12 noviembre, 2024

El Ministerio de Seguridad de CABA ascendió al policía que mató a un delincuente

Waldo Wolff afirmó que "actuó dentro de la ley" y en el reconocimiento “extraordinario” ascendió al oficial Claudio Miño.
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El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, condecoró con un ascenso al efectivo de la Policía de la Ciudad que mató a un delincuente en un bodegón de Balvanera.

“El Oficial (Claudio) Miño actuó en cumplimiento del deber y dentro de la ley. Hoy le otorgamos un ascenso extraordinario. Su reconocimiento es el reconocimiento a todos los Policías que, cada día, salen a cuidar a los vecinos de la Ciudad poniendo en riesgo su propia vida. Lo dije antes y lo ratifico ahora: el respaldo al Policía que actúa dentro de la ley es total y absoluto”, aseveró.

El 28 de mayo, un policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mató de un disparo en el pecho a un delincuente que lo amenazó con un cuchillo en un bodegón de Balvanera (Callao y Rivadavia). Fuentes oficiales explicaron que “el oficial intentó, primero, deponer la actitud del agresor y éste fue escalando el nivel de violencia hasta que se le abalanzó con un cuchillo, motivo por el cual el policía utiliza el arma”. El delincuente falleció tiempo después en el hospital.

Redacción

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El legislador Eugenio Casielles presentó una batería de proyectos clave para mejorar la seguridad en CABA

El legislador porteño Eugenio Casielles presentó, esta semana, tres proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires orientados a mejorar la seguridad. Las iniciativas se centran en tres áreas clave: la actualización del Código Contravencional, la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el transporte público y la implementación de controles de narcotest en los operativos de tránsito.

Uno de los ejes centrales del paquete legislativo es la reforma del Código Contravencional, cuyo objetivo es actualizar las sanciones y extender los plazos de prescripción para ciertos delitos. Casielles argumenta que las sanciones actuales, especialmente las económicas, no reflejan la realidad inflacionaria del país, lo que llevó a que multas por delitos graves sean insignificantes: “Hoy, con muy poco dinero se pueden pagar multas por delitos graves como acosar en la vía pública o disponer de menores de edad pidiendo plata en la calle”, señaló el legislador en sus redes sociales.

El proyecto propone calcular las multas en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza de acuerdo con la inflación, asegurando que las sanciones no pierdan su efecto disuasorio. Además, el proyecto de Casielles busca extender los plazos de prescripción de la acción y de la sanción a dos años. Actualmente, muchas contravenciones prescriben en plazos más cortos, lo que, según el legislador, deja a numerosos infractores sin castigo adecuado.

Las sanciones propuestas en la reforma incluyen trabajo de utilidad pública, multas ajustadas a la nueva normativa y arresto. Enfocándose en la protección de menores, la propuesta endurece las penas para delitos que involucren a menores, como la inducción a la mendicidad o la distribución de material pornográfico.

Otro de los proyectos presentados establece la obligatoriedad de cámaras de seguridad en todas las unidades de transporte público de la Ciudad (colectivos, subtes y trenes). Según Casielles, la falta de cámaras facilita la comisión de delitos como robos y agresiones. “Estamos cansados de que nos roben a cualquier hora en cualquier centro de trasbordo”, comentó.

Las imágenes captadas por las cámaras tendrán carácter secreto y sólo podrán ser solicitadas por las autoridades policiales, judiciales o administrativas en el marco de investigaciones o prevención de delitos. Las empresas concesionarias de transporte serán responsables de la instalación y mantenimiento de estos dispositivos.

Casielles subrayó que la instalación de cámaras es una medida indispensable para reducir la sensación de inseguridad en los medios de transporte y contribuir al bienestar de los porteños.

Por último, en el ámbito de la seguridad vial, presentó un proyecto que exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la incorporación de dispositivos para la detección de estupefacientes en los controles vehiculares. Esta medida busca complementar los actuales controles de alcoholemia y mitigar los riesgos de accidentes causados por conductores bajo los efectos de drogas.

“Hay un accidente cada 28 minutos en la Ciudad y las calles están cada vez más llenas de irresponsables al volante”, destacó Casielles.

El consumo de narcóticos —tanto legales como ilegales— afecta la capacidad de reacción y percepción de los conductores, incrementando el riesgo de accidentes. Casielles relaciona esta situación con lo que denomina “una epidemia de accidentes de tránsito” y considera que la implementación de narcotest no solo castigaría a los infractores, sino que también serviría como una herramienta preventiva y educativa.

“El control de narcóticos es fundamental”, afirmó Casielles, quien ya había impulsado previamente una ley de Alcohol Cero al volante. Si bien la propuesta fue recibida con críticas, el legislador sostiene que es una medida clave para mejorar la seguridad vial.

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La Justicia elevó a juicio oral la denuncia por violencia de género contra Martín Gill, el ministro de Llaryora

El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.

Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.

Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.

Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.

LAS AGRESIONES DENUNCIADAS

La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.

El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.

Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja

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La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.

En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.

Redacción

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Tras la denuncia del intendente Montenegro a Grabois, el MTE levantó el piquete en Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.

En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.

El conflicto entre el municipio y Grabois

El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.

La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.

La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres

La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.

Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura Muñóz Mora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.

Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.

Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.

Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata

El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.

Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.

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Redacción

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Prohíben la pesca comercial del dorado en Entre Ríos para preservar la especie

En un paso clave para la protección del dorado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con mayoría el proyecto de ley que prohíbe la pesca comercial de esta especie en todo el territorio provincial. La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas de conservación ambiental de la provincia.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto declara al dorado como “pez de interés turístico provincial” y establece que sólo podrá pescarse con fines deportivos y bajo la modalidad de devolución obligatoria, mientras que los pobladores ribereños y pescadores artesanales podrán capturarlo exclusivamente para consumo familiar.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto pasó a consideración del Senado para su tratamiento final. Si bien la iniciativa contó con el apoyo de Juntos por Entre Ríos y los bloques libertarios, recibió el rechazo del bloque opositor, Más para Entre Ríos.

La controversia radica principalmente en que el texto aprobado no incluye una excepción para las cooperativas de pescadores artesanales, un punto que el justicialismo consideraba fundamental.

EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

Entre Ríos es actualmente la única provincia del Litoral que aún permite la pesca comercial del dorado, lo que llevó a biólogos, autoridades y pescadores a señalar el impacto negativo de esta práctica sobre la especie. En las provincias vecinas (Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe) ya rigen normativas similares que restringen su captura a la pesca deportiva con devolución obligatoria.

El dorado — pez emblemático de la región— ha visto afectada su población debido a varios factores, entre ellos la depredación que permite la legislación vigente y los fenómenos naturales, como las recurrentes bajantes del río Paraná. Estos eventos destruyeron los desovaderos y las áreas de cría, lo que dificulta la reproducción de la especie. Según explicó el diputado Mauro Godein, presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, la situación es preocupante, y la aprobación de esta ley busca poner a la provincia en línea con los esfuerzos de conservación de las demás jurisdicciones del Litoral.

– Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos: “El dorado es un pez en una situación preocupante, entre otras razones, por la bajante del Río Paraná; y Entre Ríos, es hasta ahora, la única provincia de la región que sigue permitiendo su pesca comercial. Por eso, es necesario una ley que lo proteja”.

El principal punto de conflicto en la votación fue la falta de inclusión de las cooperativas de pescadores artesanales dentro de las excepciones permitidas por la ley. El bloque opositor, liderado por Laura Stratta, señaló que la norma no exceptuara a estos pescadores, quienes realizan la pesca de manera tradicional para subsistir.

Durante los debates en comisión, el oficialismo había aceptado incorporar una excepción para los pescadores ribereños que capturan el dorado para consumo familiar, pero no extendió este beneficio a las cooperativas, lo que motivó el voto en contra del PJ.

Según los legisladores justicialistas, no hay un riesgo inminente para la especie. Argumentaron que los pescadores nucleados en cooperativas utilizan técnicas de pesca “sustentable y artesanal”, y que su actividad no pone en peligro a la especie. Stratta y otros diputados del bloque señalaron que la exclusión de las cooperativas va en contra de los principios de la Ley de Economía Social vigente en la provincia, que promueve la protección del ambiente y el desarrollo de la economía local.

La necesidad de una regulación más estricta en la pesca del dorado no es nueva en Entre Ríos. Ya en 2005, se había declarado a la especie como de interés turístico nacional, aunque en ese momento el Poder Ejecutivo vetó la reglamentación de las restricciones a su pesca comercial. Dos años después, en 2007, un proyecto similar obtuvo media sanción, pero no avanzó en la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario.

El actual proyecto retoma esas discusiones y busca finalmente establecer una normativa clara que ponga fin a la pesca comercial del dorado en la provincia. El objetivo, según detallaron sus impulsores, es garantizar la conservación de la especie, que juega un rol fundamental en el equilibrio ecológico de los ríos Paraná y Uruguay, principales afluentes de la cuenca del Plata.

Redacción

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Más impuestos y burocracia | Ushuaia pretende crear un ente municipal de turismo para cobrar impuestos a los turistas

La Municipalidad de Ushuaia presentó un proyecto ante el concejo deliberante para crear una nueva estructura estatal dedicada al turismo. El Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal, tendría por objetivo promover el “desarrollo turístico sostenible” de la jurisdicción.

La iniciativa, sin embargo, trajo consigo un montón de críticas, ya que aseguran que mayor impuestos le quitaría competitividad al sector, generando una disminución en el número de visitantes. Esta situación pondría en riesgo el trabajo de cientos de personas que son empleadas en este sector.

Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia, cuestionaron el proyecto: “implica la desfinanciación y derogación de la ordenanza que indica cómo se financia el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto que se dedica a la promoción y desarrollo turístico. Es una herramienta espectacular que nos permite sentarnos y conversar de igual a igual y resolver juntos el norte de la promoción turística de un destino tan importante como lo es Ushuaia. Ha funcionado muy bien a lo largo de los años”, comentó Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.

De esta manera, la tasa de “Derecho de uso urbano” se aplicaría a todos los turistas y excursionistas mayores de doce años. Se cobrarán 5 Unidades de Valor Fiscal (UVF) a los residentes argentinos y 10 UVF a los extranjeros. El último valor publicado de la Unidad de valor fiscal es de $ 1.127,76, actualizado en enero de 2024. “Para enero de 2025, con una actualización por debajo de la inflación podría llegar a los $2.000″, explicaron desde la Cámara de Turismo.

Asimismo, Cornejo sostuvo que en el proyecto no se especifica la contraprestación que recibirá el turista por pagar una tasa. “Si no se da una contraprestación, no es una tasa, es un impuesto. De hecho, ese es el fundamento por el cual la Ecotasa fue declarada inconstitucional en Bariloche y otros destinos”, argumentó el presidente de la Cámara de Turismo.

Redacción

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AySA dilapidó casi 5.000 millones de dólares bajo la gestión de Malena Galmarini

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que el gobierno de Javier Milei detectó “gastos innecesarios” por más de USD 4.800 millones en la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante la gestión de Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Según las declaraciones, AySA se habría utilizado como “plataforma de campaña” para el gobierno anterior, asignando fondos a eventos y obras en distritos afines a la gestión kirchnerista.

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz libertario detalló las irregularidades detectadas. Entre ellas, destacan el financiamiento de eventos deportivos y sociales en los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas (localidades bonaerenses gobernadas por figuras políticas cercanas al peronismo). De los USD 200 millones asignados a obras, el 25% se destinó a estos municipios, levantando sospechas sobre el uso de los fondos públicos.

Entre los ejemplos mencionados sobresalen gastos asociados al patrocinio de eventos como el Triatlón IronMan y el Challenger de Tigre, un torneo de tenis ATP realizado en el distrito de Sergio Massa.

Además, se denunció un gasto de USD 1,3 millones en el patrocinio del Carnaval de San Fernando entre 2022 y 2023, en lo que Adorni calificó como un “festival de gasto público”. Camiones cisterna y horas extras de personal de AySA habrían sido utilizados para apoyar estos eventos festivos, en lugar de enfocarse en las actividades esenciales de la empresa.

Otra de las denuncias presentadas por el gobierno de Milei refiere a la adquisición de un edificio en la calle Tucumán, en la Ciudad de Buenos Aires, por USD 31.600.000, durante la pandemia. A este inmueble se le sumaron gastos por USD 9.600.000 en reparaciones que nunca se completaron. Según Adorni, estaba previsto que en este edificio se construyeran varios pisos adicionales destinados al uso exclusivo de la presidencia de AySA.

El vocero también informó sobre la compra de 613 camionetas Renault Kangoo por un total de USD 25.700.000, lo que implica un costo de USD 42.000 por cada vehículo, cifra que calificó como “tres veces mayor a su valor real”. Estas compras fueron realizadas en septiembre de 2023.

AySA se encuentra en la lista de empresas que el gobierno de Milei pretende privatizar. Actualmente, la compañía, que cuenta con más de 7.000 empleados y acumuló pérdidas por $70.000 millones en lo que va de 2024, podría ser puesta a la venta en su totalidad o lanzar sus acciones a la bolsa en marzo de 2025.

Redacción

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