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Desde el Gobierno de La Plata, el intendente Julio Garro encabezó la entrega de unas 150 tablets a jubilados, con el objetivo de brindar herramientas para promover la inclusión digital de adultos mayores. Todo ello dentro del marco del Programa Municipal Integración Digital, que lleva adelante la gestión.
“La tecnología y la comunicación no sólo nos acercan, sino que también nos mantienen conectados con nuestros seres queridos y nos permite resolver cuestiones cotidianas desde la comodidad de nuestro hogar, lo que mejora la calidad de vida y habilita la igualdad de oportunidades”, subrayó Garro sobre la iniciativa.
Hoy la tecnología nos ayuda a estar más cerca. 150 adultos mayores se fueron felices con sus nuevas tablets! pic.twitter.com/fj68kOzGJn
La entrega de los dispositivos se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Centro Cultural Dardo Rocha y se coordinó con la Subsecretaría de Proyectos Especiales en conjunto con la Dirección de Tercera Edad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Vale destacar que en lo que va del año el Municipio ya entregó 300 tablets, ya que en abril se otorgaron las primeras 150.
Desde la Comuna explicaron que los dispositivos cuentan con un programa instalado llamado Más Simple, destinado al uso de los adultos mayores, con el que podrán realizar diferentes gestiones, trámites, pagos de servicios y otras acciones digitales.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.
Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.
En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.
El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:
Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
Estabilidad laboral de todo el personal actual.
Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.
Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.
Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.
Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.
Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: “Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.
Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.
Tras días de reclamos, la administración del Hospital Garrahan comunicó este domingo que el sueldo de los médicos residentes se elevará a la suma de $1.300.00 a partir del 1 de julio, pero los gremios se oponen porque no engloba al 90% restante del personal
La Junta Interna de ATE comunicó este mediodía que la suba salarial solo para los residentes excluye al resto de los trabajadores “de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”. Por ende, el gremio llevará a cabo una asamblea general este martes.
¿QUÉ DICE EL COMUNICADO?
En el comunicado, la cúpula del nosocomio advirtió que desde este mes implementará un sistema biométrico para controlar la presencialidad laboral y avisó que a partir de mañana, quien no trabaje será despedido.
Este sector cobraba $797.000 hasta este mes. Sobre ese monto, percibirá unos $500.000 de aumento. Es decir, un 60%. Con el mismo, el Gobierno busca desactivar las asambleas de los empleados del hospital, en especial, las de los médicos residentes, que se preveían para mañana y el resto de la semana.
En paralelo, a este anuncio, la administración del Garrahan reiteró su postura de seguir con la auditoria sobre el nosocomio: “Estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos”, afirmó en el comunicado.
El aumento hacia los $1.300.000 había sido trascendido el viernes por la tarde. Desde el Ejecutivo tenían pensado anunciarlo ese día, pero se postergó hasta este domingo.
Desde el Gobierno minimizan que el incremento salarial sea resultado de las medidas de fuerza de los trabajadores y alegan que se enmarca en una planificación presupuestaria estipulada para esta altura del año, a su vez apunta contra una presunta casta sindical como chivo expiatorio para sus políticas sobre el nosocomio.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
En la previa a las elecciones provinciales del 8 de junio, la Justicia Electoral de Misiones tomó la decisión de excluir del padrón electoral a policías y agentes penitenciarios. Esta medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, se aplicó con el argumento de que estos funcionarios no deben participar en los comicios mientras estén en servicio activo.
La disposición recibió críticas desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la medida y argumentaron que vulnera el derecho al sufragio consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalan que en elecciones anteriores, los miembros de las fuerzas de seguridad habían votado sin restricciones, lo que plantea dudas sobre la motivación y la oportunidad de esta exclusión.
El caso de Ramón Amarilla, ex suboficial de la policía y actual candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores, cobró especial relevancia en este contexto. Amarilla, detenido desde septiembre en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, enfrenta una impugnación a su candidatura por parte del fiscal electoral Flavio Morchio, quien argumenta que su situación procesal lo excluye del padrón electoral. Sin embargo, su defensa sostiene que la ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser elegido, y que Amarilla figura en el padrón provisorio, lo que respaldaría su postulación.
– Ramón Amarilla
La medida adoptada por la Justicia Electoral de Misiones también ha sido criticada por su implementación. Se reportaron casos en los que se habría ordenado la retención de documentos de identidad a efectivos policiales para impedir su participación en los comicios, lo que se interpretó como una forma de coacción y una vulneración de derechos fundamentales.
Desde el oficialismo provincial la medida fue tomada como una forma de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, la falta de una aplicación consistente de esta disposición en elecciones anteriores y la ausencia de una justificación clara alimentaron las sospechas de que podría tratarse de una maniobra política para influir en los resultados electorales.
La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.
En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.
La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.
El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.
Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.
Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.
En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.
El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.
El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.
El Aviso ARA Alférez Sobral partió el lunes desde la Base Naval de Mar del Plata remolcado por unidades de la Armada —ARA Puerto Argentino, ARA Bahía Agradable, corbeta ARA Espora y patrullero rápido ARA CL Cordero— rumbo a las coordenadas 39° 54′ S y 59° 30′ W, donde fue hundido en alta mar. La maniobra replicó el destino que años atrás recibió el Comandante Luis Piedrabuena y puso fin a más de cuatro décadas de servicio activo y simbólico.
Adolfo Schweighofer, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, expresó su dolor: “El Sobral es un buque que estuvo en Malvinas, que fue atacado por los usurpadores ingleses, que tiene ocho muertos a bordo y varios heridos. Hubo la posibilidad de traerlo como buque museo, lo ofreció la Armada en su momento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era muy difícil”. Recordó que la nave permaneció años amarrada sin mantenimiento: “Ya estaba oxidado totalmente, desmantelado. El paso del tiempo hizo imposible económicamente conservarlo”.
El ex tripulante santafesino Ricardo Abel Cuevas resumió el sentimiento de la dotación: “Me causa mucha tristeza, porque lo consideramos parte de nuestra subsistencia en la guerra”. Cuevas recordó la noche del 2 de mayo de 1982: “En aquel combate el Sobral perdió a ocho de sus tripulantes, incluido su comandante”. Aquellos caídos fueron el capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca; los cabos principal Ramón Omar Cabrera y Mario Aurelio Alancay; los cabos segundo César Gustavo Rodríguez y Héctor Daniel Medina; y los marineros Mario Gustavo Alcaraz, Jorge Oscar Gualdieri y Juan Domingo Baldini.
Tras el ataque con misiles Sea Skua lanzados desde helicópteros británicos, la nave quedó seriamente dañada, pero su dotación—liderada de facto por el teniente de navío Sergio Bazán luego de la muerte del comandante—logró mantenerla a flote y arribó tres días después a la costa continental, tras emitir sucesivos mensajes de “Mayday” en morse. Los hierros retorcidos del puente de navegación se exhiben hoy en el Museo Naval de la Nación.
Años de gestiones para salvar al buque fracasaron. El 10 de septiembre pasado la Armada lo ofreció en subasta junto a otras unidades; el lote se retiró de la puja tres días después para permitir que veteranos y privados buscaran fondos. Remolcarlo exigía al menos 250 mil dólares y ningún plan prosperó. Hubo propuestas para llevarlo a Olivos, Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Santa Fe—donde excombatientes imaginaban un museo flotante—pero la falta de presupuesto las frustró.
Construido en 1944 en Estados Unidos como USS Salish, el buque de 43,6 metros de eslora y 10,3 de manga sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972 pasó a la Armada Argentina y recibió el nombre de Alférez José María Sobral, explorador antártico. Ese mismo año asistió al célebre buque Calypso de Jacques Cousteau.
Cuevas criticó el final elegido: “Al igual que hicieron con el buque Comandante Luis Piedrabuena, lo llevan a altamar para tomarlo como blanco de tiro y hundirlo. No merece ese final. Lo están tratando como chatarra, como un fierro oxidado”. También lamentó que desde 2021 no le permitieran subir a bordo: “Cada 3 de mayo nos reuníamos toda la tripulación con vida y oficiábamos una vigilia a bordo del Sobral en honor a nuestros caídos”.
Schweighofer coincidió: “Nos habíamos entusiasmado con la posibilidad de tenerlo en Santa Fe, un buque histórico que sirviera como atractivo visual, turístico y un homenaje a los muchachos que murieron”. Al conocer la decisión definitiva, concluyó: “Argentina tiene que valorar más su historia. Hay otros buques que ya han sido hundidos porque el tiempo pasa y tenerlo flotando en el puerto significa un costo muy grande”.
Con el hundimiento, sólo algunas piezas—como la campana, un cañón y mobiliario—quedaron preservadas. El resto del casco descansa ahora en el fondo del Atlántico, convertido en tumba de acero para aquel “viejo guerrero” que escribió una página decisiva en la historia naval argentina.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
