El gobierno reactiva la obra pública en 21 provincias: “Estratégicas y esenciales”

Milei anunció que comenzará a descongelar algunas obras estratégicas y esenciales en el área vial, hídrica y energética. La subejecución de Obras Públicas pese a la recaudación por el impuesto PAIS
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La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.

Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.

Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.

EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO

Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.

Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.

Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.

De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.

¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.

Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.

Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.

LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO

Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.

Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.

Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.

El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.

La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.

Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.


*Fuente: Julián Alvez – El Cronista Comercial

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Se disparan los contagios de VIH y sífilis: denuncian que el gobierno no distribuye preservativos

La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.

Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.

El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.

El factor aborto y la banalización del riesgo

Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contención que desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.

Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.

El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda

La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.

Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.

Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.

Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.

Cultura del riesgo y desidia oficial

El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.

Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.

*Por Augusto Grinner

Histórica protesta de las Fuerzas de Seguridad por los bajos sueldos: “es una migaja” el bono de $40.000 y denuncian espionaje interno

La concentración frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, comenzó pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicó hasta alcanzar los 700 asistentes.

La convocatoria logró una unidad inédita al congregar a efectivos y retirados de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), elevando el conflicto a una crisis de seguridad nacional.

La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.

A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurrió íntegramente sobre la vereda, bajo la supervisión de un comisario seccional de la Policía de la Ciudad que confirmó la legalidad y el carácter pacífico de la marcha. El “abrazo simbólico” se transformó rápidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje económico que asfixia a la familia policial.

La magnitud del conflicto quedó reflejada en una cobertura mediática masiva que incluyó móviles en vivo de Telefé, El Destape, Crónica, C5N, Canal 26, TN y A24, con la presencia de la reconocida periodista Mercedes Ninci.

La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.

Sin embargo, el dato político más crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraron en la manifestación para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.

Esta atmósfera de persecución coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentó minimizar la jornada calificándola como una movilización compuesta sólo por “retirados”, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.

La movilización tuvo su punto de máximo interés desde el momento en que los asistentes entonaron el Himno Nacional, dando luego paso a una serie de cuatro oradores que hablaron a quienes asistieron y a la prensa.

Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.

La humillación del uniforme frente a la góndola

El cabo Miguel Montiel, de la Policía Federal Argentina —quien cobró notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosada—, fue el único efectivo que rompió el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. Explicó que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestación y hablar, pero destacó que la situación es de emergencia.

Con nueve años de servicio más su formación, Montiel expuso la cifra que despoja de toda épica al discurso oficial: un sueldo de $800.000 pesos. Esta cifra es la consecuencia directa del último acuerdo salarial del 8% otorgado por el Gobierno, un porcentaje que quedó pulverizado frente a la inflación y que profundizó la brecha con otros sectores productivos.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Miguel Montiel, cabo de la PFA.

La comparación con el sector privado vuelve el dato un agravio institucional. Mientras un efectivo con casi una década de antigüedad y riesgo de vida percibe esa cifra, un empleado de comercio inicialun joven de 18 años recién egresado de la secundaria que vende ropa en un local— percibe un básico de $1.170.000.

Esta brecha del 45% refleja la degradación de una fuerza que, según denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la línea de indigencia.

Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.

Voces de la familia policial y el compromiso exigido

El carácter de la movilización fue ratificado por Manuel Berro, retirado de Gendarmería Nacional y referente del “Frente Patriótico Patoruzú”, quien enfatizó que no se trataba de un acto político ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. Además, asistió Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.

Acompañado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitó a Emmanuel Danann (cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prócer del S. XIX) a tomar la palabra para visibilizar el pliego de condiciones que las cúpulas oficiales callan.

Danann, quien aclaró que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyó los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas básicas.

Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.

Durante su intervención, Danann interpeló directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambio votado por los argentinos incluía la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanía. En un pedido explícito a Javier Milei, exigió el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilización de este estado de emergencia.

Otro de los que hicieron acto de presencia fue Andrés Passamonti, expresidente de la UCeDe de CABA, actual presidente de Alternativa Republicana, y antiguo Director Ejecutivo de la Dirección de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires.

El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerró con la reivindicación de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera política.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Andrés Passamonti, presidente de Alternativa Republicana.

Bonos de miseria y oportunismo al cierre

El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparación salarial que ya se había manifestado meses atrás. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignación. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como “el vuelto de los banquetes de los políticos”, una cifra insignificante frente a una canasta básica que ya roza los $1.400.000.

Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsión, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos críticos.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.

Hacia las 12:20 hs, cuando más de la mitad de los asistentes ya se había retirado, se registró la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández apareció en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones públicas.

Su llegada tardía no alteró el espíritu del acto, que concluyó con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches económicos, sino con la reivindicación real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.

*Por Augusto Grinner

Argentina tiene el peor registro del mundo en distracción por celular en el aula

Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.

Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.

Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.

Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.

Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.

Con las notificaciones encendidas, siempre

El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.

En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.

Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.

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RÍO URUGUAY | Frigerio advirtió que irá a la Justicia internacional si avanza la planta de combustibles sintéticos frente a Colón

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.

Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.

La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay

– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año

Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.

Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.

También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.

Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.

Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.

El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.

– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río

El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosadatenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.

Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser. 

En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“. 

No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.

Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.

Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Guerra en Medio Oriente | Más del 60% de los argentinos dice no sentirse representado por la postura “SIONISTA” de Milei

El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.

El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.

El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.

En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.

La postura del gobierno

Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.

Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.

El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.

Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.

Río Negro otorgó un nuevo permiso minero al primo de “Fred” Machado 

El Gobierno de Río Negro otorgó un nuevo permiso de exploración minera a Claudio Alberto Ciccarelli, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial N° 6475 del 19 de marzo de 2026. 

El primo de Claudio Ciccarelli, Federico “Fred” Machado, se encuentra detenido en Estados Unidos. Allí enfrenta cargos por presunto narcotráfico, lavado de dinero y fraude. 

El trámite se encuadró en el expediente N° 48.022-M-23, denominado “El Gran Don José”, y comprendió un permiso de exploración de minerales de primera categoría en la zona de Los Menucos, dentro del Departamento 25 de Mayo. El edicto fue difundido por la Secretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, y notificó a los titulares de las tierras alcanzadas por el área de exploración, Domingo Calvo y Gerardo Collinao.

– Fred Machado durante la presentación del libro de José Luis Espert en Viedma. Detrás suyo, a la derecha, asoma Claudio Ciccarelli, su primo, un empresario con negocios mineros

La documentación indicó que el área involucrada se ubicó en la Grilla 4169-II del Catastro Minero, en cercanías de la localidad de Los Menucos, y que la tramitación se realizó conforme a las previsiones del Código de Minería. 

*Con información de Diario Río Negro

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