La jueza que entregó a Lucio Dupuy al cuidado de sus asesinas será investigada por mal desempeño
La jueza Ana Clara Pérez Ballester fue quien dejó a Lucio Dupuy en cuidado de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, ignorando las incesantes denuncias por parte de la familia paterna de la víctima. Por ello, será investigada por la justicia de La Pampa.
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El jurado de enjuiciamiento de La Pampa ordenó la conformación de una causa contra la Ana Clara PérezBallester, la jueza que dejó a Lucio Dupuy al cuidado de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez, ambas condenadas recientemente a prisión perpetua por asesinar, tortular y violar al niño de 5 años.
También será investigaba la asesora de niños, niñas y adolescentes Elisa Alejandra Catán, quien trabajó en conjunto con la jueza, ambas serán sometidas a un jury bajo la caratura de mal desempeño de sus funciones en la tramitación del expediente de Lucio Dupuy. En ese sentido, le corresponde al procurador general Mario Oscar Bongianino, definir si corresponde formular una acusación contra ambas para que vaya n a juicio oral y público.
El tribunal interno que juzgará a la magistrada estará integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andres Valderrama Calvo, y las abogadas MaríaNatalia Gaccio y Silvina María Garro. El tiempo para Bongianino comienza a correr, solo tiene seis días hábiles para formular una acusación. En caso contrario, el expediente se cerrará.
En caso de que avance, y tanto la parte acusante como la defensa de la magistrada deberán presentar pruebas para el debate, allí comenzarán a correr otros 15 días. Por último, se fijará el día del inicio del juicio con un intervalo no menor a seis días.
Fuente: Periodismo y Punto
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La Municipalidad de Gualeguaychú y la Asociación Promover Conin Gualeguaychú unieron fuerzas en una nueva estrategia para combatir la desnutrición infantil, un problema que afecta a muchos niños en esa región. Esta colaboración busca fortalecer el abordaje y mejorar la detección y tratamiento de la malnutrición en los menores de la ciudad entrerriana.
En una reunión celebrada este jueves, funcionarios municipales y miembros de la Asociación discutieron y planificaron operativos territoriales con el objetivo de identificar y abordar los casos de desnutrición infantil de manera más eficaz. Este problema, especialmente dado durante la primera infancia, puede derivar en efectos irreversibles en el desarrollo cerebral, por lo que se busca establecer un protocolo regulatorio que permita una intervención temprana y efectiva.
Durante el encuentro, se destacó la reciente donación de leche en polvo proveniente del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional a través de la Fundación CONIN Argentina. Esta donación, que incluye una parte destinada a las familias del programa y otra para vecinos en situación de vulnerabilidad, representa un alivio significativo para la Asociación Promover Conin Gualeguaychú. La leche contribuirá a mejorar la nutrición de aproximadamente 50 niños que actualmente reciben asistencia.
La Red Conín Gualeguaychú, que asiste a niños con problemas de malnutrición y a mujeres embarazadas, recibió 1300 kilos de leche en polvo. Según Reneé Torres, Coordinadora de la Red Conín en Gualeguaychú, esta cantidad cubrirá las necesidades de los niños durante aproximadamente 18 semanas, coincidiendo con la fecha de vencimiento del producto (estipulado para octubre). La entrega de alimentos se enmarca en un acuerdo nacional que busca enfrentar la crisis alimentaria y ofrecer apoyo a las familias más necesitadas.
La situación económica incrementó la demanda de asistencia en la Red Conín. La inflación y la crisis han llevado a más familias a solicitar ayuda, lo que ha intensificado el trabajo de la organización. La Coordinadora Torres agradeció la colaboración de la comunidad local y resaltó la importancia de la ayuda que reciben tanto de los vecinos como de las instituciones gubernamentales.
Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.
Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.
La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo PocielloArgerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.
El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.
Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.
En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.
Ayer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó una recorrida por varios pueblos de la provincia. Desde sus redes, el funcionario narró que comenzó el día visitando la localidad de Pozo Borrado, y siguió su recorrido por El Nochero, Margarita, Llambi Campbell y, finalizó su gira en Helvecia.
Durante su paseo, el gobernador de la provincia fue protagonista de un episodio que despertó carcajadas en las redes.Ocurrió que se viralizó un video del jefe provincial rodeado de niños que le pedían autógrafos y, en el tumulto, puede escucharse el reproche de uno de los niños: “¡Pero ese no es Milei!”.
Algunos usuarios cuestionaron la supuesta espontaneidad del video, argumentando que la vieja costumbre de pedir autógrafos no es una conducta esperable en un niño. Comentarios como “Obligan a los chicos a que se le acerquen” y “Los chicos no piden autógrafos. Esa es cabeza de adulto” fueron comunes en las redes.
Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por SergioPalazzo, quien presentó una demanda judicial.
Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.
Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria
En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.
El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.
Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.
El reciente anuncio de Federico Sturzenegger, nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la implementación de un examen de ingreso para la función pública, generó una rápida y fuerte reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el funcionario del presidente Javier Milei, calificando la iniciativa como un mal comienzo.
Aguiar criticó duramente a Sturzenegger, señalando: “Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”. Además, tachó de hipócrita al ministro por hablar de condiciones de ingreso mientras el Gobierno “despide y cesantea ilegalmente a empleados”.
El líder sindical enfatizó que ATE siempre ha estado a favor del ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad laboral, rechazando el acomodo y el favoritismo. “Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial“, lanzó Aguiar en un mensaje que también difundió en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la propuesta de su nuevo ministro en su cuenta de Instagram, afirmando que el examen de ingreso es para aquellos que deseen trabajar en el Estado y criticando a quienes protestan porque “no lo van a poder pasar”. Este respaldo presidencial subraya el compromiso del gobierno con la iniciativa de Sturzenegger.
Sturzenegger detalló en redes sociales las funciones de su nuevo ministerio, destacando una “agenda de desregulación” con ejes en la agenda legislativa y reglamentaria. Anunció la continuación de la Ley Hojarasca y otros aspectos de la Ley Bases original. Además, mencionó que se buscará eliminar burocracia innecesaria y fomentar cambios simples, como la desregulación del mercado aerocomercial.
La controversia principal radica en la propuesta de exámenes de ingreso, que Sturzenegger justificó como una medida para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del servicio público. “La evaluación permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución”, afirmó el ministro.
Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.
El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.
¿Qué irregularidades consideró Vera?
El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.
Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.
Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.
La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.
