“La Grieta” se trasladó a la toma de los colegios con el desembarco de Kicillof
Tanto desde Juntos por el Cambio (JxC) como del Frente de Todos (FdT) se han encargado de ingresar en el debate por las tomas.
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El conflicto que se desató en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la protestas de los estudiantes que tomaron algunos colegios, cruzó la General Paz y se convirtió en el tema en el que, tanto de un lado como del otro de la grieta, intentaron sacar su propio rédito al manifestar su postura. Axel Kicillof no perdió la oportunidad y hasta mantuvo un encuentro con jóvenes en la Casa de Gobierno.
Está claro que desde un largo tiempo hasta esta parte, las discusiones políticas pasaron a disputarse directamente en la arena de lo ideológico y lo simbólico. Obviamente este caso no fue la excepción y a través de una serie de discursos, cada uno de los protagonistas de la historia sentó sus bases para cautivar a un electorado que todavía está disperso.
Uno de los tantos colegios tomados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Tanto desde el Frente de Todos (FdT) como desde Juntos por el Cambio (JxC) cometen exactamente el mismo error: profundizar su núcleo duro en lugar de ampliar el espectro de votantes. Y en cada discusión como la que se presentó en estos últimos días, la secuencia se repite una y otra vez, con mensajes y acciones que solo retroalimentan esa división.
Por el lado de Kicillof, recogió el guante y criticó al Gobierno porteño, haciendo foco en Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña: “Siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof ingresó en la pelea política por la toma de colegios
Lejos de mermar sus objeciones, el gobernador redobló la apuesta y afirmó en declaraciones radiales que “en la Ciudad está apareciendo la cuestión del desfinanciamiento y las dificultades en el sistema educativo, que se reflejan en la falta de prioridad que le dieron en la provincia cuando gestionó María Eugenia Vidal y en Nación con Mauricio Macri“.
Pero, además de las palabras, desde el oficialismo bonaerense buscaron ejecutar un hecho político que se enfrente a la postura de Horacio Rodríguez Larreta y compañía. Para ello, acondicionaron el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y Kicillof mantuvo un encuentro con decenas de jóvenes pertenecientes al Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios.
La ministra de Educación, Soledad Acuña
La batalla no pasa solamente por lo ideológico, sino también por lo electoral. Mientras Larreta apunta a seguir cautivando un público determinado, radicalizando más sus discursos y corriéndose cada vez más a la derecha apurado por la propia interna de JxC, el ex ministro de Economía apunta a seducir a los más jóvenes que están descontentos con la política.
Un rumor que comenzó a correr
Más allá de lo estrictamente ligado a la discusión por las escuelas, un rumor que incumbe al gobernador comenzó a tomar fuerza en los últimos días. Presuntamente, con el empuje de los intendentes peronistas de la provincia, existiría la posibilidad de que Kicillof trepara hacia Nación para poder competir por la presidencia en el 2023.
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encarga de decidir quiénes lideran la lista del Frente de Todos (FdT)
Ese sería uno de los motivos por los cuales el mandatario se subió a la pelea de los colegios en CABA, como una forma de emparejarse con Rodríguez Larreta, quién asoma como el principal candidato a encabezar una posible fórmula de JxC para las elecciones del próximo año. De todos modos, hay algunas cuestiones que no le terminan de cerrar al entorno del mandatario bonaerense.
Si bien el escenario virtual es una especulación y, obviamente no hay nada confirmado, las pocas expectativas que existen en el FdT de una eventual victoria a nivel nacional, le ponen un freno a este anhelo ideado por los alcaldes. Incluso, el tema de las PASO forma parte de toda esa misma rosca en la que se intenta vislumbrar la mejor atmósfera posible para el oficialismo.
Uno de los tantos colegios tomados en CABA
Naturalmente todo está supeditado a lo que decida hacer Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de que la vicepresidenta decida jugar nuevamente, las piezas se reordenarán según la conveniencia y en ese caso Kicillof apostaría por renovar su mandato.
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Empleados estatales revelan una posible desviación de recursos organizada en el interior de la Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de administrar, mantener y dar de baja la flota de vehículos del Estado provincial.
De acuerdo a testimonios internos recabados por el medio Realpolitik, el esquema involucraría el saqueo sistemático de repuestos antes de compactar autos oficiales, la manipulación del pesaje de chatarra, y la desaparición de al menos un vehículo histórico restaurado.
El área depende de un extenso abanico de funcionarios de la secretaria General de la Gobernación, bajo conducción de Agustina Vila. Solo cuando determinados vehículos oficiales presentan bajo kilometraje o buenas condiciones mecánicas, existiría un circuito informal para “recuperarlos” antes de enviarlos a compactación. El procedimiento incluiría conversaciones con sectores vinculados a la subsecretaría de Gobierno, administrada por Paula Verónica Ferraris.
— A la izquierda, Verónica Ferraris junto a Agustina Vila
Antes de que los vehículos oficiales sean aplastados por la máquina compactadora, los trabajadores del automóvil deben asegurarse que faros, baterías, ruedas y componentes electrónicos no desaparezcan. Los papeles de los autos dicen que están completos, pero al momento de compactarlos ya fueron vaciados.
“Hay autos que en los papeles están completos y cuando los van a compactar ya fueron vaciados”, afirmó una fuente.
Este tipo de autopartes tiene un valor comercial significativo en el mercado de repuestos usados. Al extraerlas antes de la destrucción, se generaría un mercado paralelo —mercado negro— de componentes que, si bien son piezas del Estado, terminan circulando como si fueran mercancía privada.
Antes de entrar de lleno en el hecho, cabe explicar que la función de la DAEO depende de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense del gobernador provincial Axel Kicillof. Su misión es llevar un registro centralizado de todos los vehículos del Estado provincial, programar su distribución, controlar su mantenimiento, y decidir cuándo un vehículo ya no sirve y debe ser dado de baja. Cuando un vehículo oficial llega al fin de su vida útil, la DAEO tiene la potestad de compactarlo (aplastarlo para convertirlo en chatarra metálica) bajo el marco legal del Decreto 928/2007.
La directora actual del organismo es Rosana Mariel Viscardi, quien reemplazó a Ariel Abelando luego de que éste fuera desvinculado a principios de 2026 en medio de otras denuncias internas.
— Rosana Mariel Viscardi
El esquema no operaría a la vista de todos. Según los testimonios, el vaciado ocurriría fuera del horario laboral, cuando casi no queda personal en los galpones. Esto permitiría actuar con discreción, reducir los testigos y dificultar la trazabilidad de los componentes sustraídos.
Un nombre aparece de forma recurrente en las investigaciones y es el de Germán Sigampa, señalado como figura clave del circuito de compactación y de la gestión de rezagos (los restos o sobrantes de vehículos dados de baja). Conforme a la información, Sigampa recorre los depósitos de la provincia, mantiene vínculos con jefes distritales y tiene asignado un chofer por la directora Viscardi, lo que daría cuenta de su peso operativo dentro del organismo.
— Germán Sigampa
El concepto de “rezagos” es importante, debido a que en el sistema de la administración pública, los rezagos son los bienes sobrantes o inutilizables que deben ser dados de baja siguiendo un procedimiento formal. El control de quién gestiona esos rezagos y cómo se registran es clave para detectar sustracciones.
La trampa del pesaje de chatarra
Una de las denuncias más graves apunta al proceso de pesaje de la chatarra resultante de la compactación. Presuntamente existiría un posible conflicto de interés estructural, ya que la misma empresa que compra la chatarra sería la encargada de pesarla. Esto abre la posibilidad de que se declaren menos kilos de los reales, lo que significaría que el Estado recibe menos dinero del que debería por la venta de esos metales. La doble función —comprador y verificador del peso— eliminaría el control independiente que debería existir en cualquier licitación o contrato transparente.
El episodio más concreto y documentado dentro de la investigación involucra a un Peugeot 205 GLD modelo 1998, que había sido restaurado integralmente por personal de la DAEO. Por su antigüedad y excelentes condiciones tras la restauración, los propios empleados lo consideraban un “auto de museo”, no destinado al uso cotidiano.
Sin embargo, el vehículo fue utilizado por un empleado que no estaba habilitado para desempeñarse como chofer y quedó involucrado en dos incidentes graves en un lapso breve. En primer lugar, dio positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Tandil, hecho que derivó en el secuestro del rodado y su traslado en grúa, una situación que habría sido ocultada a las autoridades políticas del área. Poco después, ese mismo empleado protagonizó un choque en la autopista Buenos Aires–La Plata que terminó por destruir por completo el vehículo.
Desde el accidente, el Peugeot 205 no volvió a aparecer ni figura en los listados oficiales de depósitos. No hay registros fotográficos ni rastros en ningún circuito administrativo conocido. Todo lleva a sospechar que el vehículo podría haber sido incluido de manera encubierta en el proceso de compactación, eliminando así la evidencia de los incidentes. Tanto la subsecretaria de Gobierno Paula Ferraris como la secretaria general Agustina Vila no habrían sido informadas de lo ocurrido, y el manejo del caso quedó en niveles operativos intermedios. En ese encubrimiento aparece mencionado el propio director Abelando —el mismo que fue posteriormente desvinculado.
El patrón previo
Desplazar a Ariel Abelando a principios de 2026 no fue un acto deliberado, sino que se produjo en un contexto de reclamos reiteradas por faltantes de autopartes, reparaciones infladas y facturaciones cuestionadas dentro de la DAEO. Las alertas internas sobre los faltantes de autopartes existían incluso antes del proceso de compactación acelerado que el gobierno de Kicillof impulsó en enero de 2026.
La llegada de Viscardi como nueva directora, lejos de calmar las aguas, generó nuevas dudas. Trabajadores bajo su conducción la acusaron de maltrato, persecución laboral y asignación de tareas con vehículos en condiciones irregulares. A su vez, una investigación paralela del mismo medio reveló que existe un Volkswagen Fox oficial con VTV vencida que aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible en el sistema YPF Ruta, lo que sugiere un patrón más amplio de irregularidades administrativas.
Este hecho no se limita a la sustracción de unas autopartes. Detrás aparecen, al menos, tres dimensiones de gravedad institucional. Por un lado, una probable corrupción en la gestión de bienes públicos, ya que los vehículos del Estado pertenecen a toda la ciudadanía y su vaciamiento constituye un perjuicio directo al patrimonio público. Por otro, una evidente falla en los controles internos, dado que la misma empresa que adquiere la chatarra sería la encargada de pesarlo y, además, los vaciados habrían ocurrido fuera del horario laboral, lo que pone en duda el funcionamiento de los mecanismos previstos por el Decreto 928/07.
Finalmente, surge la sospecha de un posible encubrimiento institucional, ya que el caso del Peugeot 205, con dos hechos graves que habrían sido ocultados a las máximas autoridades, sugiere que no se trataría únicamente de una responsabilidad individual, sino también de una cadena de omisiones y silencios dentro del organismo.
El fake del fallecimiento de Jorge Messi que ayer difundió FlorenciaPeña desde la pantalla de LuzuTV conmocionó al ecosistema de redes.
Si bien la atención se centró en la controversial actriz, algunos usuarios hicieron eco de aquellos comunicadores que, antes de las 13:00 —horario en que Peña anunció livianamente la conmocionante primicia falsa—, ya habían publicado sobre el mismo tema en sus perfiles. Se especula que la producción del programa extrajo la “información” de alguna de esas “fuentes”.
El primero en romper el prudente secretismo de la familia Messi sobre la salud de Jorge fue EduardoFeinmann, desde el aire de Radio Mitre, la mañana siguiente al debut de la selección en el Mundial. Pero varios usuarios señalaron también al periodista de ESPN Gastón LuceroSuárez y a Evangelina Aranda, de La Derecha Diario y Neura Media. A diferencia de Feinmann, que sólo dio a conocer el mal estado de salud de Jorge Messi, Lucero Suárez y Aranda mencionaron explícitamente el fallecimiento del padre de Leo. Y el dato clave: lo hicieron una hora antes que Florencia Peña.
“Hoy confirmarían el fallecimiento del padre de Messi”, tuiteó Aranda a las 12:00. Tres horas después, la comunicadora libertaria citó el tuit de repudio del dueño de LuzuTV, Nicolás Occhiato: “Como me comí la curva que mogólica”.
Evangelina Aranda es muy cercana a un alfil clave de Karina Milei: la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.
Trabaja en el medio del español Javier Negre al menos desde octubre de 2025. Desde las redes de La Derecha Diario entrevistó a figuras importantes de LLA, de la talla de Alejandro Álvarez, subsecretario de Universidades de Milei; Bertie Benegas Lynch, diputado nacional; y Nahuel Sotelo, cuando ejercía como secretario de Culto. También formaba parte del staff de Neura Media, el streaming de Alejandro Fantino y del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo.
Por lo demás, La Derecha Diario se sumó al repudio masivo que pesó sobre Florencia Peña con una lapidaria cobertura de las declaraciones de la actriz K, acaso desconociendo que una de sus periodistas había contribuido al bulo.
Tras el escándalo, Evangelina Aranda borró la cuenta de X con la que difundió el fake.
Lo mismo hizo Lucero Suárez, de ESPN.“Acaba de fallecer Jorge Messi, papá de Lionel”, tuiteó ayer a las 12:28. Doce horas después, antes de desaparecer del microclima, pidió disculpas: “La información me llegó por 2 fuentes distintas (posteriormente chequeadas): un allegado a la familia y un médico del Hospital Español”.
Marcela López no llegó al Concejo Deliberante de La Quiaca por peso propio ni por una vocación de defensa del suelo argentino. Su banca es el resultado directo de una estructura subordinada a la figura de Gustavo “Chavito” Farfándentro del armado provincial de Cambia Jujuy, la maquinaria electoral que lideró Gerardo Morales. Lejos de representar una renovación con valores firmes, López opera como un engranaje menor de un diseño político transversal que utiliza sellos vecinales para acaparar cargos en el norte de nuestra frontera, sin un compromiso real con la soberanía cultural del país.
– Marcela Silvana López junto a Gustavo “Chavito” Farfán en un evento convocado por ambos.
La verdadera terminal política de esta dupla es Carlos Haquim, un dirigente de frondoso prontuario en el arte de la supervivencia y el camaleonismo estatal. Antes de reciclarse y mantenerse durante ocho años como vicegobernador de Morales en Jujuy, Haquim fue funcionario durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Su permanencia en las filas del esquema nacional kirchnerista se estiró sin culpa hasta el 10 de diciembre de 2015, sosteniendo el modelo K antes de saltar de bando para transformarse en el actual armador de la pata peronista disidente del radicalismo jujeño, demostrando una total falta de arraigo a banderas ideológicas o nacionales claras.
– Carlos Haquim hablando en el evento convocado por Farfán y López.
Retomando con la edil, el desembarco definitivo de López en el Concejo Deliberante de La Quiacase produjo a comienzos de junio de 2026, tras meses de una parálisis institucional cruzada por disputas feroces en torno a las cajas municipales y la falta de rendición de balances. Sin embargo, en lugar de honrar la representación del pueblo argentino y priorizar las urgencias que reclamaban los vecinos en las calles, la llegada de la edil a la banca marcó el inicio de una agenda legislativa con prioridades completamente distorsionadas, más ocupada en complacer agendas difusas que en defender la identidad y la realidad de la frontera.
“Chavito” Farfán entregando sus premios “El Chavito” junto a un Chavo del 8 peronista.
El delirio de la Patria Grande
La Fiesta Nacional de los Estudiantes no es un festejo vecinal ni un evento de fronteras abiertas, es un patrimonio cultural profundamente federal, denominado “Nacional” por una ley del Congreso de la Nación y consolidado como una celebración argentina donde confluyen y compiten delegaciones escolares de múltiples provincias de nuestro país. El arraigo histórico de los carroceros y la autonomía que la juventud argentina tiene en su organización son pilares de una festividad que hace a la identidad de nuestro suelo.
Sin embargo, obviando toda lógica soberana, una de las primeras medidas oficiales de la concejal Marcela López al asumir su banca fue presentar un polémico proyecto con el indiscutible sello tácito de la “Patria Grande”. La iniciativa pretendía incorporar de prepo a delegaciones de estudiantes de una localidad de Bolivia, intentando desdibujar el carácter eminentemente argentino de la fiesta bajo la burda excusa de la cercanía geográfica y la integración regional.
Desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La movida internacionalista no sólo chocó de frente con el patriotismo local, sino también con la verdad. Para intentar justificar el tratamiento del proyecto en el recinto, López mintió descaradamente al asegurar que la iniciativa ya había sido consensuada y contaba con el aval de los organizadores del evento.La respuesta de la Comisión Estudiantil local fue fulminante: salieron a desmentir públicamente a la concejal en la cara, expusieron la falsedad de sus dichos por haber legislado a sus espaldas y le archivaron el proyecto por unanimidad, dándole una lección de civismo a la edil de Cambia Jujuy.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
Una nueva controversia se instaló en la provincia de Santa Fe luego de que trascendiera que el sindicato docente AMSAFE destinaría alrededor de 180 millones de pesos para la realización de un espectáculo musical encabezado por la reconocida banda de cumbia La Delio Valdez.
La iniciativa, impulsada en el marco de una jornada de protesta sindical, despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, que consideran que los recursos del gremio deberían estar orientados prioritariamente a la defensa de los trabajadores de la educación y al fortalecimiento de los reclamos salariales.
Las voces más críticas sostienen que la contratación del espectáculo se produce en un contexto marcado por conflictos laborales, medidas de fuerza y reiteradas suspensiones de clases que afectan a miles de estudiantes santafesinos. Desde esos sectores aseguran que “los gremios deberían concentrar sus esfuerzos en la representación de los docentes y en la búsqueda de soluciones concretas para la educación”, en lugar de destinar importantes sumas de dinero a eventos masivos.
Juan Monteverde y Caren Tepp, referentes de la izquierda aliada al kirchnerismo provincial, acompañaron el ‘acto’ de la AMSAFE. “Fue emocionante encontrarme con docentes de distintos rincones de Santa Fe que, a pesar de los salarios que no alcanzan, del desgaste y de la falta de respuestas, siguen sosteniendo todos los días nuestras escuelas” dijo Tepp, ganándose luego el repudio de las voces críticas por el presunto gasto millonario que se despilfarró.
Una investigación federal destapó un mecanismo de “lavado de legalidad”. Una armería ubicada en calle Chacabuco al 100 en San Miguel de Tucumán no solo vendía armas, sino que funcionaba como tapadera jurídica para el tráfico ilegal de armamento a ciudadanos chilenos.
“En algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”, detalla el dictamen del expediente judicial.
Tres empleados del supuesto local —identificados en los registros judiciales solo por iniciales— captaban a personas que contaban con habilitación legal para comprar armas (llamados legítimos usuarios), les pagaban para que figuraran como compradores en los papeles, y luego retiraban las armas inmediatamente para desviarlas al circuito clandestino.
El esquema se organizaba en cuatro etapas. Primero, se captaba a prestanombres, es decir, personas habilitadas ante el organismo regulador —el Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) o la propia ANMAC— que aceptaban registrar las compras a su nombre, muchas de ellas de bajos recursos y pagadas por ceder sus datos.
Luego se concretaba una compra aparentemente legítima en la armería, con toda la documentación que la presentaba como una operación legal ante los organismos de control. Inmediatamente después, un intermediario retiraba el armamento y lo desviaba hacia el circuito ilegal, donde era entregado a transportistas clandestinos. Finalmente, las armas eran trasladadas hacia Mendoza y cruzadas a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.
Una irregularidad llamativa detectada en la investigación, fue que una de las armas estaba registrada a nombre de una persona que ya había fallecido varios años antes de la operación— una señal clara de que el sistema de control fue deliberadamente manipulado.
Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional realizó un control rutinario sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de Aguilares, Tucumán. Allí detectaron a dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria (20 años, con antecedentes por robo y hurto) y Francisco Eduardo Cáceres Castillo (35 años, con antecedentes por microtráfico)— transportando entre sus ropas y equipajes ocho pistolas calibre 9 mm, 13 cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos tenían como destino final Chile y fueron procesados con prisión preventiva.
El análisis forense de esos teléfonos fue el hilo del que se tiró, ya que los mensajes y contactos permitieron reconstruir toda la red tucumana que había abastecido a los dos detenidos en su red criminal transnacional.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a ocho personas involucradas directamente en los hechos sin prisión preventiva, lo que implica que enfrentan cargos formales pero permanecen en libertad con restricciones. Entre los imputados se encuentran S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. como prestanombres, N.A.F. y R.R.F. como intermediarios, y G.E.D. como comercializador clandestino.
Los operativos desplegados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos dejaron un resultado contundente, con el secuestro de más de 20 armas de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos permiten reconstruir el flujo financiero y operativo de la organización, que es lo que la fiscalía utilizará para avanzar hacia un juicio oral.
La megacausa detrás
Lo más importante de entender es que esta causa tucumana no es un caso aislado, sino que es una rama de una investigación de alcance global que tiene su epicentro en Mendoza.
La causa mendocina, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, ya tiene 34 personas camino a juicio oral acusadas de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y, en varios casos, también de narcotráfico. En esa red, Tucumán funcionaba como el nodo de compra y adquisición legal, mientras que Mendoza era el hub de distribución y cruce hacia Chile por el Paso Cristo Redentor.
En paralelo, una causa aún más grande tramita en el Juzgado Federal de Campana, bajo jurisdicción del juez Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich. En abril de 2026, se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias —desde Tucumán hasta Tierra del Fuego— que derivaron en 35 detenidos y el secuestro de 8 ametralladoras, 55 pistolas, 25 escopetas, fusiles, más de 43.000 municiones y hasta una granada. Esta pericia también detectó vínculos con Uruguay, Paraguay y Brasil (incluyendo al Comando Vermelho).
El volumen estimado del problema es impactante, ya que se calculó que entre 2022 y 2024 más de 2.269 armas fueron desviadas del circuito legal hacia el mercado negro nacional e internacional.
El Paso Cristo Redentor se consolidó como el principal punto de cruce del armamento ilegal hacia Chile, donde la demanda proveniente del crimen organizado es alta. Las organizaciones chilenas, con menor acceso a armas de fuego que sus pares en países con marcos legales más laxos, encontraron en Argentina —donde el mercado de armas para uso civil es relativamente accesible— una fuente de abastecimiento estratégica.
La modalidad de los testaferros ante el RENAR/ANMAC se volvió el método predilecto porque explota una debilidad sistémica. Los organismos de control registran la compra inicial como legal, pero no tienen mecanismos robustos para verificar que el arma permanezca en poder del comprador habilitado. El propio sistema de control fue infiltrado y en la megacausa nacional, entre los detenidos figuran exempleados del RENAR que desde adentro facilitaban los trámites y aceleraban los procesos de habilitación.
En junio, la caída interanual volvió a golpear a la capital cordobesa y el consumo de alimentos sigue sin repuntar. Nueve de cada diez hogares ya necesitan financiar la compra de comida, y la morosidad empuja a los almacenes al borde del cierre.
El nuevo esquema evita una quita explícita. El esquema mantiene el descuento para los 5.5 millones de titulares, pero licúa el beneficio con el correr de los aumentos y genera reclamos en la mayoría de sectores.
El máximo tribunal estadounidense sepultó las pretensiones del progresismo woke con un fallo que convalida el peso de la biología en escuelas y universidades. Un repaso de los antecedentes más polémicos donde la ideología intentó pasar por encima de la realidad física.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
