El Congreso se vuelca hacia los caprichos del kirchnerismo: Avances contra el bolsillo del contribuyente y por una Justicia sectaria

El Congreso tendrá a diputados y senadores debatiendo políticas fiscales, mientras el kirchnerismo presiona por la modificación de la Corte Suprema.
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En medio de la crisis financiera por la inflación y el creciente desempleo, el Congreso de la Nación se convierte en un pasquín del kirchnerismo por una semana. A esto hay que sumarle la tensión que se vive en Diputados por la Ley de Alquileres y el alivio fiscal para monotributistas que se tratará el próximo 30 de junio, los legisladores cargan los cartuchos para ir derecho al debate.

La intensión del kirchnerismo está en aplastar con mayores restricciones aquello que se le logra cobrar a los evasores en casos de “fuga de dólares y evasión impositiva”, entre otros ejemplos. El proyecto del oficialismo ya cuenta con media sanción del Senado y logró dictamen. En tanto la oposición tiene otros 2.

Dicho proyecto originado desde los sectores K, se encuentra listo para ser tratado y “ofrece” a los evasores la posibilidad de formalizar esos capitales a cambio de una multa del 20 por ciento de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los 6 meses de la aprobación de la ley, la multa sería del 35. ¡Más poder para la enorme bota del Estado!

REUNIÓN POLÍTICAS FISCALES PARA EL NOA 22-06-22

Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino” Organiza el senador nacional Pablo Yedlin.

En tanto, la oposición pide detalles para saber el pago de qué deuda aportaría este Fondo Monetario Internacional (FMI). Si a la actual, aquella contraída por el Gobierno de Mauricio Macri o la que se contraiga a futuro, en manos del kirchnerismo.

El kirchnerismo logró doblegar al macrismo para sacar la Ley de Alquileres

El Senado buscará convertir en ley el próximo jueves el proyecto de alivio fiscal, destinado a beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por Diputados y que cuenta con el apoyo uniforme de todos los bloques de la Cámara alta.

La iniciativa obtuvo dictamen el pasado jueves, menos de una semana después de haber sido aprobada en la Cámara baja, durante una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, tanto el oficialismo como la oposición anunciaron su respaldo a la iniciativa.

No obstante, desde Juntos por el Cambio (JxC) indicaron que votarán de manera favorable en la votación general y que reclamarán algunos cambios en su discusión particular. Lo más probable es que el Frente de Todos (FdT) haga pesar su número, que alcanza la mayoría necesaria con el apoyo de sus aliados. De esa manera, el proyecto sería convertido en ley sin cambios en la noche del 30 de junio, al filo del inicio de julio (mes en el que deberían comenzar a correr los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral).

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El Congreso tendrá las miradas puestas en el Senado para ver si se aprueba finalmente el proyecto de alivio fiscal

“La iniciativa pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140 mil autónomos”, afirman con descaro desde el FdT. El proyecto, presentado originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca, por un lado, actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. Más dinero recaudado hacia las arcas del Estado.

Los cambios suman nuevas desventajas para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60 por ciento el monto tope de las primeras 4 categorías del monotributo, mientras que en las 2 primeras (A y B) se eliminó el pago del componente impositivo. Las reformas implementadas al proyecto original contempla que las categorías más bajas del monotributo (A y B) no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de 288 y 555 pesos por mes, respectivamente.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1539648238961446912

En cuanto al proyecto de alivio fiscal será el corolario de una sesión especial que aún no tiene horario pero había sido anticipada por el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, al momento de firmar el dictamen. “Nuestro bloque apoyará el despacho así como vino de Diputados. Necesitamos celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores. Ha sido una buena propuesta y hubo un consenso importante en Diputados. Nos habíamos comprometido a un tratamiento inmediato. De modo tal que esto salga el próximo treinta de junio”, afirmó el legislador oficialista.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el radical Víctor Zimmermann, adelantó que Juntos por el Cambio apoyará en general el proyecto, pero planteó disidencias en el tratamiento en particular. “Es muy importante que estemos tratando un tema de esta categoría. Pero la media sanción de Diputados solo toma como referencia para categorizar a los monotributistas el impuesto a los Ingresos Brutos. Y nosotros proponemos que también se incluya a los alquileres devengados”, destacó.

El jueves 30, además de tratar el proyecto de ley de alivio fiscal, el temario del Senado contempla también el debate de la ley sobre Oncopediatría y HIV y la creación de 3 parques nacionales, entre otras cuestiones.

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Diputados ya dio media sanción al proyecto de alivio fiscal y tendrá un nuevo debate acerca de lo que es la imposición de una Justicia K

El kirchnerismo presiona por una Justicia propia

Luego de la inclusión en el debate de un proyecto que supuestamente cuenta con el apoyo de los gobernadores y establece una ampliación drástica del Tribunal Supremo, los senadores retomarán esta semana la discusión de los proyectos relacionados con la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una obsesión de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que ve cómo avanzan las causas por corrupción y en un año en el que podría concretarse la primera condena en su contra, por la Causa Vialidad.

Según publicó Parlamentario, será en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que encabezan los kirchneristas Guillermo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli (Neuquén), respectivamente, donde se reanudará así la discusión del tema que impulsa el kirchnerismo en el Senado. La reforma de la Corte Suprema, como intento de licuar el poder de los actuales 4 ministros, entró en cuarto intermedio. Están en consideración 5 proyectos.

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Orden del Día 19. Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos. (2634-D-22). H. Cámara de Diputados de la Nación.

Los proyectos en tratamiento

Uno es el presentado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces. El oficialista puntano también impulsa federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), un habitual aliado de la Casa Rosada. Su proyecto establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT). Esta senadora K también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número de ministros, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Vale recordar que desde entonces el máximo tribunal está conformado por 4 hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos MaquedaCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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Alerta por la carne de cerdo brasileña en Argentina: advierten que llega “llena de agua” y con un aditivo prohibido en 160 países

“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.

Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.

En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.

“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil

Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.

Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.

-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?

Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.

El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.

“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.

En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.

E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.

“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.


*Fuente: BichosDeCampo.com

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

Gualeguaychú aprobó un presupuesto financiado sin fondos de Nación ni de Provincia

El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por mayoría el presupuesto general 2026, conformado por el cálculo de recursos y gastos para el año próximo. El monto superó los 80 mil millones de pesos y se financió “íntegramente por recursos propios”.

El departamento Ejecutivo presentó el proyecto al finalizar el mes de octubre y, desde entonces, los concejales de todos los bloques lo trataron y analizaron en Comisiones Conjuntas. En la reunión realizada el jueves 11 de diciembre, y tras las explicaciones sobre los alcances del presupuesto brindadas por el secretario de Hacienda, Daniel Acuña, el proyecto obtuvo despacho favorable y luego se aprobó por mayoría.

En ese marco, el Jefe de Gabinete Luciano Garro se mostró sorprendido por el logro: “Hace mucho no pasaba eso. Siempre se inflaban (los montos de los presupuestos) con obras que bajaban de Nación y Provincia. A falta de recursos, el Intendente Mauricio Davico propone la optimización del Estado para hacer nuestra propia obra pública”.

Ejemplo de esta directriz es la planta asfáltica inaugurada en octubre de este año por el municipio entrerriano. En aquel momento, el intendente Davico destacó que el objetivo es integrar la mejora vial con la promoción de la inversión privada: “Eliminamos el 66% de las tasas municipales. Es un combo para generar trabajo y atraer capitales”. 

En esa línea, Garro comentó que la planta permitió la ejecución de 5.500 metros lineales de asfalto en un mes que fueron financiados con recursos propios. 

Además remarcó que durante el primer año de gestión se invirtió para mejorar el acceso al agua potable y que se compraron maquinarias de primera línea “pensadas para que queden a la ciudadanía por muchas gestiones”.

– El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico

“Absolutamente todo se ha hecho con fondos municipales ya que nos dedicamos a optimizar recursos”, y agregó que “el plantel de maquinaria pesada no se renovaba desde hace 10 años”.

Por último, Garro valoró las inversiones privadas que se realizaron en la ciudad y mencionó proyectos como Mostaza, un hotel y un predio para eventos privados en la zona del Boulevard de León, con capacidad para más de 20.000 personas.

La intendente K de Moreno cobrará un impuesto a los vecinos que pinten o arreglen las fachadas de sus casas

El municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, gobernada por la intendente Mariel Fernández del Partido Justicialista por Unión por la Patria (UxP), aprobó una nueva ordenanza fiscal que establece una tasa municipal denominada “Aviso de Obra”, la cual grava los trabajos de mantenimiento y reparación en viviendas particulares.

La medida fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante del año, en el marco del tratamiento del presupuesto municipal y la reforma fiscal prevista para 2026.

Los artículos 224 y 225 de la ordenanza establecen que deberán pagar la tasa quienes realicen revoque, limpieza o pintura de fachadas principales en cualquier hogar, como cambio de revestimientos y soldaduras externas; trabajos en vereda exterior y cerco perimetral; o desmonte y/o relleno de espacios. Resulta particularmente insólito que la medida grave labores de mantenimiento ordinario —y no grandes obras constructivas—, de modo que tareas tan mundanas como pintar el frente de una vivienda o reparar una reja perimetral quedan alcanzadas por la tasa.

Los vecinos expresaron indignación, argumentando que lejos de incentivar el mejoramiento urbanístico, la tasa castiga a quienes desean vivir mejor e invertir en sus propias viviendas. Algunos incluso compararon la medida con el absurdo episodio de Los Simpsons donde el alcalde de Springfield impone impuestos ridículos.

Los empleados municipales reportaban que “hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes” y demandaban paritarias y bonos extraordinarios. El municipio debe financiar servicios básicos (alumbrado público, infraestructura, seguridad) con recursos limitados.

La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA) calificó la medida como una política de “afanar” a los vecinos y comparó a Moreno con Bolivia, argumentando que Fernández estaba buscando “afear más su municipio” al desincentivar mejoras en las viviendas.

Para entender la medida es crucial conocer la situación financiera de Moreno. El municipio atraviesa una crisis fiscal aguda, caracterizada por una reducción drástica de sus ingresos propios —los recursos tributarios locales han caído en relación con la coparticipación provincial— y por una fuerte dependencia de transferencias provinciales que limita su autonomía fiscal. A esa fragilidad se añadió un ajuste en las transferencias a raíz de las políticas del gobierno nacional del presidente Javier Milei, que ha reducido los fondos hacia provincias y municipios y trasladado la presión fiscal a los gobiernos locales.

Además, la ordenanza fiscal 2026 incorpora un sistema de indexación trimestral de tasas vinculado al IPC —con una estimación aproximada del 10% para enero y del 35% al cierre del primer trimestre—, y esa cláusula de actualización automática agrava aún más la carga tributaria.

El oficialismo argumenta que esta medida simplemente “explicita lo que se cobra” —refiriéndose a derechos de construcción que existen en todos los municipios— y busca “generar exenciones para sectores de menores ingresos”.

En efecto, el derecho de construcción es un tributo tradicional en municipios argentinos, basado en la valuación de metros cuadrados de edificación. Sin embargo, existe una diferencia crucial, ya que mientras que los derechos de construcción típicamente se aplican a construcciones significativas (nuevas estructuras o ampliaciones substanciales), lo que Moreno está haciendo es cobrar tasas por mantenimiento ordinario, que históricamente estuvieron exentos.

No es la primera vez que se ven intentos de ampliar la base tributaria municipal en Buenos Aires. El municipio de Pilar aprobó recientemente una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre compras en comercios, lo que provocó una respuesta pública del ministro de Economía Luis Caputo instando a los ciudadanos a “compren en otro lado”.

La Unión Industrial Argentina ha documentado que la ausencia de contraprestación es uno de los principales problemas de las tasas municipales —entre 2021 y 2024, la queja sobre la falta de servicios a cambio subió del 51% al 81%—.

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

HUMOR por Argüelles​

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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