La Rioja | Repudio opositor contra concejal K que exaltó a Montoneros

Se trata del edil Nelson Johannesen, quién distinguió a la agrupación subversiva de los '70 en su discurso del Concejo Deliberante.
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Una fuerte condena cosechó la reivindicación de Montoneros que ensayó días atrás el concejal de La Rioja, Nelson Johannesen del Frente de Todos (FdT). Se dio una fuerte reprobación que parece cada vez mayor, a juzgar por los comentarios que dejaron los lectores en la prensa nacional, con duras descalificaciones hacia el edil.

El discurso de Johannesen en el Concejo Deliberante de la capital provincial, fue denunciado en ese cuerpo legislativo, por una sobreviviente de 2 atentados de Montoneros, Fernanda Eugenia Megías, quién pidió el juicio político y la destitución del edil “por apología del delito”, y lo propio haría esta semana Liliana Saraspe, quien perdió a su padre en otro ataque de ese grupo.

Sesión ordinaria en dónde el concejal de La Rioja reivindicó a Montoneros

Numerosas organizaciones y víctimas de atentados de la guerrilla se sumaron en los últimos días al rechazo contra las expresiones del concejal. Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larraburu, secuestrado durante un ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María, y asesinado al cabo de un año, fue uno de los que criticó duramente ese discurso.

Larrabure, que es vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), calificó las palabras del concejal como una muestra más de la lógica violenta, que fue más amplia que la de “los 2 demonios” de la década de los ’70 y que fue predicada también por políticos y educadores.

La Rioja
Publicación acerca de aquel día, por parte del concejal de La Rioja

En una entrevista, Larrabure expresó: “No puedo entender cómo Johannesen representa al pueblo. No tendría que estar ni un minuto más en su banca”. Silvia Ibarzábal, hija del coronel Roberto Ibarzábal, secuestrado en un intento de copamiento de la poderosa guarnición de Azul y asesinado tras un calvario de 10 meses, también condenó el discurso del concejal.

“Los Montoneros atacaron la Patria en plena democracia. Dejaron cerca de 6 mil víctimas fatales, más una cantidad de discapacitados. Es una falta de respeto absoluto que se vanaglorie a estas personas”, remarcó Ibarzábal.

Concejales del bloque Juntos por el Cambio (JxC) en La Rioja también manifestaron su repudio a los dichos de Johannesen, considerando que “quienes no respetan la democracia, no deberían integrar los cuerpos democráticos como lo es el Concejo Deliberante”.

Así mismo, el partido provida Unidos por la Vida y el diputado provincial, Martín Menem, se solidarizaron con las protestas. Además, organizaciones vecinales de La Rioja se unieron al coro de reprobación y, según trascendidos, pedirán el juicio político, aunque este extremo no pudo ser confirmado.

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El concejal de La Rioja, Nelson Johannesen

En cualquier caso, la desaprobación excedió esta vez a las organizaciones de víctimas del terrorismo. Los artículos en la prensa nacional, en los que se exponían los exabruptos del concejal, causaron de manera similar la indignación de los lectores.

Algunos le reprochaban no dar el ejemplo desde su cargo, otros calificaron de vergonzoso lo que dijo o pidieron su destitución y algunos más tacharon sus palabras de discurso de odio. Están los que opinan que el edil no sabe lo que dice, y aquellos que le recuerdan las bombas, crímenes, matanzas a sangre fría, secuestros extorsivos y torturas.

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“YO QUIERO SER PALESTINE” | Militantes de izquierda piden la ciudadanía Palestina para luchar contra “la extrema derecha” de Trump y Milei

La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.

Bajo el lema “Yo quiero ser palestino, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.

Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.

Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.

El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.

En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.

La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”

Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino. 

La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”. 

Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.

Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.

La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias. 

Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.

Casi el 70% de los trabajadores quiere que la cuota sindical deje de ser obligatoria

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix habría arrojado un dato contundente, siendo que el 67.5% de los argentinos se pronuncia a favor de que la cuota sindical pase a ser voluntaria, y si se suman quienes se ubican en una posición neutral el consenso social escala al 82,2%. Apenas el 17,8% defiende mantener la obligatoriedad vigente. 

Para entender la polémica hay que distinguir dos conceptos que a menudo se confunden y que forman el corazón de la llamada “caja” sindical. La cuota de afiliación es el aporte que paga quien decide asociarse al sindicato para acceder a sus beneficios (por ejemplo campings, turismo, actividades recreativas y asesoría legal), es voluntaria y, por eso, rara vez genera controversia. En cambio la cuota solidaria —el epicentro del conflicto— es un descuento que el sindicato aplica a todos los trabajadores del rubro, aunque no estén afiliados, y suele rondar entre el 1% y el 3% del salario.

Los gremios la justifican argumentando que sus negociaciones paritarias benefician a la totalidad de los empleados, por lo que corresponde que todos contribuyan al financiamiento de esa representación; sus críticos replican que obligar a no afiliados a pagar vulnera la libertad de asociación y redistribuye recursos sin consentimiento individual.

La encuesta revela que la mayoría de la gente siente que este “aporte solidario” funciona en la práctica como un impuesto al trabajo o un “peaje” obligatorio, donde el trabajador ve reducido su salario para financiar una estructura de la que no eligió ser parte y que, según la percepción del 63%, no lo representa.

Tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden de manera clara en que los aportes sindicales deben ser voluntarios. Esta convergencia es extraordinaria en un clima político altamente polarizado, donde casi no existen consensos.

Lo particularmente significativo es que incluso entre votantes peronistas, la base sociológica histórica del sindicalismo, la percepción negativa alcanza el 30,2%. Este dato evidencia que la erosión de legitimidad gremial ha llegado hasta sus propios votantes tradicionales.

Existiría una visión extendida de que los sindicatos operan como estructuras burocráticas encapsuladas desde hace décadas, donde las dirigencias se han renovado muy poco y parecen desconectadas de los problemas reales de los trabajadores.

En algunos casos, como el del sindicato de Camioneros, el aporte solidario equivale al 3% del salario más un 4% adicional sobre el básico, lo que genera ingresos anuales de aproximadamente 206.500 millones de pesos para el gremio. En el sector de transporte pesado, estos descuentos pueden alcanzar más de 800.000 pesos anuales por trabajador.

El rechazo se inscribe en una demanda más general de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El 55% de los encuestados apoya que se actualicen o reemplacen las normas laborales vigentes. Esto sugiere que la población percibe el marco legal laboral como rígido, desactualizado y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas.

El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó en 2025 una serie de cambios que impactan de lleno en el sistema sindical. En marzo se publicó el Decreto 149/2025, que impide que los convenios colectivos establezcan aportes obligatorios destinados a cámaras empresariales o asociaciones sindicales cuando se trate de empleadores o trabajadores no afiliados. Aunque la norma apuntó primero a los aportes patronales, el oficialismo dejó claro que su intención es extender esa misma lógica al financiamiento de los gremios.

A esto se suma la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo planea debatir en las sesiones extraordinarias, un paquete más amplio que contempla la flexibilización de convenios —dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los de rama—, nuevas regulaciones sobre jornadas y bancos de horas, y modificaciones que, según advierten las centrales sindicales, podrían traducirse en la eliminación o una fuerte restricción de las cuotas solidarias.

SAN LUIS | El gobierno quitará beneficios a los alumnos que hagan bullying en las escuelas y los padres podrían terminar presos

El gobierno de San Luis estableció esta semana que los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia podrán perder total o parcialmente el beneficio económico del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. La medida se formalizó mediante un decreto que el gobernador Claudio Poggi firmó para modificar la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del mencionado programa.

La nueva normativa estableció que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia. Así, los alumnos que incurran en prácticas de bullying (acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal) ya sea de manera personal o virtual, quedarán alcanzados por un esquema de sanciones que contemplará descuentos importantes en el beneficio económico, la exclusión parcial del programa o la pérdida total de las estampillas acumuladas.

Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, la normativa precisó que los alumnos que incurran en alguna de esas conductas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento del hecho. 

– El gobernador de San Luis, Claudio Poggi

En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades, en un mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, el Ministerio de Educación procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta esa fecha y los ‘imputados’ podrían perder hasta 1200 dólares. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.

El decreto incorporó además la obligación de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado no solo con sus compañeros, sino también con docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, a modo de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo. 

Encabezada por Guillermo Araujo, la cartera educativa señaló que el programa buscó fomentar el ahorro escolar y propuso convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las escuelas de la provincia de San Luis.

– El ministro de Educación de San Luis, Guillermo Araujo

En diálogo con medios locales, el ministro ahondó en la iniciativa: “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”.

Asimismo, sumó que la intención es concientizar acerca de que el bullying es un flagelo que “no se puede dejar pasar”.

La medida decretada por la provincia “es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias”, consideró el burócrata.

¿Cómo es el programa de ahorro del gobierno de San Luis?

El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” se implementó en San Luis en el año 2011 como un estímulo educativo y una herramienta de concientización del ahorro. Las estampillas funcionaron como un incentivo que los alumnos de escuelas públicas y privadas acumularon a lo largo de la primaria y la secundaria. Cada año, el estudiante que promocionó el grado o curso anterior recibió la estampilla correspondiente y la coleccionó en una libreta. En el nivel primario, cada estampilla tuvo un valor equivalente a u$s50; en el nivel secundario, las estampillas valieron u$s100 de 1º a 6º año y u$s300 en el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logró un ahorro equivalente a u$s1.200, que pudo canjear en pesos para financiar estudios superiores o emprendimientos.

Una nueva contradicción en LLA: votaron a favor del presupuesto por el que expulsaron a Marra

La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.

Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.

No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.

Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.

A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.

La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.

La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

Alerta por la carne de cerdo brasileña en Argentina: advierten que llega “llena de agua” y con un aditivo prohibido en 160 países

“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.

Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.

En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.

“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil

Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.

Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.

-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?

Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.

El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.

“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.

En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.

E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.

“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.


*Fuente: BichosDeCampo.com

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