18 abril, 2025

Entre Ríos | Frigerio consiguió la aprobación en Diputados y avanza con la reforma electoral

Con apoyo libertario, el oficialismo sacó adelante su proyecto con Boleta Única y PASO. El PJ votó en contra. El panorama que viene en el Senado entrerriano.
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Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.

El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.

La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.

LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:

Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.

“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.

Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.

Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.

EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”

La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.

“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.

AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:

La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.

Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.

Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.


*Fuente: Letra P

Redacción

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Desechos cloacales de Bolivia contaminaron a una ciudad de Salta

Las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba experimentaron un notable crecimiento urbano en los últimos años, con edificios de vidrio de varios pisos, shoppings equipados con escaleras mecánicas y calles pavimentadas con iluminación LED. Este desarrollo contrastó con la infraestructura de Salvador Mazza, en la frontera con Argentina, donde surgió un problema ambiental grave: los desechos cloacales de dichas ciudades fueron vertidos sin tratamiento en la Quebrada Internacional, el curso de agua que separaba a ambos países.

Este vertido afectó directamente a la ciudad fronteriza sobre todo en temporada de lluvias, cuando la corriente arrastró residuos cloacales hacia los barrios cercanos y generó focos de insalubridad. Legisladores provinciales de Salta elevaron denuncias ante organismos consulares y bilaterales, pero no obtuvieron soluciones concretas. La diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes, expresó: “Toda esa contaminación que proviene de las localidades fronterizas de Bolivia desemboca en la Quebrada”.

En las últimas semanas, tomó relevancia la situación de la empresa EMAPYC Bolivia (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba), señalada por verter efluentes cloacales en la Quebrada. El pasado 23 de febrero de 2022, una comisión conformada por funcionarios municipales, provinciales, nacionales, abogados, bioquímicos y fuerzas de seguridad tomó muestras de los líquidos en Salvador Mazza, luego de que la Cancillería argentina solicitara informes precisos sobre un eventual daño al medio ambiente y a la salud de los residentes. Los análisis se realizaron de manera preliminar en el lugar y continuaron en laboratorios provinciales, cuyos resultados fueron elevados a nivel nacional.

El problema no es nuevo. En 2016, vecinos de barrios bolivianos denunciaron el vertido de aguas residuales. En aquella oportunidad, la empresa involucrada afirmó que las aguas desechadas eran tratadas según la legislación boliviana. Para 2018, se registraron limpiezas conjuntas con la Fundación Natura y la Alcaldía de Yacuiba bajo el Fondo Local de Conservación de los Recursos Hídricos.

En Salvador Mazza, el director de Medio Ambiente, Jorge Dagil, presentó informes y se sumó al grupo que recopiló las muestras. Pese a las denuncias reiteradas, el vertido de aguas residuales continuó y evidenció la necesidad de acuerdos coordinados entre ambos países para prevenir la contaminación en la Quebrada Internacional y resguardar la salud de quienes habitan en esa región fronteriza.

Redacción

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LLA presentó un proyecto para licenciar a Espinoza tras su elevación a juicio por abuso sexual

El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentó un proyecto para que el intendente, Fernando Espinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.

– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza

La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.

La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.

– La concejal de LLA, Lorena Ramos

Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.

El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.

– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.

En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.

Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.

Redacción

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Los SANGRIENTOS crímenes de la GUERRILLA en Argentina | Silvia Ibarzábal con El Presto

En el marco de la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la vicepresidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), Silvia Ibarzábal, dio su postura sobre el homenaje como “un día intranscendente” en una entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, en Canal EY!

“Para mí, a partir de los casi 20 años de kirchnerismo, se convirtió en un fin de semana largo, o una tribuna donde ver grupos musicales cantando y gente bailando”, afirmó.

Ibarzábal ha dedicado gran parte de su vida a denunciar lo que considera una “manipulación de la verdad” y la “impunidad de los crímenes de las guerrillas”, sosteniendo que “no hay nada que festejar” en los hechos ocurridos en los años 70.

Redacción

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Vicentin confirmó el cierre de sus dos plantas en Santa Fe: más de mil trabajadores en vilo

La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.

En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.

El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.

Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y BungeViterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.

JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES

En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.

El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.

DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:

A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.

El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.


*Fuente: Agencias

Redacción

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Silenciaron el micrófono de un exmilitar que reclamó por “la otra parte de la verdad” durante un acto del Día de la Memoria

Un momento de tensión se vivió durante el acto conmemorativo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando Fernando Rupani, un exmilitar, fue censurado al intentar exponer su visión sobre los años previos al golpe de 1976. Los organizadores interrumpieron su discurso y le cortaron el micrófono, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión en estos espacios.

Rupani, quien aclaró que hablaba “como ciudadano” y no en su rol militar, pidió que en la Plaza de la Memoria se recordara “toda la memoria y no solo parte de ella”.

“Tengo que decir que antes del 24 de marzo de 1976 era otra la postura en la Argentina y era otro el estado que había, donde la subversión, los terroristas, mataron 1501 personas, tiraron más de 5000 bombas, hicieron secuestros…”, afirmó.

Fue en ese momento cuando voces del público lo interrumpieron y los responsables del acto decidieron cerrarle el micrófono. Rupani respondió con ironía: “Claro, no se quiere escuchar la otra parte de la verdad”, antes de pedir “un aplauso para la democracia”.

Una asistente le replicó: “No necesito que me cuentes nada, yo viví la nefasta época”, a lo que él contestó: “No te hagas problemas, yo también la viví”.

El incidente reabrió el debate sobre si censurar su intervención fue un acto necesario para preservar el sentido del homenaje o una limitación injustificada a la libertad de expresión.

Los organizadores argumentaron que no era un acto de micrófono abierto y que su mensaje, en ese contexto, resultaba inoportuno e incluso provocador. Sin embargo, la decisión de silenciarlo generó críticas entre quienes consideran que, en democracia, todas las voces deben tener espacio.

Redacción

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Productores rurales denunciaron tasas excesivas en un municipio bonaerense y el intendente los trató de mentirosos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.

Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.

“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.

El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.

Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.

El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria

InformeCARBAPTasas2025-1

En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.

– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.

Redacción

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