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Los docentes de La Rioja llevan 32 días de paro pidieron por mejoras en las condiciones salariales y laborales. Recordemos que el sindicato de docentes y el gobierno llegaron a un acuerdo a espalda de los docentes, lo que generó las protestas y distintas convocatorias, pidieron un aumento salarial de $20.000 al básico en una sola cuota, porque además agregaron que se les está pagando en tres cuotas.
Las medidas de fuerza tienen una gran adhesión y por tal motivo, el gobierno comenzó a “apretar” a los docentes amenazando con aplicar descuentos y suspensiones a aquellos docentes que continúen con el paro. Algo similar con lo que están haciendo con el sector de la salud, de hecho, desde la Multisectorial manifestaron que “La legitimidad de la lucha docente se evidencia en su masividad y contundencia. Lo mismo en la salud. Los conflictos se resuelven con el diálogo, no con sanciones, persecución, ataques o difamación. El gobierno tiene que recibir y reunirse inmediatamente con los autoconvocados, con AProSLaR que también está de paro y con todos los sectores que integramos la Multisectorial. Para dar así solución a los problemas que no viene respondiendo, incluyendo las organizaciones sociales independientes que también ataca públicamente el gobernador y el ministro de desarrollo social”.
Se prepara una gran movilización por la llegada del presidente Fernández
Ante la llegada del presidente a La Rioja, docentes autoconvocados organizan la sexta marcha provincial que contará con docentes del interior y con personal del sector de la salud. Ambos sectores, pedirán ante el máximo mandatario un salario digno y por “los derechos de los trabajadores”.
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El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.
A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.
Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.
En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.
El gobierno de Mendoza logró suspender las elecciones PASO para este año y 2026. Lo hizo a través de una aprobación exprés en la Legislatura provincial, donde el oficialismo radical contó con apoyo del PRO. El resultado fue contundente: 37 votos a favor y 9 en contra.
La iniciativa, impulsada por la diputada Stella Maris Huczak, en un principio solo buscaba eliminar las primarias de este año. Sin embargo, en una maniobra de último momento, se amplió el alcance hasta 2026. El oficialismo argumentó que se busca ahorrar recursos y simplificar el calendario electoral.
Desde el PJ y el Partido Verde, surgieron críticas por el apuro del trámite. Legisladores opositores denunciaron que la medida no pasó por todas las comisiones necesarias y que se evitó un debate profundo. El senador Dugar Chappel calificó la jugada como “engañosa”.
Además, la norma aprobada incluye un artículo que suspende las PASO en municipios que decidan desdoblar sus elecciones. Esto generó nuevas tensiones entre el Ejecutivo provincial y los intendentes.
Con las internas eliminadas, la UCR mendocina acelera su acercamiento a La Libertad Avanza. La vicegobernadora Hebe Casado anunció públicamente su afiliación al partido libertario, aunque todavía no fue registrada formalmente ante la Justicia Electoral.
El gobernador Alfredo Cornejo mantiene conversaciones reservadas con sectores cercanos a Milei. El objetivo sería consolidar una alianza provincial de cara a las elecciones generales de octubre.
No todo es unidad dentro del radicalismo. El ministro de Defensa, Luis Petri, planteó una alternativa para definir candidaturas: usar un colegio electoral interno. Esta propuesta enfría momentáneamente las negociaciones con los libertarios y refleja las tensiones dentro del oficialismo.
Por su parte, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados provincial, defendió la decisión. Aseguró que las PASO “ya no cumplen la función para la que fueron creadas”.
Aunque todo indica que las elecciones se alinearán con el calendario nacional —previstas para el 26 de octubre—, el Ejecutivo todavía no lo confirmó. El gobernador tiene tiempo hasta el 18 de julio para tomar esa decisión.
Mientras tanto, la Junta Electoral provincial trabaja en la reestructuración de los plazos legales. Deberá redefinir fechas para la presentación de alianzas y listas, será necesario adaptar el cronograma electoral a la nueva situación.
Con este movimiento, Mendoza se convierte en la primera provincia en suspender por dos años consecutivos las elecciones primarias. La medida le da al oficialismo margen para negociar sin presiones internas y avanzar con alianzas estratégicas.
Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.
La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.
El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.
En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.
– Claudio Petris
Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.
El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.
– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”
La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.
Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.
Era previsible. Como toda tragedia anunciada, sólo había que esperar para que ocurriera.Mercado Libre se va de Córdoba. No por un incendio, ni por una catástrofe natural. Se va por algo mucho más nefasto y bien cordobés, casi tanto como el fernet con coca: la voracidad fiscal del peronismo local. En una ciudad donde cada semáforo roto es una postal, donde las veredas parecen diseñadas por enemigos de las personas con discapacidad, y donde el Estado municipal no puede garantizar ni un bache menos, el intendente Daniel Passerini y su titiritero Llaryora decidieron que el éxito empresarial es pecado y debe ser castigado.
La noticia encarna la silueta de un fantasma que venía merodeando a nuestras espaldas: sabíamos que estaba ahí, sentíamos su sombra como una amenaza implícita que era evidente que se acercaba, pero que de alguna forma nos terminó asustando igual. Mercado Libre cerrará sus oficinas en Córdoba Capital y mudará sus operaciones a la modalidad remota. ¿Motivo? Las tasas municipales. O más bien, la extorsión legalizada disfrazada de tasas. La empresa pagaba cerca de 770 millones de pesos al mes en concepto de tributos locales. Sí, leíste bien: SETECIENTOS SETENTA MILLONES MENSUALES. Según precisó la firma, entre todas las tasas que aplica la Municipalidad, termina pagando 2,11% de su facturación, porcentaje muy por encima de lo que paga en otras ciudades del país. A cambio, claro, de nada. Porque ni el estacionamiento medido funciona, ni el alumbrado mejora, ni la delincuencia disminuye, aunque nuestro flamante vice intendente, el ex macrista Javier “salto en garrocha” Pretto, tenga el tupé de justificar el IMPUESTAZO más alto de las últimas décadas alegando que a cambio el municipio brinda “seguridad”. Córdoba no ofrece ni infraestructura, ni estabilidad, ni incentivos. Solamente una trituradora de productividad llamada Estado peronista.
Algunos “distraídos” todavía se sorprenden, otros incluso defienden la medida y festejan la retirada de la multinacional (esos estocolmizados amantes de la esclavitud impositiva merecen la dedicación de toda una nota aparte). Otros ya sabíamos que esto iba a pasar, porque vivimos la ciudad, la trabajamos, la sufrimos, la escuchamos de boca de sus protagonistas: comerciantes, emprendedores y pymes que apenas logran sobrevivir. Pero sobre todo PAGAMOS IMPUESTOS, de los más altos del país de hecho. Acá no hay misterio: el peronismo cordobés aplica la misma lógica recaudatoria bravucona que un puntero en una esquina o un barra brava: “si ganás guita, me pagás el diezmo o te hago la vida imposible”. No es casual que Mercado Pago también haya ajustado sus tarifas en Córdoba por la misma razón, llegando a ser hasta un 17% mayores que en el resto de las provincias, a causa de la asfixiante carga fiscal que impone el gobierno de Llaryora: los ingresos brutos son literalmente un castigo por existir.
Lo gracioso (“tragicómico” sería más adecuado, si no fuera tan insultante) es que desde la Municipalidad salieron a decir que “la decisión es política”. ¡Claro que lo es! Pero no de la empresa, sino del municipio. Es política la decisión de convertir tasas razonables en tributos confiscatorios, es política la decisión de ahogar al sector privado para bancar un Estado clientelar e ineficiente, es política la decisión de echar empresas exitosas en el mundo libre al tiempo que mantienen ñoquis militantes cobrando favores y pudriendo la gestión pública. Y que no venga la casta política y su militancia rentada a querer corrernos con el verso de que “Mercado Libre se va porque puede operar remoto”; eso sería como justificar que un inquilino abandona un departamento porque “tiene mochila para acampar”. No, señor. Se va porque el dueño de casa lo extorsiona todos los meses con aumentos arbitrarios y le corta la luz si se queja. ¿Quién en su sano juicio se quedaría?
Esta no es una anécdota aislada, es un síntoma del modelo fiscal depredador que gobierna Córdoba desde hace 25 años; un cuarto de siglo bajo el rapto de gestiones peronistas encadenadas, donde cambian los apellidos pero no la lógica de saqueo. La misma lógica que alguna vez fundió fábricas (y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo), y que hoy desalienta inversiones y expulsa talento de nuestra propia tierra. Aún así, estos liberticidas tienen la audacia de culpar a la empresa por irse. Porque claro, en Llaryoralandia las víctimas siempre son los culpables. Si los números no cierran, subimos los impuestos. Si la gente protesta, la acusamos de hacer política. Si la empresa se va, decimos que lo hace “porque no quiere pagar”, cuando bien sabemos que no es la primera ni será la última compañía en retirarse y dejar sin oportunidades de crecimiento a la ciudad.
Mientras tanto, nosotros los vecinos, el ciudadano de a pie, seguimos pagando los platos rotos. Nuestras vidas, en lugar de simplificarse, se complican cada vez más. Porque esta fuga no sólo representa una derrota simbólica, sino una pérdida concreta de dinamismo económico. Son menos consumos en los negocios de la zona, menos contratos con proveedores locales, menos circulación. El Estado provincial no sólo no produce, sino que destruye lo que los privados generan, en una actitud que solo puede explicarse por malicia, negligencia o una combinación letal de ambas. Y después lloran por los recortes de Nación… Respóndanme entonces, por qué no les está pasando lo mismo al resto de las provincias. Eso pensé, sin palabras.
No hay nada más kirchnerista que un peronismo que se disfraza de “cordobesismo productivo” mientras exprime hasta al último laburante con un posnet. Llaryora y Passerini son la continuación del fracaso disfrazada de moderación, los herederos de un aparato que vive del esfuerzo ajeno y encima se victimiza cuando le reclaman resultados.
En paralelo, muchos se preguntan: “¿por qué no hay laburo?”. ¿Cómo va a haber, si cada intento de crear valor es automáticamente castigado? ¿Cómo va a haber si a toda iniciativa privada se la mira con sospecha, como si fuera un acto delictivo? ¿Cómo va a haber, si el único mérito que se premia en Córdoba es el de militar para el partido de turno, y la mayor ambición a la que se puede aspirar es ser un munipa?
Cuando votamos peronismo, no importa si viene con tonadita simpática y moderada o con gritos de barricada, siempre termina igual: más impuestos, menos libertad, menos futuro. La salida de Mercado Libre es apenas un botón de muestra de lo que pasa cuando el Estado se convierte en enemigo del ciudadano productivo. Y lo que viene será peor, si no frenamos esta maquinaria infernal de saqueo institucionalizado camuflado en “justicia social” y “redistribución de la riqueza”. Porque las empresas pueden mudarse. Vos y yo no.
El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.
“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.
La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.
La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.
Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.
Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.
El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.
Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.
“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.
Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.
Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.
El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.
Las autoridades sanitarias identificaron puntajes inconsistentes con los antecedentes académicos y el desempeño previo en otras evaluaciones de varios postulantes. Según fuentes oficiales del Ministerio, “son resultados incongruentes con el parámetro histórico de las universidades de donde provienen, con el promedio de la carrera de esos alumnos y en relación con otros exámenes que esos mismos alumnos rindieron”.
Una de las mayores alertas surgió al comparar los resultados obtenidos en el examen nacional con otro examen similar rendido dos días antes en el Hospital Británico. En un caso del top 10 del ranking nacional, el postulante alcanzó 95 puntos en el examen oficial, mientras que solo había obtenido 45 puntos en la prueba anterior, una diferencia significativa de 50 puntos.
La mayoría de los casos investigados provienen del Concurso Unificado para Medicina, que se realizó en Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 8.000 médicos. En total, hubo 10.225 resultados en el examen, con 1.026 ausentes, por lo que finalmente rindieron la prueba 9.199 postulantes. Los resultados se publicaron el pasado 18 de julio.
Históricamente, médicos graduados en universidades ecuatorianas no superaban el puesto 500 en el ranking. Sin embargo, este año, más de 30 postulantes de instituciones como la Universidad Técnica de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Central del Ecuador, accedieron a los primeros puestos. Particularmente llamativo resultó que nueve egresados de la Universidad Técnica de Manabí, representando apenas el 0,02% del total, se ubicaron entre los 27 primeros puestos.
Además, se detectaron puntuaciones superiores a 88 puntos entre egresados colombianos de la Universidad de Boyacá y la Universidad Tecnológica Pereira. Del total de 2.833 postulantes extranjeros, se contabilizaron 1.045 provenientes de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú.
En paralelo, una versión difundida por el medio digital Quorum informó que un grupo de aspirantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires habría denunciado ante el decano la supuesta venta de exámenes por valores entre 2.000 y 3.000 dólares, solicitando medidas inmediatas.
Desde el Ministerio también investigan indicios que sugieren ayuda externa durante el examen, como el uso de segundos teléfonos celulares para recibir respuestas mediante asistentes digitales e incluso grupos organizados a través de aplicaciones como Telegram. Fuentes ministeriales señalaron además casos en los que postulantes habrían ido hasta nueve veces al baño durante el examen, reforzando la hipótesis. Calificaron la situación como un posible “fraude masivo y organizado” y reconocieron que, de confirmarse la venta de exámenes, se habría evidenciado una falla en los controles.
En respuesta a estos hallazgos, la cartera sanitaria analiza postergar la publicación del ranking final de mérito, inicialmente prevista para el próximo lunes, que impacta directamente en la elección de los hospitales o instituciones para realizar las residencias médicas.
Este examen incorporó, además, una reciente modificación que otorga cinco puntos adicionales a quienes hayan cursado sus estudios en universidades argentinas, cambio aplicado específicamente al Concurso Unificado (Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires), con el objetivo declarado de reducir asimetrías frente a egresados con títulos extranjeros.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y…
