El plan de Capitanich para PERPETUARSE en el poder
Durante el feriado largo, los radicales de la provincia afirmaron que se aprobó irregularmente modificaciones sobre la comisión de Asuntos Constitucionales y, además, trataron la suspensión de las PASO.
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El pasado miércoles, la UCR chaqueña cuestionó una particular maniobra del gobernador, Jorge Capitanich, y denunciaron “fraude” a través de un comunicado: “Hemos asistido a uno de los atropellos institucionales más grandes en la historia política del Chaco”.
Ocurrió que el peronismo local pidió votar una resolución “sobre la cual nunca se informó ni se notificó”, y que “impulsa la modificación de la composición de la comisión de Asuntos Constitucionales”. Durante la votación “se cortó la transmisión en vivo de la sesión, se recurrió a toda maniobra para llevar adelante el fraude”, señalaron.
El Presto dialogó con Lucas Figueras, dirigente de Juntos por el Cambio de mencionada provincia, quien explicó detalladamente la maniobra de Capitanich en su intento por perpetuarse en el poder a través del recurso de suspensión de las elecciones PASO.
“Además de cortarse el vivo de la votación, lo poco que quedó de video tengo entendido que se editó. Es tan burdo que, tengo dos inclinaciones: o lo hacen por miedo o porque no les importa nada. Que aprueben algo en contra de toda la normativa es muy loco, muy raro”, reflexionó Figueras.
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El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió este jueves a Jorge Miranda, CEO de la empresa Power Trading LLC, y a Javier Antonio Aguilar, director comercial de la misma firma y concejal de Concordia. Durante la audiencia, los ejecutivos propusieron a Hein una iniciativa que favorecería las exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico.
“Traemos iniciativas relacionadas con el futuro de las empresas y los estados provinciales, que estamos gestionando desde organizaciones de empresarios del Caribe y del Mercosur. Tratamos de darle mayor relevancia al corredor Capricornio, que es el corredor bioceánico que une Antofagasta (Chile), Jujuy, Salta, Bolivia, Paraguay y termina en Santos (Brasil), y estamos tratando de unirlo con el corredor del Mercosur”, explicó Aguilar.
Sin embargo, sostuvo que “esto no es tan fácil con la nueva legislación”, y amplió: “Hoy, las nuevas normas de la Unión Europea con respecto a la deforestación y la ley misma de deforestación, acarrean un sinfín de problemas a los productores, porque no cuentan con las herramientas necesarias. Ellos son muy conocedores de sus productos, pero están exentos de los instrumentos que los llevan a exportarlos”.
“Buscamos hacer participar a las autoridades del gobierno de la provincia, a los efectos de instruir a los productores para que puedan utilizar ese corredor, que es muy importante, de 45 millones de personas”, agregó.
Aguilar, por su parte, comentó que tienen la intención de que “los productores, especialmente de la provincia de Entre Ríos, puedan llegar a cualquier parte del mundo a través del corredor bioceánico”. En ese sentido, buscan herramientas que permitan avances en este proyecto.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó, ayer jueves, su disconformidad con las políticas del gobierno provincial de La Pampa en relación con la emergencia agropecuaria, la infraestructura vial y el cobro de impuestos. Los ruralistas señalaron que la gestión de la emergencia no resolvió los problemas en tiempo ni forma, lo que derivó en la desaparición de productores, sobre todo en zonas desfavorables. “Sobre la emergencia, no se solucionan los problemas de los afectados ni en tiempo ni en forma, y resultado de ello es la desaparición de productores principalmente de las zonas desfavorables; el reclamo es continuo y la desesperación en los asociados que ven como se les va su empresa”, indicaron.
Los productores advirtieron que “urge buscar alternativas superadoras que aproximen las soluciones necesarias y no sirve ‘posponer’ el pago de impuestos, ya que tarde o temprano se paga con ‘cero’ producción”. También consideraron insuficientes las medidas de alivio que se implementaron, al afirmar: “No sirven por ejemplo ‘5000 kg’ de maíz por productor para 100 o 200 vacas, no sirve un préstamo subsidiado al 25% anual, si se tiene ‘cero’ producción”.
– Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP
En materia de infraestructura, señalaron que los caminos rurales se volvieron intransitables pese a la existencia de un fondo específico para su conservación creado por la Ley provincial 2358, que se financió mediante el impuesto inmobiliario. “No da resultado, ya que los caminos son intransitables, aun con saldos contables disponibles en las cuentas asignadas a tal efecto. Es por ello que desde CARBAP consideramos que se debe dejar de cobrar dicho fondo”, aseguraron. Además, ofrecieron colaborar en la búsqueda de soluciones: “Hay alternativas posibles para la mantención y/o funcionamiento de los caminos vecinales que funcionan en otras provincias, e inclusive en otros países donde los caminos vecinales son perfectamente transitables. Para ello, nos ofrecemos a consensuar alternativas, con el propósito de poder solucionar dicho problema”.
En cuanto al sistema impositivo, CARBAP denunció que La Pampa siguió cobrando impuestos, como las llamadas “Guías de Traslado”. “Estamos en un total desacuerdo con la existencia de las ‘Guías de Traslado’, basadas en ley nacional 23939 y ley provincial 1601, llamadas de otra manera para disimular un impuesto que no puede cobrarse y que a nuestro modesto entender es inconstitucional (art 10 y 11 de nuestra constitución nacional)”, afirmaron. Sostuvieron que dicha figura careció de contraprestación y solo buscó “recaudar para derivar fondos a cuestiones políticas que en nada mejoran el bienestar general de la sociedad”.
– El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto
Por otro lado, el 27 de diciembre de 2024, la entidad también difundió un comunicado para llamar la atención de los intendentes del interior de Buenos Aires y La Pampa. Allí se manifestó una “enérgica preocupación por el aumento desmedido de las tasas municipales” que, en algunos casos, superó el 200%.Según los ruralistas, dichos incrementos resultaron injustificados y no se tradujeron en mejores servicios, tal como ocurre con la red vial. “Les solicitamos con urgencia que junto a los concejales de todos los espacios políticos, revean los aumentos de tasas previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2025. No pueden seguir adelante con políticas fiscales que solo agravan la crisis”, señalaron. Asimismo, pidieron priorizar “la reducción drástica del gasto público con mejora en la eficiencia de la gestión municipal”.
Los planteamientos de CARBAP provinieron de un “constante reclamo” de los productores, quienes aseguraron que la ausencia de soluciones eficaces puso en riesgo la continuidad de muchas empresas agropecuarias. Pese a la reciente rebaja de derechos de exportación a nivel nacional —vigente hasta el próximo 30 de junio—, desde la Confederación remarcaron que en La Pampa todavía faltaron políticas que atendieran en profundidad la emergencia agropecuaria, el estado de los caminos y el cobro de impuestos que consideran injustos. Concluyeron que estos factores impactaron seriamente en la rentabilidad y subsistencia del sector.
Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.
La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.
La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.
En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.
– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta
Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.
Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.
– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco
Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.
El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.
Un policía de la Ciudad fue victima de un nuevo ataque en el Conurbano: recibió un disparo en el abdomen cuando intentaron robarle en La Matanza. El hecho fue denunciado por el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Woff, en el marco de una escalada de ataques violentos a agentes de la Policía de la Ciudad en la provincia de Buenos Aires.
El ministro Wolff detalló en las redes sociales que el efectivo baleado se llama Ernesto Andrés Mamani. Fue abordado por delincuentes que quisieron robarle y recibió un disparo por el que se encuentra internado luego de una intervención quirúrgica.
“Como a tantos bonaerenses, a él esta vez quisieron robarle delincuentes en La Matanza. Van 30 enfrentamientos armados de policías de la Ciudad que viven en el Conurbano al entrar o salir de sus casas en lo que va de 2025. Seguimos a disposición y esperando la reunión fallida entre nuestros equipos técnicos de ambos distritos para encontrar soluciones”, sostuvo el funcionario en X, quien agregó: “Qué mas tiene que pasar? Cuántos muertos más? Los problemas existen aunque no hablen de ellos”.
El oficial porteño Mamani fue atacado en la zona de Villa Palito cuando iba a trabajar como agente de la Policía de la Ciudad. El ataque violento sucedió sobre Camino de Cintura y Mendoza, cerca de la Ruta 21. Allí, se produjo un enfrentamiento y Mamani recibió un disparo en el abdomen.
Ahora se encuentra en el Hospital Balestrini de La Matanza, donde fue intervenido en la mañana de ayer martes. Desde el Gobierno porteño comunicaron que, si su estado de salud lo permite, será trasladado con un helicóptero del SAME al Hospital Italiano.
CRECE LA BRONCA ENTRE CIUDAD Y PROVINCIA:
El ataque en cuestión se inscribe en una escalada de hechos violentos que tienen a policías de la Ciudad que viven en el Conurbano bonaerense como víctimas. Se tratan de ataques que vienen registrándose desde el año pasado, lo que contribuyó a deteriorar el vinculo entre los Gobiernos de CABA y la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad pública.
Hace unos días hubo un intento de acercamiento entre Waldo Wolff y su par de Provincia, Javier Alonso, con miras a elaborar un plan coordinado para dotar de mayor seguridad a los municipios peligrosos del Conurbano y así evitar más ataques a policías porteños. Sin embargo, el encuentro terminó con acusaciones políticas a un lado y otro de las posiciones en conflicto.
El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú realizó, este jueves a las 10:30, una sesión extraordinaria presidida por la Dra. Julieta Carrazza. Participaron los ediles de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, María José Carro, Juan Pablo Castillo, Benito Bacigalupo y Jorge Roko; de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez; y de Más para Entre Ríos, Delfina Herlax, Emiliano Zapata, Jorge Maradey y María Sira Ghisi.
Durante la sesión ingresó un proyecto presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos para disminuir la alícuota por el cobro de instalación de soporte de sistemas de telecomunicaciones. La iniciativa buscó “mejorar la conectividad en la ciudad”, permitir el acceso a mayor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet a la población en general y atraer inversiones para fomentar el emprendimiento y la productividad.
Asimismo, se presentó otro proyecto que modificó artículos de la Ordenanza 12.418/2020. Entre los cambios figuró el Nº 22, que establecía el Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones. A partir de la propuesta, se anexó la obligación de que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Operadores de Comunicaciones Móviles y empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial presentaran a la Dirección de Rentas una Declaración Jurada detallando las estructuras existentes, su localización, metros de altura y la cantidad de metros lineales de tendido. Además, se dispuso que adjuntaran un informe emitido por un profesional competente sobre el control y el mantenimiento estructural periódico, el cual sería supervisado por el Municipio.
El pasado domingo 26 enero, durante el festejo del Año Nuevo chino, en una plaza pública de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de argentinos creyentes de la disciplina milenaria de la Escuela Buda, Falun Dafa, fueron brutalmente agredidos por ciudadanos chinos en connivencia con autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Cada año, los practicantes argentinos de Falun Dafa participan con sus familias en la celebración del Año Nuevo chino. Al ser una disciplina milenaria de origen chino, están interesados en celebrar este acontecimiento como parte de la tradición de la cultura antigua china.
Falun Dafa es una creencia milenaria que pone gran énfasis en el mejoramiento espiritual, es decir volverse una mejor persona y retornar a los valores morales y a las tradiciones. Gracias a su profunda enseñanza, en China en los años ‘90, llegó a tener cerca de 100 millones de creyentes. Ante semejante popularidad, en 1999 comenzó una enorme campaña difamatoria, seguida de una persecución brutal contra estas personas -que continúa hasta el día de hoy- en el marco de las persecuciones religiosas que ejecuta el Partido Comunista en el país asiático. El régimen del Partido Comunista califica a sus practicantes de “delincuentes” por creer en Dios y vivir bajo los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.
Como parte de su campaña transnacional, en Argentina esta represión a la libre expresión y conciencia lleva más de dos décadas, con múltiples informes que documentan la injerencia de la Embajada china sobre funcionarios locales.
Cuando estos creyentes argentinos pacíficos entraron el 26 de enero a la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio de Belgrano, fueron identificados por patotas chinas, las cuales rodearon a cada uno de los practicantes, según revela un informe difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina.
El evento fue coorganizado por instituciones ligadas a la Embajada china, como Fénix Dorada, y con patrocinio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a tratarse de un encuentro “abierto» y en un espacio público, la Policía de la Ciudad habría recibido órdenes de no proteger a estos ciudadanos argentinos, quienes fueron identificados de inmediato, golpeados y detenidos. En cambio, sí dejar vía libre a los grupos violentos chinos.
En las imágenes -ver debajo- se observa cómo agresores chinos irrumpieron con violencia en medio del acto público, confiscando a la fuerza celulares, banderas, volantes y paraguas, atacando físicamente a hombres, mujeres y hasta madres con niños.
Testigos y material audiovisual confirman que personal policial presente en el lugar no intervino para detener las agresiones a pesar de los gritos de auxilio. Peor aún, al menos dos practicantes (entre ellos un padre de familia y una mujer) fueron esposados y detenidos bajo acusaciones infundadas de “agresión” y “hostigamiento”.
Golpizas chinas a ciudadanos argentinos
Ignacio Chirinos, un córdobes que asistió con su esposa, se encontraba al frente del escenario cuando apenas comenzaba el evento. Antes de abrir una bandera fue rodeado por más de 6 ciudadanos chinos quienes empezaron a forcejear la bandera para robársela a la vista de todos los presentes y la inacción de la policía.
Como se puede observar en los videos grabados por vecinos que se acercaron a la plaza, después de que los agresores chinos lograron quitarle la bandera a Chirinos, inexplicablemente, la policía intervino solo para reducir violentamente a este creyente pacífico, al tiempo que dejó “vía libre” a los agresores para que continuaran golpeando impunemente a otros ciudadanos argentinos.
Alejandro Mendiberry, que se había trasladado desde Quilmes para participar de la celebración de Año Nuevo chino, también sufrió una golpiza por un grupo de ciudadanos chinos que lo rodearon, propinando golpes de puño y patadas. Mendiberry tenía una remera que decía “Falun Dafa es bueno – Verdad, Benevolencia, Tolerancia es bueno”. Mediante golpes de puño, los agresores chinos le arrancaron y destrozaron la remera.
Una familia oriunda de Jujuy, practicantes de Falun Dafa, fue acosada por la policía de forma ilegal y arbitraria. La mujer de nombre Romina García se encontraba cerca de una valla cuando una mujer de civil que se identificó como del “Ministerio de Seguridad” quiso robarle una remera amarilla de Falun Dafa, y la acusó de “terrorista”. El inusitado y absurdo suceso también quedó registrado.
“Los hechos dejaron en evidencia que a aquellos chinos comunistas no les importó en absoluto que se tratara de ciudadanos argentinos en su propio país, ni tampoco que hubiese mujeres y niños entre los practicantes de Falun Dafa. ¿Quién les ha dado tanto poder y coraje en Argentina? Indudablemente tenían luz verde por parte de las autoridades del gobierno de CABA -que ordenó a la policía que no reprimiera a los agresores- para hacer lo que quisieran con estos creyentes argentinos”, resalta el informe de la Asociación de Falun Dafa en Argentina.
Las acciones ocurridas en el Año Nuevo chino se habrían impartido para asegurar que nadie viera las remeras amarillas usadas por algunos practicantes argentinos, las cuales llevaban inscripciones como “Verdad, Benevolencia y Tolerancia” y “Falun Dafa es bueno”. El objetivo sería resguardar la imagen de China y ocultar la existencia de Falun Dafa de la Escuela Buda, satisfaciendo lineamientos de la Embajada china. Mientras tanto, los agresores foráneos, identificados con pulseras celestes en las muñecas, se retiraron sin ser demorados.
Cabe resaltar que en 2023 se estrenó el documental ArgenChina: la soberanía perdida, que revela dos décadas de hostigamiento contra practicantes de Falun Dafa en Argentina. Estos hechos se enmarcan en una campaña de represión transnacional del PCCh, ampliamente documentada. A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales —sin importar el gobierno de turno— han permitido que el régimen chino extienda su persecución religiosa más allá de sus fronteras.
“La soberanía argentina no debe ser pisoteada por una potencia extranjera. La comunidad de Falun Dafa continuará sus actividades pacíficas para el bienestar del pueblo argentino, aunque el PCCh las considere una amenaza porque exponen su brutal persecución y matanza de inocentes de fe en China. No se puede erradicar a practicantes argentinos por ejercer su libertad de creencia en un país que se considera democrático y libre, ya que nuestra Constitución y leyes garantizan las libertades fundamentales de los ciudadanos”, indicaron los practicantes de Falun Dafa.
En el escrito citado, los practicantes argentinos de Falun Dafa solicitaron a las autoridades que les brinden garantías para que puedan profesar su fe y expresarse libremente sin temer por sufrir agresiones a su integridad física.
“¿Seguirá Argentina permitiendo que matones comunistas golpeen a su pueblo bajo la tutela de la Embajada china? ¿O tendremos un gobierno que vele por los derechos fundamentales y la soberanía nacional?”, concluye el informe.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz