El ex intendente platense Bruera y la diputada Tolosa Paz unidos por el “affaire”
El ex jefe comunal de La Plata deslizó un gesto de apoyo cuando la antigua edil local se candidateó en el Frente de Todos para el Congreso de la Nación.
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Lo que sucede en la micropolĆtica platense es sumamente grave en todos los aspectos, como por ejemplo los rumores oficiales de que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ex intendente platense Pablo Bruera tendrĆan cada tanto vĆnculos Ćntimos. A causa de dicho “affaire”, en las elecciones del 2021 el ex alcalde mostró apoyo polĆtico a la creadora de la frase “en el peronismo siempre se garchó“.
Se trata de un “salvavidas de plomo para el Frente de Todos”, segĆŗn indicaron fuentes oficiales a Data24. Asimismo, muchos indican la sorpresa de que sean tan cercanos desde el 2021 porque Bruera es un mariscal del derrotero polĆtico, el cual viene en picada desde el 2013, cuando promediando su segundo mandato quedó en el centro de la escena por el tuit de la mentira, que lo mostraba ayudando a los damnificados platenses de la trĆ”gica inundación del 2 de abril.
Pablo Bruera ex intendente de la plata el que vacacionaba en Brasil mientras la ciudad estaba inundada y los platenses perdĆan todo, Bruera el que puso juegos en las plazas y cuando perdió sacó todo, el nefasto de Bruera haciendo campaƱa para Tolosa Paz pic.twitter.com/KHsxwsgiIm
A quienes conocen el paƱo de la polĆtica local, no les sorprendió en demasĆa la expresión de apoyo a Tolosa Paz de Bruera. “EstĆ”n desesperados y ahora son capaces de disfrazarse de albertistas”, razonan a la distancia.
El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos aƱos, segĆŗn el Ćŗltimo Ćndice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital SeĆŗl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.
El resultado perforó el piso de -13 puntos que se habĆa registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses mĆ”s bajos de la medición. SegĆŗn una de las comparaciones incluidas en el informe, el Ćndice quedó ademĆ”s 11 puntos por debajo de noviembre del aƱo pasado.
De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venĆan siendo detectados. La economĆa y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel mĆ”s alto de menciones espontĆ”neas de toda la serie.
La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del paĆs. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el mĆ”ximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.
El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente mÔs altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.
La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanĆa que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el anĆ”lisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.
La relaciónentre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante mĆ”s de 50 dĆas, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.
Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dĆ”divas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaƱa no declarados, acercando a los empresarios mĆ”s poderosos del paĆs para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.
Elsztain no sólo aportó logĆstica, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaĆsmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.
Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.
Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”
Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorĆas masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una polĆtica que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendĆa empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.
A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano CĆŗneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guĆa espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.
NicolƔs Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador PorteƱo.
Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.
La dirección de Emergencias y CatĆ”strofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce NicolĆ”s Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El Ć”rea āclave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)ā enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios mĆ”s significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y CatĆ”strofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allĆ funciona parte del despliegue logĆstico de emergencias provinciales.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación
SegĆŗn la descripción, los baƱos centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio bĆ”sico, mientras que el resto del personal āno tiene forma de higienizarseā. āA veces en los techos se escuchan ratasā, agregaronó. AdemĆ”s, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y ānunca estuvieron destinados a albergar personalā.
Las crĆticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en BahĆa Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas seƱalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del Ôrea, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.
El conflicto en Emergencias se suma asà a un escenario mÔs amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto polĆtico y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parĆ”metros urbanĆsticos en esa zona.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allà se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La DefensorĆa del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caĆda al piso de una mujer y de su hija de 9 aƱos, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión fĆsica a otro asistente.
La CĆ”mara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la PolicĆa provincial, y envió el proyecto nuevamente a la CĆ”mara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el paĆs, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurĆdica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
MartĆnKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaƱa el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actĆŗa ante el riesgo”.
El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague mÔs de $101 millones, mÔs intereses y costos judiciales.
Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climÔtico en el norte argentino.
āHemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infraccionesā, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas RodrĆguez.
Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.
Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectÔreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectÔreas en la zona del Quemado Nuevo.
La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podĆa ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa āvotos, intervenciones en el recintoā, pero que āno es un salvoconducto para evadir sanciones ambientalesā, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.
Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sà tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.
La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa serĆa invĆ”lida. El tribunal, tras analizarla, la declaró vĆ”lida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.
SegĆŗn la resolución, los desmontes investigados constituyen un ācambio de uso de sueloā sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una ādeforestación masivaā que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectĆ”reas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente PerĆn.
La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberĆ” ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La FiscalĆa de Estado afirmó que defenderĆ” la resolución en las instancias siguientes.
Historial judicial
La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.
Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso especĆfico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas mĆ”s amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.
Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución polĆtica impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo InsfrĆ”n. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fĆ”cilmente verificadas mediante imĆ”genes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este āparte de la castaā. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.
āNo estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLAā, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legĆtimos y que incluso mantenĆa de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio polĆtico y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, āLibertad, Trabajo y Progresoā.
Posteriormente, integrarĆa su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem āun operador de estrecha confianza de la SecretarĆa General de la Presidencia, Karina Mileiā quien gestionó su vuelta.
La investigación permitió vincular al sospechoso con otros golpes a trabajadores cometidos con un patrón similar en distintos puntos de la ciudad santafesina.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6