El gobierno de Schiaretti en CRISIS por la muerte de bebés en hospital de Córdoba
La oposición pidió la salida del ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo. Enojos en Juntos con García Moritán por acaparar la protesta en el hospital y con Schiaretti por su denuncia para despegarse del caso.
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La oposición de Juntos por el Cambio pidió la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardozo, como consecuencia del fallecimiento de cinco bebés y las lesiones graves de otros ocho en el hospital Materno Neonatal de Córdoba, que se encuentran siendo investigados por la justicia cordobesa.
Tras la notoriedad del caso y los anuncios de la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón, el arco opositor integrado por radicales, el PRO, juecistas, Coalición Cívica y liberales convocó a una conferencia de prensa para pedir la salida del titular de la cartera sanitaria.
Diego Cardozo, ministro de Salud de Córdoba.
“Le solicitamos con respeto, consideración y estima pero enérgicamente al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, que le pida la renuncia al Ministro de Salud. No podemos tolerar semejante hecho de encubrimiento”, demandó Luis Juez, acompañado por Rodrigo de Loredo, Mario Negri y Ramón Mestre, entre otros referentes de los partidos que conforman la alianza en Córdoba.
Por su parte, De Loredo señaló: “Exigimos el apartamiento del cargo del ministro de Salud; pedimos que la intervención al Neonatal esté a cargo de una dirección que no se corresponda con la actual línea ministerial”. Y agregó: “cuestionamos la actitud obstruccionista y cínica del gobierno provincial de constituirse como querellante en una causa cuya investigación debe ser independiente y autónoma”.
Dos hechos fueron notorios en el acto. Por un lado, la ausencia de los referentes del PRO que responden a Mauricio Macri, como Gustavo Santos y Soher El Sukaría. Por el otro, la presencia del legislador porteño Roberto García Moritán.
Mediante una conferencia de prensa exigieron la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardozo.
El legislador llegó a Córdoba para anticiparse al desembarco del líder de su espacio, el diputado Ricardo López Murphy, que tendrá lugar en los próximos días. Allí se mostró muy cercano a Martín Carranza Torres, líder del Partido Republicano que en Córdoba respalda a Juez.
Sin embargo, el paso por Córdoba terminó en escándalo. Al finalizar la conferencia de prensa en un hotel céntrico, se dirigió hasta el hospital donde un grupo numeroso de mujeres reclamaban por la muerte de los bebés. Allí ingresó al despacho del director Esteban Ruffin, designado la semana pasada luego de conocerse la investigación judicial. Además, tildó de “cobarde” al propio fiscal Garzón.
Este protagonismo no cayó bien a algunos socios cordobeses de Juntos. Así como tampoco hubo conformidad plena con la decisión de Schiaretti de denunciar penalmente a funcionarios de su propio gobierno, ya que en la oposición lo vieron como un intento de despegarse de la responsabilidad que le cabe a su gestión por el caso.
Madres y abuelas marchan para pedir justicia por la muerte de los bebés.
De todos modos, la ausencia del resto del PRO y la del líder del bloque de Juntos en la Legislatura, como Orlando Arduh, fueron otro síntoma de la crisis de unidad a la hora de criticar al gobierno de Schiaretti.
Asimismo, se conoció en las últimas horas que la fiscalía de Garzón descartó como querellante al Gobierno provincial. Decisión que había cobrado especial expectativa tras el pedido del propio Ejecutivo que encabeza Schiaretti.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, promulgó una enmienda constitucional que convierte a la provincia en la primera jurisdicción de Argentina sin fueros de ningún tipo. Esta decisión fue avalada por el 63.61% de los votantes en un referéndum vinculante realizado el 26 de octubre.
Los fueros (también llamados inmunidades especiales) son protecciones legales otorgadas a ciertos funcionarios públicos, magistrados, legisladores y, en algunos casos, dirigentes sindicales.
Es importante destacar que existían dos tipos de inmunidades distintas. La inmunidad de opinión protegía a los legisladores por las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, garantizándoles la libertad de manifestar sus ideas y posiciones políticas sin temor a represalias judiciales. Por otro lado, la inmunidad de arresto y de proceso impedía que los funcionarios fueran detenidos o sometidos a juicio sin una autorización previa del Poder Legislativo, lo que comúnmente se conoce como el “desafuero”.
– El anuncio del gobernador Torres, en mayo de este año
La reforma chubutense eliminó los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial que garantizaban estas inmunidades judiciales y de arresto. Con esto, a partir de su promulgación el pasado 7 de noviembre, ningún funcionario, legislador, magistrado ni dirigente sindical gozan de protecciones especiales que impidan su arresto, allanamiento o proceso penal.
Torres impulsó esta medida bajo el concepto de que “nadie debe estar por encima de la ley”. Su argumentación se centra en que los fueros representan “privilegios injustificados” que crean ciudadanos de primera y segunda clase. Torres enfatizó que la reforma constituye “una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley” y describió los fueros como habiendo estado “de la mano de la desidia y la corrupción”.
El lema central de la campaña fue “Chubut sin fueros”, transmitiendo la idea de que eliminar estos privilegios avanzaría hacia mayor transparencia institucional y equidad.
Sin embargo, la reforma mantiene el “fuero de opinión”, la protección que resguarda la libertad de expresión de los representantes electos. Esta distinción es importante porque diferencia entre proteger la capacidad de hablar libremente en funciones públicas —que se mantiene— y proteger a las personas de la acción de la justicia por delitos comunes —que desaparece.
La consecuencia práctica más significativa es que ahora si una condena judicial contra cualquiera de estos funcionarios queda confirmada, puede ejecutarse inmediatamente sin necesidad de un desafuero o autorización legislativa adicional.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicales de Chubut (AMFJCH) sostuvo que los fueros no son privilegios personales, sino garantías institucionales necesarias para proteger la independencia judicial. Según esta perspectiva, los fueros no protegen a los jueces como individuos, sino que son mecanismos destinados a permitir que el Poder Judicial funcione sin presiones políticas, económicas o mediáticas.
Los magistrados argumentaron que eliminar los fueros “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial”y explicaron que estos fueros existen desde la antigüedad para proteger a los primeros parlamentarios de reyes todopoderosos. La idea es que sin estas protecciones, un ejecutivo poderoso podría usar la justicia como herramienta de represión contra jueces que toman decisiones que le desagradan.
Líderes gremiales argumentaron que los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que los representantes de trabajadores puedan reclamar y protestar sin miedo a represalias judiciales. Omar Unquén, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, advirtió que la eliminación “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.
Un argumento sindical interesante es que varios líderes señalaron que si un sindicalista comete un delito, la justicia ya puede actuar como con cualquier otro ciudadano. En otras palabras, el fuero no protege actos delictivos en flagrancia. La distinción es sutil pero importante, ya que los fueros protegen de represalias por actividades gremiales legítimas, no de investigaciones por delitos comunes.
Lo notable de este cambio es que fue legitimado democráticamente por los ciudadanos. La Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional en marzo de 2025, y luego se convocó a un referéndum vinculante donde los chubutenses debían decidir si respaldar o rechazar la medida.
Incluso cuando magistrados presentaron recursos judiciales intentando frenar la consulta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habilitó el referéndum, considerando que el proceso se ajustaba a los mecanismos constitucionales vigentes en la provincia. Con más de 280 mil votantes participando, quedó claro que los chubutenses, al menos mayoritariamente, preferían un sistema donde todos fueran iguales ante la ley.
El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.
Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.
Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.
El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.
En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.
Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.
“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.
El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.
La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.
Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.
El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.
Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
El encuentro, bajo el lema “Libertad interior a través de la espiritualidad”, propone hacer una pausa en medio de la rutina para mirar hacia adentro y recuperar serenidad, claridad y fortaleza en la vida diaria.
Será el lunes 24 de noviembre, de 18 a 20 hs, en el Teatro El Nacional(Av. Corrientes 960, CABA), con participación sin cargo e inscripción previa a través de libertadinterior.org.ar.
La propuesta surge de una dificultad que muchos reconocen: la sensación de no poder gobernar las propias emociones: “La espiritualidad nos ayuda a recorrer el mundo interno para comprender y experimentar el yo intrínseco. La primera relación en la vida es con nuestro ser interior, y si este es disfuncional, todo se contamina, por dentro y por fuera”.
En uno de sus relatos, Charlie Hogg cuenta la historia de un preso en Sídney que, dominado por la ira, llegó a quitar una vida fuera de la cárcel y otra dentro de ella. Un solo segundo de emoción intensa anuló su razonamiento y marcó su destino. A partir de experiencias como esa, Hogg explica que la espiritualidad y la meditación no son “teorías abstractas”, sino herramientas concretas para dejar de reaccionar impulsivamente y evitar acciones que luego traen años de culpa, dolor y arrepentimiento.
En esta edición especial, la directora de Brahma Kumaris Argentina, Moira Lowe, dialogará en vivo con el maestro Hogg sobre cómo liberarse del estrés, las dependencias y los condicionamientos internos para vivir con más paz, amor y autenticidad. Juntos explorarán la ley del karma, el poder de elegir pensamientos más sanos y la posibilidad de volver a sentirse dueño del propio mundo interior.
Además de la charla y los momentos de meditación guiada, el encuentro ofrecerá un cierre artístico especial: la participación de Patricia Sosa y la música en vivo del grupo Circular, que acompañarán con canciones y melodías pensadas para profundizar la experiencia de calma y conexión interior.
Brahma Kumaris es un movimiento espiritual mundial dedicado a la transformación personal y a la renovación del mundo. Fundado en India en 1937, desarrolla su propuesta educativa a nivel global mediante actividades que promueven el desarrollo y la plenitud del ser interior.
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Charlie Hogg es uno de los principales maestros de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, director nacional de Brahma Kumaris en Australia y miembro del equipo internacional que acompaña el trabajo espiritual de la organización en más de 100 países. Con más de cuatro décadas de práctica diaria de meditación Raja Yoga, ha ofrecido conferencias y retiros en alrededor de 80 naciones, acercando de manera simple y profunda la filosofía del karma y el arte de pensar mejor.
Por su parte, Moira Lowe dirige la Universidad Brahma Kumaris en Argentina y Paraguay y lleva casi 40 años dedicada al servicio voluntario, coordinando actividades en el país y brindando cursos y seminarios sobre calidad de vida y meditación en América Latina, Europa, India, Sudáfrica y Australia.
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El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) emitió una grave advertencia y prohibió el consumo de agua en diez municipios bonaerenses, tras actualizar su “Mapa de Arsénico” y detectar niveles tóxicos de este químico.
El estudio se basó en la recolección de más de 350 muestras de agua y confirmó que los valores de arsénico superaron los parámetros considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, con una situación que afectó directamente a más de veinte municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
El informe clasificó las zonas según su nivel de peligrosidad mediante un sistema de colores: el verde indicó agua segura, el amarillo advirtió sobre posibles enfermedades y el rojo marcó el escenario más crítico, donde se prohibió explícitamente beber el agua o utilizarla para cocinar.
Mapa de Arsénico en Argentina
– Podes acceder al mapa del ITBA haciendo click en esta imagen
Diez localidades quedaron en la “zona roja”, con la recomendación directa de no consumir agua de red ni de pozo. Entre ellas se encontraron Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Además, el estudio identificó otras diez localidades en “zona amarilla”, donde la población debió permanecer atenta: General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Baradero, Salliqueló y La Plata, junto a otros municipios del Gran Buenos Aires.
Según el trabajo de los expertos, las personas quedaron expuestas al arsénico a través del agua que ingirieron de forma directa o que usaron para cocinar, regar y realizar actividades industriales. La ingesta sostenida en el tiempo de agua con niveles elevados de arsénico, por encima de los límites fijados por la OMS, incrementó el riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta patología se vinculó con cuadros graves como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga y de riñón, enfermedades cardiovasculares, tos crónica y/o persistente, fibrosis pulmonar y alteraciones neurológicas, especialmente en niños.
Un aspecto que el informe consideró preocupante fue que el arsénico careció de olor y sabor, de modo que el agua contaminada pudo verse cristalina y parecer segura. Para detectar la presencia del químico y definir si era necesario instalar sistemas de potabilización, el ITBA subrayó que resultó fundamental analizar periódicamente el agua que salió por la canilla, aun cuando cumpliera con otros parámetros de potabilidad vigentes.
El “Mapa de Arsénico” del ITBA se presentó como una herramienta esencial para monitorear la presencia de este elemento en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo del país. El Instituto anunció el relanzamiento del mapa, que ofreció una visión detallada de la distribución de arsénico y se consolidó como referencia tanto para investigadores como para la población en general, al brindar datos accesibles y confiables sobre un problema de salud pública de alta relevancia. La actualización mejoró la interfaz y la accesibilidad del recurso gracias al trabajo de la alumna Lucía Digón, de la carrera de Ingeniería Informática.
El proyecto quedó bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, y contó con la colaboración del Dr. Jhon Alejandro Ávila, docente de la institución y Responsable del Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA). Ávila llevó a cabo todas las mediciones, su actualización y la comunicación de los resultados. Durante la pandemia, la recepción de nuevas muestras disminuyó drásticamente y, en ese contexto, el ITBA relanzó un llamado a la comunidad para que se sumara nuevamente a la iniciativa y permitiera seguir actualizando el mapa con datos precisos.
“Somos una universidad comprometida con el desarrollo del país y con este tipo de proyectos buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura”, comentó Stripeikis.
El estudio advirtió que la presencia de arsénico en aguas subterráneas de la Argentina, en niveles superiores a los recomendados por la OMS, podía afectar potencialmente a más de cuatro millones de habitantes. El ITBA destacó que esta exposición se registró principalmente en la llanura Chaco-Pampeana y en zonas andinas de Cuyo y del NOA, aun cuando el agua cumpliera con otros parámetros establecidos para considerarse potable.
Stripeikis detalló el origen mayoritariamente natural del problema: “La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata. Además, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”.
Tras el estudio del ITBA, estas regiones quedaron bajo una alerta por la gran cantidad de arsénico presente en el agua, en especial en áreas donde la población accedió casi exclusivamente a aguas subterráneas. El relevamiento señaló como zonas afectadas a casi el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires —sobre todo el corredor de la ruta 5 (9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen) y áreas cercanas a Mar del Plata—, al sur de Córdoba y Santa Fe, a gran parte de La Pampa y Mendoza y a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Un informe del ITBA emitió una grave advertencia y prohibió beber o cocinar con agua de red y de pozo en diez municipios bonaerenses, tras actualizar el Mapa de Arsénico y detectar niveles de arsénico por encima de los límites de la OMS en más de veinte distritos y otras regiones del país.
El periodista trazó un duro diagnóstico de la decadencia cultural y educativa, e instó a construir una derecha arraigada en los barrios y unida frente a la “lacra progresista”.
Brahma Kumaris Argentina invita el lunes 24 de noviembre a una charla abierta y gratuita en Buenos Aires, con diálogo entre Moira Lowe y el maestro internacional de meditación Charlie Hogg, más la participación artística de Patricia Sosa y la música en vivo de Circular.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
