La jueza que entregó a Lucio Dupuy al cuidado de sus asesinas será investigada por mal desempeño
La jueza Ana Clara Pérez Ballester fue quien dejó a Lucio Dupuy en cuidado de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, ignorando las incesantes denuncias por parte de la familia paterna de la víctima. Por ello, será investigada por la justicia de La Pampa.
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El jurado de enjuiciamiento de La Pampa ordenó la conformación de una causa contra la Ana Clara PérezBallester, la jueza que dejó a Lucio Dupuy al cuidado de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez, ambas condenadas recientemente a prisión perpetua por asesinar, tortular y violar al niño de 5 años.
También será investigaba la asesora de niños, niñas y adolescentes Elisa Alejandra Catán, quien trabajó en conjunto con la jueza, ambas serán sometidas a un jury bajo la caratura de mal desempeño de sus funciones en la tramitación del expediente de Lucio Dupuy. En ese sentido, le corresponde al procurador general Mario Oscar Bongianino, definir si corresponde formular una acusación contra ambas para que vaya n a juicio oral y público.
El tribunal interno que juzgará a la magistrada estará integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andres Valderrama Calvo, y las abogadas MaríaNatalia Gaccio y Silvina María Garro. El tiempo para Bongianino comienza a correr, solo tiene seis días hábiles para formular una acusación. En caso contrario, el expediente se cerrará.
En caso de que avance, y tanto la parte acusante como la defensa de la magistrada deberán presentar pruebas para el debate, allí comenzarán a correr otros 15 días. Por último, se fijará el día del inicio del juicio con un intervalo no menor a seis días.
Fuente: Periodismo y Punto
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Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.
Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.
De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.
En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.
A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.
“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.
El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.
“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.
¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA
El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.
Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.
Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.
Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.
La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo PocielloArgerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.
El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.
Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.
En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.
Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por SergioPalazzo, quien presentó una demanda judicial.
Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.
Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria
En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.
El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.
Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.
La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.
El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.
A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.
María Eugenia Capuchetti
Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro SalvadorCosta, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo ArielGuille, secretario privado del Ministro, Alberto AlejandroMaceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y MaríaElena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.
Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.
Ayer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó una recorrida por varios pueblos de la provincia. Desde sus redes, el funcionario narró que comenzó el día visitando la localidad de Pozo Borrado, y siguió su recorrido por El Nochero, Margarita, Llambi Campbell y, finalizó su gira en Helvecia.
Durante su paseo, el gobernador de la provincia fue protagonista de un episodio que despertó carcajadas en las redes.Ocurrió que se viralizó un video del jefe provincial rodeado de niños que le pedían autógrafos y, en el tumulto, puede escucharse el reproche de uno de los niños: “¡Pero ese no es Milei!”.
Algunos usuarios cuestionaron la supuesta espontaneidad del video, argumentando que la vieja costumbre de pedir autógrafos no es una conducta esperable en un niño. Comentarios como “Obligan a los chicos a que se le acerquen” y “Los chicos no piden autógrafos. Esa es cabeza de adulto” fueron comunes en las redes.
