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El 26% de las personas mayores de 60 años se encuentra en condiciones de pobreza en el país, donde la falta de ingresos es el factor que más afecta a este sector de la población.
Los datos fueron recolectados del “Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores” que presentó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). Dicho informe, describe la situación de los adultos mayores de 60 años según condiciones sociales, económicas, de vivienda, del estado y atención de salud y del bienestar subjetivo experimentado entre 2017 a 2021.
Del informe se señala que la falta de ingresos es una de las variables que más afecta a las personas mayores: aunque hay una tendencia creciente a seguir formando parte de los mercados laborales, la gran mayoría obtiene sus ingresos del sistema previsional, que en Argentina es casi universal y para todos; sus otras fuentes de ingresos son los ahorros propios y la ayuda de terceros.
Por otra parte, están en una mejor situación las personas de más de 75 años, las que han finalizado sus estudios secundarios, quienes viven solos o con otras personas también mayores y quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires
Hay acuerdo entre los especialistas que las mediciones de la pobreza por ingresos no son aplicables a las personas mayores, por la ausencia de una canasta básica de necesidades para esta población. Es por eso, que se aplica el método multidimensional, que expresa cuántas carencias básicas se tienen: en personas mayores, el 26% tiene pobreza de acuerdo con el informe.
En cuanto a la ayuda de terceros (incluye la estatal y no estatal) el 27% las percibe, mucho menos que en los hogares sin personas mayores. En otro punto, se señala que el 12% de las personas mayores no accede a una vivienda digna: para la UCA esto se encuentra totalmente asociado al nivel educativo y al nivel socioeconómico.
Tener el secundario completo es un “seguro” y se encuentran en mejor situación las personas mayores de 75 años y las personas que no conviven con menores de 60. En cuanto al déficit de acceso a servicios básicos, en personas mayores es del 23%.
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El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La reciente aprobación de un proyecto para la instalación de un bingo en Ingeniero Maschwitz generó un tensiones y debate en el partido de Escobar, destacándose como un caso paradigmático de tensión entre el desarrollo urbano y las demandas comunitarias. Durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de este viernes, los concejales avalaron la construcción de un centro comercial en la intersección de la Colectora Oeste y Ruta 26, un emprendimiento que incluyó una sala de juegos, un hotel y espacios gastronómicos.
El proyecto se presentó como un desarrollo integral destinado a diversificar la oferta comercial y recreativa local. No obstante, su componente más controvertido fue la sala de juegos, que podría operar como bingo. El intendente Ariel Sujarchuk respaldó la iniciativa al proponer que un porcentaje de los ingresos del bingo se destinara a la Cooperadora del Hospital del Bicentenario de Garín, bajo las disposiciones de la normativa provincial.
El expediente Nº 18.318/24 se presentó el pasado 6 de diciembre, y en menos de tres semanas completó su circuito legislativo. Esta rapidez fue facilitada por los dictámenes favorables emitidos en menos de 48 horas por varias áreas del Ejecutivo municipal, lo que permitió a Laura Guazzaroni, presidente del HCD, convocar a una sesión extraordinaria. Finalmente, de los 24 concejales, 20 votaron a favor.
– El bingo se instalaría en el predio que está al lado de la base de Policía Motorizada
Entre las ausencias destacaron figuras como Gabriela Hernández y Florencia Campos, del bloque Pro Libertad, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo. Por su parte, los tres concejales de La Libertad Avanza respaldaron la medida, generando críticas dentro y fuera del recinto.
Analistas locales y representantes vecinales señalaron que el tratamiento acelerado del proyecto reflejó una falta de transparencia y debilitó la legitimidad del proceso. Esta percepción se agravó considerando que el juego de azar fue un sector que, históricamente, estuvo asociado a problemáticas sociales y cuestionamientos éticos.
La instalación del bingo despertó un contundente rechazo entre los residentes aledaños a esa zona en específico de Ingeniero Maschwitz, quienes, organizados en agrupaciones como la Asociación Vecinal Ruta 26 y la Red de Seguridad de la Ruta 26, presentaron un documento en el que sintetizaron sus principales objeciones.
Una vecina describió el proyecto como un negociado y enfatizó que “el bingo no mejoró la calidad de vida; solo enriqueció a unos pocos a costa del deterioro de nuestra comunidad”. Otros residentes señalaron que “la ludopatía y los negocios oscuros asociados a los bingos trajeron consigo más pobreza y descomposición social” y que “estas iniciativas solo benefician a intereses particulares mientras descomponen el tejido social de la comunidad”.
El documento también subrayó la experiencia de otras localidades bonaerenses donde emprendimientos similares exacerbaron problemas sociales, especialmente en sectores vulnerables. Según el escrito, la instalación del bingo también podría generar mayores costos en servicios de emergencia y seguridad, recursos ya limitados en el municipio.
El comunicado también advirtió que la instalación del bingo desvalorizaría las propiedades cercanas y alteraría la identidad de Ingeniero Maschwitz, que se caracteriza por su entorno residencial y natural. Los vecinos afirmaron que continuarán movilizándose y evaluando alternativas legales para detener la iniciativa.
El municipio defendió el proyecto como una oportunidad para generar empleo y diversificar la economía local. Sin embargo, los detractores insistieron en que aquellos empleos generados fueron temporales y precarios, mientras que los costos sociales fueron permanentes. Estudios presentados por la Asociación Vecinal Ruta 26 advirtieron, por ejemplo, que el bingo fomenta la exclusión social al incentivar el gasto en apuestas entre sectores económicamente vulnerables.
En respuesta, propusieron alternativas para el uso del predio, como la construcción de centros de capacitación laboral y espacios recreativos que promovieron la integración comunitaria. Estas propuestas subrayaron la necesidad de proyectos que fortalecieran el tejido social en lugar de fragmentarlo.
La ordenanza aprobada estipuló que el desarrollo debió cumplir con estrictos requisitos de sostenibilidad y garantizar audiencias públicas antes de su ejecución. La comunidad, sin embargo, se movilizó para detener la iniciativa y evaluó acciones legales para cuestionar su viabilidad.
La controversia reflejó un conflicto más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano en Escobar y el equilibrio entre intereses económicos y las demandas sociales.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
El Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Dirección de Educación de Gualeguaychú, anunció el lanzamiento del programa Huawei ICT, una iniciativa que marcará un hito en la formación tecnológica de la ciudad. Gracias a un acuerdo gestionado por el intendente Mauricio Davico y Federico Forastier, representante de Huawei Argentina, los vecinos tendrán acceso gratuito a capacitaciones de vanguardia en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a partir de 2025.
– El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Firgerio
Este programa, desarrollado en colaboración con universidades y colegios superiores, busca democratizar el acceso al conocimiento tecnológico, ofreciendo herramientas esenciales para desenvolverse en el mundo digital. Las capacitaciones abarcarán desde nociones básicas de informática hasta áreas tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, big data y cloud computing. “Apostamos a una ciudad más conectada y preparada para los desafíos del futuro”, destacó Davico.
– Federico Forastier, representante de Huawei Argentina
Los cursos serán impartidos por profesionales calificados y contarán con materiales didácticos de última generación. Además, los participantes podrán obtener certificaciones oficiales, aumentando sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.
“Queremos que todos tengan acceso a estas herramientas, sin importar su nivel socioeconómico”, explicó Federico Forastier, quien resaltó la importancia de las alianzas entre el sector público y privado para el desarrollo social.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio inicio al Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, un proyecto destinado a intervenir el 100% de las rutas provinciales en un plazo de 24 meses. El acto de apertura tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 20, en el departamento Gualeguaychú, donde comenzaron las primeras tareas de bacheo.
“Esto marca el fin de años de abandono. Hemos trabajado intensamente para llegar a este día y aunque contamos con recursos limitados, empezamos a ejecutar las obras que siempre debieron realizarse”, expresó Frigerio, quien firmó el acta de inicio de las obras correspondientes al Grupo 1 del plan.
La primera etapa incluye la reparación de rutas clave en ocho departamentos: Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. Entre las rutas a intervenir se encuentran la N° 11, N° 16, N° 20, N° 26, N° 45 y N° 51, totalizando 469 kilómetros de obras.
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. El Grupo 2 abarcará rutas de Concordia, Colón, San Salvador y otras localidades, mientras que el Grupo 3 y 4 cubrirán accesos y caminos regionales en diferentes zonas de la provincia. “Mañana firmaré en Concordia los convenios para el tramo dos y en un mes más haremos lo propio con el tramo tres”, adelantó Frigerio.
El gobernador enfatizó que esta iniciativa fue posible gracias a una política de austeridad y recorte de privilegios. “Nunca en la historia de la provincia un gobierno tuvo tan pocos recursos como este año. Sin embargo, hemos trabajado con transparencia y eficiencia, logrando destinar fondos a la obra pública que antes se perdían en los bolsillos de los vivos”, señaló, aludiendo a las irregularidades de gestiones previas.
Frigerio subrayó la importancia de las rutas para el desarrollo económico de Entre Ríos. “Estos caminos son fundamentales para nuestra producción y la seguridad vial. El estado calamitoso de las rutas ha sido una preocupación constante de los entrerrianos, y estamos aquí para cambiar eso”, afirmó.
El mandatario también destacó los esfuerzos realizados para reactivar obras paralizadas y saldar deudas de la provincia. “Encontramos un panorama desolador. Negociamos 30 mil millones de pesos en deudas y desneutralizamos la mayoría de las obras. Ahora estamos en condiciones de avanzar”, explicó.
Si bien Frigerio evitó entrar en detalles sobre otros desafíos como infraestructura educativa y sanitaria, cerró con una promesa: “El próximo año, el 100% de las rutas provinciales estarán intervenidas. Vamos a demostrar que la obra pública es un motor clave para el bienestar de los vecinos”.
En medio de una crisis sanitaria que afecta a miles de afiliados, distintos grupos autoconvocados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) convocaron a una mega movilización provincial el próximo jueves 19 de diciembre a las 12 horas. La protesta, que se realizará en simultáneo en todas las delegaciones de la obra social bonaerense, tiene como objetivo reclamarle al gobernador Axel Kicillof y al titular de IOMA, Homero Giles, por los recortes en medicamentos, la reducción de prestaciones y la falta de atención en el territorio.
La iniciativa fue impulsada desde Mar del Plata por las vecinas autoconvocadas Adriana Santi y Marcela Martinelli, quienes vienen encabezando las protestas desde hace más de un año. Según explicó Santi, docente jubilada oriunda de la ciudad costera, el plan busca que “la mayor cantidad de afiliados se movilicen en todas las sedes de IOMA de la provincia”. “Los vecinos piden movilizaciones y descubrimos que lo que más molesta a los directivos es que nos concentremos en sus lugares de trabajo. Por eso decidimos realizar una mega movilización”, afirmó en declaraciones a este medio.
Desde principios de diciembre, la organización de estas marchas ganaron tracción en las redes sociales, donde se han compartido videos testimoniales de afiliados relatando su situación personal. Entre los testimonios más duros, se destacan los de pacientes oncológicos y personas con discapacidad que han visto retrasada o cancelada la entrega de medicación crítica.
La protesta apunta a presionar a las autoridades del IOMA con el fin de visibilizar la situación crítica que atraviesan los afiliados. La convocatoria difundida en redes sociales por los grupos autoconvocados señala que la “desprotección y el desamparo del IOMA se extienden a toda la provincia” y destaca la necesidad urgente de respuestas concretas frente a los recortes en medicamentos y prestaciones que afectan a miles de personas.
Según informaron los organizadores, los manifestantes llevarán carteles y pancartas en las inmediaciones de las delegaciones de IOMA, con mensajes que reflejan las problemáticas más urgentes: la falta de cobertura para tratamientos de alta complejidad, el incumplimiento en la entrega de medicación crítica y la vulneración del derecho a la salud.
La crisis de IOMA se profundizó a partir de la eliminación del convenio con la FEMEBA (Federación Médica de la provincia de Buenos Aires), que afectó a 20 distritos y más de 160 mil afiliados en toda la provincia. Los municipios más golpeados incluyen Alberti, Bragado, Colón, Rojas, Lincoln, Olavarría, Azul y Tandil, entre otros. En estas localidades, los afiliados perdieron prestaciones, dejaron de elegir a sus médicos de cabecera y, en muchos casos, deben pagar de su bolsillo las consultas mientras continúan aportando a la obra social.
Además, en comunas como Navarro, el conflicto alcanzó un punto crítico con el cierre de acuerdos directos con IOMA por sumas millonarias. Este tipo de medidas generó una fuerte reacción en los municipios, donde intendentes y dirigentes locales han sido interpelados por sus decisiones.
Según los autoconvocados, la situación responde a una decisión política del tridente Kicillof-Kreplak-Giles (en referencia al gobernador, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al titular de IOMA, Homero Giles). A partir de la pandemia, el gobierno provincial habría impulsado la creación de 232 policonsultorios que funcionan como efectores propios de IOMA en varias localidades, desplazando a los médicos agremiados y generando desigualdad en la cobertura.
Desde Mar del Plata, los autoconvocados lograron contactar a sus pares de Alvarado, Mar Chiquita, Saladillo, Azul, Alberti, Roque Pérez, Tandil, Olavarría y La Plata. El plan es que la convocatoria alcance a las 135 dependencias que IOMA tiene en la provincia de Buenos Aires.
Adriana Santi confirmó que esta será la última movilización del año, aunque advirtió que las protestas continuarán en 2024. “Vamos a hacer una movida grande en La Plata, pero eso quedará para el año que viene. Ahora, con las vacaciones de por medio, nadie nos va a escuchar”, señaló.
En paralelo, los organizadores se encuentran trabajando en la creación de redes de coordinación entre los diferentes municipios para facilitar las futuras movilizaciones.
Mientras los reclamos crecen, el gobernador Axel Kicillof aún no se pronunció sobre la crisis de IOMA. Los autoconvocados denuncian que el mandatario “mira para otro lado” y que su gestión avala el accionar de Homero Giles, alineado con La Cámpora.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
