20 junio, 2025

El gobierno de Schiaretti en CRISIS por la muerte de bebés en hospital de Córdoba

La oposición pidió la salida del ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo. Enojos en Juntos con García Moritán por acaparar la protesta en el hospital y con Schiaretti por su denuncia para despegarse del caso.
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La oposición de Juntos por el Cambio pidió la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardozo, como consecuencia del fallecimiento de cinco bebés y las lesiones graves de otros ocho en el hospital Materno Neonatal de Córdoba, que se encuentran siendo investigados por la justicia cordobesa. 

Tras la notoriedad del caso y los anuncios de la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón, el arco opositor integrado por radicales, el PRO, juecistas, Coalición Cívica y liberales convocó a una conferencia de prensa para pedir la salida del titular de la cartera sanitaria. 

Diego Cardozo, ministro de Salud de Córdoba.

“Le solicitamos con respeto, consideración y estima pero enérgicamente al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, que le pida la renuncia al Ministro de Salud. No podemos tolerar semejante hecho de encubrimiento”, demandó Luis Juez, acompañado por Rodrigo de Loredo, Mario Negri y Ramón Mestre, entre otros referentes de los partidos que conforman la alianza en Córdoba.

Por su parte, De Loredo señaló: “Exigimos el apartamiento del cargo del ministro de Salud; pedimos que la intervención al Neonatal esté a cargo de una dirección que no se corresponda con la actual línea ministerial”. Y agregó: “cuestionamos la actitud obstruccionista y cínica del gobierno provincial de constituirse como querellante en una causa cuya investigación debe ser independiente y autónoma”.

Dos hechos fueron notorios en el acto. Por un lado, la ausencia de los referentes del PRO que responden a Mauricio Macri, como Gustavo Santos y Soher El Sukaría. Por el otro, la presencia del legislador porteño Roberto García Moritán.

Mediante una conferencia de prensa exigieron la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardozo.

El legislador llegó a Córdoba para anticiparse al desembarco del líder de su espacio, el diputado Ricardo López Murphy, que tendrá lugar en los próximos días. Allí se mostró muy cercano a Martín Carranza Torres, líder del Partido Republicano que en Córdoba respalda a Juez.

Sin embargo, el paso por Córdoba terminó en escándalo. Al finalizar la conferencia de prensa en un hotel céntrico, se dirigió hasta el hospital donde un grupo numeroso de mujeres reclamaban por la muerte de los bebés. Allí ingresó al despacho del director Esteban Ruffin, designado la semana pasada luego de conocerse la investigación judicial. Además, tildó de “cobarde” al propio fiscal Garzón.

Este protagonismo no cayó bien a algunos socios cordobeses de Juntos. Así como tampoco hubo conformidad plena con la decisión de Schiaretti de denunciar penalmente a funcionarios de su propio gobierno, ya que en la oposición lo vieron como un intento de despegarse de la responsabilidad que le cabe a su gestión por el caso.

Madres y abuelas marchan para pedir justicia por la muerte de los bebés.

De todos modos, la ausencia del resto del PRO y la del líder del bloque de Juntos en la Legislatura, como Orlando Arduh, fueron otro síntoma de la crisis de unidad a la hora de criticar al gobierno de Schiaretti.

Asimismo, se conoció en las últimas horas que la fiscalía de Garzón descartó como querellante al Gobierno provincial. Decisión que había cobrado especial expectativa tras el pedido del propio Ejecutivo que encabeza Schiaretti.

Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial del 60% a los residentes, pero los gremios se oponen

Tras días de reclamos, la administración del Hospital Garrahan comunicó este domingo que el sueldo de los médicos residentes se elevará a la suma de $1.300.00 a partir del 1 de julio, pero los gremios se oponen porque no engloba al 90% restante del personal

La Junta Interna de ATE comunicó este mediodía que la suba salarial solo para los residentes excluye al resto de los trabajadores “de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”. Por ende, el gremio llevará a cabo una asamblea general este martes.

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO?

En el comunicado, la cúpula del nosocomio advirtió que desde este mes implementará un sistema biométrico para controlar la presencialidad laboral y avisó que a partir de mañana, quien no trabaje será despedido.

Este sector cobraba $797.000 hasta este mes. Sobre ese monto, percibirá unos $500.000 de aumento. Es decir, un 60%. Con el mismo, el Gobierno busca desactivar las asambleas de los empleados del hospital, en especial, las de los médicos residentes, que se preveían para mañana y el resto de la semana.

En paralelo, a este anuncio, la administración del Garrahan reiteró su postura de seguir con la auditoria sobre el nosocomio: “Estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos”, afirmó en el comunicado.

El aumento hacia los $1.300.000 había sido trascendido el viernes por la tarde. Desde el Ejecutivo tenían pensado anunciarlo ese día, pero se postergó hasta este domingo.

Desde el Gobierno minimizan que el incremento salarial sea resultado de las medidas de fuerza de los trabajadores  y alegan que se enmarca en una planificación presupuestaria estipulada para esta altura del año, a su vez apunta contra una presunta casta sindical como chivo expiatorio para sus políticas sobre el nosocomio.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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ENTRE RÍOS | Media sanción en Diputados para modernizar el Consejo de la Magistratura

Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.

Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.

Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.

Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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El Gobierno lanzó el Plan Guacurarí para reforzar seguridad en la frontera con Brasil

El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.

“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.

La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.

La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”

La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo. 

Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.

El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.

Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.

Redacción

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La Justicia Electoral de Misiones no dejará votar a los policías ni a los penitenciarios

En la previa a las elecciones provinciales del 8 de junio, la Justicia Electoral de Misiones tomó la decisión de excluir del padrón electoral a policías y agentes penitenciarios. Esta medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, se aplicó con el argumento de que estos funcionarios no deben participar en los comicios mientras estén en servicio activo.

La disposición recibió críticas desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la medida y argumentaron que vulnera el derecho al sufragio consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalan que en elecciones anteriores, los miembros de las fuerzas de seguridad habían votado sin restricciones, lo que plantea dudas sobre la motivación y la oportunidad de esta exclusión.

El caso de Ramón Amarilla, ex suboficial de la policía y actual candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores, cobró especial relevancia en este contexto. Amarilla, detenido desde septiembre en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, enfrenta una impugnación a su candidatura por parte del fiscal electoral Flavio Morchio, quien argumenta que su situación procesal lo excluye del padrón electoral. Sin embargo, su defensa sostiene que la ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser elegido, y que Amarilla figura en el padrón provisorio, lo que respaldaría su postulación.

– Ramón Amarilla

La medida adoptada por la Justicia Electoral de Misiones también ha sido criticada por su implementación. Se reportaron casos en los que se habría ordenado la retención de documentos de identidad a efectivos policiales para impedir su participación en los comicios, lo que se interpretó como una forma de coacción y una vulneración de derechos fundamentales.

Desde el oficialismo provincial la medida fue tomada como una forma de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, la falta de una aplicación consistente de esta disposición en elecciones anteriores y la ausencia de una justificación clara alimentaron las sospechas de que podría tratarse de una maniobra política para influir en los resultados electorales.

Redacción

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Presentaron un informe sobre programas sociales en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió las puertas del Salón de los Pasos Perdidos para revelar en detalle cómo avanzaron, durante 2024, los programas provinciales de economía social. El informe llegó de la mano de la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano y reunió a legisladores, funcionarios y personal parlamentario con un objetivo central: transparentar números y alcances de las políticas que buscan fortalecer los emprendimientos de base y el trabajo genuino en toda la provincia.

El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, encabezó la presentación junto al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y la directora general de Economía Social, Bárbara Erbes.

Esta es una buena oportunidad para compartir la información con los diputados, que son agentes de territorio y a quienes llegan las inquietudes y tienen la necesidad de dar respuestas. Este acontecimiento nos brinda la posibilidad de hablar con certeza”, introdujo Hein antes de ceder la palabra a los técnicos de Desarrollo Humano.

Hein subrayó también el rol del parlamento como motor de iniciativas en favor de la comunidad: “Desde la Cámara, con el acompañamiento de los diputados y la disposición de los trabajadores, intentamos ser una usina de ideas para ser útiles a la sociedad entrerriana”.

Al detallar la estrategia oficial, Omarini enfatizó la necesidad de orientar las políticas sociales hacia una cobertura amplia y equitativa: las ayudas puntuales —advirtió— resultan insuficientes si no avanzan hacia la universalización. “Generamos políticas de activación para quienes llevan adelante un microemprendimiento, mediante tres puntos básicos: la capacitación, el financiamiento y la comercialización”, precisó, y recalcó que el esquema se apoya a la vez en la federalización de recursos y en la transparencia de la gestión.

Con la mirada puesta en 2025, los funcionarios coincidieron en que la continuidad y el fortalecimiento de los programas de economía social dependerán de mantener el flujo de información pública y de sumar propuestas que acerquen herramientas concretas a emprendedores de cada rincón de Entre Ríos.

Redacción

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