El mapa de Argentina tras las elecciones en San Juan

La tendencia es la victoria de los oficialismos, a excepción de Neuquén, San Luis y el territorio sanjuanino.
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La maquinaria electoral en la Argentina continúa su curso. Desde el inicio del calendario, ya hubo comicios en 16 provincias y en 13 ya se eligió para gobernador, en sintonía con la estrategia política de los mandatarios locales para desacoplar su suerte del Gobierno nacional, afectado por la crisis política y económica.

Así, en este escenario, algunas certezas de las elecciones provinciales. Con excepción de San Juan, San Luis y Neuquén, donde el frente Neuquinizate que encabezó Rolando Figueroa cimentó una candidatura apoyada por Mauricio Macri, sectores peronistas y radicales, que traccionaron votos a través de listas colectoras, y se impuso ante el tradicional Movimiento Popular Neuquino, el voto local apoyó los oficialismos y la continuidad, como los casos de Gildo Insfran (Formosa), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Rolando Figueroa
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Cada elección provincial tiene su propia particularidad, más allá de los intentos de los dirigentes nacionales, sin distinción de colores políticos, para intentar capitalizar un triunfo en las urnas. Por caso, Horacio Rodríguez Larreta viajó anoche a San Juan para celebrar el triunfo de Marcelo Orrego, el abogado que terminó con 20 años de hegemonía peronista. Y Patricia Bullrich hizo lo mismo con Mendoza, donde Juntos por el Cambio tuvo un buen desempeño en las PASO. De hecho, sumó a Luis Petri, un candidato de esa provincia, como compañero de fórmula.

La victoria de Orrego en San Juan volvió a encender las luces de alerta en el oficialismo nacional, que busca su ordenamiento detrás de la candidatura de unidad de Sergio Massa y Agustín Rossi. Fue un triunfo contundente, por más de 20 puntos, en una provincia peronista que tuvo como particularidad el voto fragmentado: únicamente se votó para gobernador, en el resto de las categorías se eligieron en mayo, tras el freno de la Corte Suprema a una nueva reelección de Sergio Uñac.

Bullrich
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En San Luis también perdió el peronismo en un territorio que dominaba desde 1983 tras el retorno de la democracia a la Argentina con Claudio Poggi a la cabeza de una alianza multisectorial con predominio de los partidos afines a Juntos por el Cambio, especialmente el PRO y la UCR. Esta elección también tuvo otra particularidad: el enfrentamiento político entre los hermanos Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Rodríguez Saá.

Un distrito codiciado fue Córdoba. Mientras avanza el escrutinio definitivo, Luis Juez, candidato de Juntos por el Cambio, reconoció a finales de la semana pasada “no tener esperanzas” de revertir el resultado de los comicios en los que se impuso Martín Llaryora, un dirigente cercano al gobernador Juan Schiaretti y a su armado peronista no kirchnerista. Fue una victoria ajustada, por sólo 3 puntos, tras una jornada de elecciones con críticas por la demora en el recuento de votos.

Llaryora
El intendente y precandidato a gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Melella (FORJA), en tanto, logró su reelección por amplio margen, el 53 por ciento de los votos, y evitó una segunda vuelta en la provincia patagónica de Tierra del Fuego. Lo hizo con apoyo de sectores de la UCR, del kirchnerismo, del peronismo y el l Movimiento Popular Fueguino. Dato particular, y que tiene que encender todas las alertas: en segundo lugar quedó el voto en blanco, con el 21,59 de los votos. Juntos por el Cambio quedó en cuarto lugar.

Quintela (Frente de Todos), por su lado, también se impuso con holgura en La Rioja y fue reelecto con el 50,63 por ciento de los votos, casi 20 puntos más que Felipe Álvarez, candidato de Juntos por el Cambio. Alberto Fernández viajó a las pocas horas para celebrar el triunfo. “Que podamos reafirmar la democracia, como se reafirmó, es importante; se escuchan voces que dicen que la democracia no es el modo, el camino. Es un tiempo donde se vuelve a hablar que los derechos pueden pasar a un segundo plano, que se pueden donar los órganos para hacerse de recursos o que la calles de la ciudad pueden ser privatizadas”, afirmó el Presidente en una conferencia junto al mandatario provincial.

Marcelo Orrego
El nuevo gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

Otro gobernador que recibió un fuerte respaldo fue el salteño Sáenz (Identidad Salteña), que superó el 47 por ciento de los votos y lo saludaron tanto Sergio Massa y como Horacio Rodríguez Larreta. En la provincia norteña Juntos por el Cambio tuvo una performance deslucida, en segundo lugar, con 17,26 de los votos. Cercano al ministro de Economía, el gobernador construyó su poder político por encima de la grieta que separa al Gobierno nacional con JxC, la principal coalición opositora. Es más, el Frente de Todos presentó su propio candidato, el diputado nacional Emiliano Estrada, relegado al tercer lugar con 16.

En La Pampa, Ziliotto (PJ) mantuvo la tradición peronista, partido que gobierna la provincia desde 1983, y logró su reelección con más del 45 por ciento de los votos. En este caso, la diferencia con Juntos por el Cambio fue menor: el candidato Martín Berhongaray obtuvo el 42 de los votos, lo que representó un avance de la coalición opositora en relación a las elecciones de 2019, cuando el radical Daniel Kroneberger se quedó con el 31,80, frente al 52,68 del vencedor.

Gustavo Sáenz
El gobernador salteño Gustavo Sáenz y el presidente Alberto Fernández.

En tanto, en Río Negro, Weretilneck garantizó la continuidad de Juntos somos Río Negro. Regresará a la Gobernación provincial tras imponerse por 22 puntos porcentuales al candidato de Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello, la fuerza opositora que también (al igual que en La Pampa, registró una fuerte suba en el caudal de votos en los últimos 4 años). En 2019, la radical Lorena Matzen obtenía sólo el 5,57.

La elección de Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de la Concordia misionero, fue contundente: 65 por ciento de los votos para consolidar la continuidad de la fuerza política. En segundo lugar, otra vez, quedó Juntos por el Cambio, con el 26,57 de los votos, en un desempeño superior al 17,59 recolectado por el ex presidente del PRO nacional, Humberto Schiavonni.

Hugo Passalacqua
El mandatario misionero Hugo Passalacqua.

El caso de Carlos Sadir, en Jujuy, es otro ejemplo de una elección a favor de la continuidad del proyecto encabezado por el radical Gerardo Morales en 2015. El candidato del Frente Cambia Jujuy se impuso con el 49,52 por ciento de los votos, según los datos del escrutinio provisorio. Amplió el 43,76 que logró cuando obtuvo su reelección. En segundo lugar, quedó Rubén Rivarola, del Frente de Todos, con el 22,32 y el dirigente del FIT Alejandro Vilca quedó en un tercer lugar.

En formosa, Gildo Insfrán ratificó su poder electoral y logró su octava reelección con casi el 70 por ciento de los votos. El caudillo peronista seguirá siendo el gobernador hasta 2027 y totalizará, en ese entonces, 32 años en el poder. Todo un récord.

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La Policía de Mendoza podrá usar su arma sin identificarse en situaciones de peligro inminente

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.

Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.

La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.

Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.

En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.

La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.

En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.

Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.

También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.

Martín Kerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.

PYMES DEL DELITO | Las cárceles bonaerenses tienen casi 50.000 líneas de celular habilitadas para presos

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.

“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.

La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.

– Sandra Arroyo Salgado

Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.

El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.

Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad. Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.

Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.

Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.

El contrabando estimado

Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.

“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.

La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.

Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.

“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.

El soldado Rodrigo Gómez

Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.

Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.

La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.

A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.

El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.

“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.

“Sin capucha no caminás, ¿no?” | Escracharon en la calle a Iñaki Gutierrez y se tuvo que tapar la cara para que la gente no lo reconozca

La gestación de los escraches

Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.

Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:

  • Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
  • Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
  • Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.

Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.

Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.

La avestruz digital

Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El reciente registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.

Captura de Gutiérrez encapuchado.

La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.

El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.

El ejecutor que dejó de pensar

La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.

Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.

El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.

A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoine expuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.

El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.

Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.

El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.

*Por Augusto Grinner

Devolviendo favores: los beneficios estatales de Milei para blindar por décadas a su amigo Eduardo Elsztain

El búnker del Libertador y el financiamiento

La relación entre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.

Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.

Milei y Elsztain en una sinagoga.

La construcción del candidato

Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.

Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.

Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.

Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”

La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.

Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.

A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.

Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.

El botín minero y el escudo del RIGI

Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura” considerado una rareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.

Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.

Yacimiento de plata “El Quevar”.

La Argentina S.A.

La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.

El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegio estatal que redefine los cimientos de la economía nacional.

*Por Augusto Grinner

Consejera escolar de La Libertad Avanza condenada a 3 años de prisión por falsa denuncia de violación

La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso para Fiorella Damiani, consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.

Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.

La prueba irrefutable y la burla judicial

El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.

El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.

Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.

Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.

El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.

Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.

El patrón del daño irreversible

El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.

En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.

Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.

Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.

Por Augusto Grinner

Chubut aprobó la Ficha Limpia pesquera y reclamó la baja de retenciones

Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”. 

Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.

En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.

Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.

Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.

Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas. 

LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%

En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.

En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio. 

También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.

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