Jujuy | Por el incumplimiento del Gobierno de Morales, profesionales de salud realizan un paro por 48 horas
La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) protagoniza un paro de 48 horas, y en la primera jornada, realizaron un “ruidazo” por la falta de blanqueo de módulos por desempeño.
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Hubo protestas en los hospitales de la capital y del interior de la provincia. Nuevamente denunciaron que el 50% del sueldo, lo cobran en negro.
El titular del sindicato, Nicolás Fernández, de APUAP declaró que “el ruidazo se realizó en toda la provincia por salarios dignos y en defensa de la salud y el hospital público, exigiendo al Ejecutivo que cumpla el compromiso que asumió en 2020 de blanquear los módulos por desempeño. Es un adicional que cobramos hace cinco años en negro, sin aportes jubilatorios, sin que se tenga en cuenta para el salario anual complementario. Esto hace que los trabajadores profesionales de la administración pública, incluidos los trabajadores de Salud, tengamos casi el 50% del salario en negro”.
Profesionales de la salud realizan un nuevo paro tras la inacción del Gobierno de Morales
Además agregó: “Exigimos el compromiso que adoptó el gobierno. Nos preocupa mucho la situación, creemos que esta actitud intransigente del Ejecutivo no hace más que profundizar la crisis de recurso humano profesional que persiste en el área de Salud”.
Hasta el momento, el Gobierno de Gerardo Morales no emitió ningún tipo de comunicado ni se reunión con referentes para llegar a un acuerdo.
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La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
El escrutinio definitivo confirmó una victoria contundente del gobernador electo MaximilianoPullaro y su lista “Unidos para Cambiar Santa Fe”, una coalición integrada por el radicalismo, el PRO, el socialismo y otros espacios. Con el 95% de las mesas escrutadas, Pullaro obtuvo 469.067 votos, equivalentes al 34,83% del total, imponiéndose en los 19 departamentos de la provincia.
La elección contó con apenas un 55% de participación. Durante los comicios que lo consolidaron como gobernador, Pullaro sacó más del 60%.
Las elecciones santafesinas de ayer representaron un proceso electoral complejo, con casi 2,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a 69 convencionales constituyentes, distribuidos entre 50 representantes por distrito único y 19 correspondientes a cada uno de los departamentos que componen la provincia.
El triunfo de Pullaro da lugar a una consolidación de su liderazgo político provincial y una pérdida de espacio para el gobierno nacional. A pocos meses de asumir la gobernación, este respaldo electoral le otorga un capital político significativo para avanzar con su agenda de gobierno y, particularmente, con la reforma constitucional.
“Empezamos a discutir la puerta que se abre al futuro”, destacó el mandatario en su discurso tras conocerse los resultados, donde además ratificó que la nueva Carta Magna provincial incluirá la “Ficha Limpia garantizada”. El nuevo mandatario recibió felicitaciones de diversos referentes políticos nacionales, incluyendo a Mauricio Macri, quien escribió: “¡Felicitaciones Maxi y equipo!”.
Aunque obtuvo una exito contundente, los números finales no le otorgarían automáticamente la mayoría absoluta en la Convención Constituyente, lo que significa que necesitará construir consensos con otras fuerzas para impulsar cambios específicos en la Constitución provincial. La vicegobernadora Gisela Scaglia, expresó esta perspectiva al señalar que la reforma “no quedará solo para el gobernador Pullaro, sino que será la constitución del futuro de la provincia”.
El espacio político liderado por el presidente Javier Milei enfrentó su primer test electoral significativo desde su llegada al gobierno nacional. La Libertad Avanza, representada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quedó en tercer lugar a nivel provincial con un 14,05% de los votos, lo que representa un resultado derrotista considerando las expectativas.
Es destacable que la otra expresión libertaria, encabezada por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), obtuvo un 12,41%, lo que sugiere que el electorado afín a las ideas libertarias en Santa Fe se dividió entre ambas opciones. Esta división refleja las dificultades del espacio liderado por Karina Milei para consolidar su estructura territorial.
En Rosario, el departamento más poblado, LLA mostró una mejor performance que en el resto de la provincia, con Juan Pedro Aleart posicionándose como el candidato más votado con aproximadamente un 31% de los sufragios. En el departamento La Capital, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe, el candidato oficialista Julio “Paco” Garibaldi lideró con el 39% de los votos, seguido por Ana Cantiani de LLA con un 22%. Este resultado representa un punto luminoso, aunque quedan relegados al tercer lugar.
Uno de los aspectos más destacados fue la presentación dividida del peronismo, que concurrió con tres listas diferentes. Esta fragmentación tuvo un costo electoral significativo para el poder que gobernó hasta diciembre de 2023 con Omar Perotti a la cabeza. La lista más votada del peronismo fue la encabezada por Juan Monteverde (Más para Santa Fe), que logró posicionarse en segundo lugar a nivel provincial con aproximadamente un 15% de los votos. Este espacio, que representa al peronismo más cercano a posiciones de izquierda, logró superar a las otras expresiones justicialistas y consolidarse como la principal voz opositora.
Esta elección no fue un evento aislado, sino que se realizó simultáneamente con la primera instancia de elecciones municipales, donde se eligieron autoridades en 19 intendencias, presidentes comunales en más de 300 pueblos y miembros de concejos deliberantes en 65 localidades, incluyendo centros urbanos importantes como Rosario y la ciudad capital.
Cinco frentes tendrán representación en la próxima Asamblea Constituyente, aunque con una distribución de bancas que otorga clara ventaja al oficialismo provincial. La diferencia entre Juan Monteverde, de Más para Santa Fe (alianza que incluye a Ciudad Futura, Movimiento Evita y Frente Renovador) y Nicolás Mayoraz, que quedó en tercer puesto con el 14,05% de los votos, fue de casi 20 puntos porcentuales, formando una amplia oposición.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
En los últimos días, una ola de renuncias sacudió al espacio libertario en la provincia de Jujuy. Un grupo de jóvenes que formaban parte de las listas locales presentó su dimisión y se bajó de la contienda electoral. Los jóvenes alegaron que habían perdido la confianza en la conducción provincial del espacio. Según expresaron, las decisiones importantes se tomaban sin consulta previa, había imposiciones de nombres en las listas y faltaba una verdadera apertura al diálogo interno.
Desde el numeroso grupo de jóvenes recalcaron que “las listas están todas contaminadas por el kirchnerismo”. “Nosotros en 2023 pusimos cuerpo y alma para armar el partido en la provincia y nos damos que en las listas hay kirchnerismo, fellnerismo, PJ y del partido VÍA”, expresó Kevin Chambi, uno de los oradores de la conferencia de prensa.
Chambi también manifestó que en algunos lugares del interior como en La Quiaca, los referentes de La Libertad Avanza impulsan a una candidata que ya tuvo un cargo político en esa ciudad, lo que generó aún mayor enojo en la juventud.
“Nosotros aguantamos hasta último momento para tratar de encontrar una solución pero no logramos ser escuchados ni atendidos por quienes manejan el partido de Milei en Jujuy”, agregó.
“No nos sentimos representados ni escuchados”, aseguraron en un comunicado que se difundió en redes sociales. También hablaron de “malos tratos”, desorganización y un manejo verticalista que no se condice con los ideales de libertad que dicen defender, lo que no tardó en generar revuelo dentro y fuera del partido. Muchos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por la noticia, mientras que otros señalaron que ya se notaban tensiones internas desde hace semanas.
Analistas políticos locales coincidieron en que el episodio refleja los desafíos que enfrentan los espacios nuevos: crecer rápido sin perder cohesión interna. “Cuando hay pocas reglas claras, el liderazgo se vuelve personalista y eso genera roces”, explicaron.
Desde la conducción libertaria en la provincia no emitieron un comunicado oficial. Algunos referentes minimizaron el impacto de las renuncias. Sin embargo, para muchos la situación encendió una luz de alerta. En una campaña electoral donde cada voto cuenta, perder referentes jóvenes —muchos de ellos muy activos en sus comunidades— podría pasar factura en las urnas.
Las renuncias se dieron en San Salvador, Perico, El Carmen, Palpalá, La Quiaca, Perico, Calilegua, entre otras localidades. Muchos de los ahora ex candidatos habían visto en el espacio libertario una alternativa fresca, pero terminaron frustrados por lo que consideraron “las mismas prácticas de siempre”.
Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
El candidato a legislador por CABA criticó al Plan Patria Grande del kirchnerismo: “La población de las villas se multiplicó por diez en la última década”.
Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A
