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Una gigantografía del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tuvo que ser retirada de la localidad de El Chorro, situada al norte de esa provincia. Las interpretaciones libres estuvieron a la orden del día e hicieron furor en las redes sociales.
El famoso cartel del tirano, colocado en El Chorro, del departamento Ramón Lista
La denominación del pueblo refiere a que cuando llegó hasta ese punto una expedición de soldados en el año 1900, se encontraron con una vertiente de agua que aún hoy está. Hasta 2016, el nombre de la localidad era General Mosconi.
Ahora, dadas las actuaciones que realiza desde décadas el eterno gobernador, los vecinos asociaron el nombre de la localidad con el hurto de la casta política justicialista de mencionada provincia.
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La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.
La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.
El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.
El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.
Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.
Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).
Corrientes se prepara para recibir uno de los encuentros turísticos más relevantes de la región: el Congreso de Turismo y el 9.º Workshop del Litoral, que se desarrollarán mañana martes desde las 14 horas en el Centro de Convenciones Corrientes. La actividad es organizada por la Municipalidad, en conjunto con la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) Nordeste, y reunirá a más de 70 empresas y agencias del sector, incluyendo operadores mayoristas de Brasil y Paraguay.
El evento contará con la participación de 40 operadores mayoristas del litoral argentino y destacados referentes nacionales e internacionales. “Este evento es fundamental porque nos posiciona aún más fuerte en el mapa turístico nacional e internacional”, destacó el secretario de Turismo y Deportes municipal, Juan Enrique Braillard Poccard. “Esta interacción comercial y turística es clave para consolidar nuestra economía y promover aún más nuestro destino”, agregó.
El cronograma incluye ponencias de alto nivel, como la del CEO Comercial de Jet Smart Argentina, la presentación institucional del destino Corrientes y la del CEO del próximo Hotel Marriott Corrientes. También se dictarán conferencias magistrales enfocadas en nuevas oportunidades para el turismo de reuniones y el impacto de la inteligencia artificial en el sector.
El encuentro concluirá con una recepción especial y un recorrido de pre-apertura por las instalaciones del Hotel Marriott Corrientes, cuya inauguración está prevista para los próximos meses.
Braillard Poccard subrayó además el efecto transformador del turismo en la economía local: “Este crecimiento abre oportunidades reales para nuestros jóvenes. Queremos que tengan opciones aquí, que no se vean obligados a emigrar en busca de trabajo. El turismo está demostrando ser una fuente real y sostenida de empleo, y eventos como este consolidan esas posibilidades para nuestra juventud”.
Con una apuesta clara por el desarrollo económico sostenible, Corrientes continúa posicionándose como uno de los destinos más dinámicos y con mayor proyección del litoral argentino.
En la previa a las elecciones provinciales del 8 de junio, la Justicia Electoral de Misiones tomó la decisión de excluir del padrón electoral a policías y agentes penitenciarios. Esta medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, se aplicó con el argumento de que estos funcionarios no deben participar en los comicios mientras estén en servicio activo.
La disposición recibió críticas desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la medida y argumentaron que vulnera el derecho al sufragio consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalan que en elecciones anteriores, los miembros de las fuerzas de seguridad habían votado sin restricciones, lo que plantea dudas sobre la motivación y la oportunidad de esta exclusión.
El caso de Ramón Amarilla, ex suboficial de la policía y actual candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores, cobró especial relevancia en este contexto. Amarilla, detenido desde septiembre en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, enfrenta una impugnación a su candidatura por parte del fiscal electoral Flavio Morchio, quien argumenta que su situación procesal lo excluye del padrón electoral. Sin embargo, su defensa sostiene que la ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser elegido, y que Amarilla figura en el padrón provisorio, lo que respaldaría su postulación.
– Ramón Amarilla
La medida adoptada por la Justicia Electoral de Misiones también ha sido criticada por su implementación. Se reportaron casos en los que se habría ordenado la retención de documentos de identidad a efectivos policiales para impedir su participación en los comicios, lo que se interpretó como una forma de coacción y una vulneración de derechos fundamentales.
Desde el oficialismo provincial la medida fue tomada como una forma de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, la falta de una aplicación consistente de esta disposición en elecciones anteriores y la ausencia de una justificación clara alimentaron las sospechas de que podría tratarse de una maniobra política para influir en los resultados electorales.
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno de Paraná en la que participó la vicegobernadora AliciaAluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y todo el equipo ministerial. El tema principal fue la transferencia del Palacio San José —residencia del general Justo José de Urquiza, ubicada en Caseros, departamento Uruguay— a la órbita provincial, con el fin de garantizar su conservación y restauración.
Al término del encuentro, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, señaló que se trató de “una instancia muy productiva en términos de información y conocimiento que los distintos ministerios pudieron intercambiar sobre las acciones en curso en toda la administración”. Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, informó sobre las gestiones iniciadas para concretar el traspaso del inmueble, declarado museo nacional en 1935.
Frigerio recordó que semanas atrás solicitó formalmente a la Secretaría de Cultura de la Nación que Entre Ríos asuma la gestión del Palacio San José. El pedido fue presentado al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, donde el mandatario expuso su “profunda preocupación” por filtraciones, daños estructurales y el desgaste del mobiliario original, piezas de alto valor patrimonial.
Construido entre 1848 y 1858, el Palacio San José constituye uno de los hitos arquitectónicos e históricos del país y atrae cada año a miles de visitantes. El gobierno provincial proyectó convertirlo en un símbolo cultural que una a los entrerrianos y reafirme su papel en la historia nacional.
La agenda del gabinete también incluyó políticas orientadas a la primera infancia. Frigerio compartió detalles de su reciente reunión con autoridades de UNICEF y repasó los lineamientos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano. Boleas destacó que el proyecto de presupuesto 2025 incorporó dos políticas transversales dedicadas a niñez y adolescencia para monitorear con mayor precisión la inversión pública.
En materia educativa, los ministros evaluaron el avance del Programa de Alfabetización impulsado desde la Región Centro. Boleas precisó: “Nos compartieron cómo se está desarrollando el trabajo en el territorio entrerriano y los resultados preliminares del abordaje”.
Antes de concluir, Frigerio reiteró a su gabinete la consigna de optimizar estructuras estatales, elevar la eficiencia del Gobierno y fortalecer la articulación con organismos descentralizados, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de los proyectos debatidos, entre ellos la recuperación del emblemático Palacio San José.
Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.
Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.
Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.
Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
