Falleció Don Augusto Romero, el gaucho payador homenajeado por Ricardo Iorio
Este miércoles falleció Augusto Romero, un reconocido gaucho y payador de 84 años, en su casa de Entre Ríos (cerca de Ñandubaysal). Fue reconocido por su talento musical y recibió un homenaje de Ricardo Iorio.
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Romero, nacido en JacintoAráuz, se destacó como un hombre andariego y, a los 40 años, decidió hacer una travesía por Uruguay con tres caballos que le facilitó un amigo. Sin embargo, problemas aduaneros y de salud lo obligaron a quedarse en Entre Ríos, donde improvisó un rancho con chapas y tarimas.
En su humilde refugio, que apenas llega al metro y medio de altura, se lo podía encontrar abrazando una guitarra, guasqueando o escribiendo coplas, como él mismo solía expresar. Fue reconocido por su talento musical y recibió un homenaje de Ricardo Iorio, quien le dedicó su canción “Homenaje” con la que lo recordará para siempre.
Iorio, cantante del grupo de rock Almafuerte, conoció a Romero en Gualeguaychú y quedó impactado por su espíritu andariego y su amor por la música. “Vi un gaucho vivo y me arrimé a saludarlo”, dice la letra de su canción. Romero también era conocido por cantar para turistas a quienes les vendía fotocopias de canciones y poemas, dejando una marca imborrable en aquellos que lo conocieron. Su legado como “gaucho vivo” y talentoso músico quedará para siempre en la memoria de todos aquellos que lo admiraron.
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Con las elecciones municipales en el horizonte, el panorama político en Roldán comienza a definirse entre oficialistas y opositores que buscan capitalizar el descontento vecinal. Mientras el intendente Daniel Escalante apuesta a la continuidad, la oposición presenta caras nuevas y retornos inesperados. Entre ellos, destaca la figura de VaninaProcopio, empresaria turística y exsecretaria de Relaciones Institucionales, quien tras un alejamiento conflictivo de la gestión actual, ahora busca liderar un proyecto alternativo con un discurso crítico y propositivo.
En diálogo con este medio, Procopio no escatimó calificativos contra el oficialismo: “En Roldán tenemos un potencial enorme, totalmente desaprovechado porque los que gobiernan no sirven”, afirmó. “Lo conocí de cerca a Daniel Escalante y sé cómo es él y su equipo. Ni que gobernaran 100 años van a solucionarle los problemas a los vecinos: no tienen capacidad, ética de trabajo ni inteligencia. Son el pasado”.
Procopio señaló que los principales reclamos ciudadanos –falta de inversión, problemas en servicios básicos y deterioro urbano– no han sido resueltos pese a las promesas del gobierno local. “Decían que con un gobierno provincial afín empezarían a solucionar todo. Pero miremos ahora: se corta la luz, las calles están rotas, no hay presión de agua. El problema no es la provincia; es que el equipo de Escalante no está capacitado”, sostuvo.
Además, cuestionó la falta de modernización en la ciudad: “No hay innovación para atraer comercios que generen empleo. Escalante no sabe lo que es llevar un negocio y espera que el gobierno provincial le resuelva todo”.
La candidata aseguró que trabaja en un plan para reactivar la economía local, atrayendo inversiones “con un liderazgo inteligente y decidido”. “Estamos en conversaciones con empresas, convenciéndolas de que Roldán puede explotar su potencial”, explicó, aunque sin detallar proyectos concretos.
Respecto a su apoyo a Amalia Granata como candidata a constituyente, Procopio destacó su afinidad ideológica: “Coincidimos en que somos mujeres luchadoras. Amalia tiene un discurso sincero, sin especulaciones. Yo, como ella, no me arrodillo ante el poder”. Y reforzó su crítica personalizada: “En Roldán, el problema tiene nombre y apellido: Daniel Escalante. No me importa que quiera callarme”.
En su mensaje final, Procopio instó a los roldanenses a “cambiar la historia” en las urnas. “Nos quieren hacer elegir entre el pasado y el pasado. Pero hay otra opción: la que mira al futuro con soluciones innovadoras. El 13 de abril podemos empezar”.
Con un tono confrontativo pero enfocado en la gestión, su campaña busca diferenciarse tanto del oficialismo como del peronismo local, que presenta a Diego Angeloni en lugar del esperado José Pedretti. El escenario, así, promete una contienda electoral intensa en una ciudad donde el descontento parece abrir espacio para alternativas nuevas.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
El escrutinio definitivo confirmó una victoria contundente del gobernador electo MaximilianoPullaro y su lista “Unidos para Cambiar Santa Fe”, una coalición integrada por el radicalismo, el PRO, el socialismo y otros espacios. Con el 95% de las mesas escrutadas, Pullaro obtuvo 469.067 votos, equivalentes al 34,83% del total, imponiéndose en los 19 departamentos de la provincia.
La elección contó con apenas un 55% de participación. Durante los comicios que lo consolidaron como gobernador, Pullaro sacó más del 60%.
Las elecciones santafesinas de ayer representaron un proceso electoral complejo, con casi 2,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a 69 convencionales constituyentes, distribuidos entre 50 representantes por distrito único y 19 correspondientes a cada uno de los departamentos que componen la provincia.
El triunfo de Pullaro da lugar a una consolidación de su liderazgo político provincial y una pérdida de espacio para el gobierno nacional. A pocos meses de asumir la gobernación, este respaldo electoral le otorga un capital político significativo para avanzar con su agenda de gobierno y, particularmente, con la reforma constitucional.
“Empezamos a discutir la puerta que se abre al futuro”, destacó el mandatario en su discurso tras conocerse los resultados, donde además ratificó que la nueva Carta Magna provincial incluirá la “Ficha Limpia garantizada”. El nuevo mandatario recibió felicitaciones de diversos referentes políticos nacionales, incluyendo a Mauricio Macri, quien escribió: “¡Felicitaciones Maxi y equipo!”.
Aunque obtuvo una exito contundente, los números finales no le otorgarían automáticamente la mayoría absoluta en la Convención Constituyente, lo que significa que necesitará construir consensos con otras fuerzas para impulsar cambios específicos en la Constitución provincial. La vicegobernadora Gisela Scaglia, expresó esta perspectiva al señalar que la reforma “no quedará solo para el gobernador Pullaro, sino que será la constitución del futuro de la provincia”.
El espacio político liderado por el presidente Javier Milei enfrentó su primer test electoral significativo desde su llegada al gobierno nacional. La Libertad Avanza, representada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quedó en tercer lugar a nivel provincial con un 14,05% de los votos, lo que representa un resultado derrotista considerando las expectativas.
Es destacable que la otra expresión libertaria, encabezada por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), obtuvo un 12,41%, lo que sugiere que el electorado afín a las ideas libertarias en Santa Fe se dividió entre ambas opciones. Esta división refleja las dificultades del espacio liderado por Karina Milei para consolidar su estructura territorial.
En Rosario, el departamento más poblado, LLA mostró una mejor performance que en el resto de la provincia, con Juan Pedro Aleart posicionándose como el candidato más votado con aproximadamente un 31% de los sufragios. En el departamento La Capital, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe, el candidato oficialista Julio “Paco” Garibaldi lideró con el 39% de los votos, seguido por Ana Cantiani de LLA con un 22%. Este resultado representa un punto luminoso, aunque quedan relegados al tercer lugar.
Uno de los aspectos más destacados fue la presentación dividida del peronismo, que concurrió con tres listas diferentes. Esta fragmentación tuvo un costo electoral significativo para el poder que gobernó hasta diciembre de 2023 con Omar Perotti a la cabeza. La lista más votada del peronismo fue la encabezada por Juan Monteverde (Más para Santa Fe), que logró posicionarse en segundo lugar a nivel provincial con aproximadamente un 15% de los votos. Este espacio, que representa al peronismo más cercano a posiciones de izquierda, logró superar a las otras expresiones justicialistas y consolidarse como la principal voz opositora.
Esta elección no fue un evento aislado, sino que se realizó simultáneamente con la primera instancia de elecciones municipales, donde se eligieron autoridades en 19 intendencias, presidentes comunales en más de 300 pueblos y miembros de concejos deliberantes en 65 localidades, incluyendo centros urbanos importantes como Rosario y la ciudad capital.
Cinco frentes tendrán representación en la próxima Asamblea Constituyente, aunque con una distribución de bancas que otorga clara ventaja al oficialismo provincial. La diferencia entre Juan Monteverde, de Más para Santa Fe (alianza que incluye a Ciudad Futura, Movimiento Evita y Frente Renovador) y Nicolás Mayoraz, que quedó en tercer puesto con el 14,05% de los votos, fue de casi 20 puntos porcentuales, formando una amplia oposición.
Un momento de tensión se vivió durante el acto conmemorativo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando Fernando Rupani, un exmilitar, fue censurado al intentar exponer su visión sobre los años previos al golpe de 1976. Los organizadores interrumpieron su discurso y le cortaron el micrófono, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión en estos espacios.
Rupani, quien aclaró que hablaba “como ciudadano” y no en su rol militar, pidió que en la Plaza de la Memoria se recordara “toda la memoria y no solo parte de ella”.
“Tengo que decir que antes del 24 de marzo de 1976 era otra la postura en la Argentina y era otro el estado que había, donde la subversión, los terroristas, mataron 1501 personas, tiraron más de 5000 bombas, hicieron secuestros…”, afirmó.
Fue en ese momento cuando voces del público lo interrumpieron y los responsables del acto decidieron cerrarle el micrófono. Rupani respondió con ironía: “Claro, no se quiere escuchar la otra parte de la verdad”, antes de pedir “un aplauso para la democracia”.
Una asistente le replicó: “No necesito que me cuentes nada, yo viví la nefasta época”, a lo que él contestó: “No te hagas problemas, yo también la viví”.
El incidente reabrió el debate sobre si censurar su intervención fue un acto necesario para preservar el sentido del homenaje o una limitación injustificada a la libertad de expresión.
Los organizadores argumentaron que no era un acto de micrófono abierto y que su mensaje, en ese contexto, resultaba inoportuno e incluso provocador. Sin embargo, la decisión de silenciarlo generó críticas entre quienes consideran que, en democracia, todas las voces deben tener espacio.
En el marco de la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la vicepresidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), Silvia Ibarzábal, dio su postura sobre el homenaje como “un día intranscendente” en una entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, en Canal EY!
“Para mí, a partir de los casi 20 años de kirchnerismo, se convirtió en un fin de semana largo, o una tribuna donde ver grupos musicales cantando y gente bailando”, afirmó.
Ibarzábal ha dedicado gran parte de su vida a denunciar lo que considera una “manipulación de la verdad” y la “impunidad de los crímenes de las guerrillas”, sosteniendo que “no hay nada que festejar” en los hechos ocurridos en los años 70.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
