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El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) publicó el informe del Índice Barrial de Precios (IBP), el cual fue aplicado a “comercios de barrios populares, debido a que muchas familias no realizan sus compras en supermercados y se abastecen en los comercios de cercanía a su vivienda”.
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Desde ISEPCi remarcaron que la recopilación de información se llevó a cabo en 254 negocios de los barrios Alto Comedero, Cuyaya, Moreno, Campo Verde, El Chingo, Gorriti, Chijra, Los Huaico, Malvinas, Coronel Arias, Carolina, 23 de agosto, Alto Palpalá, Santa Bárbara, La Merced, todos ellos pertenecientes a San Salvador de Jujuy y Palpalá.
El informe señala que durante el último año el precio de las frutas y verduras en los comercios barriales de la provincia de Jujuy aumentó un 55,13%. De hecho, el mes pasado los productos de verdulería y granja que sufrieron el mayor incremento fueron el zapallo con 20%, cebolla con 12,5% y huevos con 4,35%.
La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos informó además que la inflación en el mes de junio fue del 5,5% en Jujuy. En relación al mes anterior, hubo un incremento del 1,3% ya que en mayo la inflación había sido del 4,2%. El organismo señaló también que en estos primeros seis meses del año la suba del Índice de Precios al Consumidor subió al 36,4%, mientras que la variación interanual es de 64,3%.
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Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.
Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.
La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.
Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.
El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.
Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.
El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.
Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.
El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.
Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.
El gobierno de Mendoza logró suspender las elecciones PASO para este año y 2026. Lo hizo a través de una aprobación exprés en la Legislatura provincial, donde el oficialismo radical contó con apoyo del PRO. El resultado fue contundente: 37 votos a favor y 9 en contra.
La iniciativa, impulsada por la diputada Stella Maris Huczak, en un principio solo buscaba eliminar las primarias de este año. Sin embargo, en una maniobra de último momento, se amplió el alcance hasta 2026. El oficialismo argumentó que se busca ahorrar recursos y simplificar el calendario electoral.
Desde el PJ y el Partido Verde, surgieron críticas por el apuro del trámite. Legisladores opositores denunciaron que la medida no pasó por todas las comisiones necesarias y que se evitó un debate profundo. El senador Dugar Chappel calificó la jugada como “engañosa”.
Además, la norma aprobada incluye un artículo que suspende las PASO en municipios que decidan desdoblar sus elecciones. Esto generó nuevas tensiones entre el Ejecutivo provincial y los intendentes.
Con las internas eliminadas, la UCR mendocina acelera su acercamiento a La Libertad Avanza. La vicegobernadora Hebe Casado anunció públicamente su afiliación al partido libertario, aunque todavía no fue registrada formalmente ante la Justicia Electoral.
El gobernador Alfredo Cornejo mantiene conversaciones reservadas con sectores cercanos a Milei. El objetivo sería consolidar una alianza provincial de cara a las elecciones generales de octubre.
No todo es unidad dentro del radicalismo. El ministro de Defensa, Luis Petri, planteó una alternativa para definir candidaturas: usar un colegio electoral interno. Esta propuesta enfría momentáneamente las negociaciones con los libertarios y refleja las tensiones dentro del oficialismo.
Por su parte, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados provincial, defendió la decisión. Aseguró que las PASO “ya no cumplen la función para la que fueron creadas”.
Aunque todo indica que las elecciones se alinearán con el calendario nacional —previstas para el 26 de octubre—, el Ejecutivo todavía no lo confirmó. El gobernador tiene tiempo hasta el 18 de julio para tomar esa decisión.
Mientras tanto, la Junta Electoral provincial trabaja en la reestructuración de los plazos legales. Deberá redefinir fechas para la presentación de alianzas y listas, será necesario adaptar el cronograma electoral a la nueva situación.
Con este movimiento, Mendoza se convierte en la primera provincia en suspender por dos años consecutivos las elecciones primarias. La medida le da al oficialismo margen para negociar sin presiones internas y avanzar con alianzas estratégicas.
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.
“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.
La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.
La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.
– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas
“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.
Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.
El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.
Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.
Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que brinda cobertura a cerca de 550.000 militares, gendarmes, prefectos, jubilados y sus familias, atraviesa una crisis sin precedentes que lo llevó al borde del colapso. Un informe detallado expone una combinación explosiva de desmanejo financiero, desidia y problemas estructurales que hoy dejan a miles de servidores de la patria sin la atención médica que merecen.
La situación es crítica. En tan solo 18 meses de la era Milei, el IOSFA pasó de tener reservas positivas de $25.000 millones de pesos, a un déficit acumulado que supera los $160.000 millones. Actualmente, la obra social pierde la asombrosa cifra de $15.000 millones por mes, cifras que dibujan un panorama de quiebra inminente.
Cóctel explosivo
Por un lado, el “sinceramiento de precios” de 2024 disparó los costos de medicamentos y prestaciones médicas en más de un 300%, mientras que los ingresos por aportes de los salarios militares –ya devaluados– crecieron a un ritmo mucho menor. A esto se suma la ausencia total de asistencia estatal extraordinaria por parte del Tesoro Nacional, dejando al IOSFA a la deriva, a diferencia de otras obras sociales masivas como PAMI.
La situación en IOSFA es dramática: reservas evaporadas, un déficit de $160.000 millones, más de 90 cortes diarios de servicios y la renuncia de su director. Ya se habla de una quiebra técnica y crece el fantasma de la privatización silenciosa. Los afiliados militares, retirados y sus familias quedan a la deriva.
Pero las críticas más duras apuntan a problemas internos de gestión que rayan en la desidia:
Activos ruinosos: La obra social mantiene 33 hoteles, centros de recreación y 33 farmacias que, lejos de ser rentables, son un lastre financiero constante. Una clara muestra de un despilfarro inexplicable.
Gasto descontrolado: Un alarmante 92% de los ingresos se destina sólo a cubrir prestaciones básicas, dejando un margen nulo para cualquier imprevisto o inversión. La gestión vive al día, al borde del precipicio.
Burocracia inflada: Con una planta de personal que casi duplica a otras obras sociales de tamaño similar (como IOMA), la estructura del IOSFA está sobredimensionada, devorando recursos en sueldos que no se ven reflejados en la eficiencia del servicio.
Ausencia de controles: La falta crítica de auditorías médicas sobre clínicas y prestadores es señalada como un agujero negro por donde el dinero desaparece sin fiscalización, alimentando sospechas de malversación y un posible vaciamiento deliberado.
El drama de los afiliados: castigos por reclamar
El colapso financiero se traduce directamente en un drama humano. Los afiliados denuncian un promedio de 90 interrupciones diarias en los servicios por falta de pago a prestadores. Las demoras en la autorización de insumos críticos como stents o marcapasos se extienden por varios meses, poniendo vidas en riesgo. Farmacias con escasez de medicamentos y reintegros que nunca llegan completan un panorama desolador.
“El servicio está en ruinas”, coinciden los afectados en redes sociales, que describen “médicos que se van, hospitales vacíos y farmacias sin medicamentos”. A pesar de la obligatoriedad del aporte, los afiliados se sienten abandonados y prisioneros de un sistema que no les permite buscar otra cobertura, se trata de una obra social cautiva, símil IOMA.
Tras la difusión de la información inicial sobre la crisis de IOSFA, este medio recibió nuevos contactos de afiliados que no sólo confirmaron cada punto expuesto, sino que agregaron una denuncia gravísima: si los familiares de los militares realizan reclamos formales ante el IOSFA por la falta de atención o cobertura, los propios militares en actividad reciben reprimendas y castigos disciplinarios dentro de sus unidades.
El parche del IAF y el temor a la privatización
La inestabilidad directiva, con el pasaje de tres presidentes en un año y medio, todos cercanos al Ministro de Defensa, Luis Petri; se evidencia la imposibilidad de contener la crisis. El préstamo de $40.000 millones del IAF (Instituto de Ayuda Financiera), una entidad clave para las jubilaciones militares, es considerado por muchos como un parche superficial que sólo prolonga la agonía y pone en riesgo los fondos de retiro. Además, este préstamo fue gestionado por la actual presidente de IOSFA cuando ésta aún trabajaba en el IAF, lo que resuena aún más.
Crece también la preocupación por un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud, lo que muchos ven como el paso previo a la privatización total de la obra social militar. La idea es que, al dejarla quebrar, se justifique su venta; una estrategia que la comunidad militar rechaza enérgicamente, considerándola un ataque a la solidaridad y a los derechos de quienes sirvieron a la nación.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
