“¡Gainza ya no me atiende el teléfono!” | La furia del narco “Tavi” Celis con el precandidato a intendente de Paraná
Durante una extensa entrevista, la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira dio detalles de la relación entre el peligroso narco paranaense Daniel “Tavi” Celis y el actual pre candidato a intendente de Paraná Emanuel Gainza.
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La ex empleada municipal de Paraná (Entre Ríos), Griselda Bordeira, brindó una extensa entrevista a El Presto, donde detalló cada intercambio que mantuvo el actual precandidato a intendente Emanuel Gainza y el líder de la banca narco Daniel “Tavi” Celis. Rememorando la causa por la cual está privada de su libertad y no así su ex compañero del Municipio de Paraná, Bordeira lanzó contundentes detalles que complican aún más al joven precandidato de Juntos por el Cambio.
Consultada por uno de los intercambios que recuerda haber tenido con el líder de la banca narco, Bordeira comentó: “Me acuerdo perfectamente porque durante todo este tiempo uno va repasando cómo pasaron las cosas”, afirmó y rememoró cómo en un Día del Niño, diversas organizaciones vecinales se reunieron para realizar un modesto evento para los niños, Gainza se comprometió a llevar una gran donación de juguetes, pero no cumplió.
“Ahí lo noté muy enojado a Celis, no solo porque no llevó la donación sino porque Gainza no le atendía el teléfono“, al percatarse de la tensión de “Tavi”, Bordeira se comunicó con Gainza y este le dijo: “¡No me pases con Celis ni le digas que hablaste conmigo!”. En ese contexto, Griselda admite: “Recién hoy tomo dimensión de ese llamado telefónico…”.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
En plena campaña para las elecciones porteñas, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluirá mayores exigencias para el ingreso y residencia de extranjeros, así como mecanismos acelerados para su deportación en caso de delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial para implementar las nuevas medidas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma aspectos del DNU 70/2017, aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021. Sin embargo, desde las redes, se recordó como “el principal impulsor de estas políticas” a Ramiro Marra, el candidato a legislador expulsado de La Libertad Avanza, quien desde hace meses viene reclamando un mayor control migratorio.
Prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales.
Deportación inmediata de quienes cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
Expulsión acelerada de inmigrantes que ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración migratoria.
Pago obligatorio de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, además de la exigencia de un seguro médico al ingresar al país.
Arancelamiento opcional en universidades nacionales para estudiantes extranjeros no residentes.
Mayores requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se concederá tras dos años de residencia continua.
Adorni justificó las medidas al afirmar que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular” y destacó que, en los últimos 20 años, más de 1.700.000 personas entraron al país sin cumplir los requisitos legales. El Estado gasta $114.000 millones anuales en atención médica a extranjeros.
Aunque el anuncio fue realizado por Adorni, “el verdadero abanderado” de esta reforma fue Ramiro Marra, quien desde 2024 viene denunciando el “abuso” de los inmigrantes en el acceso a servicios públicos. En febrero de 2024, el legislador criticó a los estudiantes extranjeros que se benefician de la educación gratuita: “Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Marra también insistió en la necesidad de deportar delincuentes extranjeros y frenar la inmigración irregular. En abril de 2024, celebró la decisión de Milei de expulsar a inmigrantes que cometan delitos: “Suena algo obvio, pero durante décadas en Argentina, la política y la justicia se dedicaron a defender a criminales”, escribió.
El anuncio se produce en medio de la campaña por las elecciones porteñas, donde Adorni es candidato a legislador. Sin embargo, el vocero negó que la medida tenga fines políticos y aseguró que busca “proteger a los ciudadanos argentinos”.
Bullrich, por su parte, busca reimpulsar su política migratoria de 2017, que fue declarada inconstitucional por la Justicia por considerar que vulneraba derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las nuevas normas garantizarán “un país ordenado”, tal como lo expresó Milei en su discurso del 1° de marzo, cuando adelantó la necesidad de reformar el sistema migratorio.
Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.
El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.
El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.
Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.
A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.
El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.
Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.
Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.
Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.
La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.
La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.
El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.
El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.
Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.
Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
El candidato a legislador por CABA criticó al Plan Patria Grande del kirchnerismo: “La población de las villas se multiplicó por diez en la última década”.
Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A
