El Congreso se vuelca hacia los caprichos del kirchnerismo: Avances contra el bolsillo del contribuyente y por una Justicia sectaria

El Congreso tendrá a diputados y senadores debatiendo políticas fiscales, mientras el kirchnerismo presiona por la modificación de la Corte Suprema.
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En medio de la crisis financiera por la inflación y el creciente desempleo, el Congreso de la Nación se convierte en un pasquín del kirchnerismo por una semana. A esto hay que sumarle la tensión que se vive en Diputados por la Ley de Alquileres y el alivio fiscal para monotributistas que se tratará el próximo 30 de junio, los legisladores cargan los cartuchos para ir derecho al debate.

La intensión del kirchnerismo está en aplastar con mayores restricciones aquello que se le logra cobrar a los evasores en casos de “fuga de dólares y evasión impositiva”, entre otros ejemplos. El proyecto del oficialismo ya cuenta con media sanción del Senado y logró dictamen. En tanto la oposición tiene otros 2.

Dicho proyecto originado desde los sectores K, se encuentra listo para ser tratado y “ofrece” a los evasores la posibilidad de formalizar esos capitales a cambio de una multa del 20 por ciento de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los 6 meses de la aprobación de la ley, la multa sería del 35. ¡Más poder para la enorme bota del Estado!

REUNIÓN POLÍTICAS FISCALES PARA EL NOA 22-06-22

Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino” Organiza el senador nacional Pablo Yedlin.

En tanto, la oposición pide detalles para saber el pago de qué deuda aportaría este Fondo Monetario Internacional (FMI). Si a la actual, aquella contraída por el Gobierno de Mauricio Macri o la que se contraiga a futuro, en manos del kirchnerismo.

El kirchnerismo logró doblegar al macrismo para sacar la Ley de Alquileres

El Senado buscará convertir en ley el próximo jueves el proyecto de alivio fiscal, destinado a beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por Diputados y que cuenta con el apoyo uniforme de todos los bloques de la Cámara alta.

La iniciativa obtuvo dictamen el pasado jueves, menos de una semana después de haber sido aprobada en la Cámara baja, durante una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, tanto el oficialismo como la oposición anunciaron su respaldo a la iniciativa.

No obstante, desde Juntos por el Cambio (JxC) indicaron que votarán de manera favorable en la votación general y que reclamarán algunos cambios en su discusión particular. Lo más probable es que el Frente de Todos (FdT) haga pesar su número, que alcanza la mayoría necesaria con el apoyo de sus aliados. De esa manera, el proyecto sería convertido en ley sin cambios en la noche del 30 de junio, al filo del inicio de julio (mes en el que deberían comenzar a correr los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral).

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El Congreso tendrá las miradas puestas en el Senado para ver si se aprueba finalmente el proyecto de alivio fiscal

“La iniciativa pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140 mil autónomos”, afirman con descaro desde el FdT. El proyecto, presentado originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca, por un lado, actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. Más dinero recaudado hacia las arcas del Estado.

Los cambios suman nuevas desventajas para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60 por ciento el monto tope de las primeras 4 categorías del monotributo, mientras que en las 2 primeras (A y B) se eliminó el pago del componente impositivo. Las reformas implementadas al proyecto original contempla que las categorías más bajas del monotributo (A y B) no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de 288 y 555 pesos por mes, respectivamente.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1539648238961446912

En cuanto al proyecto de alivio fiscal será el corolario de una sesión especial que aún no tiene horario pero había sido anticipada por el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, al momento de firmar el dictamen. “Nuestro bloque apoyará el despacho así como vino de Diputados. Necesitamos celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores. Ha sido una buena propuesta y hubo un consenso importante en Diputados. Nos habíamos comprometido a un tratamiento inmediato. De modo tal que esto salga el próximo treinta de junio”, afirmó el legislador oficialista.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el radical Víctor Zimmermann, adelantó que Juntos por el Cambio apoyará en general el proyecto, pero planteó disidencias en el tratamiento en particular. “Es muy importante que estemos tratando un tema de esta categoría. Pero la media sanción de Diputados solo toma como referencia para categorizar a los monotributistas el impuesto a los Ingresos Brutos. Y nosotros proponemos que también se incluya a los alquileres devengados”, destacó.

El jueves 30, además de tratar el proyecto de ley de alivio fiscal, el temario del Senado contempla también el debate de la ley sobre Oncopediatría y HIV y la creación de 3 parques nacionales, entre otras cuestiones.

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Diputados ya dio media sanción al proyecto de alivio fiscal y tendrá un nuevo debate acerca de lo que es la imposición de una Justicia K

El kirchnerismo presiona por una Justicia propia

Luego de la inclusión en el debate de un proyecto que supuestamente cuenta con el apoyo de los gobernadores y establece una ampliación drástica del Tribunal Supremo, los senadores retomarán esta semana la discusión de los proyectos relacionados con la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una obsesión de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que ve cómo avanzan las causas por corrupción y en un año en el que podría concretarse la primera condena en su contra, por la Causa Vialidad.

Según publicó Parlamentario, será en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que encabezan los kirchneristas Guillermo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli (Neuquén), respectivamente, donde se reanudará así la discusión del tema que impulsa el kirchnerismo en el Senado. La reforma de la Corte Suprema, como intento de licuar el poder de los actuales 4 ministros, entró en cuarto intermedio. Están en consideración 5 proyectos.

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Orden del Día 19. Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos. (2634-D-22). H. Cámara de Diputados de la Nación.

Los proyectos en tratamiento

Uno es el presentado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces. El oficialista puntano también impulsa federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), un habitual aliado de la Casa Rosada. Su proyecto establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT). Esta senadora K también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número de ministros, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Vale recordar que desde entonces el máximo tribunal está conformado por 4 hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos MaquedaCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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El gobierno endureció el control marítimo y avanzó contra la pesca ilegal extranjera

Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.

El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real. 

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.

El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.

Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.

Negligencia y posible corrupción: el incendio en Los Alerces expone qué pasa en La Patagonia

La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública. 

A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldánpuso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego. 

El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes. 

La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.

En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas, el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas. 

Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.

Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales. 

Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos. 

La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña. 

Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos. 

Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre. 

Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.

Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest. 

El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral. 

Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.

Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticas como el mantenimiento de los aviones hidrantes. 

Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.

En otras palabras, el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado. 

Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)

GRAN HERMANO FISCAL: Kicillof gastó millones en drones con IA para vigilar a productores y vecinos con el fin de reforzar el cobro de impuestos

Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.

El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal. 

El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.

La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.

– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús

La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.

Denuncian penalmente a la armadora de Sebastián Pareja por usar datos privados de discapacitados para la campaña

Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires

Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.

Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.

En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.

Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.

Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.

Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.

Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.

De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.

Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.

Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.

En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.


*Fuente: LaPolíticaOnLine

“CHORRO”, “HIJO DE P…” | Libertarios insultaron al dirigente K de Milei Sebastián Pareja en la Derecha Fest

El martes en Mar del Plata se celebró la Derecha Fest, el evento en donde los libertarios se reúnen para celebrar su propia ideología. Para esta edición, nuevamente, la gran estrella invitada fue Javier Milei, líder del movimiento, pero antes hubo otros que se subieron al escenario para hablar y arengar al público. El único que la pasó mal allí arriba fue Sebastián Pareja.

Dr. Gagardo on X (formerly Twitter): “Están terminados. Lilia Lemoine, Martín Menem y Sebastián Pareja son profundamente odiados por el pueblo argentino y nadie podrá protegerlos. ¡Celebremos, bailemos y cantemos! pic.twitter.com/dAZX9BhdzQ / X”

Están terminados. Lilia Lemoine, Martín Menem y Sebastián Pareja son profundamente odiados por el pueblo argentino y nadie podrá protegerlos. ¡Celebremos, bailemos y cantemos! pic.twitter.com/dAZX9BhdzQ

El armador de la provincia de Buenos Aires, de raíces kirchnerista, se ha convertido en un miembro resistido por las Fuerzas del Cielo y esto quedó bastante claro cuando la polémica Lilia Lemoine, una de las conductoras del show, lo presentó ante el público. El diputado bonaerense, con micrófono en mano, arrancó con energía su arenga, pidiendo al público que cante por Milei, quien estaba por subirse, pero la multitud le devolvió silencio.

En los videos viralizados por los propios militantes, primero hubo un vacío notorio para el dirigente y después un grupo empezó a insultarlo: “Pareja, compadre, la concha de tu madre”.

https://twitter.com/i/status/2016371921378505043

Muchos sostienen que el dirigente peronista es necesario para el armado bonaerense, algo que sostiene, entre otros, Karina Milei, y otros que entienden que es perjudicial para el partido. Esto no es ajeno al presidente y por eso los organizadores buscaron que sea Pareja quien presente en el escenario al mandatario, para mostrarlos juntos y evitar que haya insultos o silbidos.

La estrategia no funcionó y hubo militantes que aprovecharon para insultarlo.

Antes de esto, Milei había estado en el teatro Roxy-Radio City en de Mar del Plata, visitando a su ex novia, Fátima Florez. Junto a ella, se subió al escenario y cantó “El Rock del Gato” de Los Ratones Paranóicos para la alegría de sus militantes. Esta vez no hubo beso con su ex, pero sí un baile sensual.

El PRO se encolumna en la Provincia y denuncia una “actitud destructiva” de los libertarios

El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.

A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.

Ritondo ya dio señales de pragmatismo:

Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.

Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.

A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.

Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.

La diputada nacional Florencia De Sensi

La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.

Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.



*Fuente: Carla Pelliza

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