Familiares y amigos de Luciano Napolitano piden por su liberación
Luciano Napolitano, hijo del mítico músico argentino, “Pappo”, se encuentra detenido desde mayo de 2021 tras un conflicto con quien era su novia. Desde entonces, sus familiares y amigos piden por su liberación argumentando que las denuncias por violencia de género son falsas.
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Luciano Napolitano lleva un año en prisión preventiva acusado de haber ejercido violencia de género contra su ex pareja Mariel Oleiro. Al músico lo denunciaron por dos hechos de violencia: quedó imputado por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de guerra” y por el segundo por “amenazas agravadas por el uso de arma”.
Desde entonces, sus familiares, amigos y allegados, comenzaron a difundir videos expresando su solidaridad con el artista, pidiendo, además, justicia y una pronta liberación. Además, se brindan testimonios en cuanto a la relación que tenía con ellos, la forma de ser y la manera en la que se manejó Luciano durante tantos años y sobre la gran relación que mantenía con sus hijas, además de una cálida convivencia diaria.
En los últimos días, se convocó una marcha masiva para el próximo viernes 2 de septiembre, en ella se pedirá justicia por Luciano y todas aquellas víctimas de falsas denuncias de género. La marcha iniciará a las 10:45 horas desde Tigre para ir hasta el juzgado de San Isidro.
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Además, existe un canal de Youtube en el cual se lee: “Reclamamos Justicia x Luciano Napolitano, el hijo de Pappo. Estamos ante un caso más de falsas denuncias de una mujer contra un hombre. Luciano lleva preso más de un año”.
Reclamamos Justicia x Luciano Napolitano, el hijo de Pappo. Estamos ante un caso más de falsas denuncias de una mujer contra un hombre. Luciano lleva preso más de un año.
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La política formoseña tuvo este fin de semana un episodio cargado de tensión cuando el senador nacional Francisco Paoltroni intentó lanzar su campaña en la localidad de El Colorado. El acto, que buscaba posicionarlo como figura fuerte en el sur provincial, terminó abruptamente tras un fuerte cruce con el intendente Mario Brignole.
Brignole, lejos de ignorar la visita, decidió enfrentar al legislador a metros de la Municipalidad. Allí se produjo un tenso cruce verbal entre el jefe comunal, Paoltroni y la diputada provincial radical Agostina Villaggi, quien lidera la campaña opositora de cara a las elecciones del 29 de junio.
“¡Tocame si te animás, papito!”, desafió Villaggi a Brignole, en una escena que rápidamente se viralizó. El intendente amagó con sacar un rebenque, aparentemente para espantar al caballo de la legisladora, lo que generó mayor tensión. “Brignole le aplicó un guachazo al caballo para desestabilizarme”, denunció la diputada, aludiendo a un intento deliberado por hacerla caer.
En diálogo con medios locales, Villaggi relató que el grupo oficialista los esperó con insultos “violentos y misóginos” y que uno de sus colaboradores fue agredido físicamente, recibiendo un golpe en el rostro que le provocó lesiones en un ojo.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.
“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.
La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.
La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”
La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo.
Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.
El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.
Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.
Tras días de reclamos, la administración del Hospital Garrahan comunicó este domingo que el sueldo de los médicos residentes se elevará a la suma de $1.300.00 a partir del 1 de julio, pero los gremios se oponen porque no engloba al 90% restante del personal
La Junta Interna de ATE comunicó este mediodía que la suba salarial solo para los residentes excluye al resto de los trabajadores “de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”. Por ende, el gremio llevará a cabo una asamblea general este martes.
¿QUÉ DICE EL COMUNICADO?
En el comunicado, la cúpula del nosocomio advirtió que desde este mes implementará un sistema biométrico para controlar la presencialidad laboral y avisó que a partir de mañana, quien no trabaje será despedido.
Este sector cobraba $797.000 hasta este mes. Sobre ese monto, percibirá unos $500.000 de aumento. Es decir, un 60%. Con el mismo, el Gobierno busca desactivar las asambleas de los empleados del hospital, en especial, las de los médicos residentes, que se preveían para mañana y el resto de la semana.
En paralelo, a este anuncio, la administración del Garrahan reiteró su postura de seguir con la auditoria sobre el nosocomio: “Estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos”, afirmó en el comunicado.
El aumento hacia los $1.300.000 había sido trascendido el viernes por la tarde. Desde el Ejecutivo tenían pensado anunciarlo ese día, pero se postergó hasta este domingo.
Desde el Gobierno minimizan que el incremento salarial sea resultado de las medidas de fuerza de los trabajadores y alegan que se enmarca en una planificación presupuestaria estipulada para esta altura del año, a su vez apunta contra una presunta casta sindical como chivo expiatorio para sus políticas sobre el nosocomio.
El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.
“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.
La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.
La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.
– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas
“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.
Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.
El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.
Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.
Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
