La Plata | JxC destrozó al kirchnerismo tras las críticas contra Garro: “Se terminó el pan y circo en educación”
El secretario de Cultura y Educación, Martiniano Ferrer Picado, respondió a las críticas del Frente de Todos (FdT) por las obras escolares en La Plata.
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El titular de la cartera de Cultura y Educación, Martiniano Ferrer Picado, cruzó al Frente de Todos (FdT) por las críticas realizadas sobre las obras escolares en la ciudad.
El secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, Martiniano Ferrer Picado, salió al cruce contra el kirchnerismo para defender la política que lleva adelante el Gobierno municipal en obras de infraestructura educativa. “La gestión de Julio Garro terminó con el ‘pan y circo’ del Fondo Educativo y se construyeron nuevos edificios”, sentenció.
Por otro lado, el funcionario respondió ante una acusación formulada por la diputada provincial K, Lucía Iáñez: “Se construyeron nuevos edificios, varios provinciales aun siendo un Municipio, para que esas escuelas tengan espacios propios por primera vez”.
Viejas utopías se transformaron en realidad, como ocurre con el Jardín de Infantes N° 945 de El Peligro, Secundaria N° 37 de Gorina, Secundaria N° 92 de Arana, Secundaria N° 43 de Villa Garibaldi, Jardín Maternal Itatí de Villa Elvira y el Jardín Maternal N° 3, entre muchos más. pic.twitter.com/ld7uxE03Mf
“Viejas utopías se transformaron en realidad, como ocurre con el Jardín de Infantes 945 de El Peligro, la Secundaria 37 de Gorina, la Secundaria 92 de Arana, la Secundaria 43 de Villa Garibaldi, el Jardín Maternal Itatí de Villa Elvira y el Jardín Maternal 3, entre muchos más”, recordó el responsable de la cartera educativa del Municipio. Según se informó, la Municipalidad avanza en la finalización de 16 edificios nuevos con recursos del Fondo Educativo, 12 de los cuales ya se encuentran finalizados y cuatro en plena ejecución.
Vale recordar que a lo largo de la gestión de Garro ya son un total de 350 obras en escuelas del distrito financiadas con el Fondo Educativo, al tiempo que se hicieron un total de 110 aulas nuevas, y se está iniciando la construcción de otros 4 nuevos edificios, que completarán un total de 20.
El servicio educativo es lo más esencial de la ciudad
Entre las obras previstas que sean una realidad en el Ciclo Lectivo 2022, están la Escuela Primaria 61, en donde se construirá un anexo con más de 10 aulas y baterías de baños. Un nuevo jardín de infantes en Hernández, que ya se encuentra en ejecución. La construcción de aulas con cumplimiento de normativa educativa como en la secundaria 27 que tenía aulas modulares desde hace más de 20 años y la construcción del jardín de infantes 946, entre otras.
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El presidente del Comité Nacional de la Unión del Centro Democrático (UCede), Andrés Passamonti, afirmó en una reciente entrevista junto al periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, que a casi dos años de gestión, las privatizaciones anunciadas por el gobierno están paralizadas, con ventas parciales como la de IMSA, montos modestos frente al activo estatal y prácticas que definió como “mala praxis”.
El mapa de las privatizaciones prometidas se empantana: de Transener a AySA, de Intercargo a ARSAT, los anuncios se multiplican pero los pliegos no llegan y las prórrogas se acumulan. ¿Conviene vender rápido y a cualquier precio o esperar para no regalar activos estratégicos?
“Ahora invertimos, la mejoramos, empieza a dar superávit y entonces la vendemos, no se entiende. Las otras empresas también, pero es mala praxis, mala praxis como en muchas áreas de gestión y ellos se enojan cuando uno se lo dice, pero es real”, afirmó Passamonti. “Hoy se recaudarían unos mil millones de dólares… Es estar regalando las empresas”, agrego.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.
Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.
En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó.
Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.
Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025.
El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.
– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde
La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron.
Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”.
LA RESPUESTA DE ROMÁN
El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes.
“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”.
– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook
Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”.
También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas.
Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.
VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL
A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.
El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.
La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.
– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves
El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.
El brutal asesinato de Rita Mabel Suárez el jueves 15 de agosto en Villa Luzuriaga ha reavivado el intenso debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo epicentro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial del gobernador, Axel Kicillof.
El subsecretario de Medios, Javier Lanari, expresó contundentemente que “La Provincia es un baño de sangre” y acusó a la administración bonaerense de “proteger delincuentes y fomentar la violencia”. Por otro lado, Kicillof reclama que el gobierno nacional “quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, equivalente según él a “la compra de 10.000 patrulleros”. El gobernador habría creado un programa provincial de $170.000 millones con recursos propios para fortalecer el despliegue policial. “Sí salis, no sabes sí volvés”, declaró una vecina sobre el violento hecho.
Kicillof ha intentado despolitizar el debate, señalando que “algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor” y criticando que “se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”. Sin embargo, el funcionario reconoció la gravedad de la situación: “Asumo una responsabilidad sobre la seguridad de 17 millones de bonaerenses”.
Rita Suárez, una preceptora de 47 años y madre de dos hijos, fue asesinada a tiros mientras esperaba en su automóvil que su hija saliera de una clase de canto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
Según fuentes e imágenes de cámaras de seguridad, tres delincuentes —un mayor de 19 años y dos menores— intentaron robarle el Renault Sandero Stepway. Uno de los asaltantes, sin mediar palabra, abrió fuego a corta distancia a través del vidrio del conductor. Rita recibió el disparo mientras permanecía en el vehículo.
El hijo adolescente de la víctima, de 15 años, presenció la escena. En las grabaciones se lo escucha gritar desesperado: “Mamá, no”, mientras veía cómo disparaban contra su madre a solo unos centímetros. La mujer agonizó alrededor de 20 minutos hasta que un vecino la trasladó a la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde finalmente falleció.
El crimen se produjo apenas 24 horas después de otro atroz suceso en el mismo partido, cuando motochorros asesinaron a una joven de 23 años en González Catán. En lo que va de 2024, La Matanza contabilizó 155 homicidios, once víctimas más que en 2023. Por su parte, 128.477 robos denunciados en 2024, representando un incremento del 18% respecto a 2023, junto con un aumento del 56% en homicidios en ocasión de robo en 2023 y el aproximado de 15 robos por hora (un robo cada cinco minutos), alimentando el reclamo de vecinos y autoridades por más medidas de seguridad.
Rita Suárez era una persona conocida y querida en su comunidad: trabajadora de la educación, fanática de la banda La Renga y responsable de un emprendimiento llamado “Bordando Rock”. Su muerte, frente a su hijo adolescente, movilizó tanto a los vecinos como a las autoridades educativas de la zona.
La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró un rápido esclarecimiento del caso gracias a un detalle insólito. Los delincuentes habrían pagado sus compras con billeteras virtuales. Tras cometer el crimen, los tres sospechosos compraron agua en un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato, donde Máximo José Leguizamón (17 años) pagó con una aplicación a su nombre.
Posteriormente, tomaron un remis que abonaron con otra billetera virtual perteneciente a Alex Uriel Muñoz (19 años), quien fue detenido en su domicilio de Rafael Castillo vistiendo la misma ropa del momento del crimen. En el allanamiento se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, cincuenta municiones y prendas manchadas con sangre. Un menor continúa prófugo.
Uber, DiDi y Cabify defendieron esta semana ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba la necesidad de una ordenanza “sin barreras que vuelvan inviable el modelo”. Las compañías coincidieron en objetar el artículo 9.º del despacho oficialista, que fijó un cupo máximo de 4.000 vehículos.
Pedro Martino, responsable de Asuntos Públicos de Uber para el Cono Sur, recordó que la plataforma registró “más de 20.000 socios conductores activos por mes” y advirtió que “con el cupo, el 80 % quedaría afuera”.Antonio Canale, de DiDi, calculó que la medida excluiría “entre 7.000 y 13.000 conductores”, lo que restringiría la oferta especialmente en los barrios alejados.
Uber también cuestionó la exigencia de licencia profesional y la presentación de antecedentes penales provinciales previstas en el artículo 5.º; propuso aceptar constancias de trámite para no demorar entre dos y seis meses el inicio de la actividad. En el plano técnico, rechazó el límite de 10 años de antigüedad de los vehículos —que, según calculó, excluiría a más de la mitad de los conductores actuales— y sugirió extenderlo a 14,3 años, en línea con el promedio nacional del parque automotor. La empresa solicitó, además, eliminar la exigencia de una capacidad mínima de baúl por considerarla “difícil de verificar”.
Martino remarcó que el modelo de plataformas funciona sobre tres tasas clave —entrada, salida y reingreso de conductores— y sostuvo que un cupo fijo “distorsionaría esa dinámica y afectaría la eficiencia del servicio”.
Desde Cabify, Ignacio Escuti avaló la regulación “pero sin barreras”. María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como “herramienta de ordenamiento” y subrayó que “las apps no reemplazan al transporte masivo; son un complemento”. Entre los conductores, José Bini alertó que con la limitación “faltará oferta y se encarecerá el servicio”, mientras Romina Lescano pidió evitar un “monopolio de empresas multinacionales” y sugirió que la Universidad Nacional de Córdoba definiera técnicamente el número de licencias.
El concejal Javier Fabre (UCR) advirtió que crear un cupo generaría “un recurso escaso que se vuelve negociable” y señaló “el gran riesgo constitucional” de limitar la actividad privada. Su par Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) calificó de “inaplicable y perjudicial” cualquier tope de vehículos y denunció el ingreso “hostil e intimidatorio” de referentes del taxi al recinto.
Afuera, la protesta de taxistas y remiseros comenzó a las 8 y bloqueó por completo la avenida Costanera y el Puente Alvear con bengalas amarillas y verdes —prohibidas por la normativa municipal—. Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió: “No estamos dispuestos a perder nuestra fuente de trabajo. Vamos a defender la actividad hasta las últimas consecuencias”.
El presidente de la comisión, Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), consideró que el intercambio “es un avance” para evitar que la norma sea “inaplicable o inconstitucional”. “La información que hoy trajeron todas las plataformas y los trabajadores nos sirvió para construir una mejor regulación”, sostuvo. No obstante, la comisión aún no fijó la fecha para enviar el proyecto al recinto.
Uber concluyó que el cupo provocaría “menores oportunidades económicas, menos disponibilidad de viajes y mayores valores y tiempos de espera”, mientras que los sindicatos tradicionales convocaron a “21 días de lucha hasta el final” bajo el lema “Por el honor, la lealtad y el orgullo de ser taxistas y remiseros”. El debate continuará en las próximas sesiones.
El Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú recibirá un aporte regular de la Justicia Federal, con un primer desembolso que supera los 4 millones de pesos. La iniciativa surge de gestiones del intendente Mauricio Davico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y se enmarca en los mecanismos reparatorios previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
El jefe comunal y el juez federal Hernán Viri recorrieron la residencia junto al presidente de su comisión directiva, Gustavo Píccoli. También estuvieron el fiscal federal Pedro Rebollo; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión del Hogar.
Durante la visita, Viri explicó el origen de los fondos. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos, cuando no son graves, puede haber una resolución alternativa, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.
En el último año, gran parte de esos recursos se dirigieron al Hospital Centenario, por más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas.
La meta, dijo, es ampliar el alcance: “La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy, muy valioso, muy valorable. Tenemos que apoyarlos”.
Por su parte, el intendente Davico valoró la rapidez de la respuesta judicial a su pedido para el Hogar: “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, y remarcó el foco de su gestión: “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”.
Píccoli, por su parte, agradeció el acompañamiento del Municipio y de la Justicia. La recorrida incluyó sectores del edificio —casi centenario— donde se ejecutan mejoras con colaboración del Rotary Club y de otros actores sociales.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
