Intendentes bonaerenses PRO ratifican la autonomía y se alinean detrás de Garro
El jefe comunal platense armó una agenda que compartida con su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, durante una recorrida por la capital de la provincia de Buenos Aires.
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Madura entre los jefes comunales de Propuesta Republicana (PRO) una movida tendiente a empoderar a los Ejecutivos municipales en el orden de la autonomía de sus políticas. Es una iniciativa que, entre otros, viene impulsando el platense Julio Garro con una agenda que incluye el control de la Policía Local, o por caso, el manejo de la gestión de la infraestructura escolar, tema que se puso nuevamente en agenda en estos días cuando la ola polar expuso frenos entre la burocracia provincial y los consejos escolares.
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Ese fue el tema de conversación entre Julio Garro y su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quienes aprovecharon una visita de Valenzuela para experiencias de gestión y planificar proyectos en conjunto. Así las cosas, lo que en principio era un encuentro en el marco del programa de entrevistas de Valenzuela (Conurbano Tierra de Oportunidades) devino, en una jornada de rosca política.
Recibí a @dievalen y recorrimos las distintas atracciones históricas que tenemos en la Ciudad. Además, charlamos sobre experiencias de gestión en La Plata y Tres de Febrero y coordinamos hacer una jornada sobre autonomía municipal junto a intendentes, concejales y académicos. pic.twitter.com/hPfowB5tpn
Con la idea de realizar una emisión sobre La Plata, almorzaron en la icónica Cervecería Modelo y Garro hizo de guía turístico del jefe comunal del oeste en un recorrido histórico por la Capital Provincial. Durante la recorrida, acordaron realizar una jornada sobre autonomía municipal junto a intendentes, concejales y académicos instruidos en el tema.
“El objetivo es tener un espacio para reflexionar y trazar un camino de reformas y proyectos, tanto legislativos como políticos, para poder seguir desarrollando los distritos”, sostuvo a Data 24 una fuente cercana al Ejecutivo platense. También conversaron sobre la actualidad de Juntos en la provincia de Buenos Aires y los desafíos electorales que se vienen. Y un dato más, los intendentes bonaerenses del PRO se preparan para realizar una cumbre para afianzar esta agenda de Autonomía Municipal.
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“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.
El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.
El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, DiegoSantilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.
En el Paso Internacional Puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Salta) con Bermejo (Bolivia), pasadores de mercadería se enfrentaron con la policía cuando los efectivos intentaron ejecutar un operativo para decomisar ropa usada y otros bienes. El episodio ocurrió del lado boliviano de la frontera. La resistencia de los llamados bagayeros derivó en un intercambio con piedrazos que dejó varios policías heridos y un vehículo militar dañado.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, describió: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.
El funcionario destacó el rol del Plan Güemes en el área. “Estamos en lucha total contra el narcotráfico, en donde el contrabando es secundario, pero dentro del contrabando viene la droga. Entonces hay una doble función, tratando de ser tolerantes con el contrabando, porque todo el pueblo, de manera directa o indirecta que son 4 mil o 5 mil personas, viven de esto, más el norte de Orán y muchas otras zonas”. Precisó que diariamente se registró un movimiento de 10 mil personas.
Zigarán cuestionó la inacción judicial: “La lucha es a diario y los narcos, minuto a minuto, generan situaciones para pasar su mercadería, pero nosotros necesitamos una justicia federal más activa”. También expuso falencias internas: “Acá en Gendarmería perdimos 90 efectivos entre Salta y Jujuy por los tour de compras, los sobornaban y perdemos más por contrabando que por narcotráfico”. Añadió que los efectivos están mal pagos.
Respecto del cerco divisorio entre Aguas Blancas y Bermejo, confirmó que estuvo construido “hace más de dos meses”, aunque aún resta una reunión con autoridades nacionales “para definir temas”. Sobre la polémica que rodeó la obra, sostuvo: “El cerco era una medida secundaria para poner un orden migratorio. Nada más que justo Trump hizo todo un tema con deportar gente y el gobierno boliviano lo tomó como una medida de Milei para también expulsar bolivianos y nada que ver. Se hizo famoso el muro por cuestiones externas a la situación real de Aguas Blancas”.
El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo fue combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte mediante controles y capacidades de análisis criminal. Además del despliegue de fuerzas federales y la coordinación con fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan reforzó la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad argentino.
El Gobierno anunció el llamado a licitación pública por 4.428,93 kilómetros de rutas nacionales pertenecientes a la Etapa II del ambicioso plan Red Federal de Concesiones. Se trata de ocho corredores que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
El proceso se oficializará mediante una publicación en el Boletín Oficial durante los próximos días. La resolución ya fue firmada por la Secretaría de Transporte y verificada por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.
Se licitarán corredores clave: el Sur (RN 3 y RN 205), Atlántico (RN 226), Pampa (RN 5), Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8 y rutas provinciales), Portuario Sur (Campana–Rosario), Portuario Norte (San Nicolás) y Acceso Sur (autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza‑Cañuelas).
La iniciativa busca delegar en privados la explotación, administración, mantenimiento, ampliación y servicios al usuario. También se prevén proyectos colaterales para generar ingresos adicionales sin subsidios estatales.
La Resolución 827/2025 convocó audiencias públicas entre el 11 y el 13 de junio en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Esas instancias permitieron debatir los detalles con actores locales y organizaciones civiles.
La Red Federal de Concesiones totalizará unas 9.154,67 km en 18 tramos. El proyecto completo representa solo el 20 % de la red vial nacional pero concentra el 80 % del tránsito vehicular.
La primera etapa, bautizada “Ruta del Mercosur”, abarcó 741,71 km sobre las rutas 12 y 14 y tramos fronterizos. Ese proceso aún está abierto y sufrió una prórroga que postergó el cierre de ofertas hasta septiembre de 2025.
El Tramo Oriental involucra las rutas RN 12, RN 14, RN 135, A‑015 y RN 117, conectando con los puentes internacionales entre Argentina, Uruguay y Brasil. El Tramo Conexión corresponde a la RN 174 y su zona de influjo fluvial y portuario.
El plazo original para recibir ofertas vencía el 5 de agosto de 2025. El Gobierno extendió ese vencimiento hasta el 8 de septiembre tras incorporar aclaraciones y revisiones en los anexos técnicos de los pliegos.
La disolución de Vialidad Nacional en julio de 2025 pasó las funciones de planificación y control al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, ligada al área de Transporte.
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina (STV y ARA) considera que la disolución de Vialidad y el traspaso a manos privadas puede generar “rutas peligrosas” y pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
El vicegobernador Pedro Pesatti afirmó que el gobernador Alberto Weretilneck decidió bajarlo de la candidatura al Senado Nacional debido a sus opiniones políticas. En un comunicado publicado en redes sociales, Pesatti sostuvo que fue vetado “por sus ideas”.
Pesatti relató que Weretilneck le comunicó que el espacio impulsará una candidatura con una postura distinta a la suya. Señaló no coincidir con el análisis del escenario ni con la estrategia adoptada, y calificó la movida como una traición al acuerdo previo.
Según fuentes provinciales, el gobernador eligió al jefe del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura, Facundo López, como candidato al Senado. La decisión fue confirmada ayer martes y generó sorpresa interna.
Pesatti manifestó su profunda decepción y opinó que, aunque en su momento Weretilneck propuso su postulación, el gesto de vetarlo demuestra la verdadera ideología del gobierno. “Los métodos desnudan la verdadera ideología”, escribió.
La denuncia se inscribe en un contexto de tensiones mayores entre Weretilneck y el oficialismo nacional. El gobernador mantuvo posiciones críticas hacia el gobierno de Javier Milei, sin embargo luego suavizó su discurso, lo que ahora juega en su contra en la interna de JSRN.
En junio, Weretilneck hizo público su respaldo al fallo de la Corte que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo mediante un comunicado institucional y en declaraciones ante medios provinciales, lo que generó repercusiones dentro del peronismo local.
Dentro de Río Negro, el gobernador adelantó que las provincias afrontan una fuerte merma de recursos bajo la nueva administración nacional, con una caída estimada de alrededor del 70 % en fondos coparticipables.
El gobernador también rechazó depender de la Nación y resaltó la necesidad de encontrar respuestas desde lo provincial, en un escenario que calificó como un “tiempo de emergencia” durante el vínculo con el gobierno central.
Pesatti enfatizó que quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron históricamente relegados y perseguidos. Consideró su exclusión como parte de un patrón que deja en evidencia diferencias de fondo dentro del partido.
Al interior del bloque legislativo, algunos sectores de la oposición provincial ya habían cuestionado la estrategia del gobernador. Lo acusaron de alinearse con el centralismo y descuidar los intereses provinciales. En los próximos días se espera que el círculo interno de JSRN anuncie formalmente la fórmula al Senado, sin presencia de Pesatti. Queda planteado el desafío de cómo se articulará la campaña electoral sin la presencia del titular del Ejecutivo provincial.
El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.
“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.
La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.
La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.
Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.
Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.
El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.
Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.
“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.
Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.
Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.
El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por “Chanchi” Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
Bajar los aranceles a los bienes de capital es de las cosas más importante que podemos hacer para estimular el crecimiento de la economía y de los salarios reales. Viva la motosierra! VLLC! https://t.co/hzCxUpr1Ts
