Formosa | Gildo Insfrán y su viaje a Estados Unidos vacío de inversiones
El gobernador formoseño visitó el país norteamericano en busca de inversiones para "fortalecer la justicia social", pero parece haber vuelto con las manos vacías, ¿Qué pasó?
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El gobernador formoseño Gildo Insfrán, a diferencia de sus pares de las demás provincias, fue a Estados Unidos a sacarse fotos y enviar sus partes diarios contando las diferentes oficinas que recorría: FMI, Amazon, y así. Pero este pasado sábado trascendió que el barbado lagunense habría solicitado un préstamo al FMI para “fortalecer la justicia social en su territorio”.
Raro, porque es muy común escucharlo decir que Mauricio Macri es un “vendepatria”, por pedir préstamo al Fondo Monetario, ha hablado incluso de la soberanía económica y demás. Y ni hablar de lo que dice desde su púlpito cuando no tiene un moderador que le diga que debe soltar el micrófono.
Publiaciones en Twitter de Insfrán
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, consiguió que Amazon capacite y forme a programadores en Posadas y algo similar consiguió el de La Rioja, casi todos se trajeron algo de su viaje a Estados Unidos. Menos Insfrán que su corolario de viaje fue un exabrupto con una moderadora que le marcó que su tiempo de exposición había terminado: “¿Entonces no le interesa mucho que le hable de Formosa?”.
Pero el hombre contará entre sus íntimos, y luego en algún acto donde hará uso de la palabra, otra cosa. Dirá cómo no se rindió ante la bestia de tres cabezas, domó a los yanquis y, a su vez, que trajo muchas cosas buenas para Formosa, mientras despliega el álbum de fotos de su viaje por Norteamérica.
El gobernador Insfrán no se cansó de subir fotos de su periplo por Formosa
¿Hay deuda?
El Gobierno de Gildo Insfrán tiene 13.660.341.000 pesos de stock de deuda a marzo de este año, sin la deuda flotante, de acuerdo a los datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales que depende del Ministerio de Economía de la Nación.
El gobernador, valiéndose de sus contactos en la Secretaría de Políticas Universitarias, solicitó que la partida que recibía la Universidad Nacional de Formosa se recorta drásticamente para asignarle una gran parte al Instituto Universitario de Formosa (IUF) que funciona en Laguna Blanca y es la piedra angular que dará forma a la Universidad Provincial de Formosa.
Gildo Insfrán no logró traer inversiones hacia Formosa
Este martes cerca del mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde se está tratando el presupuesto nacional, la Universidad Nacional de Formosa, su desfinanciamiento y el otorgamiento de 460 millones para el Instituto Universitario de Formosa en Laguna Blanca fue uno de los temas relevantes.
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La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.
La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.
Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.
La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.
En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.
Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.
También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.
Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.
En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
