El ministro Zabaleta quiere RENUNCIAR EN DESARROLLO SOCIAL y volver a asumir como intendente
Los funcionarios del Frente de Todos no se interponen en la salida de Zabaleta y pretenden deshacerse del poco apoyo del albertismo que aún queda dentro del gobierno.
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La decisión está madura y muchos referentes del Frente de Todos (FdT) lo ven como un paso próximo. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dejaría su cargo en el Gabinete nacional para volver a la intendencia de Hurlingham, en dónde está en uso de licencia.
De todos los intendentes que escalaron a otros cargos, es el único que no dejó a alguien de su riñón en su pago chico. Esto es porque, en el cierre de listas de 2021, evitó una guerra con La Cámpora a cambio de un acuerdo político que derivó en que el presidente del Concejo Deliberante del distrito y hombre de la agrupación de Máximo Kirchner, Damián Selci, se quedara de forma interina al frente del distrito.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta
Cerca de Zabaleta aseguraron que sigue “trabajando en el ministerio y abocado a resolver el conflicto con los piqueteros” y que en estas horas acampan en la avenida 9 de Julio. Los detalles de su salida y el traspaso a un reemplazante, todavía no se cerraron a alto nivel político. Es decir, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sumó al funcionario como interlocutor en el último tiempo. Pero algunos en el Gobierno creen que la situación no puede estirarse muchas semanas más.
“Sería bueno que fuera antes de diciembre porque es un mes de temporada alta para Desarrollo Social, y cualquiera que venga tiene que tener un desembarco ordenado y tiempo para acomodarse”, reflexionó un funcionario al tanto de la tarea que implica esa cartera nacional.
El Ministerio de Desarrollo Social se encuentra inmerso en horas decisivas
“Juanchi”, como lo apodan todos en el Partido Justicialista (PJ), definió que la etapa que viene lo encontrará en Hurlingham. No es el único intendente en uso de licencia que dejó su Municipio y volverían a sus pagos chicos antes de que se inaugure la temporada electoral. Es un caso similar al del titular de Vivenda y Hábitat, Jorge Ferraresi, que hoy trabaja activamente por el armado electoral del kirchnerismo.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un nuevo reclamo por la situación energética de la provincia tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. El eje del encuentro fue la tarifa de la energía generada por la represa hidroeléctrica Salto Grande y la modificación del sistema que establece su precio.
“Estas demandas son en defensa de los derechos de nuestra provincia como productora de energía y exigen que se termine con la discriminación que sufrimos los entrerrianos desde hace décadas”, expresó Frigerio luego de la reunión, la cual complementa las acciones legales que Entre Ríos mantiene en curso ante la Corte Suprema de Justicia.
En abril de este año, Entre Ríos interpuso una primera demanda en la Corte Suprema, denunciando una deuda nacional de aproximadamente 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes correspondientes al segundo semestre de 2023 y todo 2024, además de pagos adeudados por regalías hidroeléctricas. La provincia consideró “injusta” la remuneración que percibe por la energía de Salto Grande, afirmando que es casi tres veces inferior a lo recibido por la represa Yacyretá, también de carácter binacional.
Posteriormente, a principios de noviembre, el gobierno provincial amplió sus reclamos. La nueva presentación judicial exige la recomposición de la ecuación económico-financiera de los acuerdos establecidos en 1999 que regulan los excedentes de Salto Grande. Además, se solicita el pago de una deuda actualizada, calculada en 175 millones de dólares, y que se reformule, con participación directa de la provincia, el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía de la Nación fija los precios de la energía generada en represas binacionales.
La relación entre la provincia y la Nación en materia energética es motivo de tensiones prolongadas. Salto Grande, ubicada en la frontera con Uruguay, genera electricidad que beneficia tanto a Entre Ríos como a otras regiones del país, pero la provincia denuncia una distribución desigual de los recursos derivados de su operación.
Frigerio reiteró que la situación actual perpetúa una histórica desventaja para los entrerrianos, quienes, según su posición, no reciben un trato acorde a su condición de productores de energía. “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos”, subrayó el mandatario tras el encuentro.
El reclamo también pone de manifiesto la urgencia de una solución política para destrabar un conflicto que afecta tanto las finanzas provinciales como la percepción de los entrerrianos sobre su relación con el Estado nacional. La intervención de la Corte Suprema será determinante en este escenario, ya que sus fallos podrían sentar precedentes para futuras negociaciones entre las provincias productoras de energía y la Nación.
Mientras tanto, la gestión de Frigerio reafirma su postura de no ceder ante lo que considera una discriminación estructural. “Defender los derechos de los entrerrianos es nuestra prioridad, y no descansaremos hasta lograr que reciban lo que merecen”, concluyó.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.
Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarrique también fue condenado en la causa.
El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.
La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.
El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.
El pasado viernes 8 de noviembre, el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como “El Presto,” donó un busto del General José de San Martín a Villa Yacanto, una localidad situada a poco más de 150 kilómetros de la capital de Córdoba.
“Inauguramos un busto en honor al General José de San Martín, uno de los grandes próceres de nuestra historia. Este espacio no solo celebra la memoria de quien luchó incansablemente por nuestra independencia, sino que también invita a reflexionar sobre los valores que San Martín nos legó: libertad, justicia y sacrificio”, publicó El Presto en sus redes tras el evento, donde estuvo acompañado por vecinos y autoridades municipales.
El periodista agradeció la participación de quienes asistieron a la ceremonia y subrayó la importancia del nuevo monumento: “Este nuevo símbolo en nuestro pueblo será un espacio para conectarnos con nuestra historia, rindiendo tributo a quienes nos dieron patria”.
El acto contó con la presencia del intendente Fernando Moiso, de La Libertad Avanza; la legisladora provincial NancyAlmada; el historiador FabiánAgostini, vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Maipú; y Manuel Bustos, veterano de Malvinas. Agostini, junto con Martín Vargas, realizó una contribución simbólica especial al incorporar al monumento arena del puerto peruano de Paracas —donde desembarcó San Martín— y tierra de Boulogne-sur-Mer, en Francia, lugar donde el prócer pasó sus últimos días.
La idea del busto surgió cuando Prestofelippo visitó Villa Yacanto meses atrás, en el marco de su serie de informes “Municipios Destruidos”, que expone los desafíos que enfrentan los nuevos gobiernos municipales tras largos años de administración kirchnerista. En esa visita, el periodista se enteró de que la ciudad no contaba con un monumento en honor al “Padre de la Patria”.
Prestofelippo encargó entonces el busto a Carlos Benavídez, un reconocido escultor cordobés, recientemente autor del galardón Marca América Award, entregado a LionelMessi. La escultura se distingue de las demás por una placa que recoge las máximas que San Martín escribió para su hija, Mercedes Tomasa San Martín y Escalada.
“¡San Martín ya está en Villa Yacanto! Con mucho esfuerzo y cariño pudimos lograr que el Gral. San Martín tenga su monumento en esta localidad cordobesa. ¿Por qué doné el monumento? Porque me parecía VERGONZOSO que un pedazo de nuestra patria no cuente con un homenaje a nuestro libertador”, expresó el periodista en un posteo en sus redes sociales.
El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
El Poder Ejecutivo reglamentó las medidas máximas y mínimas que deberá tener la Boleta Única de Papel (BUP) y estableció las pautas técnicas y materiales necesarios para la implementación de este nuevo mecanismo de sufragio que comenzará a utilizarse en las elecciones legislativas del próximo año.
La ley 27.781, que establece la Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento de votación, fue sancionada el 1° de octubre de este año en el Congreso de la Nación y promulgada 17 días después a través del Decreto 915/2024.
Según el Decreto 1049/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la BUP contendrá en su frente una composición de cuatro tintas, además de un espacio en su dorso destinado a la firma del presidente de mesa, y la identificación del tipo y fecha de la elección.
Según se aclara, únicamente podrá contener imágenes y/o leyendas que la Justicia Federal con competencia Electoral determine para cada elección y su dorso no podrá superar las composiciones de dos tintas.
También tendrá un espacio en su margen izquierdo, inmediatamente a continuación del talón troquelado, destinado a la individualización del distrito, circuito y sección en caso de corresponder; un margen de seguridad superior, inferior y derecho de al menos 0,5 centímetros, que facilite su refilado; y en ningún caso podrá contener datos identificatorios que permitan individualizar las Boletas Únicas de Papel.
Además de las medidas correspondientes para su ancho y su alto, el anexo de la normativa indica que cada talonario contendrá una carátula, una contratapa, las Boletas Únicas de Papel correspondientes y talones troquelados de una extensión de 4 centímetros de ancho adheridos a cada una de las boletas en los que constará la información de serie y numeración correlativa dispuesta por el artículo 62 ter del Código Electoral Nacional.
Según el decreto, son votos válidos aquellos emitidos en boleta única oficializada, donde las marcas en los casilleros sean claras y evidentes. Son votos válidos: los afirmativos en los que el elector marca una opción electoral por una o más categorías y en blanco cuando la persona no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.
Son considerados votos nulos los emitidos mediante una boleta única no oficializada, aquellos que contengan dos o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría, los que por una rotura no se logre identificar alguna de las opciones marcadas, aquellos en los que aparezcan inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral que no permitan identificar la opción escogida; y los que incluyan objetos ajenos a la boleta en el pliego.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
