El ex intendente platense Bruera y la diputada Tolosa Paz unidos por el “affaire”

El ex jefe comunal de La Plata deslizó un gesto de apoyo cuando la antigua edil local se candidateó en el Frente de Todos para el Congreso de la Nación.
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10 Years Experiences

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Lo que sucede en la micropolĆ­tica platense es sumamente grave en todos los aspectos, como por ejemplo los rumores oficiales de que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ex intendente platense Pablo Bruera tendrĆ­an cada tanto vĆ­nculos Ć­ntimos. A causa de dicho “affaire”, en las elecciones del 2021 el ex alcalde mostró apoyo polĆ­tico a la creadora de la frase “en el peronismo siempre se garchó“.

Se trata de un “salvavidas de plomo para el Frente de Todos”, segĆŗn indicaron fuentes oficiales a Data24. Asimismo, muchos indican la sorpresa de que sean tan cercanos desde el 2021 porque Bruera es un mariscal del derrotero polĆ­tico, el cual viene en picada desde el 2013, cuando promediando su segundo mandato quedó en el centro de la escena por el tuit de la mentira, que lo mostraba ayudando a los damnificados platenses de la trĆ”gica inundación del 2 de abril.

Maxi Telleri on Twitter: “Pablo Bruera ex intendente de la plata el que vacacionaba en Brasil mientras la ciudad estaba inundada y los platenses perdĆ­an todo, Bruera el que puso juegos en las plazas y cuando perdió sacó todo, el nefasto de Bruera haciendo campaƱa para Tolosa Paz pic.twitter.com/KHsxwsgiIm / Twitter”

Pablo Bruera ex intendente de la plata el que vacacionaba en Brasil mientras la ciudad estaba inundada y los platenses perdían todo, Bruera el que puso juegos en las plazas y cuando perdió sacó todo, el nefasto de Bruera haciendo campaña para Tolosa Paz pic.twitter.com/KHsxwsgiIm

Lo que vino despuĆ©s fue una estrategia de supervivencia que tuvo como principal motor al ex edil Gabriel Bruera, “la pata militante” del espacio, que cada vez tiene menos inserción en el esquema de poder de la Octava Sección. Cabe subrayar que “Los Bruera” aĆŗn mantienen la “conducción” del Partido Justicialista (PJ), que estĆ” en virtual estado vegetativo, pero en diciembre los afiliados deberĆ”n elegir autoridades. El manejo de la sede de la Calle 54 es compartido con el camporismo, con pujas intestinas y contrapuntos mediantes que no hicieron mĆ”s que debilitar al espacio del fundador del ya extinto Frente Renovador Platense.

Relaciones Ć­ntimas

A quienes conocen el paƱo de la polĆ­tica local, no les sorprendió en demasĆ­a la expresión de apoyo a Tolosa Paz de Bruera. “EstĆ”n desesperados y ahora son capaces de disfrazarse de albertistas”, razonan a la distancia.

TambiĆ©n recuerdan lo que fue un secreto a voces: el clandestino acercamiento Ć­ntimo que tuvo “Vicky” con el hermano menor del ex intendente, Mariano Bruera. ĀæEl “affaire” de la mujer de Enrique “Pepe” Albistur y quien manejaba la calle en el esquema de poder bruerista fue la semilla germinal de esta nueva movida?

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El malestar social alcanzó un récord negativo en febrero

El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos aƱos, segĆŗn el Ćŗltimo ƍndice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital SeĆŗl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.

El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses mÔs bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó ademÔs 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel mÔs alto de menciones espontÔneas de toda la serie.

El estudio tambiĆ©n registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del paĆ­s y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrĆ”s, sino que aĆŗn podrĆ­a estar por venir”.

La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el mÔximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.

El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente mÔs altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.

La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanĆ­a que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el anĆ”lisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

El trabajo tambiĆ©n seƱaló que el oficialismo conservó un nĆŗcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el anĆ”lisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, mĆ”s que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

Devolviendo favores: los beneficios estatales de Milei para blindar por dƩcadas a su amigo Eduardo Elsztain

El bĆŗnker del Libertador y el financiamiento

La relación entre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante mÔs de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.

Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dÔdivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios mÔs poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.

Milei y Elsztain en una sinagoga.

La construcción del candidato

Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.

Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.

Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.

Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”

La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso mÔs paradigmÔtico fue la designación de NicolÔs Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar mÔs de 46.000 inmuebles públicos.

Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.

A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.

NicolƔs Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador PorteƱo.

El botĆ­n minero y el escudo del RIGI

Bajo la arquitectura legal del RĆ©gimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 aƱos para sus apuestas mĆ”s ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inĆ©ditos para proyectos como HualilĆ”n en San Juan y El Quevar en Salta. Este Ćŗltimo, un yacimiento de “plata pura” considerado una rareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un aƱo.

Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.

Yacimiento de plata “El Quevar”.

La Argentina S.A.

La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho mÔs que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.

El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democrÔticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegio estatal que redefine los cimientos de la economía nacional.

*Por Augusto Grinner

SALUD | La crisis se agiganta con una denuncia por extorsión contra funcionario de Kreplak

La dirección de Emergencias y CatĆ”strofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce NicolĆ”s Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El Ć”rea —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.

El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un Ôrea estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catÔstrofes.

La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno

Uno de los cambios mĆ”s significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y CatĆ”strofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allĆ­ funciona parte del despliegue logĆ­stico de emergencias provinciales.

Sin embargo, segĆŗn pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del Ć”rea, las condiciones edilicias del lugar serĆ­an crĆ­ticas. ā€œEl exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. EstĆ” en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y mĆ©dicosā€, relataron fuentes con aƱos de antigüedad en el servicio.

– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación

SegĆŗn la descripción, los baƱos centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio bĆ”sico, mientras que el resto del personal ā€œno tiene forma de higienizarseā€. ā€œA veces en los techos se escuchan ratasā€, agregaronó. AdemĆ”s, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y ā€œnunca estuvieron destinados a albergar personalā€.

En paralelo, el reordenamiento interno habrĆ­a profundizado tensiones preexistentes: ā€œSacaron al coordinador que tenĆ­amos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos mĆ©dicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peorā€, aseguraron profesionales.

– Los dormitorios estĆ”n conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz

En el mismo sentido, seƱalaron que la situación impactó tambiĆ©n en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): ā€œPersonalmente hace mĆ”s de 15 aƱos que trabajo ahĆ­ y la estoy pasando muy malā€, agregó una profesional, que continĆŗa en funciones y pidió reserva de identidad.

Otro de los puntos seƱalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. ā€œCobramos dos veces SAMO, pero no sĆ© quĆ© hacen con la plata, no hay controlā€, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no estĆ” encuadrado bajo el rĆ©gimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —segĆŗn explicó— de una tarea ā€œmucho mĆ”s insalubre y peligrosaā€.

– BaƱos con duchas improvisadas y el menĆŗ del dĆ­a

Conducción y designaciones cuestionadas

Las crĆ­ticas tambiĆ©n alcanzan al estilo de conducción del Ć”rea. ā€œSe maneja como patrón de estancia, diciĆ©ndote cosas como ā€˜si no te gusta ahĆ­ estĆ” la puerta’ o ā€˜lo hacĆ©s porque lo digo yoā€™ā€, afirmó la mĆ©dica.

SegĆŗn su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habrĆ­a incorporado mĆ©dicos reguladores que ā€œnunca trabajaron con nosotros y les falta capacitaciónā€, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones crĆ­ticas.

ā€œEstĆ”n en el ministerio sentados en oficinasā€, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las mĆ©dicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustarĆ­a a la dinĆ”mica general de emergencias.

Operativos bajo tensión

Las crƭticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahƭa Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas seƱalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.

SegĆŗn los relatos, durante los recambios de equipos cada tres dĆ­as se realizaban encuentros que incluĆ­an celebraciones y expresiones polĆ­tico-partidarias, mĆ”s propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un Ć”rea que deberĆ­a operar bajo estrictos criterios tĆ©cnicos y sanitarios.

Chaparro Fresco, denuncia y antecedente

En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del Ć”rea, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio PĆŗblico Fiscal de La Plata y ya cuenta con nĆŗmero de expediente.

SegĆŗn pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una mĆ©dica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. ā€œMe amenazó con un sumario si no me ibaā€, afirmó la mĆ©dica.

– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco

AdemĆ”s de la presentación penal, la profesional indicó que tambiĆ©n realizó una denuncia ante el Colegio de MĆ©dicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ɖtica. ā€œLa denuncia estĆ” en fiscalĆ­a, no sĆ© en quĆ© instanciaā€, aseguró.

El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el Ć”mbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra MĆ©dico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Gilesya habĆ­a sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clĆ­nicas privadas.

Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente tambiĆ©n figuraba su nombre.

– Jerónimo Chaparro Fresco

Silencio oficial

Mientras todo esto ocurre, profesionales del Ć”rea advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención MĆ©dica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones crĆ­ticas.

El conflicto en Emergencias se suma asĆ­ a un escenario mĆ”s amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los Ćŗltimos aƱos tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.

En distintos sectores del Ć”mbito mĆ©dico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras tĆ©cnicas. Las crĆ­ticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad polĆ­tica antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como ā€œcamporizaciónā€ de Ć”reas sensibles del estado.

La dirección de Emergencias y CatĆ”strofes, por su rol estratĆ©gico en la atención de desastres y situaciones crĆ­ticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.

*Fuente: REALPOLITIK

ESCÁNDALO EN BARILOCHE: El chofer del intendente golpeó a un vecino que se manifestaba durante la apertura de sesiones

La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escÔndalo con denuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés

Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto polĆ­tico y social por el futuro del Cerro Catedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA (Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parĆ”metros urbanĆ­sticos en esa zona. 

El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parÔmetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta OrgÔnica prevista para este año.

Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.

TambiĆ©n un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. ā€œEstĆ”bamos acĆ” adentro, reclamando pacĆ­ficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entrĆ© me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mĆ­, a lo que me contestan que sĆ­, que me cuide, que despuĆ©s nos ibas a cruzarā€.

Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.

La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la SubcomisarĆ­a 55 de Playa Serena. SegĆŗn la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que ā€œsiendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompaƱado con un grupo, desde que entrĆ© a la asamblea gente allegada al intendente Walter CortĆ©s me rodearon y comenzaron a increparme invitĆ”ndome a salir fuera y amenazĆ”ndome con que ya nos Ć­bamos a cruzarā€.

De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue CĆ©sar Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter CortĆ©s, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura polĆ­tica de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios bĆ”sicos de la categorĆ­a 19 mĆ”s zona frĆ­a, vigentes hasta que ā€œel Sr. Intendente disponga lo contrarioā€.

Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.

La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de CortĆ©s. ā€œFui testigo cómo el chofer de CortĆ©s le pegó una piƱa a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.

La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.

La PolicĆ­a de Mendoza podrĆ” usar su arma sin identificarse en situaciones de peligro inminente

La CÔmara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la CÔmara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.

Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.

La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el paĆ­s, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurĆ­dica” al personal policial.

Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.

En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.

La reforma amplió ademÔs el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.

En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la PolicĆ­a pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle quĆ© se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad fĆ­sica, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y tambiĆ©n la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, ademĆ”s, se seƱaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.

Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o tÔctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.

También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.

MartĆ­n Kerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaƱa el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actĆŗa ante el riesgo”.

Senador nacional de LLA es condenado por desmonte ilegal y deberƔ pagar mƔs de 101 millones de pesos

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague mÔs de $101 millones, mÔs intereses y costos judiciales.

Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climÔtico en el norte argentino.

ā€œHemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infraccionesā€, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas RodrĆ­guez.

Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.

Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectÔreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectÔreas en la zona del Quemado Nuevo.

En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió ā€œcon el fin de promover el desarrollo económico y social a travĆ©s de la ocupación del espacio fĆ­sico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativosā€.

La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podĆ­a ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que ā€œno es un salvoconducto para evadir sanciones ambientalesā€, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.

Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.

La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería invÔlida. El tribunal, tras analizarla, la declaró vÔlida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.

SegĆŗn la resolución, los desmontes investigados constituyen un ā€œcambio de uso de sueloā€ sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una ā€œdeforestación masivaā€ que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectĆ”reas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente PerĆ­n.

La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberÔ ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderÔ la resolución en las instancias siguientes.

Historial judicial

La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.

Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aĆŗn mĆ”s su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y estĆ” vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda ā€œGanaderos de Formosaā€, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. AllĆ­ se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrĆ­an sido desconocidos. En ese expediente la Justicia tambiĆ©n ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.

Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas mÔs amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.

AdemĆ”s, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas ā€œen negroā€, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. TambiĆ©n se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.

Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo InsfrÔn. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fÔcilmente verificadas mediante imÔgenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Regresó a LLA

Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como ā€œdiferencias irreconciliablesā€. En los hechos, una serie de crĆ­ticas pĆŗblicas a la conducción polĆ­tica y a decisiones estratĆ©gicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachĆ”ndolo de ā€œimpostorā€ e ā€œimpresentableā€.

El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este ā€œparte de la castaā€. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.

ā€œNo estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLAā€, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legĆ­timos y que incluso mantenĆ­a de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio polĆ­tico y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, ā€œLibertad, Trabajo y Progresoā€.

Posteriormente, integrarĆ­a su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la SecretarĆ­a General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.

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