Garro se sube al carro de la candidatura bonaerense desde La Plata y enfrenta las operetas
El intendente se pone el traje para ir por gobernación y las "Palomas" de su mismo espacio comienzan a serrucharle el piso.
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“Estoy obsesionado con cambiar la realidad de nuestro país y de nuestra Provincia”, manifestó el jefe comunal Julio Garro que todavía no resolvió su futuro político de cara al 2023, aunque remarcó la necesidad de “encontrar esas personas que nos permitan ir intercalando en el poder”. En síntesis, apunta con ir por algo más allá de renovar la Intendencia platense.
A partir de que el diputado nacional Diego Santilli y la ida del par de Lanús, Néstor Grindetti, del Foro de Intendentes PRO. Lo cual le entregó a Garro en bandeja el pedido de ser interlocutor del espacio con el Gobierno que lleva adelante el marxista de Axel Kicillof.
El que también empezó su campaña electoral es Daniel Lipovetzky. Quiere ser intendente de La Plata. El año que viene Julio Garro, (actual intendente del mismo partido) tiene la posibilidad de presentarse a la reelección una vez más en la capital bonaerense. pic.twitter.com/n69M0bJuLD
En el medio de todo, el fuego amigo se hizo presente con el diputado provincial de Buenos Aires Daniel Lipovetzky, quien ya afirmó que quiere “jubilar” a Julio Garro como intendente. Este mismo considera que el alcalde ya cumplió sus objetivos pero no descarta ir a una PASO.
“Garro ya expresó su voluntad de ser candidato a gobernador. Me parece válido y lógico después de 8 años. Que el intendente de una ciudad tan importante como La Plata y con 2 mandatos, tenga expectativas para gobernar la provincia de Buenos Aires me parece que es más que válido”, sostuvo en referencia al nuevo rol que considera, debería tener el actual alcalde platense.
Ante todo lo referido, queda más que claro que el intendente platense se encuentra transitando un duelo contra 2 frentes sorprendentes: por un lado está Lipovetzky con toda la parafernalia de las “Palomas” y, desde el otro, el Gobierno bonaerense tirándole todas en contra. “Garro seguro va por una reelección porque está claro que no le da para mandatario de Buenos Aires”, aseveraron fuentes oficiales de alrededor del jefe comunal a Data 24.
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Cerca de 80 intendentes de la provincia de Córdoba se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para exigir soluciones a la falta de pagos del PAMI, que mantiene una deuda acumulada desde hace más de 13 meses por prestaciones médicas.
“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, sostuvo el intendente de la localidad de Idiazábal, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia.
Los mandatarios locales denuncian que la reciente reducción del Plan Remediar, que limitó la oferta de 128 a solo 6 medicamentos, impacta gravemente la atención primaria de la salud, obligando a los municipios a cubrir estos servicios con recursos propios.
Respecto del transporte, los intendentes exigen una distribución más equitativa de los subsidios nacionales, proponiendo que, si el Gobierno Nacional elimina el impuesto al combustible, ellos reducirán un 35% el valor del boleto de transporte público.
— A la derecha, el intendente municipal de Idiazábal, localidad ubicada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia
La Comisión de Asuntos Municipales presidida por Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, reunió a intendentes y representantes de distintos municipios del país para analizar el funcionamiento del Programa Remediar, la situación del transporte público y la implementación de un régimen federal de áreas metropolitanas.
Durante el encuentro participaron los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; y Rosario Romero, de Paraná, junto con otras autoridades municipales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Según informó la Municipalidad de Córdoba, la jornada contó con la participación presencial y virtual de más de 80 representantes de ciudades pertenecientes a siete provincias argentinas.
Para entender mejor la cuestión, el Programa Remediar nació en 2002, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, para facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de centros de atención primaria. Su funcionamiento se apoyaba en una compra nacional centralizada y en la distribución de botiquines a establecimientos públicos del primer nivel de atención. Ese primer nivel es el de las salitas y centros de salud donde se atienden problemas frecuentes, se realizan controles y se sostienen tratamientos sin recurrir inicialmente a un hospital de mayor complejidad.
— La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Carolina Basualdo
El programa no consistía en entregar dinero al paciente para comprar cualquier producto en una farmacia, sino que su instrumento principal era proveer medicamentos al sistema público. Como referencia histórica, el informe oficial de gestión de 2021 registraba más de treinta millones de tratamientos distribuidos a 8.109 centros e instituciones.
La modificación relevante es la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario IvánLugones el 14 de octubre y publicada el 15 de octubre de 2026. La norma derogó la Resolución 3424/2021 y aprobó un nuevo listado orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. También estableció que ese listado funciona como referencia para compras centralizadas, planificación logística y provisión a establecimientos públicos de atención primaria.
Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas en el Programa Remediar, particularmente la sustitución del listado amplio de medicamentos por otro concentrado en seis principios activos destinados a tratamientos de salud vascular. Sin embargo, la modificación normativa no permite determinar por sí sola el alcance del recorte presupuestario ni establecer cuántos tratamientos dejaron efectivamente de distribuirse en los centros de atención primaria.
— Mario Lugones, médico cardiólogo y actual Ministro de Salud de la Nación Argentina
En relación con el PAMI, los jefes comunales denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas realizadas por establecimientos municipales que mantienen convenios con el organismo. El reclamo apunta a la cancelación de deudas por servicios que, según sostienen, ya fueron brindados a los afiliados, y no exclusivamente a la asignación de nuevos subsidios o recursos extraordinarios.
“Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”, expresó Pablo Vassia sobre los intendentes que no han abandonado a los adultos mayores. En ese contexto, Passerini aseguró que estaría dispuesto a reducir un 35% el precio del boleto del transporte público urbano si el Gobierno nacional eliminara el Impuesto a los Combustibles.
Respecto del transporte público, las autoridades municipales cuestionaron la eliminación de las compensaciones generales destinadas a las empresas del interior del país, mientras continúan vigentes distintos mecanismos de asistencia nacional para servicios bajo jurisdicción federal, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, corresponde diferenciar los subsidios directos a las empresas, los descuentos sociales financiados mediante el sistema SUBE y las obligaciones económicas que asumen las distintas jurisdicciones, dado que responden a esquemas de financiamiento diferentes.
¿Qué cambió en octubre?
El listado de medicamentos contempla seis principios activos destinados principalmente a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se encuentra el ácido acetilsalicílico, utilizado para prevenir determinados eventos cardiovasculares en pacientes con indicación médica, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina se emplean para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.
Por su parte, el candesartán y el ramipril están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y determinadas enfermedades cardiovasculares. A estos se suma la hidroclorotiazida, un medicamento diurético que contribuye al control de la presión arterial mediante la eliminación de sodio y agua del organismo.
De esta manera, los seis principios activos se concentran en la atención de afecciones cardiovasculares, aunque presentan diferentes aplicaciones terapéuticas. La controversia planteada por los intendentes gira en torno a la reducción de la variedad de medicamentos contemplados en el Programa Remediar y sus posibles consecuencias sobre el acceso gratuito a tratamientos para otras enfermedades en los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, quedaron únicamente medicamentos para la hipertensión. La orientación es vascular y cardiovascular, e incluye tratamientos para el colesterol y prevención de ciertos eventos, además del control de la presión arterial.
El listado anterior contemplaba 128 medicamentos, de acuerdo a las fuentes institucionales. El nuevo concentraría la referencia nacional en seis principios activos. Es una reducción muy pronunciada del alcance terapéutico. La Municipalidad de Córdoba expresa esa contracción como una caída del 95.3% en la variedad contemplada. La resolución no dispondría expresamente la eliminación de Remediar. Lo que hace es derogar el listado anterior y sustituirlo por otro mucho más acotado, preservando además una referencia a otros listados nacionales vigentes, ofreciendo una justificación sanitaria y una justificación sobre la distribución de responsabilidades.
En lo sanitario, el Ministerio sostiene que las enfermedades vasculares representan una carga muy elevada de mortalidad, discapacidad e internaciones, y que corresponde fortalecer la detección y el tratamiento de sus factores de riesgo. Por eso vincula la nueva nómina con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y con criterios de eficacia, seguridad y relación entre costos y resultados.
En lo institucional, plantea que la política nacional de medicamentos tiene un papel estratégico y complementario, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservan responsabilidades primarias en la prestación de servicios y provisión de medicamentos para otras condiciones. El desacuerdo no consiste necesariamente en negar la importancia de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, sino es si resulta adecuado fortalecer esa prioridad sustituyendo un listado amplio, y cómo se garantiza la continuidad de los demás tratamientos.
Lo que preocupa a los municipios
Entre los medicamentos que son excluidos del nuevo listado están metformina, levotiroxina, amoxicilina y salbutamol, utilizados para condiciones distintas de las contempladas por la nueva nómina vascular. La Municipalidad de Córdoba señala que la modificación desplaza hacia provincias y municipios la necesidad de abastecer tratamientos para diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia e infecciones, entre otros.
El problema presupuestario entiende que el centro de salud podría seguir recibiendo al paciente, pero ya no recibe determinados medicamentos desde la Nación, y alguien debe reemplazar esa provisión. Las alternativas son comprar con fondos locales, obtenerlos mediante otro programa o dejar una necesidad sin resolver; cuál de ellas ocurre debe comprobarse en cada localidad.
En Córdoba capital, el municipio informó dos indicadores relevantes. La participación de Remediar en su provisión gratuita de medicamentos pasó del 65.3% al 25.7% entre 2025 y 2026, y la demanda de su sistema público aumentó un 29% desde 2024. “El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, afirmó Pablo Vassia.
Conforme a sus declaraciones, presentaron un reclamo formal y recibieron una promesa de comenzar a regularizar los pagos desde junio y, al momento que se escribe esta información, no habían recibido las transferencias comprometidas. Los intendentes afirman que continuaron atendiendo a los afiliados con recursos municipales. En la documentación pública no aparece una liquidación consolidada que permita establecer cuánto se adeuda a los municipios cordobeses, a cuáles y por qué períodos, ni una respuesta específica del PAMI que permita contrastar cada punto del reclamo.
El influencer Jonathan Coniglione, conocido en las redes sociales como “El Joni”, denunció públicamente que el Gobierno provincial de Mendoza está avanzando con proyectos gastronómicos y comerciales en el antiguo Zoológico de Mendoza mientras numerosos animales continúan encerrados, además de acusar de que toda la reconversión fue una maniobra para favorecer negocios clientelistas.
“Al final, por lo único que se preocuparon es por abrir restaurantes y hacer negocios. Y los animales siguen encerrados acá”, destacó Coniglione.
El antiguo zoológico habría cerrado en 2016 para iniciar su transformación en un ecoparque. Sin embargo, según se pudo ver en el video que se viralizó rrapidamente, todavía permanecen 952 animales en el establecimiento, aunque las autoridades afirman haber trasladado a otros 2.011 durante el proceso de reconversión. En el video que dura aproximadamente un minuto y trece segundos, el creador de contenido aparece recorriendo distintos sectores exteriores del antiguo zoológico y mostrando animales detrás de alambrados, instalaciones del acuario y áreas del Ecoparque.
Primero, cuestiona el verdadero motivo del cierre del zoológico y sostiene que la transformación del establecimiento no habría tenido como finalidad principal proteger a los animales, sino habilitar espacios comerciales y gastronómicos. Las imágenes muestran ejemplares, aparentemente ciervos u otros ungulados, detrás de alambrados. El protagonista considera que, después de tantos años, deberían haberse construido ambientes más amplios y adecuados.
“Los animales no pueden hablar, pero nosotros sí. Dejá de quedarte callado y mirar para otro lado. Comentá y compartí este video. Ayudemos y que esto llegue a donde tenga que llegar”, expresó Coniglione, añadiendo que “acabo de ver una fiesta con comida, bebidas, luces, música. El espacio ya está listo para eventos, pero los animales siguen encerrados atrás.”
Afirma que algunos animales trasladados a otros establecimientos murieron y que peces y tortugas del antiguo acuario estarían muriendo. Cuestiona el silencio de los mendocinos, pide que la denuncia se comparta y llama a recuperar los animales del zoológico y del acuario.
“Van a demoler todo eso para construir un polo gastronómico y un teatro. Ese era el objetivo para cerrar el zoológico, no cuidar a los animales”, afirmó Coniglione, y hacia el final aparecen imágenes de personas reunidas en instalaciones del establecimiento y de sectores donde siguen alojados animales. Mediante ese montaje, contrapone el avance de las actividades humanas con la permanencia de ejemplares en cautiverio.
El Zoológico Provincial de Mendoza funcionó durante décadas dentro del Parque General San Martín, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. Como ocurría con muchos zoológicos tradicionales, su principal atractivo consistía en exhibir animales de diferentes especies para que fueran observados por los visitantes. No obstante, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos por las condiciones de cautiverio, la infraestructura, la sobrepoblación y las necesidades de las especies exóticas.
En 2016, durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo, se impulsó una transformación institucional y ambiental. La Legislatura provincial sancionó el 27 de diciembre de ese año la Ley 8.945, que creó la Dirección Ecoparque Mendoza. La norma estableció como objetivos la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal, la rehabilitación y derivación de fauna, la investigación científica y la educación ambiental. También prohibió la compraventa y el intercambio de animales entre instituciones.
El cambio era importante porque significaba abandonar progresivamente el modelo del zoológico tradicional. Antes, los animales eran una atracción turística. Con el nuevo sistema, se pretendía que su exhibición dejara de ser el propósito principal. Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso de la chimpancé Cecilia, declarada sujeto de derechos no humano por una jueza mendocina en noviembre de 2016. La Justicia dispuso su traslado a un santuario de Brasil y reclamó medidas para mejorar las condiciones de otros animales del zoológico.
¿Cuántos animales siguen encerrados?
De los 952 animales que todavía permanecen dentro del establecimiento, aproximadamente 600 son animales de corral, más de 200 son exóticos y más de 100 pertenecen a especies autóctonas. Entre los animales exóticos se encuentran cebras, camellos, antílopes y diferentes especies de monos.
Por otra parte, según la información proporcionada por las autoridades, los 2.011 traslados efectuados durante la última década se distribuyen entre 1.454 ejemplares derivados mediante adopción responsable, 488 trasladados a santuarios y 69 reinsertados en distintos hábitats naturales. El Gobierno mendocino responde que no todos pueden volver a la naturaleza y que existen limitaciones para encontrar santuarios apropiados, siendo algo que se contrapone con los deseos de un proyecto gastronómico.
El 6 de noviembre de 2026 se publicó una licitación pública para refuncionalizar y explotar comercialmente la denominada Unidad de Servicios Puerta Norte Ecoparque, localizada sobre la avenida del Libertador al 4400. La convocatoria contempla recuperar la antigua boletería, el kiosco, los sanitarios y espacios exteriores vinculados al acceso histórico. También incluye la intervención del exfocario, proyectado como un anfiteatro cultural y educativo.
El proyecto incluye la restauración de construcciones históricas, la recuperación de baños públicos y la posibilidad de ampliar determinadas superficies de servicio. El oferente adjudicado deberá afrontar las intervenciones comprometidas.
El artículo 6, inciso 6, de la Ley 8.945 faculta a la Dirección del Ecoparque a otorgar concesiones para servicios compatibles con los fines del establecimiento. Por lo tanto, la presencia de un restaurante no constituye, por sí misma, una irregularidad. La cuestión jurídica y política consiste en examinar si los servicios comerciales respetan los objetivos ambientales, el patrimonio público y los procedimientos de contratación.
¿Qué sucedió con los animales trasladados que posteriormente murieron?
Uno de los antecedentes más relevantes de las denuncias sobre el traslado de animales del antiguo Zoológico de Mendoza es el caso de la elefanta Pocha, que en mayo de 2022 fue trasladada junto a su hija Guillermina a un santuario especializado en Mato Grosso, Brasil, como parte del proceso de reconversión del establecimiento.
Sin embargo, el 6 de octubre de ese mismo año, aproximadamente cinco meses después de su llegada, Pocha murió. Los resultados de la necropsia revelaron que padecía una enfermedad renal crónica grave, asociada a una infección por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la tuberculosis. El fallecimiento reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias de los ejemplares y los procedimientos de traslado.
Otro punto que conviene tratar es sobre que el acuario y el zoológico no son el mismo establecimiento ni dependen exactamente de la misma administración. El antiguo Acuario Municipal, ubicado en la Ciudad de Mendoza, inició su reconversión en 2021 por decisión del gobierno municipal. Su objetivo declarado fue transformarse en un Centro para la Conservación de la Biodiversidad. La Municipalidad anunció entonces la suspensión de las visitas, el cese de nuevas incorporaciones de animales y la evaluación de posibles derivaciones.
Uno de los casos más conocidos fue el de la tortuga Jorge, trasladado a Mar del Plata. A su vez, el Gobierno provincial informó sobre una derivación conjunta de más de cien animales a un centro especializado de Santa Fe, entre ellos más de sesenta tortugas, un yacaré, monos y loros. Los reptiles procedían del antiguo acuario municipal.
— Pocha y Guillermina
El hecho alcanzó directamente a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, puesto que ambos protagonizaron intercambios polémicos en las redes sociales.
“Los animales están en condiciones dignas, no las que nos gustaría, que sería en libertad, pero también tenemos que ser conscientes de que muchos no pueden volver a estar en libertad por causas que nosotros mismos, la acción antrópica, les hemos causado”, destacó Latorre,
Latorre cuestionó los contenidos de Coniglione y los calificó de “berretadas”. Por su parte, Haudet respondió con una expresión despectiva frente a críticas realizadas por otros usuarios. El creador de contenido también manifestó haber recibido amenazas luego de difundir esas imagenes.
La posición institucional del Gobierno es que la reconversión produjo una mejora importante frente al zoológico tradicional. Las autoridades sostienen que ahora los animales no son utilizados como principal atractivo de exhibición, que existen mejores mecanismos de rehabilitación y que los ejemplares alojados reciben atención veterinaria. Estas explicaciones no eliminan la necesidad de fiscalización. El cumplimiento de los objetivos ambientales debe poder demostrarse mediante información verificable, no solamente a través de declaraciones oficiales.
Un grupo de suboficiales del Ejército Argentino presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei, recibida en la Casa Rosada el pasado 9 de octubre para reclamar representación en la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), antes el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
“Nunca nos contestó, nosotros insistimos e hicimos dos notas más, o sea, le mandamos tres notas, nunca nos contestó”, destacó el suboficial mayor Ramón Oscar Corradini ante la falta de respuesta del Estado, advirtiendo que recurrirán a la Justicia.
Los militares sostienen que constituyen una parte mayoritaria de los afiliados y que, pese a contribuir económicamente al funcionamiento de la institución, no cuentan con representación propia en su directorio.
La normativa actual reserva lugares por fuerza y para el personal civil, pero no garantiza una representación específica de los suboficiales, aunque tampoco les prohíbe integrar el directorio.
De acuerdo a lo trascendido, la carta solicita una audiencia con Milei para plantear la incorporación de suboficiales a la conducción y al control de gestión de la obra social. La misma está firmada por los suboficiales mayores Hugo O. Cattoni (magíster en psicogerontología) y Héctor V. Martínez (abogado y suboficial mayor retirado), que se presentan en nombre de un equipo con profesionales, veteranos de Malvinas y familiares.
El reclamo de los suboficiales busca garantizar su participación en la conducción del traspaso económico a la nueva obra social, supervisar el destino de los recursos y presentar propuestas para mejorar las prestaciones médicas destinadas a las familias militares.
Dentro de las Fuerzas Armadas existen dos categorías principales de personal militar, los oficiales y los suboficiales, con funciones y escalas jerárquicas diferentes. Los primeros integran la estructura de mando y ocupan grados como teniente, capitán, mayor, coronel o general, según la fuerza.
Por su parte, los suboficiales desempeñan tareas operativas, técnicas, logísticas y administrativas, además de asumir responsabilidades en la supervisión del personal. Pese a que ambos sectores cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de las instituciones militares, sus carreras profesionales y niveles de responsabilidad se organizan distintamente.
La iniciativa no se limita a exigir un lugar en el directorio, sino que también cuestiona el sistema de representación. Aunque los cargos se distribuyen entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la normativa no garantiza una representación específica para los suboficiales, quienes consideran necesario tener voz propia en las decisiones que afectan su cobertura de salud.
— En octubre de 2026, el Gobierno nacional disolvió el IOSFA y puso en marcha su liquidación oficial debido a una crisis financiera y una deuda acumulada de más de $210.000 millones
“No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación y la posibilidad de aportar nuestra experiencia al servicio de una institución que también sentimos propia”, expresaron los suboficiales.
El 68% de los afiliados
Corradini, en diálogo con el medio Realpolitik, sostuvo que los suboficiales constituyen entre el 65% y el 68% del padrón y utiliza esa proporción como argumento para reclamar lugares propios en el directorio, enumeran las notas presentadas en 2024 y 2025, durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Carlos Presti, que entonces conducía el Ejército, lo sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025.
“Somos el 68% del padrón, no puede ser que no tengamos un par de suboficiales dentro del directorio para que controlen nuestras cosas”, afirmó Corradini vía WhatsApp.
— El teniente general Carlos Alberto Presti, actual Ministro de Defensa de la Nación Argentina
Ese porcentaje debe tratarse como una afirmación de los reclamantes, no como una estadística oficial corroborada, ya que se requiere verificación mediante los registros de afiliación y precisar qué se está contando, como los titulares o todos los beneficiarios, personal activo o también retirados y el padrón del antiguo IOSFA o de la nueva OSFA. La distinción es relevante porque la reforma separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a Gendarmería y Prefectura.
“Los oficiales, por más amigos que alguno tenga, ellos no quieren que nosotros estemos en esto, porque como hay mucho dinero, nosotros no podemos estar según ellos”, expresó Corradini, al cuestionar la presunta resistencia de sectores de la oficialidad a incorporar suboficiales en la conducción de la obra social.
Pese a estos cuestionamientos, la presentación mantiene un tono institucional y reclama una mayor participación de los suboficiales en las decisiones administrativas. “Hemos realizado nuestros aportes y sostenido económicamente nuestra obra social, con la legítima expectativa de participar en las decisiones que hacen a su presente y a su futuro”, señalaron los firmantes.
— La transición de IOSFA a OSFA no puede llevar más de 365 días
El artículo 11 del Anexo I del DNU 88/2026 establece que OSFA sea administrada por un directorio de cinco integrantes titulares, cada uno con un suplente de los cuales dos son propuestos por el Ejército, uno por la Armada, otro por la Fuerza Aérea y el restante representa al personal civil. Todos son designados y pueden ser removidos por el ministro de Defensa.
Sin embargo, la normativa no garantiza un lugar específico para los suboficiales, aunque tampoco les impide formar parte de la conducción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
“Si el señor presidente no nos contesta, ya directamente estamos muy asesorados con este tema, vamos a ir a la Justicia, porque tenemos derechos, camaradas”, indicó Corradini.
En marzo, el Gobierno anunció una primera conformación integrada por los generales de brigada retirados Sergio Maldonado y Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Posteriormente, en mayo, el ministro Presti designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente del organismo, tras la renuncia de Maldonado. De esta manera, los representantes militares designados inicialmente pertenecían al cuerpo de oficiales, sin participación de suboficiales.
La crisis que agrava el reclamo
La disputa sobre representación ocurre sobre una crisis financiera documentada, no solamente sobre diferencias internas. Un acta del directorio de IOSFA correspondiente a enero de 2025 consignó una deuda acumulada de $113.000 millones al cierre de 2024 y registró explicaciones sobre disponibilidades y dificultades administrativas para su utilización.
Ese mismo documento mencionó $45.000 millones en una cuenta bancaria al cierre de 2024, por lo que no corresponde utilizar la cifra de deuda, aislada, como si describiera por sí sola toda la situación patrimonial o equivaliera automáticamente al déficit neto.
— El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, actual presidente de OSFA
En octubre de 2026, el Gobierno anunció un proceso de cancelación de una deuda superior a $200.000 millones, junto con pagos de reintegros y negociaciones para reconstruir la red de prestadores. El 1 de octubre, Defensa anunció que OSFA asumía plenamente la atención del personal militar y sus familias, y que comenzaba una recuperación progresiva de las prestaciones mediante pagos y nuevos acuerdos con prestadores. También informó un primer lote de más de 10.000 reintegros por más de $5.000 millones.
El compromiso se produjo después de que Gonzalo Secchi reemplazara a Ariel Guzmán al frente de la administración del IOSFA. El escrito que Guzmán entregó a su sucesor advertía sobre transferencias de recursos incompletas, dificultades financieras y problemas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. El informe también señalaba que Pablo Plaza, presidente de OSFA, había solicitado extender el convenio de atención con IOSFA debido a que la nueva obra social todavía no contaba con contratos vigentes debidamente aprobados para asegurar la cobertura de sus afiliados.
Otro elemento del conflicto es la infraestructura que pasa —o no— a la nueva entidad. La investigación citada informa comunicación oficial del 14 de octubre que ordenaba iniciar el cierre de 31 farmacias propias y tramitar la baja de sus habilitaciones, con el argumento de que OSFA no había solicitado su transferencia.
Un eventual planteo de fondo podría discutir si el diseño vigente satisface los derechos de participación y las garantías de igualdad que invoquen los interesados. El artículo 14 bis de la Constitución contempla la administración del seguro social por los interesados con participación estatal, siendo que el régimen de OSFA exige prestaciones no inferiores al Programa Médico Obligatorio y acceso igualitario a su programa asistencial.
Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.
Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.
Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.
Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.
Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.
El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.
Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.
Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.
Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.
El papel de Karina Milei
OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).
El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.
El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.
A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.
El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.
— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.
Compensación de esos fondos
La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.
El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.
Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.
El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
El 2 de diciembre abre en Puerto Madero el primer local argentino de Baires Grill, la cadena de parrillas de lujo nacida en Miami que desde 2025 es el restaurante oficial de la Selección, con Mauricio Macri anunciado como invitado estelar de la noche. Los registros públicos de las sociedades que traen la marca al país muestran que el hombre que figura como dueño es un auxiliar de mantenimiento del Gobierno porteño, de 70 años y monotributista, que en diez meses suscribió acciones por unos 94,5 millones de pesos. Se llama Carlos Hugo Stambuli. Preside BGPM, sigla de Baires Grill Puerto Madero, donde tiene el 75 %. Preside también BG Nordelta y BG Olivos, con el 95 % de cada una, es dueño de la mitad de Fatih, una sociedad creada para manejar licencias de marcas, y desde marzo gerencia Costanera Resto, que lleva el nombre de otra de las sedes anunciadas. Ante el fisco declara como rubro el transporte de pasajeros, y su categoría de monotributo le permite facturar hasta 30,6 millones de pesos por año. En 2019 pasó a planta permanente en el Ministerio de Hábitat porteño. Al crear una sociedad anónima hay que integrar de entrada la cuarta parte del capital. En el caso de Stambuli, eso supera los 23 millones de pesos, más de tres cuartas partes de lo que puede facturar en un año. Su deuda bancaria, en tanto, pasó de unos 2 millones de pesos en 2024 a 13,4 millones en septiembre. Desde 2008 nunca se atrasó con una cuota. A su lado aparece casi siempre Camilo Abudiab, de 20 años, hijo de Gustavo Abudiab, el socio argentino de Martín Koenig, la cara visible de la cadena. Camilo es director suplente en Nordelta y en Olivos, el cargo que permite tomar el control si el titular se va, y preside Fatih. Todas esas sociedades comparten domicilio con las de la familia Abudiab, en una oficina porteña donde figuran unas cincuenta empresas. Desde hace catorce años, el apellido Stambuli encabeza las sociedades de los Abudiab. Tilsit, la de más espalda financiera del grupo, la presidió entre 2012 y 2025 Nélida Stambuli, que asumió con 76 años, dejó el cargo con 89 y todavía se identifica con libreta cívica. Hoy la preside Luis Alberto Stambuli, monotributista de la categoría más baja. Gustavo Abudiab fue su vicepresidente durante doce años y en 2026 le cedió el lugar a Camilo. Arnaldo Vázquez, el socio minoritario de Stambuli en Puerto Madero, es el único con oficio en el rubro. Se quedó con el 25 % de BGPM y el puesto de suplente. Su sociedad Music House explotaba el Johnny B. Good, el bar de rock que ocupaba el local donde abrirá la parrilla. Koenig dijo que el desembarco se hacía con “un grupo gastronómico muy fuerte del país”, pero nunca lo nombró. Desde abril, la marca “Baires Grill Since 1999”, con el logo y el lema de la cadena, está registrada a nombre de King George, una gastronómica porteña cuyos directores comparten negocios con dos socios de Costanera Resto y con un socio de Vázquez. El 25 % de Costanera Resto pertenece a Arte Inmobiliario, cuyas acciones son todas de Daniel Angelici, ex presidente de Boca y armador político de Macri. La sociedad de Angelici entró en septiembre de 2022. En marzo de este año, los socios nombraron gerente a Stambuli, que no tiene una sola cuota, y mudaron la sede a la oficina de los Abudiab. Sofía Koenig, hija del dueño de la cadena y hoy su gerente regional, trabajó cuatro años en el Gobierno porteño y luego en el PAMI de la gestión Macri. La dirección anunciada para la Costanera corresponde a un predio público. La Ciudad lo concesionó hasta 2030 a Blue Night, una empresa sin vínculos visibles con los protagonistas de esta historia. En la madrugada del 1 de marzo, en el boliche Archi, que funcionaba ahí, se desplomó una estructura de luces sobre el público. Hubo heridos y se evacuó a 700 personas de un lugar habilitado para 500. La causa penal sigue abierta. La ley de esos predios establece que, si el contrato se rescinde por incumplimiento, el concesionario no tiene derecho a indemnización. En junio, nueve días después de que Baires Grill anunciara esa dirección, el Gobierno porteño renovó por un año la inscripción del boliche como lugar bailable, con la misma capacidad y sin mencionar el derrumbe. En julio amplió los usos del inmueble. Ningún documento público explica cómo piensa instalarse la cadena en un predio concesionado a otra empresa. Koenig suele contar en entrevistas que se fue del país por la crisis. No menciona que su empresa argentina, Conarbras, tuvo la quiebra decretada en 2006 por un juzgado comercial porteño. Abudiab, por su parte, figura en los Panama Papers como accionista de cuatro sociedades panameñas armadas en 2009 a través de un estudio de Montevideo. La web de la cadena atribuye la apertura del primer local, en 1999, a Koenig, Abudiab y sus socios. Según los registros de Florida, Baires Grill la fundaron Marcelo Ferreiros y Ricardo Alietti, y el grupo de Koenig entró recién en 2014. Hoy la empresa promete más de 20 millones de dólares para cuatro locales en el país: Puerto Madero, Costanera, Nordelta y Canning.
Un influencer viralizó imágenes de animales en cautiverio a diez años del cierre del zoológico y acusó al Gobierno de usar la reconversión del Ecoparque para hacer negocios. La ministra de Ambiente descalificó sus videos y el creador de contenido denunció que recibió amenazas.
Los cortes vacunos aumentaron 44,5% en un año y le sacaron más de once puntos a la inflación. La escasez de hacienda y el salto de las ventas a Estados Unidos dejaron menos carne en el mostrador
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