Feministas piden la RENUNCIA de Elizabeth Gómez Alcorta la ministra de las Mujeres
Diversos grupos feministas exigen la renuncia de la ministra Gómez Alcorta argumentando que, "continúa pasando el tiempo y las políticas implementadas no son efectivas".
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Tras la ida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, en el Gobierno comenzaron a huir funcionarios y el Gabinete nacional entró en crisis con pedidos de cabeza. Dentro de esto último, sectores feministas exigen la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta de la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Se trata de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) y Libres y Diverses, quienes expresaron que “han pasado 30 meses de gestión y la experiencia concreta en diversos territorios de la Argentina nos permite evaluar la debilidad de las políticas estatales llevadas adelante”.
“En la gestión de la actual ministra no solo han sido escasas las iniciativas para abordar la particular desigualdad por razones de género, sino que las emprendidas resultan ineficientes, desarticuladas, discrecionales, fragmentadas y sin la suficiente inserción territorial”, sentenciaron desde el feminismo.
Entre el itinerario de reclamos, las organizaciones del feminismo radical afirmaron que, desde la cartera, que hubo una “inexistencia de políticas integrales, coordinadas, territoriales, con impacto y escala” en todos los sectores pertinentes. Amén de que se contó con “ausencia de estadísticas que acerquen un diagnóstico de la dinámica de la violencia de género”.
“No nos podemos conformar con gestiones que no solo no dan respuestas acordes, sino que cierran los oídos a las críticas y propuestas que siempre apuntaron a fortalecer el Estado, exigimos la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta”, recalcaron los sectores feministas en el comunicado oficial por redes sociales.
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Joaquín De la Torre abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la provincia de Buenos Aires y decidió conformar un monobloque, aunque aseguró que seguiría alineado con Javier Milei en el plano nacional. Su salida respondió a las diferencias con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, y marcó un cambio en la composición de la Cámara alta, donde el bloque libertario quedó ahora con cuatro miembros.
Desde el entorno de De la Torre aclararon que “no se siente representado por las decisiones que se están tomando en cuanto al armado provincial, pero en lo nacional sigue alineado con el gobierno de Javier Milei”. En tanto, desde la bancada libertaria minimizaron el impacto de su alejamiento al sostener que la relación legislativa con el exalcalde “fue ‘muy buena’” y atribuyeron la ruptura a diferencias con el rumbo provincial del partido. De la Torre, por su parte, negó conflictos con Karina Milei, pero reconoció la tensión con Pareja y también con José Luis Espert, a quien el Presidente promovió como candidato a diputado nacional.
La relación del exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal con el oficialismo libertario había sufrido roces en mayo del año anterior, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a Pablo De la Torre —hermano de Joaquín— de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por una denuncia de retención de 5 millones de toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno avanzó entonces con una denuncia penal. A pesar de esos conflictos, De la Torre permaneció algunos meses más en la bancada de LLA, hasta que finalmente se alejó por las discrepancias con el armado bonaerense.
Paralelamente, surgieron detalles sobre una presentación del municipio de San Miguel —bajo la órbita de De la Torre— por una deuda del Ejército en tasas impagas de Campo de Mayo que ascendió a más de 650 millones de pesos. Ese reclamo alcanzó al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con una intimación de pago y posible remate de predios.
El bloque libertario en el Senado provincial quedó integrado por Curestis, Arietto, Reich y Riva. Una bancada aparte, compuesta por tres senadores que también se identificaron con el nombre de La Libertad Avanza pero que no respondieron al Gobierno nacional, se mantuvo en el recinto como otro espacio diferenciado. Al mismo tiempo, De la Torre pasó a ser el único representante de su monobloque. Así, el mapa de la Cámara alta bonaerense quedó conformado por 21 bancas de Unión por la Patria, 9 del PRO, 8 de la UCR + Cambio Federal, 4 de LLA1, 3 de la otra bancada libertaria y la monobanca de De la Torre.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el exsecretario de Seguridad de San Miguel, Juan José Esper Zamar, continuó por el momento en el bloque libertario que conduce Agustín Romo, sin replicar la determinación de su referente político. De la Torre confirmó, además, que no competiría en los comicios de medio término de 2025: “En San Miguel, nuestro grupo tiene como regla no dar reelección a los cargos legislativos y tengo que dar el ejemplo. Vamos a aspirar a que San Miguel siga teniendo una representación, pero no voy por la reelección”.
El exintendente explicó que esa decisión respondía a su proyecto local y añadió: “Creemos que tenemos una historia y que, si la elección es desdoblada, tenemos cosas para decir y mostrar, como nuestros sistemas de seguridad y de primera infancia. Eso lo vamos a sostener y seguramente intentaremos desde lo local construir una fuerza que permita que los bonaerenses discutan temas provinciales. Estamos dispuestos a dar esa discusión, creyendo que la provincia debe ser reconstruida desde lo local hacia lo provincial”.
De la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que en su carrera política pasó por el massismo, el macrismo y el kirchnerismo, había llegado al Senado bonaerense en 2021 bajo la lista de Juntos, encabezada por Facundo Manes. Posteriormente se distanció de ese espacio debido al acuerdo entre el sector cambiemita y el peronismo por el pliego de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas, y en 2023 fundó su monobloque Derecha Popular. Sin embargo, en marzo de 2024 se sumó a la bancada libertaria que presidía el senador Carlos Curestis, junto con Florencia Arietto, Betina Riva y Daniela Reich.
De esta manera, La Libertad Avanza perdió a uno de sus alfiles en la Cámara alta bonaerense, que quedó con cuatro senadores afines al Gobierno de Javier Milei y diferentes expresiones liberales divididas en otros bloques. Pese a la ruptura, De la Torre insistió en que mantendría su respaldo nacional a la gestión presidencial, al tiempo que buscó reforzar su influencia territorial a través de la experiencia adquirida en San Miguel.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
El farmacéutico y sindicalista de los farmacéuticos y bioquímicos, Marcelo Peretta, presentó oficialmente su candidatura a legislador porteño por la lista REMEDIOS PARA CABA en un multitudinario acto realizado en el Teatro Multiescena del barrio de San Nicolás. Acompañado por los principales candidatos de su espacio político, criticó duramente a la dirigencia actual y aseguró que su objetivo es “romper los monopolios farmacéuticos, fomentar la producción y el trabajo registrado”, además de “llevar ante la justicia a los responsables de la mala gestión de la pandemia”.
El discurso de Peretta se inició con una declaración que apuntó directo a las promesas electorales que considera incumplidas: “Me siento defraudado igual que ustedes. Creí que la motosierra era para la casta, pero la usan con trabajadores y jubilados, creí que íbamos a producir y trabajar, pero todo es timba financiera y economía ficción. Creí que habría libertad y competencia, pero controlan el dólar y todas las variables y no bajaron ni un impuesto. Nos mintieron”. Con estas palabras, el candidato describió su desilusión ante la situación económica y social que, desde su perspectiva, afecta a la Ciudad y al país.
Entre las principales propuestas de ley que impulsará si logra llegar a la Legislatura el 18 de mayo, Peretta anunció que buscará bajar el precio de los medicamentos por medio de la competencia, aumentar la seguridad respaldando la tarea de los uniformados y renovar el sindicalismo para fomentar la creación de empleo registrado. También sostuvo que llevará a la justicia a los responsables políticos y sanitarios de la mala gestión de la pandemia, afirmando que hubo “30 mil muertos de más” que pudieron haberse evitado.
Para combatir lo que él llama un oligopolio farmacéutico, propone instalar nuevos laboratorios en el polo farmacéutico de Lugano y exigir la prescripción por nombre genérico, sancionando a los médicos que recetan marcas comerciales cuando lo hacen con fines económicos. Justificó esta iniciativa expresando que abrir más laboratorios generará competencia y evitará “el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros”. Además, adelantó que limitará la publicidad engañosa de medicamentos y terminará con el financiamiento de los laboratorios a la política.
Uno de los puntos más aplaudidos del acto fue la promesa de eliminar el ABL para los jubilados porteños. “¿Por qué pagan tantos impuestos?”, lanzó a modo de pregunta, y propuso que eximir a los mayores del pago de ese tributo permitiría que ese dinero se destine al consumo y la activación de la economía. También detalló tres proyectos de ley para promover el trabajo registrado: impuesto cero durante el primer año para las PyMEs que cuenten con CUIT y personal formal en CABA, habilitación rápida y en línea de comercios y empresas, y el pago de las cargas laborales a cuenta del impuesto a los ingresos brutos.
El acto incluyó la presentación del Decálogo del Movimiento Plural, destinado, según Peretta, a quienes se sienten “silenciados, desplazados o decepcionados” por las promesas incumplidas del gobierno actual. El candidato considera que la Ciudad más rica del país está sucia, insegura, sin trabajo y con una salud pública deficiente a raíz de una dirigencia que, en su opinión, “se reparte los ñoquis que contratan con la plata de los porteños”. De hecho, afirmó con contundencia que “la Legislatura porteña hoy sólo sirve para mantener ñoquis a costa de nuestros impuestos” y llamó a poner fin a ese “robo”.
Acompañan a Peretta en la lista Federico González, consultor político con tres décadas de experiencia; Nahuel Altieri, abogado y presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Valentina Peretta Alejandre, estudiante de Derecho en la UBA, elegida mejor oradora de 2025; Elsa Nieto, periodista científica especializada en colectividades; y Malvina Starker, pastora dedicada a promover las actividades religiosas y la presencia de la Iglesia en la comunidad.
El espacio se presenta bajo la consigna “El remedio para la Ciudad” y lleva por lema REMEDIOS PARA CABA. Peretta, quien también es doctor y autor de un libro sobre reforma laboral titulado El derecho a elegir tu sindicato, busca atraer a liberales y libertarios descontentos, apuntando a los desencantados con las políticas que, según él, no cumplieron con lo prometido. “No quiero que los errores del gobierno tienten a la gente a volver al pasado…”, afirma, al tiempo que hace un llamado a la producción, el trabajo y el esfuerzo como vías para resolver los problemas de los porteños.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
El escrutinio definitivo confirmó una victoria contundente del gobernador electo MaximilianoPullaro y su lista “Unidos para Cambiar Santa Fe”, una coalición integrada por el radicalismo, el PRO, el socialismo y otros espacios. Con el 95% de las mesas escrutadas, Pullaro obtuvo 469.067 votos, equivalentes al 34,83% del total, imponiéndose en los 19 departamentos de la provincia.
La elección contó con apenas un 55% de participación. Durante los comicios que lo consolidaron como gobernador, Pullaro sacó más del 60%.
Las elecciones santafesinas de ayer representaron un proceso electoral complejo, con casi 2,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a 69 convencionales constituyentes, distribuidos entre 50 representantes por distrito único y 19 correspondientes a cada uno de los departamentos que componen la provincia.
El triunfo de Pullaro da lugar a una consolidación de su liderazgo político provincial y una pérdida de espacio para el gobierno nacional. A pocos meses de asumir la gobernación, este respaldo electoral le otorga un capital político significativo para avanzar con su agenda de gobierno y, particularmente, con la reforma constitucional.
“Empezamos a discutir la puerta que se abre al futuro”, destacó el mandatario en su discurso tras conocerse los resultados, donde además ratificó que la nueva Carta Magna provincial incluirá la “Ficha Limpia garantizada”. El nuevo mandatario recibió felicitaciones de diversos referentes políticos nacionales, incluyendo a Mauricio Macri, quien escribió: “¡Felicitaciones Maxi y equipo!”.
Aunque obtuvo una exito contundente, los números finales no le otorgarían automáticamente la mayoría absoluta en la Convención Constituyente, lo que significa que necesitará construir consensos con otras fuerzas para impulsar cambios específicos en la Constitución provincial. La vicegobernadora Gisela Scaglia, expresó esta perspectiva al señalar que la reforma “no quedará solo para el gobernador Pullaro, sino que será la constitución del futuro de la provincia”.
El espacio político liderado por el presidente Javier Milei enfrentó su primer test electoral significativo desde su llegada al gobierno nacional. La Libertad Avanza, representada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quedó en tercer lugar a nivel provincial con un 14,05% de los votos, lo que representa un resultado derrotista considerando las expectativas.
Es destacable que la otra expresión libertaria, encabezada por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), obtuvo un 12,41%, lo que sugiere que el electorado afín a las ideas libertarias en Santa Fe se dividió entre ambas opciones. Esta división refleja las dificultades del espacio liderado por Karina Milei para consolidar su estructura territorial.
En Rosario, el departamento más poblado, LLA mostró una mejor performance que en el resto de la provincia, con Juan Pedro Aleart posicionándose como el candidato más votado con aproximadamente un 31% de los sufragios. En el departamento La Capital, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe, el candidato oficialista Julio “Paco” Garibaldi lideró con el 39% de los votos, seguido por Ana Cantiani de LLA con un 22%. Este resultado representa un punto luminoso, aunque quedan relegados al tercer lugar.
Uno de los aspectos más destacados fue la presentación dividida del peronismo, que concurrió con tres listas diferentes. Esta fragmentación tuvo un costo electoral significativo para el poder que gobernó hasta diciembre de 2023 con Omar Perotti a la cabeza. La lista más votada del peronismo fue la encabezada por Juan Monteverde (Más para Santa Fe), que logró posicionarse en segundo lugar a nivel provincial con aproximadamente un 15% de los votos. Este espacio, que representa al peronismo más cercano a posiciones de izquierda, logró superar a las otras expresiones justicialistas y consolidarse como la principal voz opositora.
Esta elección no fue un evento aislado, sino que se realizó simultáneamente con la primera instancia de elecciones municipales, donde se eligieron autoridades en 19 intendencias, presidentes comunales en más de 300 pueblos y miembros de concejos deliberantes en 65 localidades, incluyendo centros urbanos importantes como Rosario y la ciudad capital.
Cinco frentes tendrán representación en la próxima Asamblea Constituyente, aunque con una distribución de bancas que otorga clara ventaja al oficialismo provincial. La diferencia entre Juan Monteverde, de Más para Santa Fe (alianza que incluye a Ciudad Futura, Movimiento Evita y Frente Renovador) y Nicolás Mayoraz, que quedó en tercer puesto con el 14,05% de los votos, fue de casi 20 puntos porcentuales, formando una amplia oposición.
