Insólito: Diputada mendocina propuso que por ley dejen de prestarse encendedores en los kioscos
La diputada del Frente Elegí, Roxana Escudero, presentó un proyecto de ley que prohíbe la prestación de encendedores, fósforos y cualquier elemento que genere fuego. "Es para desalentar el consumo de tabaco", explicó.
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La diputada del Frente Elegí, Roxana Escudero, presentó un proyecto de ley en el que pide prohibir la prestación de encendedores, fósforos y cualquier elemento que genere fuego con el fin de bajar el consumo de cigarrillos.
“Prohíbase la facilitación o préstamo de encendedores, fósforos, cerillas o cualquier otro elemento capaz de producir ignición en los locales comerciales donde se vende el tabaco, a los fines de desalentar su consumo”, afirma la iniciativa que la legisladora oriunda de General Alvear presentó en la Cámara Baja.
El controversial proyecto presentado en la Legislatura.
En la fundamentación, Escudero explica los daños que provoca el tabaquismo en la sociedad y aporta datos de la Organización Mundial de la Salud, en el que constata que el mundo fallecen cerca de 8 millones de personas a causa del consumo de cigarrillo. A su vez, agrega que en Argentina fallecen alrededor de 40 mil personas por la misma causa.
Por este motivo, la legisladora cree que si los quioscos o negocios no “prestan” encendedores o elementos que produzcan fuego, es una manera de bajar el consumo de cigarrillo en Mendoza.
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La situación salarial de los docentes en la dictadura formoseña llegó a un punto crítico. Esta semana, el secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra, responsabilizó directamente al gobernador, Gildo Insfrán, y a los “secretarios generales dialoguistas” por los bajos sueldos que perciben los trabajadores de la educación.
El gremialista afirmó con dureza: “Acá el único culpable de los malos sueldos es el gobernador y los secretarios generales dialoguistas, no puede ser que se le quiera echar la culpa al gobierno nacional. Formosa es una de las jurisdicciones con los sueldos más bajos de toda la Nación”.
Pereyra señaló que los sueldos docentes están muy por debajo de la canasta básica —actualmente supera los 900 mil pesos— mientras que el salario garantizado ronda los 450 mil. “Estamos lejos de lo que un trabajador necesita para vivir dignamente”, denunció tras criticar el reciente anuncio de un aumento del gobierno provincial, de apenas 28%, calificándolo como una “burla” para el sector. El porcentaje fue acordado sin el consenso de los docentes.
Además de exigir un salario acorde a la canasta básica, Pereyra mencionó el pedido de un bono de 50 mil pesos por el retraso en el pago de la jornada extendida. Según explicó, el dinero fue depositado en vísperas del operativo solidario de la tiranía conocido como Por nuestra gente todo, lo que no permitió a los docentes celebrar el Día del Maestro como corresponde. Ante la falta de respuestas el gremio adelantó que volverá a presentar un pedido formal para participar en la mesa de diálogo y reclamó a los secretarios generales del sector que consideren el desfasaje entre el salario y el costo de vida.
Por su parte, Nilda Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados, también expresó su preocupación por la precarización salarial en la provincia, afirmando que las políticas de Insfrán llevaron al sector a la indigencia.
– Nilda Beatriz Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados
En una entrevista radial, la dirigente destacó que “el hecho de que el gobernador reconozca públicamente que no nos alcanza el salario ya es importante”, pero lamentó que, pese a ello, la situación sigue siendo insostenible.
La gremialista, en línea con Pereyra, precisó que el salario inicial de los docentes en mencionada provincia es “la mitad de la canasta básica”, lo que coloca a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Añadió que las medidas de protestas organizadas por el gremio que representa, además de ser ignoradas por el gobierno, han sido castigadas con descuentos salariales: “Realizar un paro en estas condiciones es sinónimo de fortaleza y convicción”.
El panorama que describen los referentes gremiales se vuelve más complejo al considerar el contexto económico a nivel nacional. Patiño advirtió que “van a ajustar los envíos a la provincia y el año que viene puede que lleguen los despidos”, lo que agravarían la crisis del sector educativo y profundizaría las tensiones sociales en la región.
La concejal libertaria de Viedma (Río Negro), Ivi SilvinaFranco, presentó un proyecto de ordenanza que cobró impacto en las redes sociales. El proyecto plantea la creación de un Registro de Estudios Médicos para los funcionarios, donde se incluirían exámenes psiquiátricos, rinoscopias, análisis de sangre y orina.
Estos estudios serían coordinados por el Ministerio de Salud de la provincia y generarían un registro supervisado por la autoridad municipal, quien sería responsable de evaluar el estado psicofísico de los burócratas. La propuesta busca garantizar que los políticos locales estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones y lo hagan con transparencia.
El proyecto propone que todos los funcionarios del Ejecutivo municipal, incluidos el Intendente, Jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, el Tribunal de Cuentas, y los funcionarios del Concejo Deliberante, desde el nivel de secretario hasta los concejales, se sometan a una serie de exámenes médicos anuales. Los estudios contemplados incluyen un examen psiquiátrico, una rinoscopia, análisis de orina y análisis de sangre.
Franco explicó que una vez realizados los estudios médicos “se crea una carpeta con el registro personal de cada funcionario respetando la privacidad de cada uno, y la autoridad de aplicación evaluará la condición psicofísica de los funcionarios a través de un dictamen”, asegurando que la información médica sea manejada con la confidencialidad correspondiente.
Este proyecto no surge de manera aislada, sino en un contexto en el que la ciudadanía exige cada vez más transparencia en la gestión pública. Los reclamos se enfocan en que, al igual que se les pide a los ciudadanos cumplir con una serie de requisitos y trámites, los políticos deberían dar el ejemplo y someterse a este tipo de controles. Según Franco, “como obligan a la sociedad a realizar distintos trámites, sería necesario que los políticos se hagan estos estudios”.
Esta medida no solo permitiría garantizar que los políticos cuenten con las capacidades necesarias, sino que también reforzaría la confianza pública en las instituciones, un aspecto fundamental en tiempos donde la desconfianza hacia la clase política es alta.
Además, el la medida contempla la posibilidad de incorporar antecedentes penales como parte de los requisitos para funcionarios y trabajadores, aunque este punto aún está en discusión. A pesar de las dificultades, la propuesta sigue avanzando con el respaldo ciudadano.
Para los defensores de la iniciativa, la medida es esencial para asegurar que los funcionarios estén en condiciones óptimas de desempeñar sus funciones, garantizando así una mayor transparencia en la gestión. En palabras de Franco, “es importante que los funcionarios puedan demostrar que tienen las condiciones psicofísicas adecuadas para el cargo”, un mensaje que difundió a través de su cuenta de Instagram.
Otro aspecto relevante del proyecto es su enfoque preventivo: En caso de que los estudios médicos detecten problemas de adicción en algún funcionario, se prevé la implementación de medidas de rehabilitación. Durante este proceso, el burócrata deberá tomar una licencia sin goce de sueldo y, si no cumple con los requisitos de recuperación, será inhabilitado para continuar en su cargo. Franco aclaró que “la idea es que los funcionarios que tengan problemas de adicción puedan recibir ayuda y recuperarse antes de volver a sus funciones“, destacando el carácter preventivo y no punitivo de la medida.
Este tipo de propuestas no es exclusivo de Viedma. En General Roca, otro grupo libertario presentó una iniciativa similar.
En la ciudad neuquina la iniciativa surge después de que una empleada quedara involucrada en una causa por venta de drogas. El proyecto fue presentado el pasado lunes 12 de agosto y, en línea con la de Viedma, propone controles de narcóticos, de antecedentes penales, un test psicofísico y examen de ingreso.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de sus promotores, el proyecto aún no consiguió el apoyo legislativo necesario para avanzar. Aun así, los libertarios de General Roca anticipó su intención de continuar impulsando la medida, recurriendo incluso a la recolección de firmas como una estrategia para “presionar” a las autoridades locales.
La Cámara de Diputados sancionó este martes 1 de octubre la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones para cargos nacionales, una iniciativa que implica un importante cambio en el sistema electoral y que se verá desde los comicios legislativos de 2025.
El proyecto, que impulsaron en conjunto La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica (CC), cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones. Unión por la Patria, por su parte, se inclinó por el rechazo, tal como había anunciado. El Frente de Izquierda se abstuvo.
¿DE QUÉ SE TRATA LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL?
La iniciativa propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten.
Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío. El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo. En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica. Por otro lado, no habrá un casillero específico para el voto en blanco. Y si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción “No presenta candidato”.
La BUP tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa). En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.
Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.
LOS PUNTOS A FAVR DE LA BUP, SEGÚN CIPPEC
Si bien hubo mayoría de votos a favor, hay diversas posturas respecto de los puntos a favor y en contra de esta medida. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) celebraron la decisión y destacaron los beneficios de una propuesta por la que vienen empujando para su implementación.
SEGÚN CIPPEC, LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA BUP SON:
La distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado. Esto garantiza el acceso a una oferta electoral completa en todo el territorio mientras se desarrolla la jornada electoral.
Asegura equidad. Cada boleta contiene la oferta electoral completa y es diseñada por la autoridad electoral, que aplica los mismos criterios de diseño y presentación para todas las listas por igual.
Brinda una mejor experiencia al electorado. En Santa Fe (2015), el 94,5% de los y las votantes aseguró que el uso de boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria y el 92,3% calificó el sistema como “muy bueno o bueno”.
“Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto genera desventajas para algunos partidos con dificultades para custodiar y asegurar la disponibilidad de boletas en todas las mesas”, destacaron desde la institución.
“Además, la boleta partidaria puede resultar compleja para quienes emiten un voto cruzado (apoyar diferentes partidos para distintos cargos en juego). En la mayoría de las democracias del mundo se utiliza la boleta única de papel (BUP) en la que se presentan las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado“, agregaron.
Por eso, consideraron que la BUP “equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes. A diferencia de la boleta partidaria, la boleta única permite que quienes votan tengan todas las opciones en un único papel y puedan elegir la que prefieren marcándola. Esto evita la complejidad y los errores potenciales que surgen con el corte de boleta partidaria”.
En Córdoba, Santa Fe y Mendoza implementan esta forma de votar, con una evaluación positiva de los y las electores/as: en Santa Fe (2015), el 94,51% aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria“.
En medio de un contexto complejo en la negociación con representantes del sector, y luego de una convocatoria a paro de 48 horas, el gobierno de Entre Ríos resolvió restituir por decreto, con recursos provinciales, el Fondo de Incentivo Docente y el ítem de Conectividad. La decisión la tomó el gobernador Rogelio Frigerio en pos de “recomponer la pérdida que sufrieron los trabajadores en su bolsillo tras la quita del Fonid nacional”, informaron fuentes provinciales.
Frigerio hizo el anuncio este martes en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, acompañado de la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Julio Panceri. “Necesitamos ante todo que los estudiantes estén en las aulas, tenemos que buscar el equilibrio con los estudiantes en el aula”, dijo el mandatario entrerriano.
La noticia se conoce cuando el Gobierno nacional está en una fuerte disputa con la oposición, que votó un mayor presupuesto para las universidades nacionales y el presidente Javier Milei anunció que vetará por completo la ley.
Frigerio es aliado del oficialismo nacional y con esta decisión, de alguna manera, cumple con la idea de Milei de que los mandatarios locales se hagan cargo de los aumentos que acuerden con los docentes con recursos propios.
En cuanto al anuncio local, Frigerio planteó que, como lo pidieron los gremios, no va a haber aumentos no remunerativos. “En esta línea vamos a recomponer el atraso salarial acordado con ellos del 6,55% durante los próximos tres meses, remunerativos. Vamos a sostener la cobertura contra la inflación; va a haber una actualización mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor, como lo venimos haciendo desde junio”, indicó.
“El mínimo para un docente con cargo de media jornada que recién se inicia va a ser de $ 563.000 de bolsillo”, dijo luego Frigerio, que graficó que “ese mismo docente cobró en el mes de diciembre pasado $ 276.000; es decir, aumentamos un 104% mientras que la inflación acumulada en ese mismo periodo fue del 102%. En otras palabras: en el peor momento de la historia, aumentamos ese cargo mínimo más que la inflación”.
Desde el gobierno entrerriano plantearon que hubo tres cambios de la base de cálculo, de diciembre a enero, de enero a febrero y de junio a julio, “en un contexto de inflación decreciente”. “Durante el gobierno de Bordet, en ninguno de los cinco años anteriores los gremios docentes tuvieron aumentos todos los meses. Sobre todo en el marco de los cuatro años de Alberto Fernández con altísima inflación”, destacaron, diferenciándose de la gestión peronista.
DESCUENTOS POR DÍAS DE PARO Y PREMIOS A QUIENES ASISTEN:
Al mismo tiempo, Frigerio comunicó que se instrumentará “una declaración jurada, que van a completar los docentes que vayan a dar clases, porque vamos a respetar el derecho a huelga, pero también queremos reconocer a los docentes que sí cumplen con su tarea”. Se descontarán los días de paro a los docentes que adhieran a las medidas de fuerza dispuesta por los gremios, porque “esta discusión no puede tener de rehenes a los alumnos”.
Luego, aseguró que “estamos dando lo máximo que financieramente la provincia puede dar, no tenemos nada que ocultar. Vamos a continuar apostando al diálogo serio y responsable con los gremios, como lo hacemos desde el primer día. Pero como nuestra prioridad son los alumnos y los docentes, no podemos permitir que las negociaciones se tiñan de discusiones ideológicas, ni que las internas gremiales tomen de rehenes a los docentes. Es por eso que vamos a proponer que, a partir de ahora, las negociaciones sean abiertas a los medios. Las arcas públicas son de todos los entrerrianos y todos tienen derecho a conocer de primera mano qué se discute y cómo, sobre los recursos de todos”, subrayó.
“Sabemos que falta mucho, pero los docentes van a estar mejor que el año pasado, lo que es mucho decir teniendo en cuenta que el Estado provincial recibe hoy un 20% menos de recursos que en el año 2023. Es un momento muy complejo, pero los estudiantes no pueden pagar las consecuencias de décadas en las que se hicieron mal las cosas”, concluyó.
El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.
Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.
Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.
– Marcelo Pagani, secretario general de la AGMER
De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.
Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.
DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL
El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.
Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; SoniaAlesso, secretaria General CTERA; Hugo Yasky, actual diputado kirchnerista e histórico dirigente de CTA y CTERA; Roberto Baradel
La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.
A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.
Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.
– Guillermo Zampedri, pechera de AGMER, CTERA y CTA
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.
Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas; SusanaCogno, vocal Gremial ante el Consejo General de Educación y Manuel Troncoso durante una reunión en la que el síndico de AGMER destacó la “vocación de diálogo constructivo y serio, buscando una síntesis entre el Gobierno y el sindicato. Esta forma constituye la mejor alternativa para superar este momento”. Enero 2024
En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria“, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.
El intendente de la ciudad entrerriana, FranciscoAzcué, y la viceintendente, Magdalena Reta de Urquiza, presentaron en el Centro de Convenciones de la ciudad este ambicioso proyecto de reforma tributaria para Concordia. A partir de medidas de alivio fiscal, como la eliminación de impuestos y el tope a la tasa de luz, se intenta ayudar al sector privado y especialmente a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que la ciudad entrerriana es la cuarta más pobre del país.
“Ese método Robin Hood, que el Estado chorea para después con eso hacer toda una serie de medidas caritativas y lo que ya vimos que hicieron toda la vida, es algo que nosotros no estamos de acuerdo”, remarcó el jefe comunal.
– El anuncio realizado por el intendente Azcué la semana pasada
El presupuesto de Concordia es de 50.000 millones por año, la mitad de esos fondos los recauda con recursos propios y la otra mitad es de coparticipación provincial.
En cuanto a la iniciativa de limitar el cobro de la luz, la viceintendente explicó que “en el caso de las familias esto es equitativo, porque hay tres tarifas. Hay tarifas para consumidores de clase baja, media y alta, por lo tanto los 350 kilowatts, serán un porcentaje que no va a ser igual para todas las familias, sino que quienes pagan la tarifa tipo 1 pagarán un 16% de los 350 kilowatts, las familias tipo 2 pagarán otro monto y así sucesivamente. Eso dependerá de cada factura, de cada familia”.
El intendente Azcué defendió el proyecto a pesar de que esto representaría una pérdida para el municipio de 250 millones de pesos hasta fin de año. Sin embargó, resaltó que “estamos convencidos de que el camino correcto apunta hacia la baja de la presión impositiva mediante la eliminación de tasas y de la burocracia para facilitarle la vida a los vecinos”.
Además, agradeció a “todas las personas que han trabajado en este proyecto” y felicitó a la viceintendente, quien ya había presentado anteriormente proyectos de esta índole, por “ponerse a la cabeza de este trabajo en conjunto a las instituciones intermedias”.
Se espera que este proyecto sea aprobado en el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo (Juntos por Entre Ríos) y el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
