El gobierno de Salta mandó a reprimir a los docentes que reclamaban por mejoras salariales
Los educadores realizaban una protesta en la ruta nacional 9 cuando fueron sorprendidos por la violencia policial enviada por la gobernación de Gustavo Sáenz.
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Autoconvocados de la Educación y Salud marcharon este lunes en rechazo al acuerdo arribado por los gremios que conforman la Intergremial. La movilización ocasionó un caos en diversas zonas del centro salteño, con cortes totales del tránsito y el desvío de diferentes líneas de colectivo.
El Gobierno de la Provincia y la mesa paritaria docente cerraron un nuevo acuerdo salarial hasta el mes de julio. A los 35,5 por ciento acordados hasta mayo se le suma un 34 a pagarse de manera escalonada, el 12 con los salarios de mayo, y el 11 a pagarse con los sueldos junio y julio respectivamente.
Una de las imágenes de la marcha en Salta.
Además, de un bono de 60 mil pesos a pagarse en 2 veces en los meses de julio y agosto. Este mismo aumento regirá para las asignaciones familiares.
Los autoconvocados rechazaron el acuerdo gremial con el Gobierno y entienden que los aumentos que reciba Educación se extenderán a toda la Administración Pública y consideran que “son insuficientes”.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó este miércoles 2 de abril del desfile militar en conmemoración de los 43 años de la guerra de Malvinas, realizado en dependencias del Ejército argentino en Paraná. En ese marco, llamó a reivindicar a quienes participaron de la gesta y se comprometió a continuar trabajando para “corregir errores del pasado”.
“Es un día muy especial, con mucho sentimiento. Estar al lado de nuestros héroes es honrar este lugar que nos dio la ciudadanía de representarla a través de la Cámara de Diputados”, sostuvo Hein.
Asimismo, remarcó la necesidad de acompañar todos los días a los veteranos de guerra y de reconocer su accionar. “Son en estos momentos donde la política tiene que reivindicar a nuestros héroes. Estamos intentando corregir errores del pasado y, por supuesto, poner siempre en valor esa historia marcada a fuego allá en el teatro de operaciones que fueron nuestras islas”.
“Por supuesto que siempre estaremos en deuda con ellos. Muchas veces las palabras cayeron en saco roto, por lo que intentamos actuar con hechos; sin hablar tanto, pero sí haciendo lo que tenemos que hacer”, agregó.
Oscar Eguías, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná, reflexionó luego sobre este fecha: “Es un día de muchas emociones encontradas. Es imposible describir lo que sentimos. A veces me pregunto por qué el 2 de abril nos decimos feliz día. Es una jornada con muchas lágrimas y muchos recuerdos”.
“Tenemos un gobierno que nos escucha, provincial y municipal, que están trabajando de la mano para poder solucionar los temas que han quedado en el olvido en muchas otras etapas. Agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados y al gobernador Rogelio Frigerio. Hay cosas que llevan su tiempo y van saliendo, pero no nos olvidemos del gran abandono que hubo con respecto a esta causa. Así que ponerla en valor va a costar, pero juntos lo vamos a hacer”, continuó Eguías.
“Estoy feliz porque pude ver flamear nuestra bandera en Malvinas durante 74 días y tuvimos la suerte de volver y poder manifestar el honor que nos merecen nuestros 632 héroes que dieron la vida, entre ellos 36 entrerrianos, y porque hoy tenemos un gobierno que nos escucha y que nos atiende. Hay cosas para seguir mejorando, pero estamos confiados en que vamos a lograr nuestros objetivos”, agregó Héctor Rosset, director de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná.
Por su parte, emocionado, el veterano Luis Oris comentó: “La guerra es muy triste. Ahí uno se da cuenta y se pregunta para qué nos peleamos a veces. Hay que sumar y no restar”.
El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto a la intendenta Rosario Romero y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leonardo Portela. También estuvieron presentes los diputados Jorge Maier, Liliana Salinas y Carolina Streitenberger; la secretaria de la Cámara de Diputados, Julia Garioni, ministros y otras autoridades.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja entrerriana dio este martes un paso decisivo para modernizar dos herramientas clave de control y selección judicial. Con dictamen favorable, los diputados dejaron listo para el recinto el proyecto que actualiza la Ley 11.003 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) y un texto que fija plazos y sanciones para los requerimientos de datos que el Parlamento dirige a los demás poderes del Estado.
El tratamiento fue presidido por la diputada radical Gabriela Lena, quien confirmó que “ya reunimos las firmas necesarias como para poder ingresarlo y que sea tratado en el recinto”. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se enriqueció con aportes de legisladores, especialistas y representantes de las instituciones que integran el CMER.
El dictamen propone agilizar los concursos hoy paralizados y garantizar mayor independencia a quienes resulten designados. “Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
En cuanto a la integración del organismo, el nuevo texto asegura representación del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios judiciales, trabajadores del Poder Judicial, el sector académico y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia. Sobre este último punto, la diputada aclaró: “En cuanto a la representación de las universidades, que fue uno de los temas más debatidos, se le da prioridad a aquellas que tengan asiento en la provincia de Entre Ríos”.
La comisión también avanzó con el proyecto presentado por la vicepresidenta primera de la Cámara, Andrea Zoff, que reglamenta el derecho parlamentario a requerir información a los otros poderes, previsto en los artículos 117 y 204 inciso F de la Constitución provincial. “Este proyecto busca regular y reglamentar el procedimiento para pedidos de informes”, señaló la legisladora.
La propuesta obliga a que las respuestas sean “claras, completas y documentadas”, fija un plazo de quince días hábiles —prorrogable por igual término en casos complejos— y establece consecuencias concretas ante la mora: si el organismo intimado no responde, la Presidencia de la Cámara requirente deberá insistir; de persistir el incumplimiento, se habilitará la vía judicial y se configurará causal de mal desempeño para los funcionarios responsables.
Zoff advirtió que “hay muchos pedidos que si la respuesta llega tarde o no llega, deja de tener sentido contar con esta herramienta”, y destacó que la publicación de los informes en la página web de la Cámara reforzará la transparencia: “No solamente los legisladores vamos a contar con esta información, sino que también podrá tener acceso a ella cualquier ciudadano”.
Con dictamen en mano, ambos expedientes quedaron listos para ser incluidos en el temario de la próxima sesión. Si el pleno acompaña, Entre Ríos contará con un Consejo de la Magistratura renovado y con un marco legal que blinda el rol de control parlamentario frente a la opacidad administrativa.
Las dificultades presupuestarias para cubrir el servicio eléctrico en las universidades nacionales fueron eje de debate en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien recibió a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Durante la reunión, se analizaron posibles soluciones que permitan asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, así como la implementación de energías alternativas a mediano y largo plazo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió este lunes al rector de la UNER, Andrés Sabella, y al decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere. En forma virtual, participaron además los responsables de la UTN en Concordia, José Jorge Penco, y de Concepción del Uruguay, Martín Herlax. El principal objetivo del encuentro fue abordar la problemática de los costos de la energía que afectan a las universidades y las alternativas para superar este escenario.
“Es una problemática que traspasa la cuestión netamente provincial, pero que nos imcumbe como entrerrianos”, expresó Hein. “Vemos con mucho asombro una reducción fuerte en educación en el nivel superior, que es pilar fundamental de una Nación, por lo cual hay que fortalecerla”, reflexionó.
El funcionario remarcó que Entre Ríos se encuentra en desventaja frente a otras provincias de la Región Centro en cuanto a los fondos destinados a las universidades nacionales. “Nos preocupa y nos ocupa. Estamos con un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y será tratado en la Cámara de Diputados. Es lo que siempre el gobernador (Rogelio Frigerio) nos ha pedido: meternos en los temas que nos importan a los entrerrianos, porque si bien son universidades nacionales, quienes van a esas universidades son entrerrianos. Por eso tenemos que ver en qué podemos ser útiles desde la Cámara”.
Por su parte, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, calificó la reunión como muy positiva: “Fue una reunión muy positiva. El presidente de la Cámara de Diputados nos recibió recogiendo una iniciativa que presentamos el año pasado desde la UTN y la UNER, teniendo como principal preocupación los incrementos de los costos de la energía, que superan ampliamente las disponibilidades que tenemos para cubrirlos con el presupuesto que se nos destina desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación”, indicó.
Asimismo, destacó la importancia de pensar a futuro: “Analizamos las posibilidades para que tengamos producción de energías alternativas en el mediano y largo plazo, para no quedarnos sólo en la coyuntura. Estamos muy conformes porque se han atendido las realidades de todas las facultades”.
A su turno, el rector de la UNER, Andrés Sabella, agradeció la predisposición de Gustavo Hein al dar una respuesta inmediata a la solicitud de reunión. Subrayó que resulta necesario contemplar la situación tanto en el corto plazo como en el largo: “En segundo lugar, debemos atender la coyuntura: hoy la realidad es que los números del presupuesto universitario nacional son muy exiguos, han tenido una reducción significativa, y en ese sentido el costo de la energía pasa a tener un rol preponderante que nos hace suspender actividades que lleva adelante la universidad. Nos comprometimos a intentar encontrar algunas soluciones que nos permitan seguir funcionando de la mejor manera posible”, señaló.
Finalmente, Sabella resaltó la importancia de la colaboración provincial para acompañar a la comunidad estudiantil, mayormente entrerriana: “Más del 90% de nuestros estudiantes son entrerrianos, con lo cual ante una situación presupuestaria nacional que no atiende algunas cuestiones, el Estado provincial, en este caso la Cámara de Diputados, escucha para intentar ayudar a encontrar soluciones”.
En conjunto, los presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación superior y avanzar en iniciativas de producción de energías alternativas, de modo de garantizar la continuidad de las actividades académicas y de investigación, fundamentales para el desarrollo de la provincia y el país.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
Micaela Jara, directora de la sede de ANSES en Zapala (Neuquén) y referente local de La Libertad Avanza, generó controversia en redes sociales luego de publicar fotografías de su nuevo Ford Territory, cuyo valor estimado ronda los 47 a 50 millones de pesos.
En su cuenta de Facebook, la funcionaria agradeció el logro: “Si algo aprendí es que los sueños se trabajan. Gracias Diosito”.
Fuentes del mercado automotor consultadas por este medio confirmaron la cotización aproximada del vehículo. Jara, quien se presenta como licenciada en Comercio Internacional y estudiante avanzada de Derecho, mantiene una activa presencia en redes sociales de LLA y responde a la diputada nacional, Nadia Márquez.
El jefe regional de ANSES para Neuquén, Río Negro y La Pampa, Andrés Chialva, presentó oficialmente a Jara a través de un posteo en Instagram el 18 de julio de 2023.
Según trascendidos en redes, este sería el segundo auto 0 km que la funcionaria adquiere, luego de otro vehículo similar mostrado en mayo de 2024.
