Garro estuvo presente en Convención Nacional de la UCR para seguir en la línea de la “unidad”
El intendente platense se está encargando de poder llevar a cabo la integración plena de Juntos, a través de sectores peronistas radicales y demás alternativas.
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El jefe comunal de La Plata, Julio Garro, se acercó al Coliseo Podestá, lugar en el que sesionó la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y en el ingreso dijo que “vine a saludar a la gente de la UCR, que son referentes de otras provincias y vienen a la ciudad”. También dijo que “soy de los que piensan que hay que ampliar para ganar”.
En un diálogo con la prensa, Garro dijo: “Vine a saluda a la gente de la UCR, que son referentes que vienen de otras provincias a nuestra ciudad. Vine simplemente a acompañar”. “Yo pertenezco al PRO, estamos en un frente electoral y me toca dar la bienvenida”, sentenció.
Quiero felicitar a las nuevas autoridades de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical que hoy fueron elegidas en la ciudad! Es muy importante que en esta nueva etapa sigamos trabajando Juntos para mejorar la vida de todos los argentinos. pic.twitter.com/FaEqzGhebA
Al ser consultado sobre la renuncia a la vicepresidencia segunda del Senado del senador Joaquín de la Torre con duras críticas a Juntos por votar al presidente del Tribunal de Cuentas para un referente del gobernador Axel Kicillof, Garro dijo: “Lo de Joaquín lo respeto mucho porque es un dirigente que admiro y respeto mucho, pero también hay que respetar los equilibrios cuando se gobierna porque hay complejidades, igual lo respeto mucho”.
Cuando se le preguntó si será candidato a gobernador, dijo: “Soy de los que piensan que hay que ampliar en Provincia para ganar, y creo que será muy complicado ganar en Provincia porque el kirchnerismo va a querer quedarse”.
Y sobre el funcionamiento de Juntos Hacemos, el espacio interno que lidera junto a su par, de Lanús, Néstor Grindetti, dijo Garro: “Venimos bien. Hoy Grindetti fue al norte de la Provincia, yo no pude ir porque tengo el cumpleaños de mi mujer, pero todo viene muy bien porque hay mucha gente que se suma sobre todos de peronistas muy enojados con el peronismo“.
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“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
El Decreto 2430 generó controversia al oficializar una designación por parte del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Se trata de Roberto Sposetti, un reconocido operador mediático del ámbito conocido como “círculo rojo”.
El cargo que se le asigna es el de “asesor del Poder Ejecutivo, con nivel de Ministro”. Según explicaron fuentes de la Legislatura de Córdoba a este portal, esta maniobra se percibe como una forma encubierta de nombrar un nuevo ministro, otorgándole el sueldo correspondiente sin aclarar de manera clara que se trata de un nuevo Ministro.
Aunque el documento oficial fue emitido el pasado viernes 15, refleja un nombramiento de diciembre de 2023. En este punto, otra fuente importante de la Legislatura provincial especula que Llaryora publicó “uno de cada cuatro decretos” en el Boletín Oficial, sin informar correctamente incluso a sus propios colaboradores, lo que lo obligó a aprovechar las nuevas emisiones del BO para ir actualizando viejos decretos. Al primero de marzo, de los 510 decretos que se sabe que el gobernador firmó, solo se publicaron 136, dejando sin oficializar 374 de ellos.
Roberto Sposetti
Dentro del círculo rojo, Roberto Sposetti es reconocido por su trayectoria como operador mediático. Uno de sus primeros trabajos en el ámbito público fue asesorar al dos veces intendente de la ciudad de Córdoba, senador nacional y diputado provincial, Rubén Américo Martí. También se desempeñó como asesor de comunicaciones del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y tuvo un fugaz y polémico paso dentro de la Secretaría de Turismo como secretario de Innovación en 2018.
Córdoba cuenta con 15 Ministerios y 10 Agencias con rango ministerial. Solamente en publicidad y propaganda para los Ministerios, el gobierno provincial tiene proyectado gastar un total de $26 mil millones en 2024.
En este contexto, es relevante recordar que en noviembre del año pasado, la Legislatura de Córdoba aprobó un aumento del 506,35% —pasó de $57 millones a $350 millones— en la disponibilidad de dinero para “gastos reservados” sobre las carteras de Seguridad, Gobierno y Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia. Estos gastos reservados no pueden ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas de Córdoba gracias a una reciente modificación de la ley, lo que permite su uso discrecional.
En el marco de las protestas que lleva adelante ANSES por el recorte de gastos que lleva adelante el Gobierno, desde Lanús, cobró relevancia en redes el nombre de Daniel Dragoni, empleado del organismo estatal y también concejal del distrito de Unión por la Patria.
Una vecina afectada por la protesta de los trabajadores fue increpada por Dragoni: “¿Vos qué te pensas, que somos todos ñoquis?”, vociferó, antes de ser frenado por sus propios compañeros, que evitaron que la situación pase a mayores.
Dragoni fue concejal de Lanús durante el período 2017-2021 por el Frente de Todos, y conservará el cargo hasta 2027, por Unión por la Patria. Además de ser empleado de ANSES, integra la comisión directiva de Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada.
El Poder Ejecutivo prevé inspeccionar técnicamente los contratos de la base china asentada en la provincia de Neuquén tras la alerta que presentó el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.
Mientras que las autoridades chinas señalan que la base militar cumple tareas “estrictamente científica”, el gobierno de Milei considera que “hay algo raro con los contratos de la base. Se les dio un territorio donde prácticamente la Argentina no puede entrar”. El acuerdo en cuestión afirma que el 10% de los recursos de uso (del tiempo de la antena) los debe utilizar la Argentina: “Queremos chequear que eso verdaderamente sea así”.
Entrevistado por La Nación, el norteamericano se manifestó sorprendido ante la decisión de Argentina de permitir que “las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”.
La Estación de Espacio Profundo CLTC-CONAE-NEUQUEN se consolidó como un ícono de la relación de acercamiento del régimen kirchnerismo con la China de Xi Jinping. La base, ubicada en Bajada del Agrio sobre la ruta provincial 33, comenzó a construirse en el año 2014 y finalizó tres años después, en 2017. Cristina Kirchner cedió unas 200 hectáreas por 50 años al Partido Comunista Chino.
Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.
LA DENUNCIA DE JUEZ
“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.
Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.
En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.
La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.
La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.
Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanosJuan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.
En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.
Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana EsterLlanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.
Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
