Estudiantes de la UBA difunden las respuestas del Curso de Género: “Si te obligan, no lo estudies”

Como una medida contra el adoctrinamiento en la institución, el grupo Alternativa de la UBA facilita las respuestas del curso obligatorio.
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Luego de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) ignorara el pedido de más de 25 mil estudiantes para anular la obligatoriedad del curso, el grupo Alternativa decidió tomar cartas en el asunto. De este modo, la solución que encontraron fue hacer públicas las respuestas.

A través de una publicación de Instagram, donde se puede leer “Si te obligan, no lo estudies”, el grupo que lucha contra el adoctrinamiento en la institución anunció que las respuestas a las preguntas del Curso de Género, que debe ser completado para el 31 de julio, se encuentran en el link de la biografía del perfil.

Ya en diciembre del 2021, la agrupación se había manifestado en contra de la capacitación obligatorio señalando que “la élite moral te quiere imponer cómo escribir, como hablar y cómo pensar” y marcando la hipocresía de la UBA que los obligaba a estudiar temas relacionados con la ideología de género pero mantenía las aulas cerradas.

“No queremos imposición ideológica, no queremos hacer un curso forzado de un teoría sumamente relativa que responde a la agenda progre, no queremos adoctrinamiento en la UBA”, expresaron.

Alternativa durante una manifestación contra el Curso de Género obligatorio.

La agrupación, que nació en 2018 en la Universidad Nacional de Rosario, tiene el objetivo de frenar el adoctrinamiento en las universidades y la bajada de línea ideológica en las aulas. “Las universidades no son de algunos, son de todos los argentinos”, afirman en un posteo.

Alternativa UBA aseguran ser un grupo de estudiantes comprometidos con la libertad de pensamiento, que fomentan “el intercambio de ideas en el ámbito universitario” y velan “por la formación de jóvenes líderes que se comprometan con el futuro de nuestra nación”.

Curso de Género obligatorio

El Consejo Superior de la UBA impuso a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de la Universidad realizar un curso obligatorio de 5 semanas en temas de género y violencia contra las mujeres de conformidad con el artículo 1º de la Ley Micaela.

El Curso de Género es obligatorio para todas las personas que se desenvuelvan en establecimientos públicos.

Dicho artículo establece la capacitación obligatoria en estos temas para todas las personas que se desenvuelvan en establecimientos públicos, en todos sus niveles y jerarquías en los distintos poderes del Estado Nacional. El curso se realiza de manera virtual y de forma completamente autoadministrada.

En caso de negarse a completar la capacitación, los alumnos corren peligro de que sus títulos universitarios sean retenidos.

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La Iglesia se desmarcó del sacerdote K que será candidato de Cristina en Santa Cruz

El Obispado de Río Gallegos aclaró que la candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina respondió exclusivamente a una decisión personal y no representó la posición institucional de la Iglesia. En un comunicado oficial firmado por el obispo Ignacio Medina, la diócesis informó que le otorgó una licencia canónica y que, en consecuencia, el presbítero no ejercería el ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante el período de campaña electoral y, en su caso, durante el ejercicio de un eventual mandato legislativo.

El documento eclesiástico, difundido por los canales institucionales y emitido desde la sede episcopal en la ciudad de Río Gallegos, subrayó que “dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos” y enfatizó que “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”. De este modo, la autoridad eclesiástica se despegó de cualquier vinculación con la actividad proselitista del sacerdote.

Molina, de 58 años, encabezó la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña, que integraron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En un encuentro con vecinos dijo, en tono de ‘chiste’, que todos aquellos que “no pongan la cruz en la lista 3” van a sufrir el castigo divino de “irse al infierno”.

En un acto en la sede del PJ de El Calafate, acompañado por los intendentes Javier Belloni y Pablo Grasso, declaró: “Quiero que Cristina esté libre”, y convocó a cerrar filas: “No hay último ni primero, somos un todo y dejémonos de joder. Si no nos dejamos de joder, pierde el pobre, pierde el laburante, pierde la mucama que se está quedando sin trabajo porque no se puede viajar más a El Calafate. Pierde el minero, pierden los petroleros. Nadie se salva solo”. 

En declaraciones a Infobae, el sacerdote sostuvo que su postulación surgió del pedido de referentes locales y afirmó: “Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué”.

Durante el acto en El Calafate, Molina se autodefinió como un “díscolo” de la política y pidió que no lo llamaran más padre: “Me agregan 120 años, a partir de ahora soy el compañero Juan Carlos”. También aseguró que sufrió persecución: “Yo lo sufrí en carne propia”, al referirse a las investigaciones contra la Fundación Valdocco, creada por él en Santa Cruz. 

Esa causa, iniciada en Caleta Olivia por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, continuó su trámite en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos. En ese mismo contexto, la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, pidió la intervención de la justicia por posible vulneración de derechos de menores en la sede de Caleta Olivia, pero ese expediente se archivó.

La trayectoria pública de Molina incluyó su paso al frente del Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Gerardo Zamora gastó más de $3.000 millones en mesas y sillas

En Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora maneja la provincia con mano de hierro desde hace casi dos décadas, se acaba de publicar una licitación pública que ya despierta todas las sospechas. Se trata del expediente 7/25 del ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, cuyo objeto es la adquisición de 3 mil mesas, 15 mil sillas y 2 mil camas cuchetas, por un monto estimado en 3.085 millones de pesos.

Hasta ahí, podría parecer un proceso normal. Pero como suele suceder en el zamorismo, el diablo está en los detalles:

– Un pliego inaccesible: el simple derecho a participar en la licitación cuesta 3 millones de pesos. Un monto desorbitante que funciona como la primera barrera para evitar la competencia. ¿Quién va a pagar semejante fortuna por un pliego, cuando todos saben que el contrato ya tiene dueño?

– Plazos exprés imposibles: la apertura de sobres fue fijada para el 22 de septiembre, apenas cuatro días después de la publicación oficial (con un fin de semana en el medio). En ese tiempo, una empresa debería conseguir el pliego, preparar la propuesta, reunir documentación, inscribirse en registros cerrados y diseñar la logística de entrega. Algo imposible para cualquiera, salvo para quien ya conoce de antemano cada requisito.

– Entrega en siete días: según empresarios que han participado en procesos similares, la entrega de los muebles debe realizarse en apenas una semana. Se trata de un volumen de decenas o cientos de camiones cargados de sillas, mesas y camas que deberían distribuirse en tiempo récord. Otra condición pensada para que sólo una empresa “elegida” pueda cumplir.

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– Registro de proveedores bloqueado: se exige estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la provincia, pero dicho registro lleva años cerrado. Empresarios que intentaron inscribirse labraron actas notariales al constatar que las oficinas les negaban el trámite, con el argumento insólito de que el cupo estaba “completo”.

– Opacidad total: el pliego completo no se publica en ningún lado. Los oferentes deben viajar hasta Santiago del Estero para solicitarlo, y aun así enfrentan demoras deliberadas en su entrega. Un mecanismo que desalienta a cualquier competidor externo.

ESQUEMA REPETIDO

Nada de esto es nuevo. En Santiago del Estero, el monopolio de las licitaciones de mobiliario escolar, hospitalario y de viviendas sociales tiene nombre y apellido: Stilnovo Equipamiento, la empresa santiagueña de Domingo Serrano que desde hace más de quince años se lleva todos los contratos millonarios de la provincia.

El modus operandi es siempre el mismo: licitaciones convocadas con poca anticipación, plazos de entrega imposibles, pliegos caros e inaccesibles, registros cerrados y competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos. La firma Stilnovo es siempre la única oferente válida, y sus propuestas coinciden sospechosamente al centavo con los presupuestos oficiales.

En julio de 2024, la misma empresa se quedó con un contrato por 3.085 millones de pesos para equipar viviendas sociales. En agosto de ese año, obtuvo otro por 1.208 millones para mobiliario hospitalario. En ambos casos, la “competencia” fue una firma llamada Offinet SRL, cuyo titular figura en los registros como empleado de la propia StilnovoComo era de esperarse, fue descalificada por “errores básicos”.

Las irregularidades son tan burdas que hasta los precios resultan escandalosos: un armario que en Neuquén se adquiere a 250 mil pesos, en Santiago del Estero fue comprado a 950 mil, casi cuatro veces más. El sobreprecio es la verdadera matriz del negocio.

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LA COMPLICIDAD DEL PODER

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Lo más grave es que nada de esto sería posible sin la complicidad del propio gobierno de Gerardo Zamora. Ningún organismo de control —ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado, ni las asesorías legales de los ministerios— ha objetado jamás estas maniobras. Por el contrario, todos los decretos de adjudicación llevan la firma del gobernador y de sus ministros de confianza.

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Lejos de velar por la transparencia y la competencia, el zamorismo convirtió a la licitación pública en una parodia. Los empresarios locales lo saben bien: participar es una pérdida de tiempo, porque el resultado ya está escrito.

*Fuente: REALPOLITIK

Entre Ríos: Rogelio Frigerio saca lustre al legado desarrollista y propone una ley de infraestructura

Rogelio Frigerio aprovechó un encuentro del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para anunciar un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial para Entre Ríos. El gobernador habló de “una verdadera política de Estado” para que las obras “no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno”.

En la presentación, explicó que se trata de una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública para que sea producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local “para las próximas décadas”.

La iniciativa busca dar un mensaje a dos bandas. Por un lado, para que los gobiernos que se sucedan, aun siendo de distinto palo, tengan una continuidad de objetivos. Por el otro, para dar un marco de tranquilidad al empresariado del sector respecto de los proyectos, de los que además participarán en la elegibilidad de acuerdo a parámetros objetivos.

¿Qué dicen en el gobierno de la Ley de Infraestructura para Entre Ríos?

En la Casa Gris se encargan de subrayar el diálogo entre sectores. El público con el privado, representado por los empresarios, pero también la relación con los obreros de la construcción, que fue vital al comienzo de la gestión cuando suspendieron la obra pública hasta ordenar los pagos pendientes y poder recomenzar.

Por indicación de Frigerio, los funcionarios repiten como un mantra las palabras “orden, transparencia, planificación y diálogo”, y tratan de ejecutarlas. Así, al menos en las formas y embanderándose con la obra pública y la importancia de la infraestructura, se permiten, sin hacer alardes, marcar sutiles diferencias con sus socios electorales de La Libertad Avanza.

Un funcionario que pasa el día en la sede del gobierno explicó que con la Ley de Infraestructura la priorización de obras se hará por capas. Cada una de estas capas se ponderará distinto. La infraestructura en sí será una. La importancia en cuanto a su impacto en las cadenas productivas, otra. La relevancia económica en el turismo es otro ejemplo, al igual que otros ítems. En el ministerio de Obras analizan que con estos criterios objetivos se tomarán decisiones menos arbitrarias.

De qué trata la ley de infraestructura de Rogelio Frigerio

La ley, que está en estado de borrador antes de ser elevada a la Legislatura, propone crear la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial. Busca que esa cartera sea elaborada junto con la delegación local de Camarco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que ingrese al Banco Federal de Proyectos de ese organismo.

En el frigerismo se entusiasman y claman que será una ley que trascenderá gobiernos y que asegurará “que las obras de hoy no dependan del humor de un funcionario”.

¿Cómo financiar las obras?

La administración explica que gestiona financiamiento ante organismos de crédito multilaterales con avales del gobierno. Dicen que no es solo para aumentar la capacidad de ejecución, sino para impulsar a partir del año que viene un plan de rehabilitación de infraestructura vial.

Cuentan que ya avanzaron con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 300 millones de dólares. Además de los acuerdos con el CFI.

Relacionado a lo financiero, el gobierno asegura que implementó un nuevo sistema de redeterminación de precios, para lo que tomó aportes del sector de la construcción y avanzó en un esquema en el que los certificados de obra “se pagan en tiempo y forma y sin intereses”.

¿En qué obras están pensando?

110 proyectos están en contemplación en áreas como vialidad y logística; obras portuarias y ferroviarias; de energía; de gestión hídrica y riego; saneamiento y agua potable; y educación y seguridad.

Entre los ejemplos que se destacan en un informe del gobierno entrerriano, se cuentan el Puente Paraná – Santa Fe; la doble vía para el puente que une Victoria con Rosario; el corredor Bioceánico Sur; la ampliación del Aeropuerto de Paraná; la reconfiguración del Puerto Ibicuy; y el Acueducto del Norte Entrerriano. Además, plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas unidades penales, escuelas técnicas y playones deportivos inclusivos.


*Fuente: Letra P

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