El ex intendente platense Bruera y la diputada Tolosa Paz unidos por el “affaire”
El ex jefe comunal de La Plata deslizó un gesto de apoyo cuando la antigua edil local se candidateó en el Frente de Todos para el Congreso de la Nación.
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Lo que sucede en la micropolítica platense es sumamente grave en todos los aspectos, como por ejemplo los rumores oficiales de que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ex intendente platense Pablo Bruera tendrían cada tanto vínculos íntimos. A causa de dicho “affaire”, en las elecciones del 2021 el ex alcalde mostró apoyo político a la creadora de la frase “en el peronismo siempre se garchó“.
Se trata de un “salvavidas de plomo para el Frente de Todos”, según indicaron fuentes oficiales a Data24. Asimismo, muchos indican la sorpresa de que sean tan cercanos desde el 2021 porque Bruera es un mariscal del derrotero político, el cual viene en picada desde el 2013, cuando promediando su segundo mandato quedó en el centro de la escena por el tuit de la mentira, que lo mostraba ayudando a los damnificados platenses de la trágica inundación del 2 de abril.
Pablo Bruera ex intendente de la plata el que vacacionaba en Brasil mientras la ciudad estaba inundada y los platenses perdían todo, Bruera el que puso juegos en las plazas y cuando perdió sacó todo, el nefasto de Bruera haciendo campaña para Tolosa Paz pic.twitter.com/KHsxwsgiIm
Lo que vino después fue una estrategia de supervivencia que tuvo como principal motor al ex edil Gabriel Bruera, “la pata militante” del espacio, que cada vez tiene menos inserción en el esquema de poder de la Octava Sección. Cabe subrayar que “Los Bruera” aún mantienen la “conducción” del Partido Justicialista (PJ), que está en virtual estado vegetativo, pero en diciembre los afiliados deberán elegir autoridades. El manejo de la sede de la Calle 54 es compartido con el camporismo, con pujas intestinas y contrapuntos mediantes que no hicieron más que debilitar al espacio del fundador del ya extinto Frente Renovador Platense.
Relaciones íntimas
A quienes conocen el paño de la política local, no les sorprendió en demasía la expresión de apoyo a Tolosa Paz de Bruera. “Están desesperados y ahora son capaces de disfrazarse de albertistas”, razonan a la distancia.
También recuerdan lo que fue un secreto a voces: el clandestino acercamiento íntimo que tuvo “Vicky” con el hermano menor del ex intendente, Mariano Bruera. ¿El “affaire” de la mujer de Enrique “Pepe” Albistur y quien manejaba la calle en el esquema de poder bruerista fue la semilla germinal de esta nueva movida?
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La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja entrerriana dio este martes un paso decisivo para modernizar dos herramientas clave de control y selección judicial. Con dictamen favorable, los diputados dejaron listo para el recinto el proyecto que actualiza la Ley 11.003 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) y un texto que fija plazos y sanciones para los requerimientos de datos que el Parlamento dirige a los demás poderes del Estado.
El tratamiento fue presidido por la diputada radical Gabriela Lena, quien confirmó que “ya reunimos las firmas necesarias como para poder ingresarlo y que sea tratado en el recinto”. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se enriqueció con aportes de legisladores, especialistas y representantes de las instituciones que integran el CMER.
El dictamen propone agilizar los concursos hoy paralizados y garantizar mayor independencia a quienes resulten designados. “Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
En cuanto a la integración del organismo, el nuevo texto asegura representación del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios judiciales, trabajadores del Poder Judicial, el sector académico y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia. Sobre este último punto, la diputada aclaró: “En cuanto a la representación de las universidades, que fue uno de los temas más debatidos, se le da prioridad a aquellas que tengan asiento en la provincia de Entre Ríos”.
La comisión también avanzó con el proyecto presentado por la vicepresidenta primera de la Cámara, Andrea Zoff, que reglamenta el derecho parlamentario a requerir información a los otros poderes, previsto en los artículos 117 y 204 inciso F de la Constitución provincial. “Este proyecto busca regular y reglamentar el procedimiento para pedidos de informes”, señaló la legisladora.
La propuesta obliga a que las respuestas sean “claras, completas y documentadas”, fija un plazo de quince días hábiles —prorrogable por igual término en casos complejos— y establece consecuencias concretas ante la mora: si el organismo intimado no responde, la Presidencia de la Cámara requirente deberá insistir; de persistir el incumplimiento, se habilitará la vía judicial y se configurará causal de mal desempeño para los funcionarios responsables.
Zoff advirtió que “hay muchos pedidos que si la respuesta llega tarde o no llega, deja de tener sentido contar con esta herramienta”, y destacó que la publicación de los informes en la página web de la Cámara reforzará la transparencia: “No solamente los legisladores vamos a contar con esta información, sino que también podrá tener acceso a ella cualquier ciudadano”.
Con dictamen en mano, ambos expedientes quedaron listos para ser incluidos en el temario de la próxima sesión. Si el pleno acompaña, Entre Ríos contará con un Consejo de la Magistratura renovado y con un marco legal que blinda el rol de control parlamentario frente a la opacidad administrativa.
La abogada penalista y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico lanzó el jueves 1 de mayo su nuevo espacio político bonaerense en la Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA, adonde se trasladó a último momento luego de que el local original en San Martín se suspendiera “tres horas antes por presiones políticas”. Frente a más de 250 asistentes llegados de distintos puntos de la provincia, afirmó: “Nosotros no tenemos precio ni en septiembre ni en octubre”.
La exfuncionaria, que encabezó la UIF entre 2016 y 2020 bajo el gobierno de Mauricio Macri, reivindicó “los pilares de integridad, honestidad, empatía, diálogo y cercanía con el ciudadano” y se diferenció “de los que hacen acuerdos por debajo de la mesa”. Señaló que su objetivo radicó en “conformar una oferta electoral nítida, alejada de todos los actores que llevaron a Buenos Aires a su decadencia actual”.
En un discurso centrado en la producción y el trabajo, Talerico planteó: “Hoy somos potencia para defender a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que fueron abandonadas, a los jóvenes que tuvieron que dejar de estudiar, a las familias de cada barrio que sienten que los candidatos les dieron la espalda, cuando ya cada uno encontró su caja”. Agregó que su espacio “defenderá a los que les mintieron, al campo que sostiene a nuestra provincia, a los chacareros que pelean contra el clima, la burocracia, el cambio permanente de reglas de juego. Como las retenciones que nunca desaparecen”.
Para respaldar esa agenda, presentó a sus responsables temáticos: en Campo, Andrea Passerini, dirigente de CARBAP y productora tambera; en Infraestructura, Miguel Donadío, expresidente del Puerto de Bahía Blanca durante la gestión Cambiemos; en Justicia, Guillermo Morlacchi, fiscal retirado de Lomas de Zamora; en Seguridad, Carlos Manuel Álvarez, expolicía bonaerense; en Educación, Luis Di Stefano, secretario de Educación de General Pueyrredón; en Salud, Fernando Cichero, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández; y en Niñez, Giselle Continanzia, fundadora del hogar Mahatma de Mar del Plata.
Entre los colaboradores políticos que acompañaron el acto estuvieron el diputado nacional Ricardo López Murphy y el senador Francisco Paoltroni. También se sumaron los constitucionalistas Diego Armesto y Félix Lonigro, dirigentes agropecuarios, referentes sociales y cuadros técnicos de la excoalición Cambiemos.
Talerico cerró la jornada al reivindicar la ficha limpia como bandera: “Peleamos por la ficha limpia, porque corresponde y porque los argentinos merecemos candidatos de trigo limpio”. Desde la organización destacaron que “con fuertes definiciones y una gran convocatoria, este lanzamiento marcó el primer paso de una construcción política que promete dar pelea en todos los rincones de la provincia”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
