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La inflación mensual del 7%, los aumentos de los alimentos por encima de este índice y los incrementos tarifarios agravaron un escenario poco alentador para los sectores más vulnerables que, ante la falta de una solución inmediata por parte de la política nacional, deben manifestarse en las calles.
El país se encamina a un nuevo récord, alcanzar la cifra más alta desde el 2009 en cortes de calles. En lo que va del año ya se realizaron 7168 piquetes, 3 de cada 10 en la Ciudad de Buenos Aires. En el mes pasado se contabilizaron 8948 cortes en la vía pública, un 62,2% más que en el mismo mes del 2021. Si bien las organizaciones sociales son los que más suelen movilizarse, este año la cifra se elevó por los reclamos de los asalariados, los aumentos y los recortes que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa.
Protestas en contra de la reforma previsional (2017)
También este último mes los reclamos sindicales marcaron la diferencia, tanto los de Camioneros como Neumáticos. En paralelo, quienes no reclaman por el aumento de paritarias sino por el incremento de la inflación, las organizaciones sociales, también se hicieron presentes en calles muchas más veces que el mes de septiembre del 2021.
Diagnostico Político destacó que, desde que comenzó en 2009 a relevar los datos de los cortes en la vía pública, este septiembre se convirtió en el segundo mes con mayor cantidad de piquetes, superado únicamente por los 96 cortes del julio pasado.
Acampe en la Av. 9 de Julio en contra del oficialismo
Según los datos de la consultora mencionada, en los primeros nueve meses del año se registraron 7168 cortes en la vía pública a nivel nacional, un 62,2% por encima de los 4420 que se organizaron en el mismo periodo de 2021 e incluso superando a los 6805 del año 2014.
De esta forma se proyectó los números de fin de año y se estima que la cifra ascendería a al menos 10.000 piquetes. Este dato abarca a todo el territorio nacional, pero el foco esta puesto en el área Metropolitana de Buenos Aires.
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La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió hoy al titular de la comuna Tala (Departamento Uruguay), Horacio Córdoba, en un encuentro destinado a abordar, especialmente, la problemática de los caminos rurales y en diversas cuestiones relacionadas con la infraestructura local.
En diálogo con los medios, Córdoba detalló el motivo de su visita a la Cámara baja: “Es importantísimo para nosotros que el presidente de la Cámara de Diputados nos haya recibido para tratar los distintos temas que a nos incumben y nos haya escuchado. También le llevamos nuestro saludo por su nuevo mandato en la Presidencia”, expresó.
La comuna Tala enfrenta diversos desafíos para garantizar el correcto mantenimiento de sus vías de comunicación y escuelas rurales. Al respecto, el mandatario local destacó: “Nuestra comuna tiene 27.500 hectáreas y tenemos un montón de necesidades, fundamentalmente los caminos y las escuelas rurales, que ojalá podamos solucionar dentro de este contexto económico y social que afecta a todo el país”.
Además, el dirigente enfatizó la importancia de conservar los caminos en buen estado para el ingreso de insumos y la salida de la producción agropecuaria: “Son reclamos permanentes en los distintos organismos, pero siempre es importante que alguien como el presidente de la Cámara de Diputados sepa cuáles son las necesidades de nuestra comuna, que son las de todas”.
Por último, Córdoba resaltó el compromiso conjunto que se asumió durante la reunión: “El compromiso es trabajar mancomunadamente. Desde nuestro lugar seguiremos haciendo las solicitudes que correspondan y él estará a disposición”, concluyó.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
