La Iglesia de Salta oficializa el “Ministerio del Exorcista”
El polémico arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, fue quien creó la particular dependencia. Cargnello había sido denunciado por las monjas carmelitas de su iglesia.
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El polémico arzobispo Mario Antonio Cargnello volvió a ser noticia tras considerar necesaria la creación del “Ministerio del Exorcista”, con el fin de combatir al “demonio” que ejerce una influencia negativa en “el alma” de las personas.
“El demonio sigue empeñado en alejar las almas de Dios. Las invita a través de la tentación a pecar. Por eso podemos afirmar que ese es el peor de los males y además causa otros. A esto se lo suele denominar la acción ordinaria del demonio”, indica el religioso en el documento.
Comunicado donde Cargnello oficializa el ministerio.
Según el texto, parecería que el organismo no se encargaría únicamente de los clásicos exorcismos representados en las películas de terror, ya que aseguran que la presencia del diablo estaría detrás de los pecados de los hombres.
Sin embargo, no hay mayores detalles sobre el funcionamiento del organismo, aunque sí están los nombres de sus responsables máximos: los sacerdotes Loyola Pinto y de Sancristóval y Héctor Fernando Campero. Su finalidad será alejar el demonio de las personas para “sanarlas”.
El arzobispo Cargnello (izq.) ya nombró a dos responsables máximos del organismo, uno de ellos será el sacerdote Loyola Pinto y de Sancristóval (der.).
Al ser consultada por la prensa, la Conferencia Episcopal Argentina no pudo desentenderse de la situación. “Que un obispo designe a un exorcista en su diócesis es una de las prácticas más antiguas que tiene la iglesia. El obispo puede poner a disposición a un sacerdote para este tipo de funciones”, señalaron.
Cargnello se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace un par de meses cuando tras ser denunciado por tres monjas Carmelitas Descalzas de su iglesia, que lo acusaron de “violencia de género”. Por lo que habría firmado la creación de la polémica dependencia para recuperar la iniciativa y la centralidad.
Fieles hicieron un abrazo simbólico en el Convento San Bernardo en apoyo a las carmelitas.
Según la abogada que representa a las religiosas, estas padecieron durante las últimas dos décadas “un calvario de agresiones físicas y psíquicas”. Señaló que ellas estaban “paralizadas del miedo” al explicar el tiempo que demoró la materialización de la denuncia en la justicia.
Mientras avanza la investigación, el arzobispo tiene prohibido acercarse físicamente a la dependencia donde se encuentran las carmelitas que lo denunciaron. Sin embargo, sigue en su cargo.
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Karina Milei teme debutar como estratega política del gobierno de su hermano con una derrota aplastante. Es la posibilidad que este miércoles conmovió a la Casa Rosada cuando llegaron las primeras encuestas sobre las elecciones de este domingo de convencionales constituyentes en Santa Fe.
Se trata de la elección que abre el calendario electoral y según los números que maneja el gobierno, su candidato el diputado Nicolás Mayoraz puede terminar tercero o cuarto. Incluso Rosario, el ex periodista y libertario bullrichista Juan Pedro Aleart podría perder ante el candidato del intendente Pablo Javkin.
Los sondeos de cierre coinciden que el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza cómodamente la intención de votos con 40 puntos, duplicando al peronista Marcelo Lewandowski y relegando al libertario Mayoraz al tercer lugar que podría bajar al cuarto o quinto puesto con Amalia Granata, si el candidato de la segunda lista peronista, Juan Monteverde, sigue creciendo en Rosario.
El impacto de una eventual derrota sobre Karina y los Menem es total porque ellos monopolizaron el armado en Santa Fe, con una dosis de capricho alta que incluyó boicoter la alianza con Granata, que propiciaba Santiago Caputo. Este miércoles, Romina Diez, la delegada de Karina en Santa Fe, tuvo que improvisar un cierre de campaña con caravana y bengalas sin la hermana del presidente, a quien ahora tratan de salvar de una catástrofe.
Es que Karina Milei saboteó todos los intentos de acuerdos con Amalia Granata y se lanzó a la aventura con libertarios puros con la convicción de que el sello ganaba caminando. Pero la estrategia falló y Mayoraz enfrenta el próximo domingo una pelea reñida.
En Casa Rosada ya activaron las defensa para intentar amortiguar el impacto sobre Karina. La idea es adjudicarle la derrota a Lule Menem, quien sugirió el nombre de Mayoraz para encabezar la lista. Una situación que Santiago Caputo piensa aprovechar al máximo por su enfrentamiento con los Menem.
Además, el mal resultado amenaza con arrastrar a Patricia Bullrich y a su delegado en Rosario, Federico Angelini, que impulsaron al conductor del programa más visto de Rosario, Juan Pedro Aleart, que comenzó la campaña liderando las encuestas pero se derrumbó como un piano luego de las fallidas operaciones que intentó instalar el equipo de trolls que lidera Esteban Glavinich, hijo de una funcionaria kirchnerista devenido en libertario fanático.
Asesorado por este troll que opera bajo el nombre TraductorTeAma, Aleart primero inventó una entrevista con un supuesto empresario que terminó siendo candidato de La Libertad Avanza y después minimizó la crisis vial debido al abandono del estado Nacional.
Los malos pronósticos quedaron en evidencia este miércoles, cuando las principales figuras libertarias dejaron sola a la diputada Romina Diez que se tuvo que conformar con una gigantografía de Milei en la caravana que encabezó por Rosario, que se limitó a unos pocos autos, pero suficientes para cortar la avenida Belgrano en hora pico y generar un tremendo embotellamiento, cuando medio Rosario volvía del trabajo a sus casas.
El Gobierno de Javier Milei decidió desclasificar documentos secretos relacionados con los nazis que se refugiaron en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. El anuncio se conoció este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la medida respondió a solicitudes concretas de autoridades estadounidenses y del Centro Simon Wiesenthal.
Según relató Francos en una entrevista con DNews, el presidente Milei “dio la orden de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información”. El funcionario recordó que, hacía pocos días, Milei había recibido en la Casa Rosada a representantes del Centro Simon Wiesenthal, quienes le entregaron una carta del senador Chuck Grassley. Este legislador, miembro del Comité Judicial y también como presidente de la comisión de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos, solicitó colaboración para una investigación sobre el denominado oro nazi.
Además, Francos informó que el mandatario argentino recibió al senador Steve Daines, un republicano que “viene luchando hace mucho tiempo porque se conozca toda la información sobre aquella época en la que los nazis vinieron a guarecerse en la Argentina”. En ese encuentro también participaron Darin Thacker (jefe de Gabinete de Daines), Abigail Dressel (encargada de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires) y Cynthia Jo Daines (esposa del legislador).
El jefe de Gabinete puntualizó que la documentación más relevante sobre el arribo de jerarcas nazis se encontraba en el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y añadió que se incluirá “documentación financiera” vinculada con esas investigaciones. “No hay ningún motivo para resguardar información”, insistió Francos.
La decisión oficial se alineó con lo que más temprano había comunicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación con la entrega de archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar al Archivo General de la Nación. “Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué motivo”, declaró Adorni.
– El Presidente recibió en Casa Rosada al senador republicano de los Estados Unidos, Steve Daines y a su comitiva
El vocero indicó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pondría a disposición toda la documentación bajo su órbita y que esta iniciativa respondía “al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”. Adorni sostuvo que “los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial”.
Francos, por su parte, celebró que estas medidas permitirían “conocer toda la historia”, y subrayó que el Ejecutivo “pretende con la desclasificación de los documentos” sumar transparencia al acceso público. “Había un decreto que ordenaba liberar todos estos archivos y nunca se había hecho. El presidente plantea que estos son archivos de una parte de la historia argentina y tienen que ser públicos”, afirmó.
Un momento de tensión se vivió durante el acto conmemorativo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando Fernando Rupani, un exmilitar, fue censurado al intentar exponer su visión sobre los años previos al golpe de 1976. Los organizadores interrumpieron su discurso y le cortaron el micrófono, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión en estos espacios.
Rupani, quien aclaró que hablaba “como ciudadano” y no en su rol militar, pidió que en la Plaza de la Memoria se recordara “toda la memoria y no solo parte de ella”.
“Tengo que decir que antes del 24 de marzo de 1976 era otra la postura en la Argentina y era otro el estado que había, donde la subversión, los terroristas, mataron 1501 personas, tiraron más de 5000 bombas, hicieron secuestros…”, afirmó.
Fue en ese momento cuando voces del público lo interrumpieron y los responsables del acto decidieron cerrarle el micrófono. Rupani respondió con ironía: “Claro, no se quiere escuchar la otra parte de la verdad”, antes de pedir “un aplauso para la democracia”.
Una asistente le replicó: “No necesito que me cuentes nada, yo viví la nefasta época”, a lo que él contestó: “No te hagas problemas, yo también la viví”.
El incidente reabrió el debate sobre si censurar su intervención fue un acto necesario para preservar el sentido del homenaje o una limitación injustificada a la libertad de expresión.
Los organizadores argumentaron que no era un acto de micrófono abierto y que su mensaje, en ese contexto, resultaba inoportuno e incluso provocador. Sin embargo, la decisión de silenciarlo generó críticas entre quienes consideran que, en democracia, todas las voces deben tener espacio.
Las dificultades presupuestarias para cubrir el servicio eléctrico en las universidades nacionales fueron eje de debate en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien recibió a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Durante la reunión, se analizaron posibles soluciones que permitan asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, así como la implementación de energías alternativas a mediano y largo plazo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió este lunes al rector de la UNER, Andrés Sabella, y al decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere. En forma virtual, participaron además los responsables de la UTN en Concordia, José Jorge Penco, y de Concepción del Uruguay, Martín Herlax. El principal objetivo del encuentro fue abordar la problemática de los costos de la energía que afectan a las universidades y las alternativas para superar este escenario.
“Es una problemática que traspasa la cuestión netamente provincial, pero que nos imcumbe como entrerrianos”, expresó Hein. “Vemos con mucho asombro una reducción fuerte en educación en el nivel superior, que es pilar fundamental de una Nación, por lo cual hay que fortalecerla”, reflexionó.
El funcionario remarcó que Entre Ríos se encuentra en desventaja frente a otras provincias de la Región Centro en cuanto a los fondos destinados a las universidades nacionales. “Nos preocupa y nos ocupa. Estamos con un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y será tratado en la Cámara de Diputados. Es lo que siempre el gobernador (Rogelio Frigerio) nos ha pedido: meternos en los temas que nos importan a los entrerrianos, porque si bien son universidades nacionales, quienes van a esas universidades son entrerrianos. Por eso tenemos que ver en qué podemos ser útiles desde la Cámara”.
Por su parte, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, calificó la reunión como muy positiva: “Fue una reunión muy positiva. El presidente de la Cámara de Diputados nos recibió recogiendo una iniciativa que presentamos el año pasado desde la UTN y la UNER, teniendo como principal preocupación los incrementos de los costos de la energía, que superan ampliamente las disponibilidades que tenemos para cubrirlos con el presupuesto que se nos destina desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación”, indicó.
Asimismo, destacó la importancia de pensar a futuro: “Analizamos las posibilidades para que tengamos producción de energías alternativas en el mediano y largo plazo, para no quedarnos sólo en la coyuntura. Estamos muy conformes porque se han atendido las realidades de todas las facultades”.
A su turno, el rector de la UNER, Andrés Sabella, agradeció la predisposición de Gustavo Hein al dar una respuesta inmediata a la solicitud de reunión. Subrayó que resulta necesario contemplar la situación tanto en el corto plazo como en el largo: “En segundo lugar, debemos atender la coyuntura: hoy la realidad es que los números del presupuesto universitario nacional son muy exiguos, han tenido una reducción significativa, y en ese sentido el costo de la energía pasa a tener un rol preponderante que nos hace suspender actividades que lleva adelante la universidad. Nos comprometimos a intentar encontrar algunas soluciones que nos permitan seguir funcionando de la mejor manera posible”, señaló.
Finalmente, Sabella resaltó la importancia de la colaboración provincial para acompañar a la comunidad estudiantil, mayormente entrerriana: “Más del 90% de nuestros estudiantes son entrerrianos, con lo cual ante una situación presupuestaria nacional que no atiende algunas cuestiones, el Estado provincial, en este caso la Cámara de Diputados, escucha para intentar ayudar a encontrar soluciones”.
En conjunto, los presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación superior y avanzar en iniciativas de producción de energías alternativas, de modo de garantizar la continuidad de las actividades académicas y de investigación, fundamentales para el desarrollo de la provincia y el país.
Las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba experimentaron un notable crecimiento urbano en los últimos años, con edificios de vidrio de varios pisos, shoppings equipados con escaleras mecánicas y calles pavimentadas con iluminación LED. Este desarrollo contrastó con la infraestructura de Salvador Mazza, en la frontera con Argentina, donde surgió un problema ambiental grave: los desechos cloacales de dichas ciudades fueron vertidos sin tratamiento en la Quebrada Internacional, el curso de agua que separaba a ambos países.
Este vertido afectó directamente a la ciudad fronteriza sobre todo en temporada de lluvias, cuando la corriente arrastró residuos cloacales hacia los barrios cercanos y generó focos de insalubridad. Legisladores provinciales de Salta elevaron denuncias ante organismos consulares y bilaterales, pero no obtuvieron soluciones concretas. La diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes, expresó: “Toda esa contaminación que proviene de las localidades fronterizas de Bolivia desemboca en la Quebrada”.
En las últimas semanas, tomó relevancia la situación de la empresa EMAPYC Bolivia (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba), señalada por verter efluentes cloacales en la Quebrada. El pasado 23 de febrero de 2022, una comisión conformada por funcionarios municipales, provinciales, nacionales, abogados, bioquímicos y fuerzas de seguridad tomó muestras de los líquidos en Salvador Mazza, luego de que la Cancillería argentina solicitara informes precisos sobre un eventual daño al medio ambiente y a la salud de los residentes. Los análisis se realizaron de manera preliminar en el lugar y continuaron en laboratorios provinciales, cuyos resultados fueron elevados a nivel nacional.
El problema no es nuevo. En 2016, vecinos de barrios bolivianos denunciaron el vertido de aguas residuales. En aquella oportunidad, la empresa involucrada afirmó que las aguas desechadas eran tratadas según la legislación boliviana. Para 2018, se registraron limpiezas conjuntas con la Fundación Natura y la Alcaldía de Yacuiba bajo el Fondo Local de Conservación de los Recursos Hídricos.
En Salvador Mazza, el director de Medio Ambiente, Jorge Dagil, presentó informes y se sumó al grupo que recopiló las muestras. Pese a las denuncias reiteradas, el vertido de aguas residuales continuó y evidenció la necesidad de acuerdos coordinados entre ambos países para prevenir la contaminación en la Quebrada Internacional y resguardar la salud de quienes habitan en esa región fronteriza.
Roger Natividad Terán, exintendente de Itatí y condenado en 2017 por integrar una red narco en la frontera con Paraguay, asumió el 20 de marzo como presidente del Consejo Municipal del Partido Justicialista. Su designación ocurrió una década después de su detención en el Operativo Sapucay, que lo vinculó al crimen organizado.
Tras haber pasar aproximadamente dos años en prisión, Terán acordó un juicio abreviado en el que reconoció su participación en una asociación ilícita, aceptando una condena de tres años que le permitió recuperar la libertad en 2019. Es importante señalar que, aunque la Justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, esta restricción solo estuvo vigente durante el tiempo que duró su condena, lo que legalmente le permitió retomar actividades políticas después de cumplida la pena.
Luego de su liberación en 2019, Terán ya había manifestado su intención de volver a la política, afirmando que fue alentado por “el acompañamiento de los vecinos itateños, que siempre me estuvieron apoyando y creyendo en mi inocencia”. El anuncio de su nombramiento fue realizado a través del sitio oficial del PJ de Corrientes, liderado por la senadora Ana Almirón, aunque la publicación omitió cualquier referencia a su pasado y se tomó sin consultar a las bases militantes.
Su hija, Vanina Soledad Terán, fue electa concejal en 2018, mientras que su hermano Nelson Javier Terán ocupó el mismo cargo a partir de 2020, mandato que concluye este año.
El Operativo Sapucay, desarrollado en 2017, dejó al descubierto una extensa red de narcotráfico que operaba con protección de familiares, funcionarios políticos, judiciales y policiales en Itatí. La investigación, que comenzó en 2014 bajo la dirección del Juzgado Federal N°12 a cargo del juez Sergio Torres, culminó con la detención simultánea de Roger Terán y su viceintendente Fabio Aquino, dejando momentáneamente acéfala a la localidad de aproximadamente 6.000 habitantes, culminando en 37 órdenes de detención y la incautación de 40 vehículos, tres embarcaciones y dos camiones.
– Terán había sido condenado en 2017 por una asociación ilícita vinculada al narcotráfico
Entre los imputados figuraban el entonces comisario, Diego “Negro” Ocampo Alvarenga, un sargento de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un agente de Prefectura. Durante el juicio, se comprobó que Ocampo Alvarenga era uno de los “aliados clave”, brindando protección directa a la organización, permitiendo el tráfico de droga sin interferencias de las fuerzas nacionales.
Las pericias revelaron que Terán facilitaba el traslado de hasta 700 kilos de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná en embarcaciones que demoraban apenas cuatro minutos en completar el cruce. La organización estaba liderada por Carlos “Cachito” Bareiro, en alianza con el jefe narco Federico “Morenita” Marín, quien, tras su captura en 2018, logró fugarse en febrero de 2023 y murió en un enfrentamiento con Gendarmería en agosto del mismo año. Se estima que entre 2011 y 2017, la red traficó al menos 18 toneladas de marihuana, con destino a villas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.
El caso también salpicó al exjuez federal Carlos Soto Dávila, con competencia electoral en Corrientes durante más de dos décadas, quien favoreció con sus fallos a múltiples narcotraficantes hasta ser detenido y procesado en 2018.
Encuestas del Observatorio Político del Nordeste Argentino indican que el 68% de los correntinos consideran que el justicialismo “protege a dirigentes corruptos”, cifra que se eleva al 83% en Itatí. En respuesta a su nombramiento, el bloque de 15 intendentes independientes y el Frente Renovador retiraron su apoyo explícito al PJ en la legislatura provincial, mientras que la Cámara de Comercio de Corrientes congeló sus aportes al partido, exigiendo una “depuración de cuadros directivos” como condición para reactivarlos.
El malestar también se hizo sentir en las bases militantes. Dos días antes de la asunción, grupos pertenecientes a la Corriente Peronista por la Transparencia realizaron una protesta en la que quemaron simbólicamente carnets partidarios en reclamo de una auditoría interna. Pese a las controversias, Terán consolidó su regreso.
