Las trabas del Gobierno a las importaciones impiden producir a las empresas
Fiat se suma a la larga lista de firmas que tuvieron que suspender la actividad por falta de insumos provenientes del exterior.
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En medio del caos económico que ha generado el Gobierno del Frente de Todos, comandado en los papeles por Alberto Fernández, –pero dirigido en los hechos por Cristina Fernández de Kirchner– el esquema de trabas y restricciones que se aplica sobre las empresas impacta fuertemente e impide el desarrollo del sector productivo del país.
Por problemas con la importación de piezas que llegan del exterior para la fabricación de sus vehículos, Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba. Así, la empresa del Grupo Stellantis se suma a una larga lista de compañías que tiene que modificar sus esquemas de producción.
Fiat tuvo que suspender la producción de su fábrica de Córdoba
El primer turno de la planta cordobesa, donde la marca italiana fabrica el modelo Cronos, fue suspendido por completo este miércoles y el de la tarde estuvo casi por completo paralizado, apenas operativo con tareas específicas menores. Si bien la automotriz espera volver a la normalidad pronto, no tiene seguridad de que puedan resolver la situación en el corto plazo: depende de la llegada de piezas que llegaron al país, pero no fueron liberadas del puerto.
Días atrás, en medio del conflicto gremial que afectó a las fábricas locales de neumáticos, el presidente de Stellantis en el país (la empresa que engloba a Fiat, Jeep y Ram), Martín Zuppi, aseguró que la escasez era tal que estaban a 10 días de tener que parar la producción por completo.
El presidente del Grupo Stellantis, Martín Zuppi, se encargó de dar el informe acerca de lo ocurrido con Fiat en Córdoba
En declaraciones radiales, el ejecutivo automotriz se mostró “preocupado con lo que está pasando con los neumáticos y con todo lo que tiene que ver con el conflicto porque hay una cadena de valor completa que termina siendo afectada por este motivo”. Por esas horas, Ford tuvo que suspender dos turnos de su planta de Pacheco.
Las declaraciones del presidente de la empresa coincidieron con el anuncio de la fabricación del Cronos número 250 mil en su planta de Ferreyra. Se trata del modelo que la marca lanzó en el mercado local hace sólo 4 años y que, según la marca, es el vehículo más vendido del país, con una participación de 10,8 por ciento y 26 meses consecutivos como el auto líder del mercado con más de 109 mil unidades patentadas desde su lanzamiento en el país.
Fiat suspende su producción debido al impuesto a las importaciones
En febrero del 2022, el sedán cordobés obtuvo una participación de 15,2 por ciento del total del mercado, la mejor marca de un modelo de Fiat desde 1993. En el mercado brasileño, el más importante de la región, el vehículo fabricado en Córdoba se encuentra en el podio de su segmento con una participación de 15,9. Ahora, las líneas de producción están paradas.
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La controversia por el destino de las reservas de oro que el Banco Central trasladó al exterior en 2024 sumó un nuevo capítulo después de que la senadora Juliana Di Tullio acusara al presidente de la entidad, Santiago Bausili, de haber mentido ante el Senado sobre la ubicación real de los lingotes.
“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con el medio Infobae. “Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres”, vinculando la forma en que el Gobierno presentó la información con el reciente endurecimiento del discurso oficial alrededor de la cuestión Malvinas.
Tras casi dos años de mantener bajo reserva los detalles de la operación, Bausili aseguró ante la Cámara alta que unas 13 toneladas de oro fueron trasladadas y depositadas en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), cuya sede se encuentra en Basilea, Suiza. El funcionario sostuvo además que los movimientos estaban documentados y que la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos había tenido acceso a la información correspondiente.
Sin embargo, la AGN aclaró posteriormente que todavía no concluyó el análisis específico sobre la trazabilidad de las reservas. El organismo confirmó haber recibido documentación del Banco Central, pero señaló que el proceso de auditoría continúa en curso, por lo que actualmente no puede certificar de manera definitiva el recorrido, la localización física y las condiciones bajo las cuales fueron colocados los lingotes.
Di Tullio sostuvo que el oro no se encuentra físicamente en Basilea, sino en Londres, bajo custodia del Bank of England, aunque eventualmente pueda estar depositado o contabilizado mediante una operación vinculada al BIS. Para la senadora, Bausili presentó ante el Congreso una respuesta que confundió la institución depositaria con el lugar donde estarían materialmente almacenadas las barras.
Una cosa es determinar qué institución administra o registra financieramente el activo y otra establecer dónde se encuentran físicamente los lingotes. Precisamente, la trazabilidad completa de esas reservas es uno de los puntos que la auditoría todavía debe esclarecer. “A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”, aseveró Manuel Olmos en una nota referida a Di Tullio.
— Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos
Durante su exposición, Bausili defendió la decisión de trasladar parte del oro al exterior y argumentó que mantener determinados lingotes inmovilizados en las bóvedas del Banco Central reducía su utilidad financiera. Para explicarlo recurrió a la comparación con los dólares denominados “cara chica”, para así “convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta”.
Según planteó, el activo conserva su valor, pero determinadas características pueden dificultar su utilización en operaciones internacionales. El traslado habría permitido convertir las barras en activos de mayor aceptación y aprovechar mejores condiciones en el mercado internacional.
Di Tullio y el senador Martín Soria subrayan que la documentación disponible ubica físicamente el oro en Inglaterra y acusan al titular del Central de haber dado una respuesta falsa o incompleta. La senadora anticipó que buscará ampliar la denuncia penal contra Bausili y promover una nueva citación para que explique ante la Cámara alta dónde están los lingotes y bajo qué modalidad se encuentran depositados.
“Acorralamos a Bausili y se largó a hablar, y creo que de más. Contradijo, mintió a todos”, remarcó Soria a Radio 10. El diputado sumó que “hasta ahora, la AGN no pudo auditar los envíos de oro al exterior”.
— Carta oficial de la AGN firmada por Manuel Olmos, y dirigida a la senadora nacional Di Tullio el 10 de septiembre de 2026
En junio, julio y agosto de 2024 se habrían realizado cuatro transferencias de 250 lingotes cada una, correspondido el 18 de junio, 2 de julio, 31 de julio y 13 de agosto. Esa reconstrucción aparece en actuaciones conocidas de la AGN y totaliza 1.000 barras, asociadas públicamente con algo más de 13 toneladas.
“Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili”, aseguró Di Tullio. agregando que sería una presentación penal realizada hace aproximadamente dos años, complementaria con la nueva documentación de la AGN.
El 2 de septiembre de 2024, el BCRA reconoció oficialmente que había completado “transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, pero no identificó el destino, la cantidad ni condiciones de la operación. Sostuvo que el rebalanceo no modificaba el volumen total de las reservas de oro —entonces valuadas en aproximadamente USD$4.981 millones— y justificó la reserva informativa por razones de seguridad.
— Pedido de formal dirigido a la AGN por parte de la senadora Di Tullio sobre los balances del Banco Central y la trazabilidad de las reservas de oro
Esa declaración fue importante porque confirmó que hubo movimientos, pero no resolvió las preguntas centrales, como qué barras salieron, hacia dónde, bajo qué contrato, en qué cuenta quedaron, qué operación financiera se realizó, cuánto costó y qué rendimiento o beneficio obtuvo el BCRA.
“La de 2024 es solamente sobre los balances del Banco Central. No tiene nada que ver con el oro”, indicó Di Tullio, y añadió que “por eso me mintió. Nos mintió”.
La afirmación de Bausili
En su exposición del 9 de septiembre de 2026, realizada durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Bausili sostuvo que el oro trasladado fue depositado en el BIS y “en Suiza, donde sigue estando”. También aseguró que los movimientos estaban documentados y registrados, y que las auditorías de 2023, 2024 y 2025 habían terminado sin observaciones.
Su explicación económica fue que el BCRA aprovechó una coyuntura favorable para transformar lingotes viejos o de calidad más difícil de certificar en barras de mayor calidad y liquidez, con un costo de aceptación menor al habitual. El BIS efectivamente ofrece a bancos centrales servicios relacionados con oro, como compra y venta, depósitos, swaps, refinación, mejora de calidad y cambio de localización.
La Auditoría General de la Nación mantiene distintos grados de avance sobre la documentación vinculada al Banco Central y al traslado de las reservas de oro. Los estados contables generales correspondientes a 2023 y 2024 ya fueron aprobados mediante resoluciones del organismo, mientras que los estados de 2025 continúan bajo análisis y todavía no fueron tratados por el Colegio de Auditores.
No obstante, la aprobación de los balances de 2023 y 2024 no permite acreditar por sí sola el recorrido físico y contractual de cada lingote. Este procedimiento demuestra que los estados contables, considerados en su conjunto, recibieron el tratamiento correspondiente, pero no equivale a una certificación específica sobre el destino de las reservas trasladadas al exterior.
La auditoría especial destinada a reconstruir la trazabilidad del oro todavía no concluyó. Por ese motivo, la AGN no se encuentra aún en condiciones de certificar de manera definitiva el destino físico de los lingotes, la cadena de custodia ni las operaciones realizadas con esas reservas.
La situación también contradice la interpretación de que la Auditoría ya habría cerrado el análisis del ejercicio correspondiente sin formular observaciones. Mientras la revisión específica permanezca abierta, no puede sostenerse que el organismo haya confirmado integralmente dónde se encuentra el oro ni cuál fue su recorrido desde que salió de las bóvedas del Banco Central.
La AGN informó que el BCRA habría completado la entrega de la información requerida, pero aclaró que el material sigue siendo inspeccionado debido a una demora en facilitar el acceso.
“Cuando el Banco Central expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes a operar en contra; le hace más difícil y costoso al Banco Central, entonces se resguarda cierta información para que no le operen en contra, se publica con rezago por los controles”, consideró Bausili. siendo que era “optimó aprovechar esa ventana de oportunidad”.
El Banco de Inglaterra declara que custodia oro de otros bancos centrales en cuentas asignadas. El cliente conserva el título sobre barras específicas. También incluye que, cuando se negocia oro entre clientes de sus bóvedas londinense, normalmente no se mueve físicamente la barra, solo cambia el titular en el registro, ya que su custodia permite a los bancos centrales argentinos acceder a la liquidez del mercado londinense.
En diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA responder pedidos de acceso a la información o justificar punto por punto por qué cada dato solicitado implicaría un riesgo. La decisión rechazó que una invocación genérica de seguridad bastara para reservar todo el expediente.
La historia del Barrio Amarillo de Lobos toma relevancia, tras el tratamiento de un proyecto de treinta viviendas sociales cuyo financiamiento comenzó en 2017 y que, nueve años más tarde, sigue sin alcanzar su objetivo de entregar las casas terminadas.Durante la presentación, el secretario de Gobierno municipal, Pablo Hasper, manifestó que el objetivo era alcanzar un ritmo de “cien viviendas por año”.
En abril de 2017 se anunció un convenio por $22.861.383 entre el Instituto de la Vivienda bonaerense (entonces conducido por Evert Van Tooren) y la Municipalidad de Lobos. En septiembre de ese año el municipio llamó formalmente a licitación y dejó asentado que existían fondos para la obra.
En marzo de 2018, la propia Municipalidad de Lobos presentó públicamente el proyecto de unas treinta viviendas industrializadas de unos 56 m², sobre terrenos de aproximadamente 300 m², ubicadas en Empalme, entre los barrios PROCREAR y Blanco, tendría dos dormitorios, cocina, baño y estar. El municipio informó entonces una contratación por $21.7 millones y estimó comenzar el movimiento de suelos en abril de 2018.
Esta historia no terminó allí. Hubo modificaciones de obra, ampliaciones financieras, una nueva estructura de financiamiento, licitaciones que no consiguieron contratista y, finalmente, una adjudicación municipal de febrero de 2025 a DAC Diseño y Construcciones SRL por $1.401.960.260. El decreto oficial establece expresamente que DAC fue el único oferente y que el objeto seguía siendo la “terminación de viviendas”.
La investigación publicada por el medio de RealPolitik sostuvo que fotografías incorporadas el 22 de mayo de 2026 al expediente administrativo municipal 30.887/26 mostraban las viviendas todavía inconclusas, con estructuras de hormigón y mampostería y sin condiciones de habitabilidad.
La distinción más importante es que hay evidencia sólida de una obra extraordinariamente demorada y de graves interrogantes de transparencia. Todavía no habría una prueba pública que permita afirmar como hecho consumado que se desviaron o malversaron los $1.401 millones. El reclamo actual busca precisamente conseguir los documentos que permitirían determinarlo, respondiendo qué sucedió con los recursos asignados durante las distintas etapas.
El convenio original y la primera adjudicación corresponden a la exgobernación de María Eugenia Vidal, con el actual gobernador Axel Kicillof asumiendo la gestión en diciembre de 2019 y su administración intervino después mediante una reactivación por $210 millones actualizables por UVI —Unidades de Vivienda—. En el plano municipal, Jorge Etcheverry gobierna Lobos desde 2015, por lo cual su administración atraviesa toda la secuencia local.
En 2018 la contratación ya estaba prácticamente encaminada, pero poco después comenzaron las modificaciones. El Decreto 343/18 señala que el Instituto de la Vivienda había exigido nuevos requerimientos y que se necesitaban “modificaciones y adaptaciones” sobre las construcciones que ya estaban en ejecución. Ese decreto contiene, a su vez, una diferencia de $500.000.
En octubre de 2018 apareció otra adecuación. El Decreto 721/18 registra una adenda al convenio original y amplía el financiamiento en $8.720.291,13, aplicando mecanismos de adecuación previstos por el Instituto de la Vivienda. Es decir que, ya en los primeros años el precio inicial había dejado de ser un monto suficiente para el financiamiento.
Luego el proyecto volvió a trabarse. La documentación recopilada en la investigación muestra que en 2019 empezó a hablarse de la “terminación de veintiuna viviendas”. Los documentos públicos posteriormente vuelven a utilizar treinta y, en 2023, la licitación municipal describía las veintiuna como una “Etapa I de un total de 30 viviendas”. De todo ello, solo se llegó a concluir simplemente nueve casas.
Los antecedentes financieros tratados
Para 2023 la propia política local reconocía que la obra estaba paralizada. En febrero de ese año, la agrupación Primero Lobos decía públicamente que se estaba gestionando un nuevo convenio de renegociación con la Provincia para poder reactivarla.
Y efectivamente llegó esa renegociación. La Ordenanza municipal 3159/2023 convalidó un convenio entre el Instituto de la Vivienda y Lobos. Lo fundamental es que el nuevo acuerdo “deja sin efecto el monto de financiamiento” del convenio anterior y establece $210.308.326,32, equivalentes a 1.302.299,38 UVI, utilizando como fecha de referencia el 30 de noviembre de 2022.
Parte de estos actos son adecuaciones o renegociaciones de financiamiento anterior, y el convenio de 2023 expresamente sustituye un monto precedente. Para calcular el dinero efectivamente transferido habría que reconstruir anticipos, certificados de obra, descuentos por trabajos anteriores, órdenes de pago y saldos.
En agosto de 2023 el municipio volvió a llamar a licitación, esta vez por la terminación de veintiuna casas como primera etapa del total de treinta. La investigación indica que ese procedimiento terminó desierto y que un segundo llamado realizado ese mismo año tampoco tuvo oferentes.
Aquí hay una pequeña corrección respecto de una de las versiones que circula. Los dos llamados desiertos que se identifica corresponden a 2023. En agosto de 2024 hubo otra licitación —ya nuevamente por las treinta viviendas—, pero esa operación siguió otro camino y fue posteriormente anulada porque las ofertas superaban el presupuesto oficial, de acuerdo a la reconstrucción documental. El Decreto 1078/2024 confirma al menos el llamado municipal.
— Jorge Etcheverry junto a Axel Kicillof
Finalmente, en enero y febrero de 2025 se abrió otro procedimiento. Esta vez apareció un solo oferente, que es DAC Diseño y Construcciones SRL. El 13 de febrero el intendente Jorge Etcheverry firmó el Decreto 287/2025, adjudicando la terminación de las treinta viviendas por $1.401.960.260.
Y ahí está el núcleo del escándalo, siendo que después de casi ocho años de historia administrativa, el Estado volvió a contratar la terminación de las mismas treinta casas con una cifra de más de $1.400 millones; quince meses después, lo revelado se incorpora al reclamo de mayo de 2026, donde se las seguía mostrando inconclusas.
A primera vista, pasar de $22.86 millones en 2017 a $1.401,96 millones en 2025 parece una multiplicación gigantesca. Nominalmente, el monto de 2025 es aproximadamente 61.3 veces el anunciado originalmente. Pero en una economía como la argentina, comparar directamente pesos nominales separados por ocho años puede producir una conclusión muy engañosa. Los propios expedientes comenzaron a expresar el financiamiento en UVI, precisamente para que el valor contractual pudiera actualizarse.
El 22 de mayo de 2026, vecinas iniciaron el expediente administrativo municipal 30.887/26, solicitando información sobre el Barrio Amarillo, el financiamiento y la política habitacional, donde se sumaron decenas de ciudadanos patrocinadas por las abogadas Mariana Cosso y Leticia Lardiès. y, ante la falta de respuesta, se presentó un pronto despacho el 23 de julio.
El tema también llegó al Concejo Deliberante, difundida por la Asociación Civil Multisectorial Lobos, caratulada como el Expediente 84/2026 y reclama explicaciones sobre el estado de las viviendas, los fondos y la documentación administrativa, ante una posible malversación de fondos como hipótesis de la obra desde 2016.
La responsabilidad recaería tanto a la administración municipal de Jorge Etcheverry como al Instituto de la Vivienda, encabezado por Diego Menéndez y Hernán Ralinqueo; al ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis; y, en última instancia a Kicillof.
El significado de los montos y las verdaderas prioridades de Kicillof
La primera adjudicación de 2018 tuvo tres postulantes y recayó en Consinarq por $21.7 millones. En cambio, DAC fue el único oferente de la licitación de 2025 y recibió la adjudicación por $1.401.960.260. La Ley Orgánica municipal bonaerense establece que la autoridad no está obligada a aceptar ninguna propuesta y que el intendente y el presidente del Concejo, cada uno en su esfera, deciden las adjudicaciones.
RealPolitik señala expresamente que no se conoce públicamente cuánto fue efectivamente transferido, qué certificados se pagaron ni cuál es el avance físico-financiero reconocido.
Incluso el Decreto 287/2025 exige una lectura cuidadosa. Su artículo primero utiliza la expresión “adjudíquese y páguese”, seguida de los $1.401.960.260. Pero un decreto de adjudicación no es equivalente a un extracto bancario que pruebe que toda esa suma salió de las cuentas públicas de una sola vez.
Mientras la desocupación crece en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof gasta hasta más de tres millones de dólares para modernizar un avión ejecutivo en las puertas de la campaña política. Se trata del avión Cessna 550 Citation II, matrícula LV-WEJ, número de serie 550-0724, que está sin volar en el aeródromo de La Plata desde hace aproximadamente una década.
— El avión ejecutivo Cessna 550 Citation II con la matrícula argentina LV-WEJ, pertenece a la Dirección de Aeronáutica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La contratación, que ya fue adjudicada a una alianza privada transitoria entre una empresa de Tandil y otra de San Fernando mediante una licitación pública a la que accedió Clarín, es para dar “servicios especializados, repuestos, puesta en valor y cursos de capacitación” para el jet. La firma elegida, “Redimec SA- Cielos SA”, cobrará USD$3.358.001. Conforme el dictamen de la comisión de preadjudicación, esta unión transitoria de empresas fue elegida por plantear “la oferta de menor valor y ajustarse técnicamente a lo solicitado en base a lo informado por el Departamento de Ingeniería y Técnica Aeronáutica y la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO)”.
El contrato tramitó a través de la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad. Lo impulsó la DPAO, a cargo de Ángel Pedretti, un expiloto del Ejército designado allí por Sergio Berni. El pliego de la licitación no incluyó módulo sanitario (la infraestructura donde se trasladan camillas o incubadoras) ni menciones sobre una función de esta índole para la nueva etapa de este avión.
Fabricado en 1993, el Cessna 550 Citation II fue incorporado a la flota bonaerense en 1994. La provincia lo compró nuevo y con módulo sanitario. De hecho, en el gobierno de Eduardo Duhalde llegó a hacer vuelos con pacientes , pero rápidamente su destino pasó a ser ejecutivo: traslado de funcionarios. El equipamiento médico quedó obsoleto, al igual que el teléfono satelital con el que llegó equipado.
Con el tiempo también se deterioraron más componentes, primero un motor y después otras partes, y finalmente el jet quedó parado en los hangares del predio ubicado en la avenida 7 y 610, al sureste de La Plata. Aunque su estado de conservación interna y su pintura exterior se mantienen óptimos, no volvió a volar.
La economía atraviesa una contradicción que desconcierta a los analistas. Mientras las exportaciones baten récords históricos mes tras mes y el superávit comercial se acumula por más de 30 meses consecutivos, la actividad interna se estanca y el crecimiento del PBI se proyecta muy por debajo de lo que estimaban tanto el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A esto se suma un riesgo país que, pese a bajar —volvió a rozar los 500 puntos— encareció el financiamiento del programa del ministro de Economía Luis Caputo, y un shock petrolero internacional que empuja las tasas globales a máximos de casi dos décadas.
“El riesgo país es lo más nocivo que puede haber para la inversión”, dijo Fabián Kon, CEO del Banco Galicia, advirtiendo que un riesgo país en estos niveles “está condicionando totalmente” el proceso de crecimiento.
El dato central es un recorte generalizado de las proyecciones de crecimiento. A comienzos de 2026, el FMI proyectaba una expansión del PBI del 4% y el Gobierno la estimaba en 5% en la Ley de Presupuesto. Hoy, el consenso de los especialistas privados ubica ese indicador en apenas el 2%, con los más optimistas apostando a un 2.5%.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que compila las estimaciones de consultoras, centros de investigación y bancos, ilustra el deterioro con nitidez, reportándose a medida que avanzó el año. En diciembre de 2025, las estimaciones ubicaban la expansión del PBI en torno al 3.5%, mientras que a comienzos de enero de 2026 la previsión descendió al 3.2%.
La corrección continuó durante los meses siguientes. Hacia mediados de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectaba un crecimiento del 2.7%, pero en la medición de agosto la estimación volvió a reducirse hasta el 2.1%.
Las cifras quedaron así considerablemente por debajo de las previsiones iniciales. El Fondo Monetario Internacional había proyectado originalmente una expansión del 4% para 2026, mientras que el Gobierno nacional había contemplado en el Presupuesto un crecimiento del 5%.
De esta manera, la expectativa de crecimiento pasó de un escenario inicial de entre 4% y 5% a una previsión cercana al 2% hacia agosto, lo que refleja una revisión significativa de las perspectivas económicas para 2026.
— Ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo
Consultoras específicas confirman la tendencia. Latin Securities Argentina bajó su rango de 3%–3.5% (en enero) a 2%–2.5%. Eco Go recortó de 2.7% a 2.0%, una caída de 0.7 puntos porcentuales. Analytica ubica su escenario base “levemente por debajo del 2%”.
“La debilidad de la actividad vista como un todo está ganando peso en la preocupación del mercado, más que nada por una razón electoral”, afirmó Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macroeconómico de la consultora Abeceb, que prevé un crecimiento del PBI de 2.6% para este año. “La gente tiene que gastar más en servicios, prepaga, salud, luz, gas, eso es consumo que sube, pero la gente siente que cada vez la plata le alcanza menos, no es consumo que le cause placer”, añadió.
El detonante inmediato de las revisiones fue el dato del INDEC de julio de 2026, que mostró caídas abruptas y simultáneas en dos sectores clave para el empleo y el PBI. Estos dos rubros concentran alrededor de una cuarta parte del empleo asalariado privado registrado, lo que amplifica el impacto social de su retroceso.
La actividad industrial y la construcción registraron caídas durante julio, aunque mostraron diferencias en el desempeño acumulado de los primeros siete meses de 2026.
La industria manufacturera retrocedió un 5% respecto de junio y cayó un 4.9% en comparación con julio de 2025. Entre enero y julio, la producción industrial acumuló una contracción del 2.6%.
“La clave de 2027 es que puede ganar cualquiera y puede pasar de todo en un escenario de tres tercios. Esto tiene correlación con el riesgo país y con el mercado cambiario”, sostuvo Carlos Pérez, director de la Fundación Capital y exgerente general del Banco Central, quien destaca que “si sigue el escenario base tendrías una evolución de la inflación y el tipo de cambio por debajo del 20% en 2027 y crecimiento del 2%”.
La construcción también mostró un resultado negativo en julio, con una baja mensual del 4.6% y una caída interanual del 4.5%. Sin embargo, a diferencia de la industria, el sector mantuvo un crecimiento acumulado del 1.7% durante los primeros siete meses del año.
La magnitud es significativa por varias razones. La caída mensual del 5% en la industria fue su mayor retroceso intermensual desde el derrumbe de la pandemia de COVID-19. Doce de las dieciséis divisiones industriales terminaron en baja interanual, con los golpes más duros en “Otros equipos e instrumentos” (-31.4%), “Maquinaria y equipo” (-26.7%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15.9%). En la construcción, el consumo de insumos se desplomó, particularmente en asfalto (-23.1%), yeso (-21.2%), ladrillos huecos (-12.9%) y cemento portland (-8.1%).
Lo que más preocupó no fue solo el retroceso, sino la aceleración de la caída, siendo que la construcción venía de bajar 4.3% en junio y profundizó a 4.6% en julio, mientras la industria revirtió una suba interanual del 2.1% en junio para desplomarse. Este relevamiento “más profundo de lo anticipado” es lo que obligó a las consultoras a recortar sus números.
La economía a dos velocidades
La aparente paradoja —récord exportador con recesión interna— se explica por lo que los economistas llaman una economía a dos velocidades, con sectores que avanzan en sentidos opuesto, unos con fuerza mientras otros continúan atravesando dificultades.
Por un lado, las actividades vinculadas a los recursos naturales se consolidan como los principales motores del crecimiento. La energía, impulsada especialmente por la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta, junto con la minería y la agroindustria, sostiene buena parte del dinamismo exportador. En junio, incluso, el petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación del país, por encima de dos componentes históricamente relevantes del complejo sojero como la harina y el aceite.
En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el comercio mantienen un desempeño débil. Estos continúan afectados por la retracción del consumo interno, el elevado costo del financiamiento y una mayor competencia de productos importados, configurando un escenario económico marcado por una creciente disparidad entre las actividades orientadas a la exportación y aquellas que dependen principalmente del mercado interno.
El problema estructural es que los sectores que crecen (energía y minería) son intensivos en capital pero generan relativamente poco empleo, mientras que los que caen (industria y construcción) son los grandes empleadores. Por eso, aunque las exportaciones vuelan, el crecimiento agregado del PBI se estanca. El sector externo es hoy el principal ancla del desempeño económico, pero no logra arrastrar al resto de la economía.
Los números de comercio exterior son genuinamente históricos y no forman parte de la “paradoja” como error, sino como realidad concreta. La balanza comercial encadenó 32 meses consecutivos de superávit hasta julio de 2026, con las exportaciones argentinas manteniendo un desempeño elevado durante buena parte de 2026, con registros mensuales que alcanzaron máximos históricos. En marzo, las ventas al exterior totalizaron USD$8.645 millones, mientras que en abril ascendieron a USD$8.914 millones. La tendencia se profundizó en mayo, cuando las exportaciones llegaron a USD$9.537 millones, el mayor nivel de la serie consignada.
Por otro lado, la morosidad empresarial se encuentra a la alza y ya golpea a las empresas. De acuerdo el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), la morosidad del crédito bancario en la industria se quintuplicó en 18 meses, pasando del 0.7% en diciembre de 2024 al 3.8% en junio de 2026.
El deterioro financiero afectaría a unas 4.300 empresas industriales, equivalentes a cerca del 12% de las firmas que mantienen deuda con el sistema bancario. El saldo irregular acumulado asciende a unos $968.000 millones, sobre un volumen total de crédito cercano a los $25 billones.
La situación se agravó en paralelo con el freno del financiamiento productivo. Después de registrar un crecimiento real del 106% entre fines de 2023 y julio de 2025, el crédito destinado a la producción prácticamente se paralizó y apenas avanzó un 0.2% en términos reales entre julio de 2025 y mayo de 2026.
A ese escenario se sumó el fuerte encarecimiento del costo financiero. Las tasas aplicadas a los adelantos en cuenta corriente llegaron a alcanzar picos de hasta el 190% nominal anual en octubre de 2025, elevando considerablemente la presión sobre las empresas que dependen del crédito bancario para sostener su capital de trabajo.
— La consultora EcoGo, identifica a los altos niveles de morosidad como uno de los factores del freno y recorte en las proyecciones de crecimiento
En junio, los envíos al exterior se ubicaron en USD$9.055 millones y, aunque retrocedieron respecto del mes anterior, permanecieron en niveles elevados. En julio, las exportaciones alcanzaron USD$8.854 millones, un récord para ese mes.
“El Gobierno, en un baño de realidad, dejó de hablar de esa meta y finalmente entendió que la desinflación es un proceso lento”, señaló el economista, fundador y presidente de la asesora Analytica, Ricardo Delgado, sobre la meta de que el índice mensual empiece con cero y subrayando que “para bajar la inflación hace falta paciencia estratégica” y que “este año no es de un gran logro anti inflacionario”.
El crecimiento también se reflejó en la comparación interanual. Las exportaciones aumentaron 30.1% en marzo, 33.6% en abril y 34.4% en mayo. Posteriormente, el ritmo de expansión se moderó, con una suba del 24.5% en junio y del 14.1% en julio.
El avance de las ventas externas permitió sostener un amplio superávit comercial durante todo el período. El saldo positivo fue de USD$2.523 millones en marzo y de USD$2.711 millones en abril, antes de alcanzar un máximo de USD$3.504 millones en mayo. En junio, el superávit se redujo a solo USD$2.194 millones y en julio volvió a disminuir hasta USD$2.115 millones.
Los 500 puntos que complican a Caputo
El riesgo país es el sobreprecio (o spread) que un país emergente debe pagar sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. para financiarse en dólares, donde este mide diariamente el índice EMBI+ de JP Morgan. Cuanto más alto, más caro y difícil es para el Gobierno y las empresas conseguir crédito internacional.
Este martes, el indicador volvió a superar los 500 puntos durante la rueda para estacionarse en 496 puntos básicos. Aunque en lo que va de 2026 acumula una baja de 73 puntos —reflejo del equilibrio fiscal, la recuperación de reservas y mejoras en las calificaciones de deuda—, sigue lejos del umbral necesario para volver a los mercados. Un experto del BBVA fue explícito, explicando que “deberíamos verlo por debajo de los 300 puntos como para pensar en un retorno del Tesoro a los mercados internacionales de deuda”.
El nivel del riesgo país desbarata uno de los supuestos centrales del programa de Luis Caputo. El mercado calcula que al Gobierno le faltan unos USD$10.000 millones para cubrir los vencimientos de deuda hasta el final del mandato del presidente Javier Milei, y un riesgo país alto encarece esa refinanciación. Pero el problema no termina en el Tesoro, siendo que también encarece el financiamiento de las empresas que acumularon deuda durante el “festival de emisiones” y de las inversiones que el propio Gobierno presenta como el motor de la próxima etapa.
Lo que conecta el riesgo país es un factor completamente externo. Una crisis energética global derivada de la guerra en Medio Oriente, ya que con la presión internacional se habría ayudado a subir el riesgo país argentino de manera indirecta.
Arabia Saudita ocupa un papel central en el mercado energético internacional por su capacidad para aumentar o reducir rápidamente su producción y compensar eventuales faltantes de crudo, una función que le ha valido la comparación con un “banco central del petróleo global”.
Tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán en medio de la guerra, Riad pasó a depender de manera decisiva del oleoducto Este-Oeste para redirigir cerca de 4 millones de barriles diarios, equivalentes a aproximadamente el 4% del suministro mundial, hacia el puerto de Yanbu, sobre el mar Rojo.
Sin embargo, el viernes, una serie de ataques con drones atribuidos a los hutíes de Yemen obligó a interrumpir el funcionamiento de esa vía, considerada la principal alternativa saudí para eludir Ormuz. La situación aumentó la presión sobre las reservas almacenadas en Yanbu, que alcanzarían para sostener apenas entre cinco y siete días de exportaciones.
El impacto se refleja también en los niveles de extracción. La producción saudí cayó hasta los 6.2 millones de barriles diarios en agosto, muy por debajo de los 10.9 millones registrados en febrero, antes del inicio del conflicto. La combinación entre la reducción de la producción, el bloqueo de Ormuz y la interrupción del oleoducto hacia el mar Rojo amenaza así con limitar considerablemente la capacidad de Riad para actuar como proveedor de última instancia del mercado petrolero mundial.
La crisis económica actual afecta seriamente el acceso a medicamentos. Diversos informes alertan que los pacientes postergan tratamientos (especialmente no urgentes), buscan opciones más baratas, e incluso abandonan terapias crónicas.
Una parte de los pacientes ya no puede comprarlo en la cantidad, la marca o en el momento indicados. Según Vania Ilchuk, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones, señaló que bajaron las ventas, se compra solo lo urgente, quienes tienen obra social buscan marcas con menor coste y algunas personas endeudadas están abandonando incluso tratamientos crónicos.
“Estamos en una situación complicada que nos atraviesa a todos. En nuestro sector han caído mucho las ventas, los medios de pago también han cambiado, y hay muchos intentos desregulatorios a nivel nacional que hacen mella con mucha circulación por fuera de las farmacias”, afirmó Ilchuk.
A nivel nacional el escenario es similar, con la pobreza alcanzando a más del 30% de la población, el desempleo rondando el 8%, y la inflación –aunque volvió a niveles moderados en 2024– sigue disminuyendo ingresos. Esto se refleja en una fuerte caída del consumo de medicamentos, ya que en 2025 se vendieron millones de unidades menos que en 2023.
En este contexto, los farmacéuticos misioneros han denunciado demoras en pagos de PAMI y aumentos continuos de costos operativos, amenazando con interrumpir la provisión de medicamentos a jubilados. Las consecuencias en salud pública incluyen riesgo de agravamiento de enfermedades crónicas, más consultas de urgencia y mayores costos futuros.
“Antes, la gente se armaba su botiquín o una bolsa de reserva de medicamentos, pero ahora solamente se compra lo que necesita en el momento. Se está dejando de lado todo lo que no sea de urgencia”, sostuvo Ilchuk, haciendo hincapié en que los medicamentos están compitiendo directamente con otros gastos indispensables, como alimentos, servicios, transporte y vivienda, por lo que algunas compras vinculadas a la salud comienzan a postergarse o reducirse.
— Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones
Argentina vendría teniendo una seguidilla de años de inflación muy alta y ajuste económico. De acuerdo a fuentes oficiales, la pobreza nacional fue del 32.3% en el primer semestre de 2026 y el desempleo trepó a 7.9% en el segundo trimestre. Estos indicadores son peores en regiones del Noreste argentino como Misiones, una provincia de 1.3 millones de habitantes tradicionalmente con altos niveles de pobreza e informalidad laboral.
La combinación de alta inflación de años anteriores y ajustes a subsidios ha dejado a muchos hogares con menor poder adquisitivo. Por ejemplo, el gobierno de turno del presidente Javier Milei aplicó recortes salariales y quitó subsidios a servicios básicos, mientras que liberalizó el comercio de importaciones. Todo esto castiga especialmente a los jubilados, trabajadores informales y pacientes crónicos de bajos recursos.
En Misiones, se observa una situación similar. La provincia, gobernada por Hugo Mario Passalacqua desde 2023, tiene un PIB de unos U$S17.000 millones aproximados solo en 2018, y dependería en parte de programas sociales nacionales (como el PAMI). Los pronósticos de organismos independientes hablan de que la pobreza podría rondar el 35% a fin de 2026. Aunque no hay estadísticas públicas provinciales actualizadas de consumo farmacéutico, los datos nacionales sirven de referencia.
— La sede del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones, ubicado en Posadas
En 2025 las farmacias de todo el país vendieron 5.4 millones de unidades de medicamento menos que en 2023. Esa caída (8.2% menos en el tercer trimestre de 2025 respecto a igual período de 2023) indica que la demanda se retrae ante la pérdida de ingresos.
Argentina tiene un sistema de salud fragmentado, con obras sociales sindicales, el PAMI (para jubilados), prepagas privadas, y un sistema público gratuito. Se estima que decenas de millones de argentinos cuentan con cobertura de alguna obra social o prepaga, pero esa cobertura está debilitándose.
El ministro de Salud de Buenos Aires, el Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós reportó que unos 1.2 millones de personas perdieron su obra social o prepaga en 2024 y pasaron al sistema público. En Misiones, además de PAMI (que cubre jubilados nacionales) existe el IPS/Salud Pública Provincial para empleados públicos y las prepagas locales muy restringidas. En general, las obras sociales cubren un porcentaje (a veces el 100%) de ciertos medicamentos, pero pueden aplicar coseguro (co-pago) sobre otros. En PAMI, por ejemplo, muchos medicamentos crónicos tienen cobertura total (sin coseguro) o coseguros reducidos, pero eso varía según cada tratamiento.
Impacto en Farmacias
“Hay muchos clientes que están con muchas deudas y van dejando sus tratamientos que, en algunos casos, son de patología crónica, porque no pueden comprar los medicamentos que necesitan”, subrayó Ilchuk, añadiendo que “mucha gente está con las tarjetas colapsadas por sus gastos generales”.
Las farmacias misionesas vienen alertando sobre un deterioro grave de la cadena de suministro de medicamentos. Un comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos de Misiones ya había señalado su “hartazgo” ante los pagos incumplidos por PAMI. Desde 2025 los establecimientos afrontan aumentos constantes de costos operativos (insumos, alquileres, servicios, remuneraciones) y no reciben a tiempo la compensación de medicamentos entregados a jubilados. Como describen algunos gremiales, la inflación acumulada y los incrementos reiterados en los precios de los medicamentos “están asfixiando la cadena de financiamiento del sector”.
Cuando alimentos, vivienda, transporte, servicios y deudas absorben una proporción mayor del presupuesto, el hogar elimina primero cosméticos, productos de cuidado personal, medicamentos de reserva y otras compras postergables; después compra solamente la dosis inmediata, busca una presentación más barata o paga con crédito; en los casos más graves, espacia dosis o suspende el tratamiento.
El problema no comenzó con esta declaración. En agosto de 2025, el Colegio ya informaba una retracción interanual superior al 20%, compras de dosis mínimas y búsqueda de genéricos. Durante 2026, otras referencias del sector situaron la caída local de ventas aproximadamente entre 20% y 25%, aunque esos porcentajes son estimaciones sectoriales y no una estadística oficial exhaustiva de todas las farmacias misioneras.
El coseguro es la parte del precio que queda a cargo del paciente después de aplicar la cobertura de la obra social o prepaga. Es decir, una cobertura nominal del 40% no garantiza que el usuario pague exactamente el 60% de cualquier marca, ya que suele intervenir un precio de referencia, el vademécum y las condiciones particulares del plan, por eso una marca con descuento puede terminar costando más que otra alternativa equivalente.
Buscar una opción más económica no es, por sí mismo, una mala decisión sanitaria. La normativa argentina establece la prescripción por nombre genérico y permite que, a pedido del consumidor, el farmacéutico sustituya la marca sugerida por otra de menor precio que mantenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y cantidad similar de unidades.
La diferencia clave es entre sustitución segura y ajuste improvisado. Cambiar de marca con asesoramiento farmacéutico puede mantener el tratamiento y reducir el gasto. Ahora reducir la dosis, alternar días, partir comprimidos sin indicación, mezclar productos o suspender el medicamento modifica el tratamiento y puede hacerlo ineficaz o peligroso.
El dato económico regional ayuda a entender por qué una reducción moderada de ingresos puede afectar rápidamente la compra de remedios. En el primer semestre de 2026, el INDEC estimó que el 41.5% de las personas de los aglomerados urbanos del Nordeste estaban bajo la línea de pobreza, frente al 32.3% del total de los 31 aglomerados relevados.
Eso no prueba por sí solo que una persona pobre abandone medicamentos, ni permite medir cuántos misioneros lo hicieron. Sí muestra que en el NEA hay una proporción elevada de hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica total, lo cual vuelve verosímil que alimentos, servicios y medicamentos compitan dentro de presupuestos muy restringidos.
Las farmacias enfrentan un problema distinto pero conectado, siendo que entregan medicamentos con cobertura, pagan a las droguerías para reponerlos y cobran de obras sociales o convenios semanas más tarde. Ilchuk explicó que plazos que estaban entre 45 y 60 días volvieron a ubicarse entre 60 y 90 días, con una brecha financiera que solo aumenta los costos fijos y dificulta sostener stock.
¿Por qué preocupa lo crónico?
Una enfermedad crónica —como hipertensión, diabetes, epilepsia, asma o ciertos trastornos de salud mental— necesita continuidad durante meses o años. Como el beneficio del medicamento suele consistir en mantener estable al paciente y prevenir una complicación futura, la falta de dinero puede inducir una falsa sensación de que “se puede esperar” cuando todavía no existen síntomas intensos.
— Informe del INDEC sobre los indicadores seleccionados de la industria farmacéutica en Argentina para el segundo trimestre de 2026
La Organización Mundial de la Salud advierte que la baja adherencia impide obtener el beneficio completo de los medicamentos, empeora la calidad de vida y puede llevar a intervenciones más costosas, como consultas de urgencia e internaciones. Por eso, el ahorro inmediato de no comprar una caja puede convertirse después en un costo sanitario, familiar y público mucho mayor.
El efecto tampoco es igual para todos. Están más expuestos los adultos mayores, las personas con varias enfermedades simultáneas, quienes toman numerosos medicamentos, los hogares sin cobertura de obra social y quienes viven lejos de centros urbanos, porque acumulan gasto farmacéutico, consultas y transporte.
A esto se suma el debilitamiento de vías públicas de acceso. El programa Remediar tiene como función distribuir medicamentos esenciales directamente a centros de salud, pero un análisis del IECS señaló una fuerte reducción nacional de tratamientos dispensados entre 2022 y 2025 y ubicó a Misiones entre las jurisdicciones particularmente afectadas.
Así aparecen dos crisis simultáneas. Del lado de la demanda, el paciente compra menos porque no puede pagar. Mientras que del lado de la oferta, la farmacia vende menos y cobra tarde, pero debe reponer mercadería y sostener salarios, alquileres e impuestos. Si esa cadena se deteriora, una dificultad económica individual puede transformarse en menor disponibilidad o menor capacidad de atención del sistema local.
La búsqueda desesperada de precios bajos también puede empujar medicamentos hacia redes sociales, kioscos, supermercados o intercambios entre particulares. El Colegio misionero advirtió que esos circuitos impiden garantizar origen, conservación, vencimiento y trazabilidad, y recordó que la regulación provincial mantiene la venta de medicamentos dentro de farmacias habilitadas.
Carlos Presti cambió al responsable de liquidar IOSFA, pero la transición de la obra social militar sigue teniendo una dimensión que excede cualquier recambio de funcionarios. Un documento oficial al que accedió el medio REALPOLITIK permite ponerle números: la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), presidida por Pablo Plaza, distribuye aproximadamente 324.033 beneficiarios entre 13 delegaciones.
El informe está fechado el 22 de septiembre y firmado por Alexis Darío Ferreyra, coordinador de la subgerencia de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión. Identificado como “Anexo III”, enumera la población y el ámbito territorial de cada delegación. Es el mapa administrativo del sistema que el ministerio de Defensa debe ordenar mientras el viejo IOSFA continúa sosteniendo prestaciones.
— Afiliados de OSFA reclamaron por el corte de la cobertura médica durante la llegada de los F-16
AMBA concentra la mayor cantidad: 116.570 beneficiarios, cerca del 36 por ciento del total. Su jurisdicción incluye también Zárate y La Plata. Le siguen Puerto Belgrano, con 39.831 personas y alcance sobre Bahía Blanca y La Pampa, y Córdoba, con 34.555 beneficiarios distribuidos entre esa provincia, La Rioja y Santiago del Estero.
Entre las tres reúnen casi el 59 por ciento de la población consignada. La concentración muestra dónde está buena parte del desafío prestacional para Plaza y para el ministerio que conduce Presti.
El mapa de OSFA: 13 delegaciones y una transición pendiente
El resto de la nómina comprende Entre Ríos, con 22.970 beneficiarios y cobertura territorial sobre Santa Fe; Mendoza, con 21.006 y alcance sobre San Juan y San Luis; y Mardel Plata, con 17.995, incluyendo Tandil.
Salta reúne 17.106 beneficiarios y comprende también Jujuy, Tucumán y Catamarca. Corrientes suma 15.279 y abarca Chaco y Formosa. Completan el listado Chubut, con 10.526; Misiones, con 8.149; Neuquén, con 8.059 y jurisdicción sobre Río Negro; Santa Cruz, con 7.619; y Tierra del Fuego, con 4.368.
La nómina quedó incorporada al sistema de Gestión Documental Electrónica bajo el número IF-2026-92501920-APN-SGPEYCG#OSFA. Las cantidades son aproximadas y su suma permite dimensionar la población asignada a la nueva estructura. El anexo no detalla contratos médicos, disponibilidad de prestadores ni pagos.
Ese límite cobra importancia al cruzarlo con una comunicación publicada por IOSFA el mismo 22 de septiembre. Allí, el organismo pidió a prestadores y proveedores que anularan las facturas pendientes emitidas a nombre de OSFA y dejaran de generar nuevas. Argumentó que no existían acuerdos o contratos vigentes que respaldaran esa facturación y que las prestaciones seguían siendo brindadas por IOSFA.
Un día antes, Ariel Guzmán había advertido a Presti que Plaza solicitó prolongar la atención mediante la red de IOSFA más allá del 30 de septiembre. Según esa presentación, extender el funcionamiento obligaría al instituto en liquidación a seguir recibiendo facturas y generando obligaciones, alterando el calendario previsto para cerrar sus cuentas.
Guzmán dejó el cargo el 24 de septiembre. La resolución 671/2026, publicada el 29, aceptó su renuncia y formalizó la designación de Gonzalo Secchi como administrador de IOSFA, con rango de secretario y efectos desde aquella fecha. El recambio corresponde al organismo en liquidación: Plaza continúa al frente de OSFA.
El gobierno de Javier Milei creó la nueva obra social mediante el DNU 88/2026, bajo la fiscalización de Defensa. La misma norma ordenó liquidar IOSFA y estableció que debía garantizarse la continuidad de la cobertura durante el traspaso.
El mapa ya está trazado. La tarea de Presti y Plaza es lograr que esa estructura pueda sostener la atención de sus beneficiarios sin depender indefinidamente del instituto que el propio gobierno decidió cerrar. La llegada de Secchi cambia al encargado de la liquidación; el problema prestacional sigue sobre la mesa de Defensa.
La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet, reveló que el país usa cinco veces más químicos por hectárea que Europa y contó cómo la apartaron tras el estudio.
En el Coloquio de IDEA, con el Presidente en París, la jefa del bloque libertario en el Senado advirtió que la industria, la construcción y el comercio están caídos y alertó que la oposición podría voltear el DNU 70/2023.
El viejo IOSFA pidió a los prestadores que anulen las facturas emitidas a nombre de la nueva OSFA, cuyo titular había reclamado seguir usando la red del instituto en liquidación más allá del 30 de septiembre
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
