El Gobierno le quitó recursos a la Universidad Nacional de Salta: perdería cerca de 500 millones de pesos
El presupuesto 2023 dejó expuesto un nuevo recorte a la Educación Pública: La Universidad Pública de Salta recibirá un 1,58% del total de lo distribuido a las 58 Universidades Nacionales de todo el país.
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El presupuesto 2023 dejó expuesto un nuevo recorte a la Educación Pública. Desde la Universidad Nacional de Salta informaron que Nación le hará un recorte en la distribución del total destinado a Universidades Nacionales del 0,07%. Esto quiere decir que la casa de altos estudios recibió $490.315.293,83 de menos.
Cabe mencionar que durante el 2021, la UNSa recibió un 1,58% del total de lo distribuido a las 58 Universidades Nacionales de todo el país. Mientras que en el presupuesto del 2023 recibió un 1,51%. Este recorte fue confirmado por el secretario administrativo de la universidad, Héctor Flores al medio Nuevo Diario de Salta.
La UNSa sufrió un recorte de Nación de casi 500 millones de pesos
Lo que generó molestia en la provincia del norte, es que a la hora de distribuir todo lo destinado a las universidades, Salta perdió a costas de aumentos para universidades del Conurbano bonaerense, donde de las 26 universidades que recibieron aumentos en los porcentajes de distribución, 18 son de la Provincia de Buenos Aires. La Universidad Tecnológica Nacional fue la que recibió el aumento más alto, con un 0,45% de más.
Otro dato que llamó la atención, es que la UNSa reciba mucho menos que la Universidad de San Juan (que en el presupuesto 2023 se lleva el 2,55% del total), provincia que tiene alrededor de 700 mil habitantes mientras que Salta tiene un aproximado de un millón 200 mil habitantes.
La UNSa recibe mucho menos dinero que la Universidad de San Juan
Recordemos que en el 2020, la universidad salteña casi sufre un recorte en el presupuesto nacional 2021 que significaban alrededor de 190 millones de pesos, pero los diputados nacionales de ese momento defendieron para mantener los montos. Este año, los legisladores no llevaron a cabo ninguna acción.
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En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.
Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.
El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.
Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.
La política formoseña tuvo este fin de semana un episodio cargado de tensión cuando el senador nacional Francisco Paoltroni intentó lanzar su campaña en la localidad de El Colorado. El acto, que buscaba posicionarlo como figura fuerte en el sur provincial, terminó abruptamente tras un fuerte cruce con el intendente Mario Brignole.
Brignole, lejos de ignorar la visita, decidió enfrentar al legislador a metros de la Municipalidad. Allí se produjo un tenso cruce verbal entre el jefe comunal, Paoltroni y la diputada provincial radical Agostina Villaggi, quien lidera la campaña opositora de cara a las elecciones del 29 de junio.
“¡Tocame si te animás, papito!”, desafió Villaggi a Brignole, en una escena que rápidamente se viralizó. El intendente amagó con sacar un rebenque, aparentemente para espantar al caballo de la legisladora, lo que generó mayor tensión. “Brignole le aplicó un guachazo al caballo para desestabilizarme”, denunció la diputada, aludiendo a un intento deliberado por hacerla caer.
En diálogo con medios locales, Villaggi relató que el grupo oficialista los esperó con insultos “violentos y misóginos” y que uno de sus colaboradores fue agredido físicamente, recibiendo un golpe en el rostro que le provocó lesiones en un ojo.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno de Paraná en la que participó la vicegobernadora AliciaAluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y todo el equipo ministerial. El tema principal fue la transferencia del Palacio San José —residencia del general Justo José de Urquiza, ubicada en Caseros, departamento Uruguay— a la órbita provincial, con el fin de garantizar su conservación y restauración.
Al término del encuentro, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, señaló que se trató de “una instancia muy productiva en términos de información y conocimiento que los distintos ministerios pudieron intercambiar sobre las acciones en curso en toda la administración”. Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, informó sobre las gestiones iniciadas para concretar el traspaso del inmueble, declarado museo nacional en 1935.
Frigerio recordó que semanas atrás solicitó formalmente a la Secretaría de Cultura de la Nación que Entre Ríos asuma la gestión del Palacio San José. El pedido fue presentado al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, donde el mandatario expuso su “profunda preocupación” por filtraciones, daños estructurales y el desgaste del mobiliario original, piezas de alto valor patrimonial.
Construido entre 1848 y 1858, el Palacio San José constituye uno de los hitos arquitectónicos e históricos del país y atrae cada año a miles de visitantes. El gobierno provincial proyectó convertirlo en un símbolo cultural que una a los entrerrianos y reafirme su papel en la historia nacional.
La agenda del gabinete también incluyó políticas orientadas a la primera infancia. Frigerio compartió detalles de su reciente reunión con autoridades de UNICEF y repasó los lineamientos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano. Boleas destacó que el proyecto de presupuesto 2025 incorporó dos políticas transversales dedicadas a niñez y adolescencia para monitorear con mayor precisión la inversión pública.
En materia educativa, los ministros evaluaron el avance del Programa de Alfabetización impulsado desde la Región Centro. Boleas precisó: “Nos compartieron cómo se está desarrollando el trabajo en el territorio entrerriano y los resultados preliminares del abordaje”.
Antes de concluir, Frigerio reiteró a su gabinete la consigna de optimizar estructuras estatales, elevar la eficiencia del Gobierno y fortalecer la articulación con organismos descentralizados, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de los proyectos debatidos, entre ellos la recuperación del emblemático Palacio San José.
Corrientes se prepara para recibir uno de los encuentros turísticos más relevantes de la región: el Congreso de Turismo y el 9.º Workshop del Litoral, que se desarrollarán mañana martes desde las 14 horas en el Centro de Convenciones Corrientes. La actividad es organizada por la Municipalidad, en conjunto con la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) Nordeste, y reunirá a más de 70 empresas y agencias del sector, incluyendo operadores mayoristas de Brasil y Paraguay.
El evento contará con la participación de 40 operadores mayoristas del litoral argentino y destacados referentes nacionales e internacionales. “Este evento es fundamental porque nos posiciona aún más fuerte en el mapa turístico nacional e internacional”, destacó el secretario de Turismo y Deportes municipal, Juan Enrique Braillard Poccard. “Esta interacción comercial y turística es clave para consolidar nuestra economía y promover aún más nuestro destino”, agregó.
El cronograma incluye ponencias de alto nivel, como la del CEO Comercial de Jet Smart Argentina, la presentación institucional del destino Corrientes y la del CEO del próximo Hotel Marriott Corrientes. También se dictarán conferencias magistrales enfocadas en nuevas oportunidades para el turismo de reuniones y el impacto de la inteligencia artificial en el sector.
El encuentro concluirá con una recepción especial y un recorrido de pre-apertura por las instalaciones del Hotel Marriott Corrientes, cuya inauguración está prevista para los próximos meses.
Braillard Poccard subrayó además el efecto transformador del turismo en la economía local: “Este crecimiento abre oportunidades reales para nuestros jóvenes. Queremos que tengan opciones aquí, que no se vean obligados a emigrar en busca de trabajo. El turismo está demostrando ser una fuente real y sostenida de empleo, y eventos como este consolidan esas posibilidades para nuestra juventud”.
Con una apuesta clara por el desarrollo económico sostenible, Corrientes continúa posicionándose como uno de los destinos más dinámicos y con mayor proyección del litoral argentino.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.
Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.
En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.
El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:
Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
Estabilidad laboral de todo el personal actual.
Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.
Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.
Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.
Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.
Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: “Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.
Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.
“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.
El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.
El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.
“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.
– El proyecto de Vivona
Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.
Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.
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