales del personal de las Fuerzas Armadas y de determinadas fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Era la tercera obra social más grande del país, con cerca de 600.000 afiliados.
La institución colapsó financieramente a lo largo de 2024 y 2025. Según una auditoría interna, la deuda pasó de aproximadamente $70.000 millones en marzo de 2024 a $173.000 millones al cierre de ese año.
De acuerdo con los expedientes, la obra social recibió un superávit de $25.000 millones cuando el exministro de Defensa de la Nación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Luis Petri asumió. Sin embargo, ese colchón fue consumido rápidamente. Bajo la conducción de Oscar Sagaz (primer hombre de Petri en el organismo), se tomó un préstamo de $14.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que nunca fue devuelto. Luego se pidió un segundo préstamo de $42.000 millones, supuestamente para equipamiento médico, pero utilizado para pagar deudas con proveedores, lo que agravó aún más el déficit. A cargo de su administración la deuda creció hasta superar los $200.000 millones.
La causa principal fue la falta de pago de aportes y contribuciones patronales por parte del Estado Nacional —es decir, el propio gobierno no cumplía con lo que le correspondía pagar como empleador—, lo que generó una brecha crítica entre los ingresos del instituto y el costo real de las prestaciones médicas. El déficit mensual llegó a los $15.000 millones. Para octubre de 2025, por primera vez en su historia, el IOSFA tuvo que pedir un “salvataje” de emergencia al Ministerio de Defensa para pagar deudas con droguerías proveedoras de medicamentos.
Las consecuencias para los afiliados fueron gravísimas, entre ellas el recorte sistemático de prestaciones, falta de medicamentos oncológicos, hospitales sin cobertura en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte.
Previamente, en febrero de 2026, se dictó el DNU 88/2026, mediante el cual dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto también estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
El decreto argumentó que la separación permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada situación. Sin embargo, el decreto no especificó ningún mecanismo concreto para saldar la deuda heredada, ni un cronograma de transición, ni un sistema de control externo independiente.
Las dos contrataciones cuestionadas
El 18 de marzo de 2026, el administrador designado del IOSFA, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa “por especialidad” por $108 millones para el mantenimiento del “sistema asistencial” durante seis meses, con opción a prórroga.
La empresa adjudicada fue Tekhne SA, presentada como única oferente. La firma es presidida por Rodolfo Héctor Montonati y dirigida por Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati. No se trata de un vínculo nuevo, ya que los registros del propio IOSFA muestran que Tekhne SA ya había sido la única ofertante en una contratación directa por especialidad para el “mantenimiento y actualización del Sistema SIA” en 2023, lo que indica una relación comercial reiterada bajo la misma modalidad.
La modalidad de “contratación directa por especialidad” es un mecanismo excepcional del régimen de compras públicas que permite adjudicar sin competencia abierta cuando se justifica que solo una empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias. Lo que no cierra es que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025, mientras el organismo ya estaba en camino a su liquidación.
Apenas días antes, el 2 de marzo de 2026, el gerente general Sergio Maldonado había autorizado, mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, una licitación privada por $86.578.259,04 para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP).
El objetivo formal era diseñar el modelo de cobertura médica del IOSFA. Sin embargo, el propio gobierno ya había decidido disolver el organismo semanas antes. En los fundamentos del pliego, el IOSFA admite que no cuenta internamente con el equipo técnico necesario para esa tarea.
Estas decisiones contrastan con la lógica que suele esperarse en un proceso de disolución. En teoría, una institución en liquidación debería concentrarse en reducir compromisos y gastos corrientes, auditar la situación heredada y ordenar el cierre de manera transparente y controlada.
La continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos que eluden la competencia abierta alimentan sospechas de un posible “vaciamiento de último momento” antes del cierre definitivo del organismo.
El hecho de que el llamado para la contratación de Tekhne SA se remonte a diciembre de 2025 —antes del decreto de disolución— no elimina la incógnita sobre si era necesario formalizar este contrato una vez conocida la decisión de liquidar el organismo.
No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.
La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.
Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.
Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.
La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.
En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.
Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.
Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.
“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.
Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.
Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.
La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
La Justicia homologó en reserva un convenio con el empresario británico y cerró la demanda estatal que buscaba anular la venta de tierras en una zona estratégica de frontera.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
