Las trabas del Gobierno a las importaciones impiden producir a las empresas
Fiat se suma a la larga lista de firmas que tuvieron que suspender la actividad por falta de insumos provenientes del exterior.
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En medio del caos económico que ha generado el Gobierno del Frente de Todos, comandado en los papeles por Alberto Fernández, –pero dirigido en los hechos por Cristina Fernández de Kirchner– el esquema de trabas y restricciones que se aplica sobre las empresas impacta fuertemente e impide el desarrollo del sector productivo del país.
Por problemas con la importación de piezas que llegan del exterior para la fabricación de sus vehículos, Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba. Así, la empresa del Grupo Stellantis se suma a una larga lista de compañías que tiene que modificar sus esquemas de producción.
Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba
El primer turno de la planta cordobesa, donde la marca italiana fabrica el modelo Cronos, fue suspendido por completo este miércoles y el de la tarde estuvo casi por completo paralizado, apenas operativo con tareas específicas menores. Si bien la automotriz espera volver a la normalidad pronto, no tiene seguridad de que puedan resolver la situación en el corto plazo: depende de la llegada de piezas que llegaron al país, pero no fueron liberadas del puerto.
Días atrás, en medio del conflicto gremial que afectó a las fábricas locales de neumáticos, el presidente de Stellantis en el país (la empresa que engloba a Fiat, Jeep y Ram), Martín Zuppi, aseguró que la escasez era tal que estaban a 10 días de tener que parar la producción por completo.
El presidente del Grupo Stellantis, Martín Zuppi, se encargó de dar el informe acerca de lo ocurrido con Fiat en Córdoba
En declaraciones radiales, el ejecutivo automotriz se mostró “preocupado con lo que está pasando con los neumáticos y con todo lo que tiene que ver con el conflicto porque hay una cadena de valor completa que termina siendo afectada por este motivo”. Por esas horas, Ford tuvo que suspender dos turnos de su planta de Pacheco.
Las declaraciones del presidente de la empresa coincidieron con el anuncio de la fabricación del Cronos número 250 mil en su planta de Ferreyra. Se trata del modelo que la marca lanzó en el mercado local hace sólo 4 años y que, según la marca, es el vehículo más vendido del país, con una participación de 10,8 por ciento y 26 meses consecutivos como el auto líder del mercado con más de 109 mil unidades patentadas desde su lanzamiento en el país.
Fiat suspende su producción debido al impuesto a las importaciones
En febrero del 2022, el sedán cordobés obtuvo una participación de 15,2 por ciento del total del mercado, la mejor marca de un modelo de Fiat desde 1993. En el mercado brasileño, el más importante de la región, el vehículo fabricado en Córdoba se encuentra en el podio de su segmento con una participación de 15,9. Ahora, las líneas de producción están paradas.
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La industria argentina paga más impuestos que la de cualquier otro país del mundo, al menos entre las empresas que cumplen con el fisco. Así lo concluye un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) que comparó ocho tributos en treinta economías y dejó al país en el primer puesto del ranking de carga sobre el sector formal, con una presión del 56%.
La distinción metodológica es central. Si se mide la presión fiscal tradicional (lo que el Estado recauda en relación al Producto Bruto Interno) Argentina aparece recién en el puesto 12 entre los treinta países analizados. El salto al primer lugar aparece cuando se descuenta la economía informal y se calcula cuánto soportan únicamente las empresas que operan dentro del sistema. Para eso, el estudio ajustó el PBI de cada país según el peso del empleo fuera del circuito formal, con datos de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado deja expuesto que en un país con alta informalidad la carga se concentra sobre menos hombros.
Ese 56% marca un aumento de seis puntos porcentuales frente al informe anterior de la entidad, de 2023, calculado con la misma metodología. La suba se produjo pese a que el Gobierno avanzó en la baja de algunos tributos, entre ellos las retenciones.
El relevamiento comparó a los países del G20 y de Sudamérica, más España, Países Bajos y Suiza, un conjunto que representa el 81% del PBI mundial. Y midió ocho impuestos: Ganancias de Sociedades, IVA, débitos y créditos, impuesto al patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos.
En cinco de esos ocho tributos Argentina quedó primera. Lidera el impuesto al cheque, donde apenas cuatro países lo aplican y el argentino es el más gravoso. Encabeza el impuesto al patrimonio, porque es el único que grava sobre base bruta, sin descontar deudas, y con un mínimo no imponible bajo. Está al tope en Ingresos Brutos y tasas municipales, un combo que la entidad describe como el más distorsivo del sistema por el efecto cascada sobre toda la cadena de producción. Y encabeza el impuesto de sellos, por la amplitud de contratos alcanzados. A esa lista se sumó este año una novedad: los derechos de exportación, que solo mantienen Argentina y Rusia, con una alícuota local del 8,68% frente al 3,9% ruso.
En los tres tributos restantes el país tampoco queda lejos. En Ganancias de Sociedades es el segundo, con una carga efectiva del 39,5% que combina la alícuota del 35% con el 7% sobre dividendos. Solo lo supera Colombia, tras la reforma de 2022. En IVA figura cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia, aunque la UIA aclara que el problema no es tanto la alícuota del 21% como los saldos a favor que las empresas no logran recuperar y que les inmovilizan capital de trabajo.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, la central fabril reclamó un pacto fiscal federal industrial para “nivelar la cancha”. Entre las propuestas figuran una alícuota única del 25% para Ganancias, la devolución automática de saldos de IVA, la eliminación progresiva del impuesto al cheque, una reducción de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a cero y la eliminación de las retenciones para las manufacturas y los alimentos elaborados. La entidad también pidió un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por treinta años, con el RIGI como modelo.
El informe llegó en un momento delicado para el sector: la producción industrial permanece un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron cerca de 70.000 puestos de trabajo desde mediados de 2023. La UIA reconoce que el Gobierno mostró intención de bajar la carga, pero calcula que el proceso recién se completaría hacia fines de 2027 y principios de 2028.
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
El Gobierno Nacional congeló el mecanismo de actualización del subsidio para la tarifa social del transporte, por lo que el descuento del 55% dejará de ajustarse automáticamente ante futuros aumentos del boleto. La medida trasladará parte del costo a los usuarios beneficiarios y a los municipios que decidan sostener el nivel de subsidio con recursos propios. Desde el sector del transporte advierten que la decisión podría reducir la cantidad de pasajeros y afectar la calidad del servicio.
El presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte (firmada por el secretario Mariano Plencovich, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo). Esta norma modifica justamente cómo se calcula el subsidio conocido como Tarifa Social Federal, que le permite a ciertos grupos viajar en colectivo o tren con subsidio en el boleto.
A partir de julio, eso cambia. El descuento ya no se calcula sobre el precio actual del boleto, sino sobre una llamada “tarifa de referencia” fijada a los valores del próximo 30 de junio de 2026. Esa referencia no se actualizará sola, siendo que solo cambiará cuando la propia Secretaría de Transporte decida expresamente hacerlo. El artículo 2 de la resolución lo dice explícitamente, al afirmar que el valor “mantendrá su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”.
El oficialismo sostiene que el descuento del 55% sigue siendo el mismo, que no cambia el universo de beneficiarios (más de 5.5 millones de personas en todo el país) y que la medida solo busca dar “previsibilidad” al gasto del Tesoro. Los propios considerados en la resolución argumentan que la actualización automática hacía “imprevisible” el gasto nacional, ya que provincias y municipios podían aumentar sus tarifas libremente y eso generaba un gasto adicional que Nación no había decidido.
Pero el sector del transporte y los críticos señalan el verdadero mecanismo, puesto que el subsidio se congela en pesos, mientras las tarifas siguen subiendo. Es exactamente el mismo mecanismo que se usó con el bono a jubilados de $70.000, que lleva más de dos años sin actualizarse y que fue licuado por la inflación. La diferencia entre el “55% del boleto real” y el “55% del valor de junio” crecerá cada vez que haya un aumento tarifario, y esa diferencia la absorberán o los usuarios o los municipios.
La Tarifa Social Federal cubre a más de 5.5 millones de personas en todo el país que tienen su tarjeta SUBE nominalizada. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo (AUH), estudiantes del programa Progresar, personal de casas particulares registrado, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), y quienes perciben Pensiones No Contributivas, Seguro por Desempleo y otros programas sociales.
Son, en su mayoría, los sectores con menor capacidad de absorber aumentos en el costo de vida. Por eso el impacto potencial de esta medida es especialmente sensible.
El cálculo es simple pero potente. Supongamos que el boleto en una ciudad del interior cuesta hoy $1.000 y el beneficiario de tarifa social paga $450 (el 45% restante luego del descuento estatal). Si en agosto el gobernador decide llevar el boleto a $1.300, el cambio en el esquema de subsidios dejará en evidencia el impacto sobre los usuarios. Con el sistema anterior, el Estado continuaba cubriendo el 55% del valor actualizado del pasaje, equivalente a $715, mientras que el pasajero abonaba $585. En cambio, con el nuevo mecanismo, la asistencia oficial se mantiene congelada sobre el valor de junio y alcanza los $550, aun cuando el boleto real asciende a $1.300. De ese modo, el usuario pasa a pagar $750 y el descuento efectivo se reduce del 55% al 42.3%.
El efecto dominó: quién paga la diferencia
La resolución abre un triángulo de presiones sobre municipios, provincias, usuarios y empresas del transporte. Si las jurisdicciones locales quieren sostener para los beneficiarios de tarifa social un valor de bolsillo similar al actual o, al menos, razonable, deberán cubrir con recursos propios la diferencia que antes aportaba Nación. Así lo advirtió el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, al señalar que, “a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios”. Sin embargo, varias provincias ya anticiparon que no están en condiciones de absorber ese costo. En Mendoza, el subsecretario de Transporte, Luis Borrego aclaró al medio LVDiez que el impacto “no sería inmediato”, pero dejó en claro que la provincia “no puede hacerse cargo del subsidio nacional.”
— El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego
La otra alternativa es que el ajuste recaiga sobre el resto de los usuarios. Si municipios y provincias no compensan la pérdida, el esquema se traslada al cuadro general de tarifas, con aumentos más altos de los previstos para quienes no acceden al beneficio social.
“Lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional será abonado por el resto de los usuarios”, subrayó un empresario del interior bonaerense, debido a que para compensar, los próximos aumentos del boleto general tendrán que ser más altos de lo que hubieran sido.
La tercera consecuencia posible es una caída en la calidad del servicio. Si ni el sector público ni los usuarios logran cubrir la brecha, las empresas advierten que se resentirá el índice pasajero-kilómetro, o sea, la cantidad de pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido. Cuando ese indicador cae, también se reduce la recaudación y las prestatarias tienden a ajustar frecuencias. Ese escenario ya se vio en abril de 2026, cuando la circulación de colectivos en el AMBA llegó a caer hasta 40% por el aumento del gasoil y el desfasaje en los subsidios, con largas filas y unidades colmadas.
Esta medida no aparece de manera inesperada, sino que forma parte de una estrategia que la administración de Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión. En febrero de 2024 eliminó el Fondo Compensador del Interior, que hasta entonces transfería recursos a las empresas de transporte fuera del AMBA, por un monto mensual que en ese momento ascendía a $11.500 millones. Luego, en septiembre de ese mismo año, dispuso el traspaso de 31 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción porteña, con el consecuente retiro del subsidio nacional. Ya en 2025, la Justicia Federal habilitó a municipios y provincias a sumarse a una demanda colectiva para reclamar la restitución del Fondo Compensador. La decisión más reciente, adoptada en julio de 2026, fue el congelamiento del cálculo de la Tarifa Social Federal.
La lógica del gobierno es consistente. Reducir el gasto del Tesoro en subsidios al transporte y trasladar la responsabilidad a las jurisdicciones locales, bajo el argumento de que son ellas quienes deciden subir las tarifas y que el Estado nacional no puede financiar decisiones que no controla.
Lo más relevante de la Resolución 40/2026 es su diseño técnico. A diferencia de una quita de subsidio explícita (que generaría una reacción política inmediata), esta norma mantiene el número del 55% en el papel, pero cambia la base sobre la que se calcula. El efecto es el mismo —menos dinero real aportado por la Nación— pero el mecanismo es más gradual y menos visible políticamente.
Con inflación —aún moderada— y con aumentos tarifarios que siguen produciéndose, el valor real del subsidio congelado en pesos se irá erosionando mes a mes sin necesidad de ninguna decisión adicional. El Estado no tiene que anunciar nada, simplemente no actualiza la referencia y el subsidio se licúa solo. Es el mismo principio que convirtió al bono de $70.000 para jubilados en algo cada vez más insignificante sin haberlo eliminado formalmente.
Una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, realizada sobre 1.400 casos (margen con 95% de confianza), preguntó a los argentinos si había que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros.
El resultado fue contundente, con un 77% respondiendo que sí hay que limitarla, un 16.7% dijo estar en desacuerdo con esas restricciones, y un 6.3% no tenía una posición definida sobre el tema. Es decir, prácticamente ocho de cada diez argentinos rechazan la idea de “extranjerizar” la tierra, más allá de las diferencias ideológicas que suelen dividir a la opinión pública en otros temas.
Este dato es relevante porque se conoció justo antes de la votación clave en el Senado, y funciona como una señal política que la oposición y las organizaciones sociales usan para presionar a los legisladores indecisos.
La encuesta se enmarca en el debate por la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un proyecto que el Gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso en marzo de 2026, como parte del paquete de reformas anunciado en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
No se trata de una ley exclusivamente sobre tierras, sino de una iniciativa que reúne varios capítulos. En materia de expropiaciones, establece criterios más estrictos para definir la “utilidad pública” y garantiza una indemnización plena al expropiado, calculada sobre la base de la valuación previa al anuncio de la medida.
En cuanto a los desalojos, incorpora un mecanismo sumarísimo para expulsar usurpadores, aunque, tras la negociación con la oposición dialoguista, se resolvió ampliar a diez días los plazos para los inquilinos en mora, dejando la entrega inmediata solo para los casos de usurpación. Además, modifica la Ley de Manejo del Fuego y deroga artículos de la norma sancionada en 2020, durante el impulso de Máximo Kirchner, que prohibía por 60 años la venta de bosques nativos, humedales y áreas protegidas afectadas por incendios. El capítulo más polémico, sin embargo, es el referido a la Ley de Tierras Rurales, que introduce cambios sobre la ley 26.737, vigente desde 2011.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fijó una serie de restricciones a la propiedad extranjera sobre tierras rurales que hoy están en el centro del debate. La norma estableció un límite del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, dispuso que una misma nacionalidad no pudiera concentrar más del 30% de ese porcentaje, impidió que un mismo titular extranjero adquiriera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones— y prohibió la compra de inmuebles que contengan o sean lindantes con cuerpos de agua permanentes, una disposición que cobró notoriedad por el caso de Lago Escondido, propiedad del empresario británico Joseph Lewis.
El proyecto de Milei, redactado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, buscaba eliminar directamente esos topes porcentuales para las adquisiciones privadas y reemplazarlos por un sistema de autorizaciones administrativas y avales provinciales. Según cálculos oficiales, esto podría triplicar la superficie en manos extranjeras, que hoy asciende a 13.2 millones de hectáreas, concentradas principalmente en ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España.
Entre los puntos más sensibles que señalan especialistas y organizaciones ambientales está la posible derogación del artículo que prohíbe comprar tierras ribereñas de lagos y ríos permanentes, lo que habilitaría, por ejemplo, la venta de lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, zonas de cordillera con minerales críticos y acuíferos que abastecen a millones de personas. También se modificaría el régimen de tierras en zonas de frontera, algo que genera preocupación por posibles efectos sobre el contrabando y el narcotráfico si se habilita la extranjerización de áreas limítrofes.
Quién gana y quién se opone
Entre los interesados en la eliminación del límite del 15%, se encuentran el Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes. Del otro lado, el rechazo social es amplio: se movilizan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bajo la consigna "por la tierra y el agua", la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT, con el lema "nuestro suelo es soberanía, no mercancía"), organizaciones campesinas e indígenas, sectores eclesiásticos y ambientalistas, y referentes de la oposición como la diputada peronista Cecilia Moreau, quien llamó a "salir a las calles" el 6 de agosto.
Curiosamente, incluso la Sociedad Rural —tradicionalmente alineada con el Gobierno— apoya mantener ciertas restricciones, lo que muestra que el rechazo no es solo de sectores kirchneristas o progresistas, sino que atraviesa a actores del propio universo agropecuario.
— Cecilia Moreau
El proyecto tuvo un trámite accidentado desde el comienzo. En mayo de 2026 obtuvo dictamen en comisiones tras varias modificaciones, donde se eliminó por completo el capítulo que afectaba el programa de regularización de tierras en villas (RENABAP), a pedido de la Iglesia Católica, y se moderó el mecanismo de desalojo sumarísimo.
Pese a esos cambios, el oficialismo intentó llevarlo al recinto en julio y fracasó cuatro veces consecutivas por falta de quórum o de votos suficientes, lo que llevó a Milei a calificar a los opositores como "enemigos del progreso”.
Tras ese cuarto fracaso, la senadora nacional y jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, junto a Sturzenegger negociaron una nueva versión (el dictamen número 15) que introduce cambios para intentar destrabar la votación. La medida deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera —salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo— y elimina el artículo de "silencio administrativo" que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.
— Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger
El Senado tiene previsto retomar el debate y votar el proyecto el jueves 6 de agosto de 2026. Bullrich aseguró que el bloque oficialista ya cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo de gobernadores dialoguistas, pero la incertidumbre persiste, especialmente por la postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras.
Para ese mismo día, organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición —agrupadas bajo consignas como "por la tierra y el agua" y "Argentina no se vende"— convocaron a una movilización frente al Congreso, con el hashtag #lasoberanianosenegocia. La semana previa ya se realizaron talleres, radios abiertas y banderazos preparatorios. La apuesta de estos sectores es que la presión, sumada al fuerte rechazo social que muestra la encuesta de Zuban Córdoba, termine de inclinar a los senadores todavía indecisos.
Cinco corredores estratégicos que conectan el Área Metropolitana, zonas productivas bonaerenses y destinos del interior pasaron a gestión privada. La concesionaria Corresur asumió la operación de una red de 1.325 kilómetros que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
El cambio responde a la Red Federal de Concesiones Viales impulsada por el Gobierno nacional para modificar el esquema de operación y mantenimiento. El modelo elimina los subsidios estatales para la gestión cotidiana y obliga a las empresas a asumir el riesgo operativo bajo estándares de seguridad y servicio.
Uno de los cambios con mayor impacto para los usuarios será la modernización del sistema de cobro de peajes. Desde el inicio de la concesión, las estaciones de peaje dejarán de aceptar pagos en efectivo de forma definitiva y funcionarán sólo mediante medios electrónicos y automáticos.
La primera etapa del plan abarcará las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los conductores deberán abonar obligatoriamente a través de TelePASE, tarjetas de crédito o débito, con tecnología contactless (sin contacto) o mediante códigos QR vinculados a billeteras virtuales habilitadas.
Cabina de Telepase + pago electrónico (tarjetas, celulares con NFC, etc.).
Inversión y tarifas bajo la lupa
La empresa privada avanzará con un plan de recuperación vial que incluye tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización y reemplazo de elementos de seguridad. Las obras prioritarias comenzarán en sectores de las rutas 205, 226 y 3, con intervenciones previstas inicialmente sobre 431 kilómetros de la traza, sumado a trabajos de mantenimiento en iluminación, semaforización, alcantarillas y puentes.
El Estado nacional continuará fijando las tarifas de los peajes mediante una actualización trimestral basada en los datos de la inflación. En las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, el último ajuste elevó la tarifa para automóviles de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura a $1.300 en horario normal y $1.500 en hora pico, un costo que impactará sobre una red estratégica que conecta el Área Metropolitana con zonas industriales, centros logísticos y destinos turísticos provinciales.
El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
El proyecto del Gobierno reemplazaría el límite del 15% por un sistema de autorizaciones y podría triplicar los 13 millones de hectáreas que ya controlan extranjeros. El Senado lo vota el 6 de agosto.
La comisión creada para ordenar la liquidación de la anterior obra social fracasó y quedó sin salida técnica. El conflicto quedaría en definirse por medio del propio Javier Milei.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
